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Por Orden de la Consejería de Presidencia y Justicia de 29 de julio de 2004, se aprobó, en ejecución de las Sentencias recaídas sobre el concurso de méritos convocado por Orden de la Consejería de Presidencia de 22 de septiembre de 2000, la lista provisional de adjudicación de puestos de dicho concurso de acuerdo a la propuesta formulada por la Comisión de Valoración de fecha 27 de julio de 2004, una vez retrotraído el expediente administrativo del citado concurso hasta el trámite de valoración de méritos.
Visto el acuerdo adoptado por la Comisión de Evaluación designada para valorar los méritos de los concursantes que participaron en el concurso de méritos convocado por Orden de la Consejería de Presidencia de 22 de septiembre de 2000, de proponer al órgano convocante que se incremente el límite máximo de las indemnizaciones por razón de servicio a percibir por los miembros de la citada Comisión fijado en la base octava, apartado 7, de las que rigen la convocatoria, al no haber concluido las tareas de comprobación de las reclamaciones presentadas contra la lista provisional de adjudicación de puestos, en ejecución de las sentencias recaídas, aprobada por Orden de 29 de julio de 2004 y rectificada por Orden de 11 de agosto de 2004.
Vistos los Informes de las Direcciones Generales del Servicio Jurídico y de Planificación y Presupuesto.
Considerando que la Comisión de Evaluación ya ha agotado el número máximo de indemnizaciones que pueden devengar, tanto en concepto de comisión de servicio como de asistencia.
En el ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 7 del Decreto 40/2004, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Justicia,
R E S U E L V O:
Incrementar, en quince (15), el límite máximo de las indemnizaciones por razón del servicio que podrán percibir los miembros de la Comisión de Evaluación, quedando éste fijado en sesenta y cinco (65) asistencias.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a tenor de lo regulado en el artículo 10.1.a), en relación con el artículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; o bien interponer en vía administrativa recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Presidencia y Justicia, en el plazo de un mes a contar del día siguiente a que tenga lugar su publicación en los términos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Santa Cruz de Tenerife, a 21 de febrero de 2005.
LA CONSEJERA DE
PRESIDENCIA Y JUSTICIA,
Mª Australia Navarro de Paz.
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