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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles las Resoluciones recaídas en los expedientes incoados contra las mismas, por infracción a la normativa en materia de consumo y conforme al artículo 59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, las Resoluciones recaídas en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.
Los interesados podrán interponer recurso de alzada contra la resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
El pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.
RESOLUCIÓN
Visto el expediente nº 38/285/2004.
INSTRUIDO A: Alejandra Elizabeth Cornejo.
D.N.I.-N.I.F.: X1537836X.
MOTIVACIÓN
(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
REFERENCIA DE HECHOS: el día 10 de febrero de 2004, un Inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el establecimiento del que es titular Alejandra Elizabeth Cornejo, con domicilio en calle Ataman, 4, término municipal de Santa Cruz de Tenerife y extiende el acta nº 8483 procediendo a comprobar la reclamación nº 2080/03, formulada por D. Alberto González Expósito, siendo motivo de la misma las presuntas irregularidades cometidas por esta empresa al realizarle la depilación con cera en la zona del pecho y abdomen, que considera que la empleada que le atendió no estaba habilitada para realizar este servicio, por lo que le provocó en las zonas tratadas quemaduras de tercer grado. Negándose además esta empresa a entregarle factura por el servicio prestado.
De las actuaciones inspectoras y de la documentación obrante en el expediente se constata que la reclamada incurre en las siguientes infracciones en materia de consumo:
1) Que este establecimiento no tiene a disposición de los consumidores las preceptivas Hojas de Reclamaciones.
2) Personado el Inspector actuante se concede al compareciente en acta un plazo de 10 días para que remita a esta Dirección General de Consumo copia de la factura que manifiesta haber entregado al reclamante.
Transcurrido el plazo otorgado sin que tal documentación se haya remitido se incurre en infracción en materia de consumo, al no atender a la solicitud de los Servicios de Inspección.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: resultan aplicables:
1) Por irregularidades en Hojas de Reclamaciones, los artículos 27, 40.4.g) y Disposición Transitoria 2ª de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34), en concordancia con el Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.
2) Por no aportar la documentación solicitada por los Servicios de Inspección, los artículos 32.b), 34.1.e) y 40.4.l) de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34).
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 210, de fecha 29 de octubre, y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154) y en el artículo 39, apartado 2, de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34),
R E S U E L V O:
Imponer a Alejandra Elizabeth Cornejo la sanción de multa de seiscientos (600) euros.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 22 de diciembre de 2004.- La Directora General de Consumo, Concepción Pérez González.
RESOLUCIÓN
Visto el expediente nº 38/286/2004.
INSTRUIDO A: Moto Sport La Camella, S.L.
D.N.I.-N.I.F.: B38743993.
MOTIVACIÓN
(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
REFERENCIA DE HECHOS: el día 19 de febrero de 2004, un Inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el establecimiento taller de reparación de vehículos automóviles de rótulo Motor Sport La Camella, del que es titular Motor Sport La Camella, S.L., con domicilio en la Carretera a Cabo Blanco, 3, en La Camella, término municipal de Arona y extiende el acta 6544 para comprobar la reclamación nº 2493/03 formulada por D. Juan José González Reyes, con D.N.I. nº 75.866.896Q, relativa a la comisión de supuestas irregularidades en la reparación de una motocicleta Aprillia RS 125, hechos denunciados el día 4 de noviembre de 2003.
De las actuaciones inspectoras llevadas a cabo se comprueba que no fue atendido el requerimiento efectuado por el Inspector actuante quien había concedido un plazo de diez días para que fuera presentado en el registro de entrada de la Dirección General de Consumo resguardo de depósito de las reparaciones llevadas a cabo a la motocicleta del Sr. González, transcurriendo dicho plazo sin que el interesado enviara documento alguno, hecho que es constitutivo de infracción en materia de consumo por no colaborar con los servicios de inspección en el esclarecimiento de la reclamación formulada por D. Juan José González Reyes.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: resultan aplicables los artículos 32.b), 34 y 40.4.m) de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34).
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue notificado al interesado el día 24 de agosto 2004 mediante carta certificada con aviso de recibo, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154) y en el artículo 39, apartado 2, de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34),
R E S U E L V O:
Imponer a Moto Sport La Camella, S.L. la sanción de multa de seiscientos (600) euros.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 25 de enero de 2005.- La Directora General de Consumo, Concepción Pérez González.
RESOLUCIÓN
Visto el expediente nº 38/289/2004.
INSTRUIDO A: Agustín Rodríguez Mederos.
D.N.I.-N.I.F.: 41979379D.
MOTIVACIÓN
(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
REFERENCIA DE HECHOS: el día 4 de mayo de 2004, un Inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el establecimiento de servicio técnico de reparación de electrodomésticos del que es titular Agustín Rodríguez Mederos, con domicilio en la calle 602, Edificio Bristol II, Vuelta de los Pájaros, término municipal de Santa Cruz de Tenerife y extiende el acta 8912 para comprobar la reclamación nº 2519/03 formulada por Dña. María Otilia Egea Manrique de Lara, con D.N.I. nº 42.635.766E relativa a la comisión de supuestas irregularidades en la reparación de una placa por la que ha de abonar el importe de 46,35 euros el día 6 de octubre de 2003.
De las actuaciones inspectoras llevadas a cabo se comprueba que esa empresa extendió la factura nº 6-00000460, de fecha 6 de octubre de 2003, por importe total de 46,35 euros, constatándose que la referida factura no está convenientemente desglosada por cuanto que no se detalla el tiempo de mano de obra empleado. Este hecho es constitutivo de infracción en materia de consumo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: resulta aplicable el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de protección al consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 5 del Real Decreto 58/1988, de 29 de enero (B.O.E. nº 29), sobre protección de los derechos del consumidor en el servicio de reparación de aparatos de uso doméstico.
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue notificado al interesado el día 7 de septiembre de 2004 mediante carta certificada con aviso de recibo, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154) y en el artículo 39, apartado 2, de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34),
R E S U E L V O:
Imponer a Agustín Rodríguez Mederos la sanción de multa de doscientos (200) euros.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 25 de enero de 2005.- La Directora General de Consumo, Concepción Pérez González.
RESOLUCIÓN
Visto el expediente nº 38/353/2004.
INSTRUIDO A: Tecnomaster Informática, S.L.
D.N.I.-N.I.F.: B38327516.
MOTIVACIÓN
(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
REFERENCIA DE HECHOS: el día 20 de abril de 2004, un Inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el establecimiento de venta al menor de artículos de informática de rótulo Tecno Master, del que es titular Tecnomaster Informática, S.L., con domicilio en la Carretera General Santa Cruz-La Laguna, 114, Gracia, término municipal de La Laguna y extiende el acta 6901 para comprobar la reclamación nº 480/03 formulada por D. Santiago Hernández Herrera, con D.N.I. nº 42.931.134, relativa a los reiterados problemas técnicos que presenta un ordenador adquirido a esa entidad que no han sido resueltos durante la vigencia de la garantía, en particular con la Torre TMI número de serie 212-2525-1.
De las actuaciones inspectoras llevadas a cabo se comprueba que no fue atendido el requerimiento efectuado por el Inspector actuante quien había concedido un plazo de diez días para que fuera presentado en el registro de entrada de la Dirección General de Consumo informe técnico acerca de las reparaciones realizadas, detallando fechas e importes cobrados en su caso, transcurriendo dicho plazo sin que el interesado enviara documento alguno, hecho que es constitutivo de infracción en materia de consumo por no colaborar con los servicios de inspección en el esclarecimiento de la reclamación formulada por D. Santiago Hernández.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: resultan aplicables los artículos 32.b), 34 y 40.4.m) de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34).
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 225, de fecha 19 de noviembre de 2004, y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de La Laguna, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154) y en el artículo 39, apartado 2, de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34),
R E S U E L V O:
Imponer a Tecnomaster Informática, S.L. la sanción de multa de seiscientos (600) euros.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 28 de enero de 2005.- La Directora General de Consumo, Concepción Pérez González.
RESOLUCIÓN
Visto el expediente nº 38/357/2004.
INSTRUIDO A: Migueroa, S.L.
D.N.I.-N.I.F.: B38480380.
MOTIVACIÓN
(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
REFERENCIA DE HECHOS: el día 14 de abril de 2004, un Inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el establecimiento de rótulo FM Motor, del que es titular Migueroa, S.L., con domicilio en la Carretera General Santa Cruz-La Laguna, 206, La Cuesta, término municipal de La Laguna y extiende el acta 6891 para comprobar la reclamación nº 2474/03 formulada por D. Francisco Javier Díaz Madroñero Renau, con D.N.I. nº 40.013.058, relativa a la demora injustificada en la entrega de la documentación del vehículo de la marca Ford, modelo Fiesta, matrícula 8121 BTR, adquirido el día 30 de abril de 2003.
Personado el Inspector actuante comprueba que este establecimiento tiene expuestos para su venta al público tres vehículos usados, de las marcas Fiat, Peugeot y Seat, careciendo del preceptivo marcado de precios de venta al público.
Asimismo se comprueba que no fue atendido el requerimiento efectuado por el Inspector actuante quien había concedido un plazo de diez días para que fuera presentada en el registro de entrada de la Dirección General de Consumo copia de la documentación del vehículo ya transferido a nombre del reclamante, dado que la compareciente en acta Dña. Nuria Medina, en calidad de apoderada manifestó que ya se había efectuado el traspaso, transcurriendo dicho plazo sin que el interesado enviara documento alguno, hecho que es constitutivo de infracción en materia de consumo por no colaborar con los servicios de inspección en el esclarecimiento de la reclamación formulada por D. Francisco J. Madroñero.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: resultan aplicables:
por no exhibir el pvp, los artículos 12, apartado 4º y 40.4.a) y d) de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34), en concordancia con los artículos 3 y 4 del Real Decreto 3.423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 311).
Por no atender el requerimiento, los artículos 32.b), 34 y 40.4.m) de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34).
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue notificado al interesado el día 19 de agosto de 2004 mediante carta certificada con aviso de recibo, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154) y en el artículo 39, apartado 2, de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34),
R E S U E L V O:
Imponer a Migueroa, S.L. la sanción de multa de setecientos cincuenta (750) euros.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 28 de enero de 2005.- La Directora General de Consumo, Concepción Pérez González.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de marzo de 2005.- La Directora General de Consumo, Concepción Pérez González.
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