Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación de la Resolución nº 05-35/0630, de 15 de abril de 2005, del Director del SCE, por la que se declara la caducidad del procedimiento sancionador incoado a la empresa Juan Suárez Ramírez mediante Acta de Infracción nº 1.312/2004, de fecha 7 de septiembre de 2004, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el domicilio que figura en el expediente, se procede, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), a publicar el texto del mismo:
Visto el procedimiento sancionador incoado a la empresa Juan Suárez Ramírez, con motivo del Acta de Infracción nº 1.312/2004 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, resultan los siguientes antecedentes y fundamentos jurídicos:
ANTECEDENTES
Primero: la citada Acta de Infracción fue emitida el 7 de septiembre de 2004, bajo el nº 1.312/2004.
Segundo: del examen del expediente administrativo, se constata lo siguiente:
1. Que se intentó practicar la notificación del Acta de Infracción mediante correo certificado con acuse de recibo, no pudiendo llevarse a cabo la misma debido a que, según diligencia del Servicio de Correos, el interesado estaba ausente en los dos intentos que realizó el funcionario, intentos que se efectuaron el 14 de septiembre de 2004 a las 12,00 horas y el 16 de septiembre de 2004 a las 13,20 horas, respectivamente.
2. No consta que se realizara la notificación a través de anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio y en el Boletín Oficial de Canarias.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero: es competente para declarar la caducidad del presente procedimiento el Servicio Canario de Empleo (SCE), de conformidad con lo establecido en el artículo 3.1.B).7 de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del SCE (B.O.C. nº 80, de 28.4.03).
Dentro del SCE, le compete a su Director la tramitación de expedientes sancionadores, en aplicación de lo establecido en el artículo 9.1.i) de la citada Ley 12/2003, de 4 de abril.
Segundo: el artículo 20.3 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, que aprueba el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social (B.O.C. nº 132, de 3.6.98), dispone si no hubiese recaído resolución transcurridos seis meses desde la fecha del acta, sin cómputo de las interrupciones por causas imputables a los interesados o de la suspensión del procedimiento a que se refiere el citado Reglamento, se producirá la caducidad.
Por otra parte, el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), en adelante LPAC, recoge textualmente lo siguiente: "En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos: 2. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones con los efectos previstos en el artículo 92".
Tercero: el procedimiento incoado a la entidad de referencia no es susceptible de producir efectos favorables al interesado y, por otra parte, no se ha resuelto en el plazo establecido de seis meses desde la fecha de extensión del Acta de Infracción (7 de septiembre de 2004).
Cuarto: el tiempo de duración del procedimiento caducado se tiene por inexistente a efectos del cómputo del plazo de prescripción de la acción que se trate.
Quinto: por último, la notificación del acta de infracción no se realizó conforme a lo preceptuado en el artículo 59 de la LPAC.
Por cuanto antecede,
R E S U E L V O:
Primero: declarar caducado y proceder al archivo de las actuaciones del procedimiento sancionador incoado a la empresa Juan Suárez Ramírez con motivo del Acta de Infracción nº 1.312/2004, de fecha 7 de septiembre de 2004, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Segundo: conservar los hechos objeto del procedimiento a fin de que, de no haber prescrito la infracción, por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se extienda nueva Acta sobre los mismos hechos.
Tercero: notificar esta Resolución al interesado en el expediente respectivo con la indicación de que contra la misma, al no poner fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115, en relación con el artº. 48.2 de la LPAC, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.- El Director del Servicio Canario de Empleo, Claudio-Alberto Rivero Lezcano.
Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de junio de 2005.- El Director, Claudio-Alberto Rivero Lezcano.
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