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BOC Nº 028. Miércoles 9 de Febrero de 2005 - 344

IV. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Gran Canaria

344 - ANUNCIO de 14 de enero de 2005, por el que se notifica Resolución recaída en el recurso de reposición interpuesto por D. Juan Tacoronte Padrón contra Resolución de procedimiento sancionador en materia de transportes terrestres.- GC-100458-O-03.

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Intentada la notificación personal al interesado y no habiéndose podido practicar, de conformidad con el artículo 59.5 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se inserta anuncio relativo a notificación de la Resolución recaída en el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de procedimiento sancionador en materia de transportes terrestres por D. Juan Tacoronte Padrón, con fecha 16 de abril de 2004.

Rfa. Procedimiento Sancionador nº: GC-100458-O-03.

Cúmpleme comunicarle que el Consejo de Gobierno Insular de esta Corporación, en sesión de fecha 2 de diciembre de 2004 ha resuelto el recurso interpuesto en el expediente sancionador referenciado, con el siguiente tenor literal:

"Examinados el procedimiento y el recurso de reposición, se han apreciado los siguientes

HECHOS

Primero.- El interesado ha interpuesto recurso de reposición con fecha 16 de abril de 2004, contra la Resolución del Consejero de Turismo y Transportes de fecha 17 de febrero de 2004 que resuelve el procedimiento sancionador referenciado, por la que se le sanciona por infracción grave en materia de transporte terrestre.

Segundo.- El escrito de recurso se ha presentado en tiempo y forma.

Tercero.- El recurrente fundamenta su pretensión manifestando, en síntesis, que da por reproducidas sus manifestaciones del Pliego de Descargos. Que se le ha ocasionado indefensión por no habérsele dado traslado de las pruebas practicadas. Que por ello entiende que no ha quedado acreditado el exceso de peso imputado. Excepciona la prescripción de la infracción conforme al artº. 145 de la LOTT. Que desconoce los criterios particulares utilizados para la graduación de la sanción. Finalmente cuestiona el Decreto de Delegación de competencias pues considera que vulnera el ROTT, al convertir el procedimiento reglamentariamente configurado con doble instancia en un procedimiento de instancia única.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La materia objeto de recurso es competencia de este Cabildo Insular, de conformidad con lo establecido en la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias y el Decreto 159/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de transportes terrestres y por cable.

Segundo.- Artículos 54.1.b) y 113 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Tercero.- Las cuestiones planteadas por el recurrente se examinan a continuación:

1ª) El recurrente cuestiona la tramitación del procedimiento en la aportación de las pruebas precisas. Tras el examen del expediente constan en el mismo las pruebas que determinaron cometida la infracción; en particular, el ticket de la báscula, la denuncia formulada por el Agente por la comprobación del exceso de peso y la documentación relativa a la verificación y conformidad de la báscula propiedad de esta Corporación -marca HAENNI, mod. WL 103/10t y nº de serie 2322 y 2333-, de fecha 19 de febrero de 2001 y con validez de dos años, encontrándose por tanto vigente a la fecha en que se procedió al pesaje del vehículo.

Asimismo, la resolución responde a todas las cuestiones planteadas en el Pliego de Descargos; en particular, en cuanto a las pruebas que la sustentan, la Resolución contiene el pronunciamiento preciso sobre su valoración, sin que conste al respecto que el interesado se personara en el procedimiento al objeto de recabarlas.

2ª) Que el procedimiento sancionador se ha instruido de conformidad con las normas contenidas en los artículos 210 al 213 del Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (ROTT), en virtud del principio de especialidad que rige la aplicación de las normas jurídicas. Así, el artº. 212 del ROTT establece que el Instructor del procedimiento elevará propuesta de resolución al órgano competente para resolver el procedimiento.

3ª) El recurrente plantea la excepción de la prescripción de la infracción conforme al régimen establecido en el artº. 145 de la LOTT.

Al respecto son procedentes algunas consideraciones:

El artículo 145 de la LOTT resultó derogado tácitamente por la Disposición Adicional 11ª de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Esta es la tesis que se sostiene en el Fundamento de Derecho Segundo de la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2000 (RJ 2000\7786).

Que no cabe admitir la coexistencia de los plazos de prescripción establecidos en el artº. 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (al que remite la citada D.A. 11ª de la Ley 42/1994) con el plazo de tres meses que establecía el artº. 145 de la LOTT y el artº. 203.2 del ROTT, ya que éstos definen el plazo, precisamente como de prescripción de la infracción, y, por tanto, no cabe sino entenderlo tácitamente derogado.

Que los hechos denunciados fueron calificados como infracción grave por realizar un transporte con un exceso de peso del 11% sobre el peso máximo autorizado del vehículo, tipificada en el artº. 141.i) de la LOTT.

Que en virtud de la citada D.A. 11ª de la Ley 42/1994 en relación con el artº. 132 de la L.R.J.A.P. y P.A.C., el plazo de prescripción de las infracciones graves es de dos años.

En cuanto a la posible aplicación del plazo de prescripción establecido en la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, de modificación de la LOTT, precisar que el artº. 145 establece el plazo de un año para la prescripción de las infracciones,

Para su cómputo en ambos regímenes, a tenor del citado artº. 132.2 de la L.R.J.A.P. y P.A.C., ha de tomarse como fecha de inicio la del día siguiente a la denuncia, el 6 de febrero de 2003; y ha de considerarse que el acuerdo de incoación se notificó al interesado (según acuse de recibo obrante en el expediente) con fecha 31 de diciembre de 2003. De lo cual se infiere que entre ambas fechas no transcurrió ni el plazo de prescripción establecido en la normativa anterior, ni el establecido en la LOTT conforme a la Ley 29/2003.

4ª) En cuanto a la alegación referida a que el Decreto de Delegación de competencias vulnera el ROTT, al convertir el procedimiento reglamentariamente configurado con doble instancia en un procedimiento de instancia única. Al efecto hay que considerar diversas cuestiones:

En primer lugar, la competencia sancionadora ha sido transferida de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en virtud de lo dispuesto en la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias y en el Decreto Territorial 159/1994, de 21 de julio. Se trata, por tanto, de una transferencia de competencias, y no de una delegación, siendo el régimen de esta última la que permitiría establecer una revisión en alzada ante la Administración Delegante.

Que la competencia sancionadora de los Cabildos Insulares corresponde con el carácter de residual al Presidente de la Corporación (artº. 34 de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación con el también citado Decreto territorial 159/1994).

Que la configuración legal de los Cabildos Insulares (Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local) supone la inexistencia de dependencia jerárquica entre los órganos electos de tales Corporaciones, y por ello, contra la resolución de sus órganos únicamente cabe recurso de reposición, y no de alzada, a tenor del artº. 52.2.a) y b) de dicha Ley en relación con el artº. 116.1 de la L.R.J.A.P. y P.A.C.

Que el artº. 127.1.2º pfo. de la referida L.R.J.A.P. y P.A.C., resultó modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, suprimiéndose el inciso final "sin que pueda delegarse en órgano distinto".

Que en virtud del artº. 13.3 en relación con el citado artº. 127.1.2º pfo. de dicha L.R.J.A.P. y P.A.C., mediante Decreto nº 11 de fecha 20 de junio de 2003 del Presidente de esta Corporación, se delegó la competencia sancionadora en el Consejero de Turismo y Transportes.

En definitiva, cabe concluir que la potestad sancionadora ejercida por esta Corporación Insular, y su delegación a órganos que no sean jerárquicamente dependientes, se adecua al régimen jurídico de las Entidades Locales, establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, y que la improcedencia de la doble vía de recursos -de alzada y de reposición- es por ello incuestionable.

Por las anteriores consideraciones ha de entenderse que la Resolución recurrida es conforme a Derecho.

En virtud de lo cual, el Consejo de Gobierno Insular, de acuerdo con la atribución conferida por el artº. 127.1.l) en relación con la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, y con el artº. 73.a) del Reglamento Orgánico del Cabildo de Gran Canaria (B.O.P. de 24.2.92), en su redacción modificada en Acuerdo Plenario de fecha 31 de enero de 2000.

ACUERDA:

Desestimar la pretensión formulada en el recurso de reposición interpuesto por D. Juan Tacoronte Padrón, con fecha 16 de abril de 2004, contra la resolución del procedimiento sancionador nº GC-100458-O-03, confirmando y manteniendo la resolución del Consejero de Turismo y Transportes, que impone una sanción de 600 euros."

Contra esta resolución, que es firme en vía administrativa, podrá Vd. interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, de conformidad con los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de enero de 2005.- El Vicesecretario General (Decreto nº 9, de 15.3.04), Sergio Ramírez Rivero.

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