No habiéndose podido practicar, por ignorado domicilio del interesado, la notificación de la referida Propuesta de Resolución de 17 de enero de 2005 a D. Echedey de León Avero, se procede -de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999- a la publicación de la citada Propuesta de Resolución a través del Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:
DENUNCIADO: Echedey de León Avero.
AYUNTAMIENTO: Arrecife de Lanzarote.
ASUNTO: expediente sancionador de infracción pesquera nº 61/2004.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SANCIONADORA
Vista el acta de denuncia originadora del expediente sancionador nº 61/04, elaborada por la Dirección General de la Guardia Civil, se formula la siguiente Propuesta de Resolución sancionadora, en base a los siguientes
HECHOS
Primero.- Que según la referida denuncia, el pasado día 3 de noviembre de 2003, a las 13,40 horas, los denunciantes comprobaron cómo los denunciados practicaban pesca submarina en zona no permitida para ello; incautándoseles posteriormente el material utilizado (3 fusiles de pesca submarina) y la captura obtenida (3,610 kilogramos de pescado variado). Asimismo dichos denunciados carecían de las preceptivas licencias de pesca recreativas.
Segundo.- Que los hechos denunciados tuvieron lugar en la Escollera del Puerto de Naos (Arrecife-Lanzarote).
Tercero.- Que dos de los denunciados, una vez notificados de la iniciación del expediente, no hicieron uso de su derecho a formular alegaciones.
En cuanto al otro de los denunciados, D. Echedey de León Avero, una vez publicada la iniciación del expediente, tampoco hizo uso de su derecho a formular alegaciones.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I) El artículo 69.a) de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril) establece, como infracción leve, el ejercicio recreativo de la actividad pesquera o marisquera, sin disponer de la preceptiva autorización.
II) El artículo 70.3.h) de la citada Ley 17/2003, de 10 de abril, establece, como infracción grave, el ejercicio de la pesca o marisqueo recreativos en zonas protegidas o vedadas.
III) El artículo 3.1 del Decreto 121/1998, de 6 de agosto, por el que se regula la pesca marítima de recreo en las aguas interiores del Archipiélago Canario (B.O.C. nº 106, de 21 de agosto), establece que la pesca submarina se practicará desde la salida hasta la puesta de sol en las zonas acotadas que se establezcan por la Consejería competente en materia de pesca.
IV) Mediante la Orden de 30 de octubre de 1986 (B.O.C. nº 136, de 12 de noviembre) se establecen las zonas acotadas del Archipiélago Canario donde se permite la práctica de la pesca deportiva submarina.
V) El artículo 18.b) del Decreto 121/1998, de 6 de agosto, por el que se regula la pesca marítima de recreo en las aguas interiores del Archipiélago Canario (B.O.C. nº 106, de 21 de agosto), establece que la licencia de 2ª clase es la que autoriza para la práctica de la pesca marítima submarina a pulmón libre, nadando o buceando, en las zonas determinadas para ello según la normativa vigente.
VI) Es competencia de esta Viceconsejería de Pesca, la incoación y resolución del presente expediente, a tenor de lo establecido en el artículo 12 del Decreto 328/1999, de 2 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 29 de diciembre), por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
Por lo tanto, y teniendo en cuenta la práctica de la pesca submarina en zona no permitida y la carencia de las correspondientes licencias recreativas, se propone imponer una sanción de quinientos (500) euros a cada uno de los denunciados.
Publíquese esta propuesta al denunciado, indicándole la puesta de manifiesto del expediente, que -además de la resolución de iniciación, ya notificada y publicada- contiene el oficio de la Dirección General de la Guardia Civil. Asimismo se hace constar que dispone de un plazo de quince días hábiles para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes.
Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de marzo de 2005.- La Instructora, María Dolores Ojeda Guerra.
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