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Providencia de 8 de junio de 2005, del Jefe de Servicio de Carreteras y Transportes del Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40368-04.
Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,
D I S P O N G O:
Notificar al recurrente que se cita el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 18 de marzo de 2005, resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40368-04.
La cuantía de la sanción deberá ser ingresada en la cuenta corriente de CajaCanarias nº 2065 0000 01 1114005082, haciendo constar en el documento de ingreso el número del expediente referenciado en el asunto al inicio del documento y presentando copia justificativa del mismo en el Área de Transportes de este Cabildo Insular, personalmente o por correo. Para ello dispondrá de un plazo en el supuesto de recibir la notificación entre los días 1 y 15 de cada mes ambos inclusive, dispondrá hasta el día 20 del mes siguiente para realizar el ingreso. Caso de que dicho plazo expire entre los días 16 y el último de cada mes, ambos inclusive, dispondrá hasta el día cinco (5) del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Si vencidos los plazos de ingreso no se hubiere satisfecho la deuda, se procederá a su cobro por la vía administrativa de apremio con el recargo correspondiente al 20% del débito.
Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día de la publicación del presente Decreto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
"Visto escrito presentado por D. Eugenio Chinea Chinea, en nombre y representación de la entidad mercantil Servicio Regular Gomera, S.L., por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada por el Sr. Consejero Insular del Área de Carreteras y Transportes de fecha 29 de septiembre de 2004 recaída en el expediente de referencia, y,
Resultando: que con fecha y hora 9 de febrero de 2004, 8,15, por la Guardia Civil de Tráfico se formuló denuncia contra el vehículo matrícula TF-4104-Y, del que es titular Servicio Regular Gomera, S.L. por circular entre varios puntos de la isla (Las Galletas, El Fraile, Guaza), realizando transporte escolar no llevando el vehículo el libro de ruta.
Resultando: que el día 2 de agosto de 2004, se notificó al interesado la citada denuncia y la incoación del expediente sancionador nº TF-40368-O-2004.
Resultando: que por el expedientado se presentó escrito de descargo alegando lo que entendió conducente a la defensa de sus intereses.
Resultando: que por el Consejero del Área de Carreteras y Transportes se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha 29 de septiembre de 2004, que venía a sancionar a Servicio Regular Gomera, S.L. con multa que ascendía a 4.601,00 euros y precintado del vehículo por seis meses, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artº. 140.1.4 de la LOTT, artículos 68 y 89 de la LOTT, artº. 106 del ROTT, artº. 2 del Real Decreto 443/2001 y en base al artículo 143.1.i) de la Ley 16/1987.
Notificándose dicha Resolución en fecha 3 de noviembre de 2004.
Resultando: que con fecha 2 de diciembre de 2004, D. Eugenio Chinea Chinea, en nombre y representación de Servicio Regular Gomera, S.L. interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que la resolución recurrida omitía su escrito de fecha 3 de febrero de 2004, por el que se solicitaba la autorización al vehículo denunciado como suplente en las rutas de Eugenio Chinea Chinea y se adjuntó a dicho escrito documento de cesión gratuita de vehículos pertenecientes al grupo de empresas de Eugenio Chinea. Por esta Administración no se dictó resolución alguna, acreditando con ello que tenía derecho a obtener la autorización, y, por tanto, es de plena aplicación al caso el artículo 142.8 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y, por tanto, procede calificar la infracción como leve y sancionarla como tal, aportando como fundamento a sus argumentaciones copias simples de los escritos ya enunciados y de informe de la Directora General de Promoción Educativa del Gobierno de Canarias, en el que se acredita que no existe inconveniente, en virtud de poder presentado por D. Eugenio Chinea Chinea para la utilización indistinta de los vehículos autorizados a las empresas Tropical Bus, S.L., Tenerife Bus Tour, S.L., Servicio Regular Gomera, S.L. y Eugenio Chinea Chinea para la realización de transporte escolar.
Considerando: que el presente recurso observa los requisitos de índole objetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como capacitación, legitimación suficiente, e interposición en plazo.
Considerando: el artículo 2 del Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores, dispone que los vehículos que realicen transporte escolar deberán estar provistos de la autorización específica que en cada caso corresponda, términos confirmados en los artículos 68.1 y 89.1 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, figurando consignados los requisitos necesarios para el otorgamiento de la mencionada autorización específica en el citado Real Decreto y en los artículos citados. Constituyendo la carencia del referido título habilitante una infracción muy grave a la normativa de transporte vigente, debidamente tipificada en el artículo 140.1.4 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Considerando: tras ponderada valoración de los elementos probatorios consignados en el expediente sancionador que analizamos y de los obrantes en la base de datos del Área de Transportes del Cabildo Insular de Tenerife, resulta suficientemente acreditado que el vehículo matrícula TF-4104-Y realizaba en el momento de la inspección un transporte escolar careciendo de la autorización específica para prestar dicho servicio, y sin aportar los requisitos determinados reglamentariamente para su otorgamiento; habiendo incurrido la entidad mercantil denunciada en responsabilidad administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 138.1.b) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, sin que lo alegado o aportado por la entidad mercantil recurrente haya desacreditado la presunción de veracidad "iuris tantum" de los hechos infractores consignados en boletín de denuncia, formulado por agente de la Guardia Civil, Agrupación de Tráfico, que, de conformidad con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, prestan la cooperación necesaria a los miembros de la inspección de transporte terrestre para un eficaz cumplimiento de sus funciones; presunción reconocida ampliamente tanto por la jurisprudencia, como por el legislador, artículos 137.3 y 46.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, artículo 76 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial; todo ello, sin perjuicio de las pruebas que en vía administrativa puedan proponer y practicar los interesados (artículo 137.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común); habida cuenta que no existe en la base de datos documental del Servicio de Inspección y Sanciones del Cabildo Insular de Tenerife, solicitud alguna planteada por la citada entidad para autorización administrativa específica de transporte escolar, ni siquiera que comprendiera la ruta y el curso por el que fue denunciada; y, en consecuencia, difícilmente se pudo habilitar por dicho Servicio al vehículo inspeccionado como suplente de la misma ruta perteneciente al grupo de empresas de D. Eugenio Chinea Chinea. Por ese motivo, tampoco se puede considerar, como pretende la recurrente, que el vehículo denunciado reunía los requisitos para el otorgamiento del título administrativo habilitante para realizar el transporte escolar referido; a mayor abundamiento, por esta Administración, con fecha 21 de enero de 2004 se le informó negativamente a la petición cursada por la entidad mercantil interesada para el vehículo denunciado, a fin de utilizarlo indistintamente como vehículo suplente en las rutas de transporte escolar autorizadas a D. Eugenio Chinea Chinea; motivo por el que, por esta Administración omitió contestar a su nueva petición de fecha 3 de febrero de 2004, al considerarla una reiteración de la anterior solicitud que ya había sido puntualmente cumplimentada; sin que el escrito de la Dirección General de Promoción Educativa del Gobierno de Canarias aportado en anexo al recurso de alzada interpuesto (en el que se acredita que no existe inconveniente por parte de ese Centro Directivo, en virtud de poder presentado por D. Eugenio Chinea Chinea para la utilización indistinta de los vehículos autorizados a las empresas Tropical Bus, S.L., Tenerife Bus Tour, S.L., Servicio Regular Gomera, S.L. y Eugenio Chinea Chinea para la realización de transporte escolar) pueda suplantar la facultad de otorgar títulos habilitantes para la realización de transportes por carretera, que corresponde, única y exclusivamente, a aquellos órganos de las distintas Administraciones de transportes que, en virtud de competencias propias y delegadas, la tengan legal o reglamentariamente atribuida, correspondiendo dicha facultad en el presente supuesto al Área de Transportes del Cabildo Insular de Tenerife, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 61/1988, de 12 de abril, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de transportes terrestres y en la Disposición Adicional Primera de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.
Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Eugenio Chinea Chinea, en nombre y representación de la entidad mercantil Servicio Regular Gomera, S.L. confirmando la Resolución del Consejero Insular del Área de Carreteras y Transportes, de fecha 29 de septiembre de 2004, que determinó la imposición de una sanción de cuatro mil seiscientos un (4.601,00) euros y precintado del vehículo por seis meses manteniéndose, en consecuencia, en todos sus pronunciamientos."
Santa Cruz de Tenerife, a 9 de junio de 2005.- El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Campos Albarrán.
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