Intentada la notificación personal al interesado y no habiéndose podido practicar, de conformidad con el artículo 59.5 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se inserta anuncio relativo a notificación de la Resolución recaída en el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de procedimiento sancionador en materia de transportes terrestres por D. Juan Tacoronte Padrón, presentado a través del Registro de la Delegación del Gobierno en Canarias con fecha 10 de abril de 2004.
Rfa. Procedimiento Sancionador nº: GC-100623-O-03.
Cúmpleme comunicarle que el Consejo de Gobierno Insular de esta Corporación, en sesión de fecha 2 de diciembre de 2004 ha resuelto el recurso interpuesto en el expediente sancionador referenciado, con el siguiente tenor literal:
"Examinados el procedimiento y el recurso de reposición, se han apreciado los siguientes
HECHOS
Primero.- El interesado ha interpuesto recurso de reposición con fecha 20 de abril de 2004, contra la Resolución del Consejero de Turismo y Transportes de fecha 29 de enero de 2004 que resuelve el procedimiento sancionador antes referenciado, por la que se le sanciona por infracción muy grave en materia de transporte terrestre.
Segundo.- El escrito de recurso se ha presentado en tiempo y forma.
Tercero.- El recurrente fundamenta su pretensión manifestando, en síntesis, que se le ha ocasionado indefensión por no practicarse las pruebas propuestas. Que se ha vulnerado el artº. 212 del R.O.T.T., por no haberse practicado la audiencia al interesado. La prescripción de la infracción. Y por último que con anterioridad a la fecha de la denuncia se había solicitado la autorización de la serie MDP para el vehículo sancionado y para otros vehículos pero de acuerdo con el artº. 142ª la norma no dice nada sobre la solicitud de la autorización hace referencia al cumplimiento de los requisitos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La materia objeto de recurso es competencia de este Cabildo Insular, de conformidad con lo establecido en la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias y el Decreto 159/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de transportes terrestres y por cable.
Segundo.- Artículos 54.1.b), 113 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Tercero.- Las cuestiones planteadas por el recurrente se examinan a continuación:
1ª) El recurrente cuestiona la indefensión al no procederse a practicar las pruebas propuestas. Ha de entenderse que, puesto que los términos de la denuncia eran claros e inequívocos, y que tales hechos fueron considerados por el Instructor como constitutivos de una infracción muy grave, y así se le trasladó al denunciado en la notificación del Pliego de Cargos, y habida cuenta que las alegaciones que se efectuaron al procedimiento no desvirtuaron tales cargos, los hechos inicialmente denunciados constituyen la motivación de la Resolución.
2ª) El recurrente refiere defectos en la tramitación del procedimiento seguido, en particular hace referencia a la omisión del trámite de audiencia y del traslado de la Propuesta de Resolución. Al respecto, es preciso oponer que el procedimiento sancionador se ha instruido de conformidad con las normas contenidas en los artículos 210 al 213 del Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (ROTT), en virtud del principio de especialidad que rige la aplicación de las normas jurídicas. Así, el artº. 212 del ROTT establece que el Instructor del procedimiento elevará propuesta de resolución al órgano competente para resolver el procedimiento.
En cuanto al trámite de audiencia, el mentado artº. 212 señala que se podrá prescindir del citado trámite cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado, supuesto en el que se encuentra el presente procedimiento, en el que la propuesta de resolución no ha tenido en cuenta ningún elemento de hecho que no conociera el denunciado.
3ª) El recurrente plantea la excepción de la prescripción de la infracción conforme al régimen establecido en el artº. 145 de la LOTT.
Al respecto son procedentes algunas consideraciones:
El artículo 145 de la LOTT resultó derogado tácitamente por la Disposición Adicional 11ª de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Esta es la tesis que se sostiene en el Fundamento de Derecho Segundo de la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2000 (RJ 2000\7786).
Que no cabe admitir la coexistencia de los plazos de prescripción establecidos en el artº. 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (al que remite la citada D.A. 11ª de la Ley 42/1994) con el plazo de tres meses que establecía el artº. 145 de la LOTT y el artº. 203.2 del ROTT, ya que éstos definen el plazo, precisamente como de prescripción de la infracción, y, por tanto, no cabe sino entenderlo tácitamente derogado.
Que los hechos denunciados fueron calificados como infracción muy grave por realizar un transporte público de mercancías careciendo de autorización, tipificada en el artº. 140.a) de la LOTT.
Que en virtud de la citada D.A. 11ª de la Ley 42/1994 en relación con el artº. 132 de la LRJAP y PAC, el plazo de prescripción de las infracciones muy graves es de tres años.
En cuanto a la posible aplicación del plazo de prescripción establecido en la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, de modificación de la LOTT, precisar que el artº. 145 establece el plazo de un año para la prescripción de las infracciones.
Para su cómputo en ambos regímenes, a tenor del citado artº. 132.2 de la LRJAP y PAC, ha de tomarse como fecha de inicio la del día siguiente a la denuncia, el 7 de febrero de 2003; y ha de considerarse que el acuerdo de incoación se notificó al interesado (según acuse de recibo obrante en el expediente) con fecha 31 de diciembre de 2003. De lo cual se infiere que entre ambas fechas no transcurrió ni el plazo de prescripción establecido en la normativa anterior, ni el establecido en la LOTT conforme a la Ley 29/2003.
4ª) Finalmente, señalar que los elementos probatorios de la comisión de la infracción, que sirvieron de fundamento a la resolución sancionadora para considerar probado el hecho denunciado, tiene como base la consulta de los Archivos del Servicio de Transportes donde consta que con fecha anterior a la denuncia el 13 de mayo de 1999 solicito autorización de la serie MDP, dicha solicitud se tiene por desistida por resolución de fecha 8 de noviembre de 1999, por lo que no cabe su consideración como infracción leve, pues a tenor de lo dispuesto en el artº.142.a) de la L.O.T.T., en relación con el artº.199.a) del R.O.T.T. se exige para su calificación como infracción leve, el cumplimiento de dos condiciones 1) haber solicitado la autorización correspondiente con anterioridad a la fecha de la denuncia, 2) cumplir todos los requisitos exigidos para su otorgamiento. No se cumple el primer apartado ya que dicha solicitud fue desistida y confirmada por Decreto 987/2003, de 11 de diciembre de 2003 que resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el interesado.
Por las anteriores consideraciones, la Resolución impugnada es conforme a Derecho.
En virtud de lo cual, el Consejo de Gobierno Insular, de acuerdo con la atribución conferida por el artº. 127.1.l) en relación con la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, y con el artº. 73.a) del Reglamento Orgánico del Cabildo de Gran Canaria (B.O.P. de 24.2.92), en su redacción modificada en Acuerdo Plenario de fecha 31 de enero de 2000.
ACUERDA
Desestimar la pretensión formulada en el recurso de reposición interpuesto por D. Juan Tacoronte Padrón, con fecha 20 de abril de 2004, contra la resolución del procedimiento sancionador nº GC-100623-O-93, confirmando y manteniendo la resolución del Consejero de Turismo y Transportes, que impone una sanción de 1.500 euros."
Contra esta Resolución, que es firme en vía administrativa, podrá Vd. interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, de conformidad con los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de enero de 2005.- El Vicesecretario General (Decreto nº 9, de 15.3.04), Sergio Ramírez Rivero.
© Gobierno de Canarias