Examinado el expediente tramitado por la Dirección General de la Función Pública para la integración en el Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores Generales (Grupo A), de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias de Dña. Socorro Beato Castellano, por extensión de los efectos de la Sentencia nº 205/2002, de fecha 6 de noviembre, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº Uno de Santa Cruz de Tenerife, vista la propuesta de la Dirección General de la Función Pública, y teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Dña. Socorro Beato Castellano es funcionaria de carrera perteneciente a la Subescala Técnica-Escala de Administración General del Ayuntamiento de La Orotava y accedió a desempeñar un puesto de trabajo en la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, mediante Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de fecha 5 de febrero de 2001 (B.O.C. nº 20, de 12.2.01), que resolvió la convocatoria para la provisión por el procedimiento de libre designación, efectuada por Orden de la Consejería de Presidencia de 17 de noviembre de 2000, y por la que se le adjudicó el puesto singularizado número de R.P.T. 1802050002 en el Servicio de Régimen Jurídico de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Segundo.- Con fecha 13 de marzo de 2001 la citada funcionaria solicitó la integración en el Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores Generales (Grupo A), de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, al amparo de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 2/2000, de 17 de julio, de medidas económicas, en materia de organización administrativa y gestión relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de establecimiento de normas tributarias. Solicitud que le fue denegada mediante Orden nº 277 del Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica de fecha 5 de junio de 2001.
Tercero.- Posteriormente, con fecha 5 de diciembre de 2003, solicitó de nuevo su integración en el Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores Generales (Grupo A), de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, al amparo del artículo 110 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa por extensión de la Sentencia nº 205/2002, de fecha 6 de noviembre, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº Uno de Santa Cruz de Tenerife.
Cuarto.- Con fecha 30 de septiembre de 2003 y número de registro 1264, tuvo entrada en la Dirección General de la Función Pública la certificación de firmeza de la aludida sentencia nº 205/2002 de 6 de noviembre del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº Uno de Santa Cruz de Tenerife, que concluye en la forma que a continuación se transcribe: "la indeterminación legal (Ley 2/2000, de 17 de julio) ha de favorecer la integración de funcionarios de carrera sin distinción de fechas de acceso a la Comunidad Autónoma de Canarias y la solución restrictiva debió imponerse expresamente".
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- El apartado tercero de la Orden de 13 de junio de 1989 (B.O.C. de 23.6.89), que regula el procedimiento a seguir para la integración de funcionarios en los Cuerpos y Escalas de la Comunidad Autónoma de Canarias atribuye al Titular de la actual Consejería de Presidencia y Justicia la competencia en materia de integraciones en Cuerpos y Escalas.
Segunda.- De acuerdo con la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, quedarán integrados en la función pública de la Administración Autonómica y en alguno de los Cuerpos o Escalas creados en la Disposición Adicional Primera, todos los funcionarios transferidos y asumidos por ésta o que pudiesen serlo en el futuro, de acuerdo con las normas que se establecen en la misma normativa.
Según esta Disposición Transitoria Primera, apartado Uno.A): "En el Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores Generales, se integrarán los funcionarios pertenecientes al Cuerpo Superior de Administradores, Civiles del Estado y todos los funcionarios a los que les fue exigida, para su ingreso en el Cuerpo o Escala de origen, la titulación académica requerida en esta Ley para el ingreso en el Grupo A y desempeñen funciones previstas para este Cuerpo en la Disposición Adicional Segunda".
Tercera.- La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su artículo 110 establece que "en materia tributaria y de personal al servicio de la Administración pública, los efectos de una sentencia firme que hubiera reconocido una situación jurídica individualizada a favor de una o varias personas podrán extenderse a otras, en ejecución de la sentencia, cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo.
b) Que el Juez o Tribunal sentenciador fuera también competente, por razón del territorio, para conocer de sus pretensiones de reconocimiento de dicha situación individualizada.
c) Que soliciten la extensión de los efectos de la sentencia en el plazo de un año desde la última notificación de esta a quienes fueron parte en el proceso."...
Cuarta.- Los requisitos de titulación y funciones del citado funcionario se corresponden con los exigidos por la Disposición Transitoria Primera, apartado Uno.A), de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria.
También reúne los requisitos de idéntica situación jurídica, misma circunscripción del Juez sentenciador y plazo a que se refiere el artículo 110 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En su virtud, de conformidad con lo expuesto y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 40/2004, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Justicia,
R E S U E L V O:
Uno.- Estimar la solicitud de extensión de efectos de la Sentencia nº 205/2002, de fecha 6 de noviembre, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº Uno de Santa Cruz de Tenerife.
Dos.- Declarar integrada a Dña. Socorro Beato Castellano, número de registro de personal 42086114RAFA111, en el Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores Generales (Grupo A), de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, o bien interponer el recurso potestativo de reposición ante esta Consejería, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a que tenga lugar la publicación, en los términos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Santa Cruz de Tenerife, a 12 de enero de 2005.
LA CONSEJERA DE
PRESIDENCIA Y JUSTICIA,
Mª Australia Navarro de Paz.
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