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BOC Nº 071. Martes 12 de Abril de 2005 - 1253

IV. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Gran Canaria

1253 - ANUNCIO de 30 de marzo de 2005, por el que se notifica Resolución recaída en el recurso de reposición interpuesto por D. José Emilio Collado Jiménez contra Resolución de procedimiento sancionador en materia de transportes.- GC.-100375-O-04.

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Intentada la notificación personal al interesado y no habiéndose podido practicar, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, se inserta anuncio relativo a notificación de la Resolución recaída en el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de procedimiento sancionador en materia de transportes terrestres por D. José Emilio Collado Jiménez, con fecha 25 de noviembre de 2004.

Rfa. Procedimiento Sancionador nº GC-100375-O-04.

Por medio del presente anuncio se le comunica que el Consejo de Gobierno Insular de esta Corporación, en sesión de fecha 17 de febrero de 2005 ha resuelto el recurso interpuesto en el expediente sancionador antes referenciado, con el siguiente tenor literal:

"Examinados el procedimiento y el recurso de reposición, se han apreciado los siguientes

HECHOS

Primero.- El interesado ha interpuesto recurso de reposición, presentado a través del Servicio de Correos y Telégrafos de Las Palmas, Sucursal nº 9, con fecha 25 de noviembre de 2004, contra la Resolución del Consejero de Turismo y Transportes de fecha 4 de octubre de 2004, que resolvió el procedimiento sancionador antes referenciado, sancionándole por infracción grave en materia de transportes terrestres.

Segundo.- El recurrente fundamenta su pretensión manifestando, en síntesis, que no se ha mencionado en el expediente de incoación que la carga era para un amigo, sin ánimo de lucro, así como la cantidad de chapas transportadas, faltando por tanto en la denuncia datos esenciales que debieron plantear duda razonable al Instructor. Que el Instructor de oficio debió apreciar la caducidad. Que en el procedimiento se han dado situaciones ambiguas contrarias a la ley y al derecho, fundamentando el procedimiento en base a que las notificaciones hayan sido incorrectas o no se hayan producido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La materia objeto del recurso es competencia de este Cabildo Insular, de conformidad con lo establecido en la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias y en el Decreto 159/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de transportes terrestres y por cable.

Segundo.- Artículos 54.1.b) y 113 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Tercero.- Examinados los requisitos de admisibilidad del recurso, relativos a la legitimación, forma y plazo para su interposición, se aprecia su cumplimiento.

Cuarto.- Las cuestiones planteadas por el recurrente se examinan a continuación:

1ª) Procede contestar en primer lugar sobre la caducidad del procedimiento que plantea el recurrente.

Al respecto hay que partir de la consideración jurídica de que con fecha 29 de octubre de 2003 entró en vigor la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT).

Asimismo, hay que considerar la cuestión fáctica de que el procedimiento sancionador objeto de recurso se inició por acuerdo del órgano competente con fecha 13 de julio de 2004 y, por ello, es de aplicación la referida reforma legal.

Considerando, por ello, aplicables tales normas, resulta que el régimen de caducidad del procedimiento previsto en el artº. 146 de la Ley 29/2003, es el siguiente:

El plazo máximo en que debe notificarle la resolución del procedimiento sancionador será de un año, contado desde la fecha de iniciación del procedimiento (artº. 146.2.3er párrafo). De conformidad con el párrafo 4º del artº. 146.2 de la LOTT, la iniciación del procedimiento se produce de oficio con el acuerdo del órgano competente.

En el presente caso, el inicio del cómputo del plazo de caducidad es el 13 de julio de 2004, y ha de considerarse que la resolución que finaliza el procedimiento le fue notificada, según acuse de recibo obrante en el expediente, el 5 de noviembre de 2004; de lo cual cabe concluir que entre ambas fechas no transcurrió el plazo de caducidad señalado.

2ª) En cuanto a la manifestación del recurrente que cuestiona el contenido de la resolución por no mencionar que la carga era para un amigo suyo, sin cobro de precio por el transporte; así como el contenido de la denuncia a la que -dice- faltan datos esenciales; precisarle que en las alegaciones que formuló contra el Pliego de Cargos no cuestionó los hechos denunciados, que tal como aparecen formulados por el Agente son precisos y no ofrecen ninguna duda para la calificación del transporte realizado. Literalmente consta en la denuncia:

"Circular transportando 36 metros de planchas de chapa, cortada en trozos, una cortadora, una soldadora, varias piezas de hierro y herramientas, desde el Polígono de Arinaga hasta Telde, careciendo de autorización de transporte. Actividad principal del titular del vehículo la carpintería metálica ...".

Por lo cual, las manifestaciones del recurrente que cuestionan el hecho denunciado descrito, no pueden tomarse en consideración para la resolución del recurso, de conformidad con el artº. 112.1.2º párrafo de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dado el carácter revisor de la figura del recurso, y sin que por tanto quepa atribuirle la función continuadora del procedimiento pretendida por el recurrente. Ello sin perjuicio de la consideración de que en esta instancia haya de verificarse la constancia de la prueba de los hechos en el expediente, por cuanto se trata de un procedimiento a través del cual se ejercitan potestades sancionadoras.

Ha de concluirse, por tanto, que puesto que no se formularon alegaciones en oposición a los hechos denunciados, éstos gozan de presunción de veracidad por haber sido constatados por Agentes de la Autoridad (artº. 137.3 LRJAP-PAC), y que, por ello, la denuncia y la consulta efectuada por la Instructora a los Archivos del Servicio de Transportes, en los que no consta que el vehículo estuviera autorizado para realizar el transporte denunciado, son pruebas suficientes para atribuirle dicha infracción.

3ª) El recurrente aduce defectos en la práctica de las notificaciones, los cuales no se desprenden del examen del expediente, en el que consta que el destinatario de tales notificaciones recibió personalmente, tanto el acuerdo de incoación como la resolución sancionadora, con fecha 27 de julio y 5 de noviembre de 2004, respectivamente.

4ª) Finalmente, señalarle que en la sanción que le ha sido impuesta se observa la aplicación del principio de proporcionalidad, en atención a la condición de vehículo ligero en el que se efectuó el transporte denunciado.

En su virtud, el Consejo de Gobierno Insular, de acuerdo con la atribución conferida por el artº. 127.1.l), en relación con la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, y con el artº. 73.A) del Reglamento Orgánico del Cabildo de Gran Canaria (B.O.P. de 24.2.92), en su redacción modificada en Acuerdo Plenario de fecha 31 de enero de 2000.

ACUERDA:

Desestimar la pretensión formulada en el recurso de reposición interpuesto por D. José Emilio Collado Jiménez, presentado a través del Servicio de Correos y Telégrafos de Las Palmas, Sucursal nº 9, con fecha 25 de noviembre de 2004, contra la resolución del procedimiento sancionador nº GC-100375-O-04, confirmando y manteniendo la resolución del Consejero de Turismo y Transportes, que impone una sanción de 400 euros."

Contra esta Resolución, que es firme en vía administrativa, podrá Vd. interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, de conformidad con los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de marzo de 2005.- El Vicesecretario General, Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno Insular (Decreto nº 9, de 15.3.04), Sergio Ramírez Rivero.

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