Desconociéndose quiénes son los herederos de Dña. Ernestina Cabrera Hernández al objeto de notificarles la Orden Departamental de fecha 29 de marzo de 2004, por la que se declara terminado el procedimiento por causas sobrevenidas y se procede al archivo de actuaciones del expediente relativo a la ayuda excepcional solicitada para paliar los daños causados en viviendas y/o enseres como consecuencia del temporal de lluvias acaecido el 31 de marzo de 2002, en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
R E S U E L V O:
Notificar a los herederos de Dña. Ernestina Cabrera Hernández, la Orden Departamental de la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda de fecha 29 de marzo de 2004, cuyo tenor literal es el siguiente:
"Visto el informe emitido por el Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna en el expediente administrativo incoado a instancia de Dña. Ernestina Cabrera Hernández, provista del D.N.I./N.I.F. 41.908.916-H, relativo a la concesión de ayudas excepcionales destinadas a paliar los daños causados en viviendas y/o enseres como consecuencia de las lluvias torrenciales acaecidas en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna el 31 de marzo de 2002.
Vista la propuesta de resolución formulada por el Ilmo. Sr. Director del Instituto Canario de la Vivienda.
ANTECEDENTES
Primero.- Con fecha 16 de abril de 2002, Dña. Ernestina Cabrera Hernández, presentó en el Registro de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna "solicitud de ayuda para unidades familiares o de convivencia económica para hacer frente a situaciones de emergencia o catástrofe", junto con diversos documentos, en la que reclama se le conceda una ayuda para reparar los daños ocasionados en su vivienda como consecuencia de las mencionadas lluvias.
Segundo.- Una vez analizada la solicitud y la documentación aportada por la solicitante, se comprueba que la misma es propietaria de la vivienda dañada.
Tercero.- Con fecha 16 de mayo de 2002, los Servicios Técnicos del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna emiten un informe en el que realizan la siguiente cuantificación de los daños producidos en la vivienda de la solicitante:
1. Daños en vivienda: 1.600 euros.
2. Daños en enseres: 0 euros.
Cuarto.- Con fecha 26 de junio de 2003, el Negociado de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, envía a la Dirección General de Vivienda un informe en el que comunica el fallecimiento de la solicitante, adjuntando el certificado de defunción de ésta.
Quinto.- Del expediente administrativo no se deducen más interesados.
De todo lo anterior se deducen los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- En cuanto a la competencia para resolver el procedimiento administrativo para la concesión de ayudas excepcionales destinadas a paliar los daños causados en las viviendas y enseres como consecuencia del temporal de lluvias acaecido el día 31 de marzo de 2002, es competente la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias, previa autorización del Consejero de Economía, Hacienda y Comercio, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Orden Interdepartamental de 29 de mayo de 2002 y en la Orden de delegación de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales de fecha 25 de abril de 2002. La remisión hecha a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas ha de entenderse realizada a la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, tal y como se prevé en el artículo 3 del Decreto 241/2003, de 11 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías del Gobierno de Canarias.
Respecto a la competencia para la instrucción del procedimiento, ésta corresponde a los Ayuntamientos de los municipios afectados, de conformidad con lo previsto en el artículo 5, apartado 1º, de la Orden Interdepartamental de 29 de mayo de 2002.
Segundo.- En cuanto al procedimiento, se han observado las prescripciones legales establecidas en la Orden Interdepartamental de 29 de mayo de 2002, que desarrolla el Decreto territorial 39/2002, de 8 de abril, y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.- El artículo 87.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece:
"También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso". El presente procedimiento tiene por objeto el reconocimiento de una ayuda extraordinaria para paliar los daños sufridos en vivienda y/o enseres a favor de la solicitante, con ocasión de las lluvias del 31 de marzo de 2002; de modo que el fallecimiento de aquélla, sin más interesados acreditados en el expediente, y como circunstancia sobrevenida durante su tramitación, produce la imposibilidad material de continuar con el procedimiento, por lo que procede adoptar resolución que ponga fin al mismo.
Vistas las normas que se citan y las disposiciones complementarias de aplicación, este Consejero, en el uso de las atribuciones conferidas,
R E S U E L V E:
Única.- Declarar terminado el presente procedimiento administrativo por causas sobrevenidas que determinan la imposibilidad material de su continuación, y proceder a su archivo.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, o, potestativamente, recurso de reposición ante el Excmo. Consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la recepción de la mencionada notificación, tal y como se establece en los artículos 109, 110 y 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común -modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero-, y en las disposiciones de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; todo ello, sin perjuicio de que la interesada pueda ejercitar cualquier otro que estime oportuno."
Santa Cruz de Tenerife, a 8 de marzo de 2005.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.
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