BOC - 2005/120. Martes 21 de Junio de 2005 - 2143

IV. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Tenerife

2143 - ANUNCIO de 9 de junio de 2005, relativo a notificación del Decreto que resuelve el recurso de alzada planteado en el expediente sancionador nº TF-40256-04 en materia de transportes.

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Providencia de 8 de junio de 2005, del Jefe de Servicio de Carreteras y Transportes del Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40256-O-04.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al recurrente que se cita el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 18 de marzo de 2005, resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40256-O-04.

La cuantía de la sanción deberá ser ingresada en la cuenta corriente de CajaCanarias nº 2065 0000 01 1114005082, haciendo constar en el documento de ingreso el número del expediente referenciado en el asunto al inicio del documento y presentando copia justificativa del mismo en el Área de Transportes de este Cabildo Insular, personalmente o por correo. Para ello dispondrá de un plazo en el supuesto de recibir la notificación entre los días 1 y 15 de cada mes ambos inclusive, dispondrá hasta el día 20 del mes siguiente para realizar el ingreso. Caso de que dicho plazo expire entre los días 16 y el último de cada mes, ambos inclusive, dispondrá hasta el día cinco (5) del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Si vencidos los plazos de ingreso no se hubiere satisfecho la deuda, se procederá a su cobro por la vía administrativa de apremio con el recargo correspondiente al 20% del débito.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día de la publicación del presente Decreto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

"Visto escrito presentado por D. José David Santiago Núñez, por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada por el Sr. Consejero Insular del Área de Carreteras y Transportes de fecha 5 de noviembre de 2004, recaída en el expediente de referencia, y,

Resultando: que con fecha y hora 29 de enero de 2004, 11,00, por la Guardia Civil de Tráfico se formuló denuncia contra el vehículo matrícula TF-0590-BH, del que es titular D. José David Santiago Núñez por realizar transporte de cinco garrafas de 20 litros de capacidad y tres bidones de 200 litros de capacidad de gasoil UN 1202, 3 III ADR, desde Barranco Grande hasta Güímar careciendo de extintores reglamentarios, careciendo los bultos de etiquetas de peligro reglamentario y careciendo de panel naranja.

Combustible para repostaje de maquinaria de obras.

Resultando: que el día 13 de octubre de 2004 se publicó la incoación del expediente sancionador nº TF-40256-O-2004 en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma nº 198, de 2004.

Resultando: que por el expedientado no se presentó descargo alguno en defensa de sus intereses.

Resultando: que por el Consejero del Área de Carreteras y Transportes se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha 5 de noviembre de 2004, que venía a sancionar a D. José David Santiago Núñez con multa que ascendía a 700,00 euros, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artº. 141.24.7 de la LOTT, artº. 33.8, en relación con el artº. 34.9 del Real Decreto 2.115/1998, de 2 de octubre (B.O.E. de 16.10) y en base al artículo 143.1.k), en relación con el artº. 143.1.d) de la Ley 16/1987 y artículo 201 del Real Decreto 1.211/1990.

Notificándose dicha Resolución en fecha 18 de noviembre de 2004.

Resultando: que con fecha 30 de noviembre de 2004, D. José David Santiago Núñez interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que no ha recibido boletín de denuncia por parte del informe sobre antecedentes totales del vehículo procedente de la base de datos de la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife, que seguramente medió error de apreciación por parte del agente denunciante al tomar nota del número de matrícula, ya que en el día del hecho causante el vehículo se encontraba en reparación en el taller. Solicita el archivo de las actuaciones en contra, por haber prescrito en no haber tenido notificación antes de los dos meses después del hecho causante, así como no haber estado dicho vehículo ese día en el lugar de la infracción.

Considerando: que el presente recurso observa los requisitos de índole objetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como capacitación, legitimación suficiente, e interposición en plazo.

Considerando: a tenor de la normativa sobre prescripción vigente al tiempo de la comisión de los hechos infractores, artículo 145.1 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres "Las infracciones de la legislación reguladora de los transportes terrestres prescribirán de conformidad con las condiciones establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un año". Determinándose en el artículo 132.2 de la mencionada ley procedimental que el plazo de la prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado más de un mes por causa no imputable al presunto responsable; y dado que entre las actuaciones sucesivas practicadas procedimentalmente no ha sido superado el plazo prescriptorio preceptuado, al no constatarse inactividad administrativa ni presunción de abandono por parte de la Administración en este tiempo, exigido por el Tribunal Supremo para configurar la prescripción, es por lo que resulta inoperante en el presente caso, no pudiendo estimarse que la potestad sancionadora se haya extinguido o haya decaído.

Considerando: el expediente se ha tramitado de forma correcta, cumpliéndose los trámites recogidos en el Capítulo IV del Título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que regula, dada su especificidad, el procedimiento sancionador que ha de seguirse en la substanciación de las infracciones a la normativa de transportes por carretera, habiéndose procedido, de conformidad con lo preceptuado en su artículo 210, a la vista de la documentación obrante en el referido expediente y en el Registro de Salida de esta Administración insular, a notificar al sujeto interesado el acuerdo de incoación del presente expediente sancionador, donde se contenía el hecho infractor de "realizar transporte de mercancías peligrosas careciendo de extintores reglamentarios", comunicándole, a su vez, la tipificación de la infracción en los artículos reseñados, que recogen las infracciones graves, la sanción que, en su caso, habría de serle impuesta y la identidad de la Instructora del procedimiento, del órgano competente para resolver el procedimiento sancionador y la norma que atribuya tal competencia, advirtiéndole que disponía de quince días para manifestar lo que a su derecho convenga, aportando, o proponiendo las pruebas de que, en su caso, intente valerse, comunicación intentada al domicilio del expedientado pero devuelta por el Servicio de Correos con la leyenda de: "Ausente 16 de julio de 2004" y "Ausente 19 de julio de 2004", motivo por el que fue publicada la resolución sancionadora dictada por el Sr. Consejero Insular del Área de Carreteras y Transportes en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma nº 198, de fecha 13 de octubre de 2004, en cumplimiento de lo determinado a efectos de notificaciones de actos administrativos en el artículo 59.4 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación parcial de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; resultando inoperante la indefensión alegada, dado que, en tiempo y forma, el interesado presentó el oportuno recurso de alzada.

Considerando: la normativa vigente en materia de transporte de mercancía peligrosa por carretera es el Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (A.D.R.) hecho en Ginebra el 30 de septiembre de 1957, con las enmiendas en vigor a partir del 1 de enero de 2003, dado que la Directiva 94/55/C.E. del Consejo de 21 de noviembre, exige la aplicación de sus normas al transporte interno, tal y como se dispone en el Real Decreto 2.115/1998, de 2 de octubre, sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera.

Considerando: la subsección 1.6.5.6 de la citada norma establece que las unidades de transporte equipadas con medios de extinción de incendios conforme a las disposiciones del 8.1.4 aplicables hasta el 31 de diciembre de 2002, podrán aún ser utilizadas hasta el 31 de diciembre de 2007.

Considerando: de conformidad con lo preceptuado en la sección 8.1.4 del Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (A.D.R.) hecho en Ginebra el 30 de septiembre de 1957, con las enmiendas en vigor a partir del 1 de enero de 2001:

"Toda unidad de transporte que lleve mercancías peligrosas irá provista de:

a) Al menos, un aparato portátil de lucha contra incendios, de una capacidad mínima de 2 kg de polvo (o de capacidad correspondiente para otro agente de extinción aceptable), apto para combatir un incendio del motor o de la cabina de la unidad de transporte y tal que, si se utiliza para combatir un incendio que implique al cargamento, no lo agrave y, si fuera posible, que lo combata; sin embargo, si el vehículo está equipado para luchar contra el incendio del motor con un dispositivo fijo, automático o fácil de accionar, no será necesario que el aparato portátil esté adaptado para combatir un incendio del motor.

b) Además de lo previsto en el apartado a) anterior, de, al menos, un aparato portátil de lucha contra incendios, de una capacidad mínima de 6 kg de polvo (o con capacidad correspondiente para otro agente de extinción aceptable), apto para combatir un incendio de neumático/frenos o un incendio que implique al cargamento y tal que, si se utiliza para combatir un incendio del motor o de la cabina de la unidad de transporte, no lo agrave. Los vehículos a motor con una masa máxima autorizada inferior o igual a 3,5 toneladas podrán ir provistos de un aparato portátil de lucha contra incendios con una capacidad mínima de 2 kg de polvo."

Los agentes de extinción contenidos en los extintores de los que vaya provista una unidad de transporte serán tales que no sean susceptibles de desprender gases tóxicos, ni en la cabina del conductor, ni bajo la influencia del calor de un incendio.

Los extintores conformes a las disposiciones del 8.1.4.1 anterior deberán ir provistos de un precinto que permita comprobar que no han sido utilizados. Por lo demás llevarán una marca de conformidad a una norma reconocida por una autoridad competente así como indicando su fecha límite de validez (mes, año).

Considerando: teniendo en cuenta que, según consta en el boletín de denuncia formulado por agente de la Guardia Civil, Agrupación de Tráfico, que de conformidad con el artículo 32.2 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, presta la cooperación necesaria a los miembros de la inspección de transporte terrestre para un eficaz cumplimiento de sus funciones, el vehículo matrícula TF-0590-BH circulaba transportando 700 litros de gasóleo, careciendo de medios de extinción de incendios reglamentarios según lo exigido por el A.D.R.; sin que las argumentaciones esgrimidas por la entidad mercantil recurrente desvirtuaran, mediante prueba en contrario, la presunción de veracidad de los hechos infractores recogidos en la referida denuncia, habida cuenta que no constituyen causa alguna de inimputabilidad de responsabilidad en la comisión de la infracción denunciada consignadas en el artículo 194.2 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, al no haber acreditado ese error en la matrícula del vehículo que, alega, fue cometido por el agente denunciante, dado que, a mayor abundamiento, el mismo día y a la misma hora que la denuncia que motivó la incoación de este expediente, fueron redactadas otras dos denuncias más por éste y otro agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil al mismo vehículo, por tres infracciones independientes, por lo que la tesis argumentada por el recurrente pierde fuerza, pues no parece ser muy creíble que dos agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se equivoquen de matrícula de vehículo en tres denuncias suscritas a la misma hora y al mismo vehículo.

Constituyendo dicha omisión, en este supuesto, una infracción leve a la normativa de transportes vigente, a tenor de lo consignado en el artículo 142.25, en relación con el artº. 141.24.7 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, rebajando la cuantía de la sanción impuesta a cuatrocientos (400) euros en virtud de lo dispuesto en el artículo 143.1.k), en relación con el 143.1.c) de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, donde se ha procedido a rebajar la cuantía de la sanción que inicialmente le correspondería, dada la cantidad limitada de mercancía transportada, que motiva que el transporte denunciado esté acogido a la exención parcial del A.D.R. consignada en la subsección 1.1.3.6; y, en consecuencia, a tenor de lo establecido en la subsección 8.1.4.2 del mismo cuerpo normativo: las unidades de transporte que transporten mercancías peligrosas conforme al 1.1.3.6 deberán ir provistas de un extintor de incendios portátil adaptado a las clases de inflamabilidad A, B y C con una capacidad mínima de 2 kg de polvo (o capacidad correspondiente para otro agente extintor aceptable).

Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en estimar en parte el recurso de alzada interpuesto por D. José David Santiago Núñez, en su propio nombre y representación, modificando la Resolución del Consejero Insular del Área de Carreteras y Transportes, de fecha 5 de noviembre de 2004, en el sentido de rebajar la cuantía de la sanción impuesta a cuatrocientos (400,00) euros."

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de junio de 2005.- El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Campos Albarrán.



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