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Habiéndose intentado notificar a D. Pedro de la Rosa Naranjo la Orden Departamental de fecha 17 de enero de 2005, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por D. Pedro de la Rosa Naranjo, contra la Resolución nº 368/LP del Director del Servicio Canario de la Salud, de fecha 6 de septiembre de 2004, por la que se ordena la suspensión provisional de la actividad del establecimiento sanitario, del que es titular el recurrente, sito en la calle Inés Chemida, 1, esquina Prudencia Morales, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, hasta que cuente con la preceptiva Autorización de Funcionamiento, resultando infructuosa su entrega, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
R E S U E L V O:
Notificar a D. Pedro de la Rosa Naranjo la Orden Departamental de fecha 17 de enero de 2005, cuyo tenor literal es el siguiente:
"Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Pedro de la Rosa Naranjo, contra la Resolución nº 368/LP del Director del Servicio Canario de la Salud, de fecha 6 de septiembre de 2004, por la que se ordena la suspensión provisional de la actividad del establecimiento sanitario, del que es titular el recurrente, sito en la calle Inés Chemida, 1, esquina Prudencio Morales, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, hasta que cuente con la preceptiva autorización de funcionamiento, son relevantes los siguientes
ANTECEDENTES
1.- Resolución nº 368/LP del Director del Servicio Canario de la Salud, de fecha 6 de septiembre de 2004, por la que se ordena la suspensión provisional de la actividad del establecimiento sanitario sito en la calle Inés Chemida, 1, esquina Prudencio Morales, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, del que es titular D. Pedro de la Rosa Naranjo, por carecer de la preceptiva Autorización de Funcionamiento.
2.- Notificación de dicha Resolución el día 14 del mismo mes.
3.- Recurso de alzada presentado con fecha 5 de octubre de 2004, alegando, en síntesis, lo siguiente: a) Que su establecimiento es un taller de montaje de lentes y monturas, sin que en ningún caso se hagan trabajos de optometría ni contactología. b) Que les llegan las lentes y monturas de diferentes ópticas que, ya sea por no tener taller o no tener especialista en la materia les desvían el trabajo, que después de realizado se remite a las ópticas, que son las que, por medio de sus ópticos diplomados, revisan los encargos y los entregan a los clientes. c) Que, por tanto, no tienen ningún contacto con clientes, ni venden ni reparan nada directamente al público, sino a través de las ópticas. d) Que les llegan las lentes con las graduaciones, alturas, distancias ..., que los ópticos o vendedores de cada óptica han estimado oportuno, sin que en su taller se haga ningún tipo de trabajo de este tipo.
Por tanto, entiende que el título que posee, a saber Técnico en Óptica Anteojería, le faculta para realizar los trabajos descritos, que son los que se efectúan en el establecimiento del que es titular.
Aporta el recurrente, junto a su escrito, fotocopia compulsada de las tasas de pago de expedición del mencionado título, así como Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 22 de enero de 2001, que entiende y apoya sus alegaciones.
4.- Por la Dirección del Servicio Canario de la Salud se eleva el expediente con informe en el que se propone la desestimación del presente recurso.
A los que son de aplicación las siguientes
CONSIDERACIONES
I.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 110.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común "el error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter". Por tanto, el escrito presentado por D. Pedro de la Rosa Naranjo frente a la Resolución del Director del Servicio Canario de la Salud de fecha 6 de septiembre de 2004, ha de ser considerado recurso de alzada impugnatorio de la misma.
II.- El recurso fue interpuesto en tiempo.
III.- Es competente para su resolución el Consejero que lo sea en materia de sanidad de conformidad con lo establecido en el artículo 30.1 del Decreto 32/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud.
IV.- Señalar, en primer término, que la Resolución impugnada ordena la suspensión provisional de la actividad del establecimiento sanitario sito en la calle Inés Chemida, 1, esquina Prudencio Morales, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, del que es titular el recurrente, por no contar con la preceptiva Autorización de Funcionamiento.
El artículo 3.2 del Real Decreto 1.277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, dispone que "la autorización sanitaria de funcionamiento es la que faculta a los centros, servicios y establecimientos sanitarios, públicos y privados, de cualquier clase y naturaleza, para realizar su actividad y se exigirá con carácter preceptivo por las comunidades autónomas de modo previo al inicio de ésta".
Por su parte, en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, el Decreto 225/1997, de 18 de septiembre, por el que se regulan las autorizaciones de instalación y funcionamiento de centros, servicios, establecimientos y actividades sanitarias, establece en su artículo 4.1.b) la obligación común para todos los centros, servicios, establecimientos y actividades sanitarias, de contar con carácter previo al inicio de su actividad de la preceptiva autorización de funcionamiento.
Abundando en lo mismo, el artículo 14 de dicho Decreto señala que todos los centros, servicios, actividades y establecimientos sanitarios a que se refieren los artículos 2.1 y 3 de esta norma (entre los que se encuentra el establecimiento del que usted es titular) están sujetos a la previa autorización de funcionamiento.
Solicitud de autorización que ha de ser dirigida al Director del Servicio Canario de la Salud, acompañada de la documentación que se le exige en el artículo 15 de dicho Decreto; señalándole que la valoración de la misma corresponde al titular de ese Órgano, quien habrá de ser el que determine si, en su caso, se cumplen los requisitos exigidos en los artículos 5 y 6 de la Orden de este Departamento de 20 de abril de 1998, por la que se regulan los requisitos mínimos exigibles para la autorización de los establecimientos de óptica y gabinetes optométricos.
Por tanto, el obtener la correspondiente autorización de funcionamiento es una obligación legalmente impuesta por la normativa de aplicación, que ha de ser solicitada con carácter previo al inicio de la actividad.
En el caso que nos ocupa, la Resolución impugnada no hace más que aplicar un precepto recogido en la norma, que implica ordenar la suspensión provisional de la actividad de aquellos establecimientos que no cuenten con la señalada autorización de funcionamiento, hasta que la obtengan.
Por todo lo expuesto, y careciendo el establecimiento del que usted es titular de la preceptiva autorización de funcionamiento, no procede estimar su recurso de alzada, confirmándose, por tanto, la resolución de suspensión provisional de la actividad del mismo.
V.- En segundo lugar, y respecto a las alegaciones vertidas en su escrito, cabe señalar que aunque no constituyen motivos de impugnación de la resolución recurrida, sin embargo sí han de ser valoradas por este órgano administrativo con el fin de precisar algunas cuestiones relevantes.
Así, sus afirmaciones se concretan en señalar que su posesión del título de Técnico en Óptica Anteojería le faculta y habilita para desempeñar los trabajos que se realizan en el establecimiento que usted regenta.
Dicho establecimiento, como manifiesta en su escrito, se dedica a la actividad de taller de montaje de lentes y monturas, y de reparación, soldaduras y pegues de las mismas, sin que en ningún caso se hagan trabajos de optometría, contactología, ni graduaciones de las lentes.
A este respecto ha de señalarse que a tenor de lo dispuesto en el apartado E.3 (Establecimientos Sanitarios) del anexo II sobre Definiciones de centros, unidades asistenciales y establecimientos sanitarios, del Real Decreto 1.277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, se consideran ÓPTICAS a los "establecimientos sanitarios donde, bajo la dirección técnica de un diplomado en Óptica y Optometría, se realizan actividades de evaluación de las capacidades visuales mediante técnicas optométricas, o tallado, montaje, adaptación, suministro, venta verificación y control de los medios adecuados para la prevención, detección, protección, mejora de la agudeza visual, ayudas en baja visión y adaptación de prótesis oculares externas".
Es decir, basta con que un establecimiento se dedique a una de las actividades recogidas por la norma transcrita, para que el mismo tenga la consideración legal de Óptica que, a tenor de la normativa de aplicación, es un establecimiento sanitario a cuyo frente ha de encontrarse un Diplomado en Óptica y Optometría.
A mayor abundamiento el artículo 2.1.a) de la Orden de esta Consejería de 20 de abril de 1998, -ya citada-, por la que se regulan los requisitos mínimos exigibles para la autorización de los establecimientos de óptica y gabinetes optométricos, señala que se consideran establecimientos de óptica, a los efectos de la presente Orden "los capacitados para el tallado, montaje, adaptación o venta de artículos ópticos destinados a la corrección o protección de la visión, realicen o no actividades de optometría y contactología".
Por tanto, a tenor de los preceptos mencionados ninguna duda cabe sobre la calificación jurídica de su taller como establecimiento de óptica.
Y como ya se ha señalado, el artículo 3.1 de la mencionada Orden, -y la definición del Real Decreto 1.277 también-, establece la obligatoriedad de que todas las funciones, actos y servicios que se desarrollen en los establecimientos de óptica se efectúen bajo la dirección, responsabilidad, vigilancia y control de, como mínimo, un Óptico Diplomado debidamente colegiado, cuya presencia será inexcusable, permanente y continuada.
Conviene en este punto precisar la alegación vertida por el recurrente de que su título de FP II, especialidad Óptica Anteojería, le faculta para realizar los trabajos que se realizan en su establecimiento.
A este respecto, cabe señalar que ha quedado acreditada la condición de Óptica del establecimiento que el recurrente regenta. Y la necesidad de que al frente de toda óptica haya un Diplomado en Óptica y Optometría.
Conviene determinar ahora qué profesionales tienen la consideración de Ópticos Diplomados y por tanto, están facultados para estar al frente de un establecimiento sanitario de este tipo.
A tenor de la Orden citada y en concreto a lo establecido en su artículo 3.1 "tendrán la consideración de Óptico Diplomado a los efectos de la presente Orden, los que reúnan los siguientes requisitos:
a) Los que estén en posesión del Diploma de Ópticos de Anteojería, expedido por el Ministerio de Educación y Ciencia, conforme a lo dispuesto en el Decreto de 22 de junio de 1956".
b) Quienes estén en posesión del título de Diplomado en Óptica al amparo del Decreto 2.842/1972, de 15 de septiembre.
c) Los Diplomados por las Escuelas de Óptica Oftálmica y Acústica Audiométrica de la Universidad de Barcelona, y de Óptica y Acústica Audiométrica de la Universidad de Santiago de Compostela, creadas por Órdenes Ministeriales de 18 de febrero de 1975.
d) Quienes obtengan en las Escuelas Universitarias de Óptica el título de Diplomados en Óptica y Optometría, regulado por el Real Decreto 1.419/1990, de 26 de octubre, cuyos estudios se cursan en la actualidad".
El título que el recurrente presenta, a saber Formación Profesional de 2º Grado, Rama Metal y Especialidad Óptica de Anteojería, no se encuentra entre los citados y, por tanto, no le faculta para estar al frente de su establecimiento de óptica.
En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 4 de diciembre de 2003, recaída en el recurso de casación 6863/200, declara que no es posible la equiparación profesional entre los Ópticos Diplomados y los Técnicos Especialistas en Óptica de Anteojería y que al frente de un establecimiento de Óptica, ha de estar un Óptico Diplomado en la forma prevista en el artículo 2 del Real Decreto 1.387/1961.
Con idéntica argumentación se pronuncia la Sala en su Sentencia de 27 de noviembre de 1995, recaída en el recurso de casación nº 518/1993, "De la misma normativa estatal resulta la no equiparabilidad profesional de los Ópticos Diplomados en posesión de título universitario y los Técnicos Especialistas en Óptica de Anteojería, surgidos de la Formación Profesional", desestimando la pretensión de un técnico de esta clase de colegiarse en el Colegio Nacional de Ópticos.
Por último, en apoyo de esta no equiparación entre ambos tipos de profesionales, hay que mencionar la Orden Ministerial de 2 de septiembre de 1985, al amparo del Decreto 707/1976, de 5 de marzo, de Ordenación de la Formación Profesional, que crea el Título de Formación Profesional de 2º grado, rama del Metal, Especialidad de Óptica de Anteojería, cuya obtención permite, conforme a la Orden Ministerial de 11 de enero de 1979, el acceso directo a las Escuelas Universitarias de Óptica, sin necesidad de superar el Curso de Orientación Universitaria.
En definitiva, el recurrente dispone de la titulación y conocimientos que le capacitan para el tallado, montaje y adaptación de las gafas y lentes de contacto, pero no está facultado para estar al frente de un establecimiento de óptica que, como se ha mencionado reiteradamente, ha de estar bajo la dirección, responsabilidad, vigilancia y control de, como mínimo, un Óptico Diplomado, no teniendo esta consideración el recurrente.
Vistas la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Ley Territorial 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias y demás disposiciones de pertinente y general aplicación.
Visto el informe emitido por la Dirección del Servicio Canario de la Salud,
R E S U E L V O:
Primero.- Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Pedro de la Rosa Naranjo, contra la Resolución nº 368/LP del Director del Servicio Canario de la Salud, de fecha 6 de septiembre de 2004, por la que se ordena la suspensión provisional de la actividad del establecimiento sanitario, del que es titular el recurrente, sito en la calle Inés Chemida, 1, esquina Prudencio Morales, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, hasta que cuente con la preceptiva Autorización de Funcionamiento.
Segundo.- Confirmar en su totalidad la resolución impugnada.
Tercero.- Notificar esta Orden a D. Pedro de la Rosa Naranjo, significándole que pone fin a la vía administrativa, por lo que podrá presentar contra la misma recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria o de Santa Cruz de Tenerife, a su elección, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación."
Santa Cruz de Tenerife, a 17 de enero de 2005.
LA CONSEJERA
DE SANIDAD,
María del Mar Julios Reyes.
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