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BOC Nº 049. Miércoles 9 de Marzo de 2005 - 699

IV. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Gran Canaria

699 - ANUNCIO de 18 de febrero de 2005, por el que se notifica Resolución recaída en el recurso de reposición interpuesto por D. Luis Alfredo Cáceres Tixicuro contra Resolución de procedimiento sancionador en materia de transportes terrestres.- GC-102401-O-03.

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Intentada la notificación personal al interesado y no habiéndose podido practicar, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, se inserta anuncio relativo a notificación de la Resolución recaída en el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de procedimiento sancionador en materia de transportes terrestres por D. Luis Alfredo Cáceres Tixicuro, con fecha 12 de agosto de 2004.

Rfa. procedimiento sancionador nº GC-102401-O-03.

Por medio del presente anuncio se le comunica que el Consejo de Gobierno Insular de esta Corporación, en sesión de fecha 5 de enero de 2005, ha resuelto el recurso interpuesto en el expediente sancionador antes referenciado, con el siguiente tenor literal:

"Examinados el procedimiento y el recurso de reposición, se han apreciado los siguientes

HECHOS

Primero.- El interesado ha interpuesto recurso de reposición con fecha 12 de agosto de 2004, contra la Resolución del Consejero de Turismo y Transportes de fecha 28 de junio de 2004 que resuelve el procedimiento sancionador antes referenciado, por la que se le sanciona por infracción grave en materia de transportes terrestres.

Segundo.- El recurrente fundamenta su pretensión manifestando, en síntesis, la omisión del trámite de audiencia y del traslado de la Propuesta de Resolución causándole indefensión y la falta de proporcionalidad de la sanción impuesta en base a lo dispuesto en la L.R.J.A.P.-P.A.C., en cuanto al principio general de proporcionalidad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La materia objeto de recurso es competencia de este Cabildo Insular, de conformidad con lo establecido en la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias y el Decreto 159/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de transportes terrestres y por cable.

Segundo.- Los artículos 54.1.b) y 113 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Tercero.- Examinados los requisitos de admisibilidad del recurso, relativos a la legitimación, forma y plazo para su interposición, se aprecia su cumplimiento.

Cuarto.- Las cuestiones planteadas por el recurrente se examinan a continuación:

1ª) El recurrente aduce vulneración de su derecho de defensa.

Al respecto cabe precisar que la Resolución responde a todas las cuestiones planteadas en el Pliego de Descargos y los fundamentos por los que considera probado el hecho denunciado, y, por tanto, no se ha producido tal vulneración.

2ª) El recurrente refiere defectos en la tramitación del procedimiento seguido, en particular hace referencia a la omisión del trámite de audiencia y del traslado de la Propuesta de Resolución. Al respecto, es preciso oponer que el procedimiento sancionador se ha instruido de conformidad con las normas contenidas en los artículos 210 al 213 del Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (ROTT), en virtud del principio de especialidad que rige la aplicación de las normas jurídicas. Así, el artº. 212 del ROTT establece que el Instructor del procedimiento elevará Propuesta de Resolución al órgano competente para resolver el procedimiento.

En cuanto al trámite de audiencia, el mentado artº. 212 señala que se podrá prescindir del citado trámite cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado, supuesto en el que se encuentra el presente procedimiento, en el que la Propuesta de Resolución no ha tenido en cuenta ningún elemento de hecho que no conociera el denunciado.

3ª) Que se realizó un transporte privado complementario de mercancías careciendo de autorización lo que constituye una infracción administrativa grave, sancionable con multa de 276,47 euros a 1.382,32 euros, habiéndose impuesto la sanción por importe de ciento cincuenta euros, al tratarse de un vehículo ligero con base en el artº. 142.m) de la L.O.T.T.

En su virtud, el Consejo de Gobierno Insular, de acuerdo con la atribución conferida por el artº. 127.1.l), en relación con la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, y con el artº. 73.a) del Reglamento Orgánico del Cabildo de Gran Canaria (B.O.P. de 24.2.92), en su redacción modificada en Acuerdo Plenario de fecha 31 de enero de 2000,

ACUERDA:

Desestimar la pretensión formulada en el recurso de reposición interpuesto por D. Luis Alfredo Cáceres Tixicuro, con fecha 12 de agosto de 2004, contra la resolución del procedimiento sancionador nº GC-102401-O-03, confirmando y manteniendo la resolución del Consejero de Turismo y Transportes, que impone una sanción de 150 euros."

Contra esta Resolución, que es firme en vía administrativa, podrá Vd. interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, de conformidad con los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de febrero de 2005.- El Vicesecretario General, Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno Insular (Decreto nº 9, de 15.3.04), Sergio Ramírez Rivero.

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