BOC - 2005/064. Viernes 1 de Abril de 2005 - 1096

IV. ANUNCIOS - Otras Administraciones - Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Santa Cruz de Tenerife

1096 - EDICTO de 25 de febrero de 2005, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de juicio verbal nº 511/2004.

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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 24 de febrero de 2005. Vistos por el Ilmo. Sr. D. Juan Luis Lorenzo Bragado, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº Seis de Santa Cruz de Tenerife y su partido los presentes autos de juicio verbal nº 511/2004 seguidos en este Juzgado, entre partes, de una, como demandante, Dña. Elena Hardisson Manzano, representada por el Procurador Juan Manuel Beautell López y dirigida por el Letrado D. Juan A. López de Vergara y de otra, como demandados, D. Francisco Alberto Cordero Cadenas, en rebeldía, Dña. María del Carmen Alemán Fariña, representada por la Procuradora Dña. Candelaria Covadonga Rodríguez Delgado y defendida por el Letrado D. Antonio Padilla González y D. Francisco Cordero Gárate, representado por la Procuradora Dña. Luisa María Navarro González de Rivera y defendido por la Letrada Dña. Isabel Pereira León, sobre resolución de contrato de arrendamiento y reclamación de cantidades.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por el Procurador expresado, en la representación que tiene acreditada, se interpuso demanda de juicio verbal en la que después de exponer los hechos y fundamentos jurídicos que aquí se dan por reproducidos, terminaba suplicando se dictase en su día sentencia declarando haber lugar al desahucio de la finca arrendada, vivienda situada en la Rambla General Franco, 139, 1º, 17, Edificio Taomar, de Santa Cruz de Tenerife, apercibiendo a la arrendataria de lanzamiento si no la desalojara dentro del término que la ley establece, condenando solidariamente a los tres codemandados al pago de la cantidad de 2.430,49 euros en concepto de rentas y cantidades asimiladas adeudadas hasta la interposición de la demanda, más el importe de las que se devenguen durante la tramitación del procedimiento y hasta que el arrendador recupere la posesión de la vivienda, imponiéndole, además, las costas del juicio.

FALLO

Estimando la demanda interpuesta por Dña. Elena Hardisson Manzano, representada por el Procurador Juan Manuel Beautell, contra D. Francisco Alberto Cordero Cadenas, en rebeldía, Dña. María del Carmen Alemán Fariña, representada por la Procuradora Dña. Candelaria Covadonga Rodríguez Delgado y D. Francisco Cordero Gárate, representado por la Procuradora Dña. Luisa María Navarro González de Rivera: a) declaro haber lugar al desahucio de la finca descrita en el primer antecedente de esta resolución, teniendo por ejecutada en este particular la sentencia por entrega de las llaves a la propiedad en fecha 6 de septiembre de 2004; b) condeno solidariamente a los tres codemandados al pago de la cantidad de 3.698,42 euros en concepto de rentas y cantidades asimiladas adeudadas hasta la fecha de entrega de las llaves; c) todo ello con expresa imposición de costas a los demandados.

Contra esta sentencia, que no es firme, cabe interponer recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. El recurso se preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de cinco días a partir del siguiente a la notificación, escrito que se limitará a citar la resolución apelada y a manifestar la voluntad de recurrir con expresión de los pronunciamientos que impugna (artículos 455 y 457 de la Ley 1/2000, de 8 de enero, de Enjuiciamiento Civil).

Notifíquese esta sentencia a los demandados personalmente, en la forma prevista en el artº. 161 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo si se hallaren en paradero desconocido, en cuyo caso la notificación se hará por medio de edicto, que se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.

No se admitirá el recurso a los demandados si, al prepararlo, no manifiestan, acreditándolo por escrito, tener satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato deba pagar adelantadas (artº. 449.1 Ley 1/2000, de 8 de enero, de Enjuiciamiento Civil).

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de D./Dña. Francisco Alberto Cordero Cadenas, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

En Santa Cruz de Tenerife, a 25 de febrero de 2005.- El/la Secretario.



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