BOC - 2005/080. Lunes 25 de Abril de 2005 - 532

I. DISPOSICIONES GENERALES - Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera. Santa Cruz de Tenerife

532 - EDICTO de 7 de abril de 2005, relativo al fallo dictado en el recurso contencioso-administrativo nº 791/03.

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Dña. María Teresa Martín Segovi, Secretaria de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife.

HAGO SABER: que en los autos de recurso de que se hará mención, ha recaído y es firme la siguiente y literal:

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS.

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO (Sección 1ª).

SANTA CRUZ DE TENERIFE.

SENTENCIA nº 53

Recurso nº 79l/03.

Ilmos. Sres.:

Presidente

D. Ángel Acevedo y Campos.

Magistrados

Dña. María Pilar Alonso Sotorrio.

Dña. Ana Teresa Afonso Barrera (Ponente).

En Santa Cruz de Tenerife, a tres de febrero de dos mil cinco.

Visto, en nombre del Rey, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de esta capital, el presente recurso nº 791/03 tramitado por el Procedimiento Ordinario previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, interpuesto por la Federación de Servicios y Administraciones Públicas de Comisiones Obreras (FSP-CC.OO.), representado por la Procuradora Sra. Beltrán Gutiérrez y como Administración demandada, la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica, representada y defendida por el Letrado del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, versando sobre impugnación de Disposición General, siendo Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dña. Ana Teresa Afonso Barrera, ha dictado la presente sentencia con base en los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Decreto nº 75/2003, de 12 de mayo, del Gobierno de Canarias, se establecen las normas marco y otras normas de coordinación de Policías Locales de Canarias.

Segundo.- La parte actora interpuso recurso contencioso-administrativo formalizando demanda con la súplica de que se dicte sentencia en la que se declare la nulidad de pleno derecho del Decreto impugnado, con expresa condena en costas a la Administración demandada.

Tercero.- La Administración demandada y los demandados contestaron a la demanda oponiéndose a ella e interesando una sentencia por la que se inadmita o, en su caso, se desestime el recurso por estar ajustado a derecho el acto impugnado, condenando a la parte actora a estar y pasar por tal declaración y al pago de las costas.

Cuarto.- Recibido el juicio a prueba se practicaron las pruebas propuestas y admitidas con el resultado que obra en autos.

Quinto.- Practicada la prueba propuesta, se acordó señalar trámite para que las partes presentasen sus conclusiones, hecho lo cual, se señaló día para la votación y fallo de la sentencia, lo que tuvo lugar con anticipación al plazo inicialmente previsto y con el resultado que seguidamente se expresa.

Sexto.- Aparecen observadas las formalidades de tramitación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Para determinar el objeto de esta impugnación hay que señalar que la parte actora impugna, concretamente, el artículo 32.2 y 5 del Decreto, que permite que los policías locales de Canarias puedan desempeñar una segunda actividad en puestos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que será la que determine las retribuciones que correspondan; pudiendo prestar la segunda actividad en el órgano de cooperación operativa que tuviere establecido el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, al considerar que tales preceptos se extralimitan de la habilitación legal concedida por la Disposición Final Segunda de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias.

Por su parte la Administración demandada alega la falta de capacidad del sindicato recurrente así como su falta de legitimación y, entrando en el fondo del asunto, considera ajustada a la ley el precepto impugnado.

Segundo.- Examinamos en primer lugar las causas de inadmisibilidad planteadas por la Administración demandada.

Como primera causa se alega la falta de capacidad del sindicato recurrente al amparo de lo dispuesto en el artículo 69.b) en relación con los artículos 18 y 45 de la Ley Jurisdiccional, al considerar que falta el documento que acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos de aplicación, salvo que se hubiere incorporado en el documento que acredita la representación.

No cabe apreciar la causa de inadmisibilidad planteada habida cuenta que obra en autos el certificado del órgano correspondiente autorizando al Sindicato actuante para interponer el presente recurso contra el Decreto 75/2003, de 12 de mayo, y asimismo el Poder a Procuradores ha sido otorgado por el Secretario Insular de Administración Pública de CC.OO. en Tenerife, órgano facultado por el artículo 26 de los Estatutos para actuar como representante legal del mismo, indicando que la comparecencia ante Notario y la fe de conocimiento de éste, que se extiende a la capacidad y carácter del otorgante del poder notarial, constituye base suficiente para dar por acreditada tanto la existencia como la capacidad y carácter de la organización sindical en cuyo poder se otorgó el poder indicado (STS 19.12.87).

Como segunda causa de inadmisibilidad plantea la Administración demandada la falta de legitimación activa del Sindicato al no acreditar un interés legítimo corporativo, artículo 69.b) en relación con el artículo 19.1 de la Ley Jurisdiccional, alegación que tampoco puede prosperar.

El Tribunal Constitucional (STC 101/96, de 11 de junio) ha declarado que la legitimación de los sindicatos en el ámbito de lo contencioso-administrativo, en cuanto aptitud para ser parte en un proceso concreto, o legitimatio ad causam, ha de localizarse en la noción de interés profesional o económico; interés que ha de entenderse referido en todo caso "a un interés en sentido propio, cualificado o específico" (STC 97/1991, fundamento jurídico segundo, con cita de la STC 257/1988). Interés que doctrinalmente y jurisprudencialmente viene identificado en la obtención de un beneficio o la desaparición de un perjuicio en el supuesto de que prospere la acción intentada, que no necesariamente ha de revestir contenido patrimonial.

En el presente caso, entendemos que si prospera la pretensión deducida el sindicato actuante se verá favorecido por la desaparición de un perjuicio cual es que los policías locales puedan pasar a desempeñar una segunda actividad ocupando puestos en las relaciones de puestos de trabajo sin pasar por los procedimientos legalmente previstos para su provisión.

Tercero.- Entrando ya en el fondo de la cuestión planteada el precepto impugnado, artículo 32, apartados 2º y 5º, permite a los funcionarios de la Policía Local pasar a desempeñar puestos de trabajo en la Administración de la Comunidad Autónoma como segunda actividad, considerando la parte actora que tal previsión se extralimita de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias, dado que este último precepto al regular la segunda actividad dispone que los policías locales pueden pasar a prestar servicios complementarios adecuados a su categoría en otros puestos de trabajo de la misma Corporación Local.

Las previsiones contenidas en el apartado 2º del artículo 32, que permite desempeñar la segunda actividad en puestos de la Administración de la Comunidad Autónoma y en el apartado 5º del citado artículo 32, que permite desarrollar tal segunda actividad en el órgano de coordinación operativa que establezca el Gobierno de Canarias, no tienen amparo en la Ley 6/1997, de 4 de julio, que respecto a dicha situación de segunda actividad se refiere siempre a puestos de trabajo de la misma Corporación Local, y además, resulta contrario a la Ley de la Función Pública Canaria, ya que se trata de funcionarios pertenecientes a otra Administración, que sólo pueden ocupar los puestos que en las relaciones de puestos de trabajo permitan su provisión por Administración de procedencia indistinta y a través de los procedimientos legalmente previstos para su provisión: concurso o libre designación (artículo 78 de la Ley 2/1987 y artículo 3 del Decreto 48/1998, de 17 de abril).

Además el artículo 31 de la Ley 2/1987, de la Función Pública Canaria, cuando se refiere a la provisión de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias por funcionarios de carrera pertenecientes a otras Administraciones (Estado, otras Comunidades Autónomas o Corporaciones Locales canarias) establece que el Gobierno de Canarias determinará los Cuerpos de funcionarios de carrera de las Corporaciones Locales canarias que "por igualdad de titulación y similitud de programas y pruebas de acceso" puedan prestar servicios en la Comunidad Autónoma de acuerdo con las relaciones de puestos de trabajo. De ahí, que a la vista de dichas notas comunes resulta que los Cuerpos de Policía Local no tienen equivalencia con ninguno de los Cuerpos y Escalas de la Administración Pública de Canarias y por su propia característica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, sus funciones no se corresponden con las propias de los Cuerpos y Escalas de dicha Administración.

Asimismo siendo obligatorio fijar en las R.P.T. la determinación de requisitos exigidos para el desempeño de los puestos especificando en el caso de funcionarios, a qué cuerpos, escalas o grupos debe pertenecer (artículo 16 Ley 2/1987), tampoco pueden preverse puestos sin determinar el Cuerpo/Escala en la correspondiente relación de trabajo.

Todo lo expuesto nos lleva a considerar que de acuerdo con la normativa reguladora de las relaciones de puesto de trabajo y de provisión de los mismos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, no cabe la posibilidad prevista en el apartado 2º del artículo 32.

Respecto al apartado 5º del artículo 32 no se sabe tampoco en qué puestos podría prestarse la segunda actividad.

Por todo lo expuesto, procede la estimación del recurso interpuesto, declarando la nulidad de pleno derecho del artículo 32.2 y 32.5 del Decreto 75/2003, de 12 de mayo, por el que se establecen las normas marco y otras normas de coordinación de Policías Locales de Canarias.

Cuarto.- Al no advertirse temeridad o mala fe determinante de la imposición de las costas procesales -artº. 139.1 LJCA-, no procede hacer expresa condena de las mismas.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

Que estimando el recurso contencioso-administrativo nº 791/03, declaramos nulos de pleno derecho los apartados 2º y 5º del artículo 32 del Decreto 75/2003, del Gobierno de Canarias, por el que se establecen las normas marco y otras normas de coordinación de las Policías Locales de Canarias. Sin costas.

Notifíquese a las partes observando lo dispuesto en el artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Lo anterior inserto concuerda bien y fielmente con el original a que me remito y para que conste y dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 107.2 de la Ley Jurisdiccional y su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, expido, firmo y sello el presente en Santa Cruz de Tenerife, a siete de abril del año dos mil cinco.- El/la Secretario/a.



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