La Directiva 96/35/CE de 3 de junio de 1996, relativa a la designación y cualificación profesional de consejeros de seguridad para el transporte por carretera, por ferrocarril, o por vía navegable de mercancías peligrosas, establece la exigencia de que aquellas empresas destinadas a este tipo de transportes, así como las que se dediquen a la realización de operaciones de carga y descarga relacionadas con los transportes referidos, deberán disponer de uno o varios consejeros de seguridad, encargados de contribuir a la prevención de los riesgos inherentes a las actividades del transporte de mercancías peligrosas.
El Real Decreto 1.566/1999, de 8 de octubre, de acuerdo con la Directiva 96/35/CE del Consejo, de 3 de junio, y con la finalidad de regular la obligación referida anteriormente, establece los requisitos que deberán reunir los consejeros de seguridad, así como las funciones y tareas que deberán realizar, regulándose en la Orden Ministerial de 21 de octubre de 1999 las modalidades de los exámenes que han de superar los consejeros de seguridad, las convocatorias y estructura de los ejercicios, así como los correspondientes certificados de aptitud. Esta Orden Ministerial ha sido derogada por la Orden Ministerial de 27 de febrero de 2004 con el fin de establecer las normas para la renovación de los certificados de consejeros de seguridad conforme con los requisitos de renovación vigentes a partir del 1 de enero de 2005, así como introducir algunas precisiones y actualizar sus disposiciones.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, compete a la Dirección General de Transportes en virtud de lo dispuesto en el Decreto Territorial 241/2003, de 11 de julio, del Presidente, convocar las pruebas y expedir los correspondientes certificados de capacitación profesional, al haber sido delegadas dichas facultades por el Estado, a través de la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación de facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable y haberse producido el traspaso a esta Comunidad Autónoma de los medios. En su virtud, esta Dirección General de Transportes
R E S U E L V E:
Primero.- Convocar pruebas a celebrar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias para la renovación de los certificados de capacitación profesional de Consejeros de Seguridad para el transporte de mercancías peligrosas en la modalidad de transporte por carretera, con arreglo a las siguientes bases:
Base primera.- Ámbito de la convocatoria.
Se convocan, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, las pruebas para la renovación del certificado de capacitación profesional de consejero de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, y a las que sólo se podrán presentar las personas residentes en la misma, conforme se estable en la base tercera de esta resolución.
Base segunda.- Contenido de las pruebas.
Las pruebas versarán sobre las obligaciones que correspondan al consejero de seguridad y sobre las materias recogidas en el anexo del Real Decreto 1.566/1999, de 8 de octubre (B.O.E. de 20.10.99).
El consejero presentará una solicitud de renovación de certificado sobre el modo de transporte por carretera y la especialidad de que dispone en la actualidad. En el caso de que el consejero disponga de un certificado de modo de transporte carretera-todas las especialidades- deberá optar entre examinarse de la prueba de transporte todas las especialidades o de la prueba de transporte por carretera de una sola especialidad.
Los exámenes a desarrollar, su estructura y forma de calificación serán los establecidos en la Orden Ministerial de 27 de febrero de 2004, teniendo en cuenta que la duración máxima de cada examen para la renovación será de una hora.
Base tercera.- Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en las pruebas de capacitación para la renovación será necesario tener la residencia habitual en la Comunidad Autónoma de Canarias antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Se presumirá que la residencia habitual del aspirante se encuentra en el lugar en que figure su domicilio en su documento nacional de identidad en vigor. Sólo se admitirá que el domicilio sea distinto al que aparece en dicho documento, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
Que el aspirante acredite, mediante certificado de empadronamiento, que ha tenido su domicilio en la Comunidad Autónoma de Canarias al menos 185 días naturales del último año, contado desde el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
- Que el aspirante acredite, mediante certificado de empadronamiento, que aun habiendo tenido su domicilio en la Comunidad de Canarias menos de 185 días naturales del último año, contado desde el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes, se ha visto obligado por razones familiares o profesionales a cambiar su residencia a la Comunidad Autónoma de Canarias. Esta última circunstancia no se entenderá cumplida cuando se trate de una estancia temporal en una localidad para la realización de una actividad de duración determinada. La asistencia a una universidad, escuela, o centro docente, no implica el traslado de la residencia habitual.
- Además para poder participar será necesario presentar copia compulsada del certificado de aptitud que se pretenda renovar el cual deberá encontrarse en el último año anterior a su expiración.
Si el Tribunal, en cualquier momento del proceso, tuviera conocimiento o dudas fundadas de que alguno de los aspirantes incumple los requisitos exigidos en la convocatoria, podrá requerirle los documentos acreditativos de su cumplimiento. En el caso de que no queden acreditados, el aspirante quedará excluido de las pruebas.
Base cuarta.- Solicitudes, lugar y plazo para su presentación.
Las personas que deseen tomar parte en las pruebas deberán presentar su solicitud en alguno de los siguientes lugares:
- En el Registro de la Dirección General de Transportes de Santa Cruz de Tenerife (calle La Marina, 53, Edificio Europa, p.3) o de Las Palmas de Gran Canaria (Avenida Alcalde Ramírez Bethencourt, 7), así como en los Cabildos Insulares de las islas no capitalinas o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cumplimentado el impreso de solicitud que se facilitará por la Dirección General de Transportes.
Además de la solicitud, se deberá presentar la documentación que a continuación se detalla:
- Fotocopia compulsada del D.N.I. en vigor. Si el domicilio que figura en el documento no es el de la Comunidad de Canarias, deberá acreditarse en la forma prevista en la base primera de esta Resolución.
- Justificante de haber ingresado en una entidad colaboradora la cantidad de 16,28 euros, en concepto de tasas.
Las solicitudes acompañadas de la documentación preceptiva se presentarán dentro de los veinte (20) días naturales a partir de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.
La carencia de cualquiera de los datos de la solicitud, de los documentos o justificantes exigidos, dará lugar a la exclusión de los aspirantes.
Base quinta.- Admisión de aspirantes.
Finalizado el plazo para la presentación de solicitudes, esta Dirección General de Transportes dictará Resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y la hará pública en el tablón de anuncios de esta Dirección General, disponiendo de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la exposición de tal Resolución, para que aquellos que han resultados excluidos o no figuren en las listas, puedan subsanar el defecto observado.
Finalizado el plazo para subsanar defectos, esta Dirección General de Transportes dictará Resolución declarando aprobadas las listas definitivas de aspirantes admitidos y de aspirantes excluidos, con indicación de la causa que motiva la exclusión y la hará pública en el tablón de anuncios de la Dirección General de Transportes.
Base sexta.- Presentación a examen y desarrollo de las pruebas.
Los aspirantes admitidos deberán concurrir a las pruebas provistos del documento oficial en vigor acreditativo de su identidad (D.N.I., permiso de conducir o pasaporte). Su falta dará lugar a la no admisión del aspirante a la realización de aquéllas. Se recomienda, asimismo, concurran provistos del justificante de autoliquidación de la tasa por derechos de examen y, en su caso, de la copia de la solicitud de admisión. Para la correcta realización de los correspondientes ejercicios los aspirantes deberán ir provistos de material de escritura.
Base séptima.- Lista de aspirantes declarados aptos y plazo de reclamaciones.
Finalizadas las pruebas y una vez corregidos todos los ejercicios, el Tribunal hará pública en el tablón de anuncios de la Dirección General de Transportes, y de los Cabildos no capitalinos, la relación provisional de aspirantes que hayan resultado aptos. Los aspirantes no incluidos en dicha relación dispondrán de un plazo de diez días hábiles para presentar las reclamaciones que estimen convenientes.
Una vez resueltas estas reclamaciones, el Tribunal elevará la propuesta de relación definitiva de aspirantes que hayan resultado aptos a la Dirección General de Transportes que dictará Resolución declarándolos aptos y haciéndola pública en el tablón de anuncios de la Dirección General de Transportes.
Base octava.- Tribunales, fecha y lugar de los ejercicios.
Las pruebas se realizarán en el lugar y hora que se indicarán oportunamente mediante Resolución de la Dirección General de Transportes publicada en el Boletín Oficial de Transportes. La composición de los tribunales que juzgarán las pruebas se hará pública en la citada Resolución.
Segundo.- La normativa a considerar en el desarrollo de los exámenes será la vigente a la fecha de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias.
Tercero.- Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe a los interesados interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Infraestructuras y Planificación en el plazo de un mes desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
La presente convocatoria y cuantos actos se deriven de ella se regirán por lo establecido en la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Santa Cruz de Tenerife, a 25 de enero de 2005.- La Directora General de Transportes, Rosa Dávila Mamely.
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