Por Orden de 13 de octubre de 2004 (B.O.C. nº 204, de 21 de octubre) se convocaron subvenciones cuya finalidad es subvencionar total o parcialmente la adquisición de infraestructuras y equipamiento científico a las Universidades Canarias y de sus Centros e Institutos Universitarios de Investigación.
En la base sexta, apartado tercero del anexo de la citada Orden, se establece que las solicitudes serán evaluadas por una Comisión de Selección de la que formarán parte un miembro del Comité Científico de la Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria propuesto por el Director de la Agencia y que actuará como Presidente, los Vicerrectores de Investigación de las dos Universidades Públicas Canarias o personas en quienes éstos deleguen, dos investigadores designados por el Director General de Universidades e Investigación y dos funcionarios del Grupo A de la Dirección General de Universidades e Investigación designados por su Director, actuando el de menor antigüedad como Secretario de la Comisión.
Por Resolución nº 1028 de fecha 8 de noviembre de 2004, del Director General de Universidades e Investigación, se procede al nombramiento de la Comisión de Selección.
Una vez evaluadas las solicitudes conforme al baremo establecido, la Comisión de Selección procedió a elevar al Director General de Universidades e Investigación una relación nominada, priorizada de mayor a menor según la puntuación obtenida, consignando asimismo la financiación propuesta.
Vista la propuesta de la Comisión, fundamentada en los criterios generales de selección y el baremo establecido en la Orden de convocatoria y que las solicitudes propuestas cumplen todos y cada uno de los requisitos exigidos.
Y en virtud de las competencias que se me delegan en la Orden de convocatoria,
R E S U E L V O:
Primero.- Conceder subvenciones para adquisición de infraestructura y equipamiento científico tecnológico a las entidades de investigación, en las cuantías y porcentajes que se relacionan en anexo I.
Asimismo denegar las subvenciones a los solicitantes y por las causas que se relacionan en el anexo II.
Segundo.- Dado que es de interés público y objetivo de la política científica del Gobierno de Canarias fomentar la investigación científica, así como contribuir a mejorar las capacidades investigadoras en la Comunidad Autónoma y, en consideración a las características de la Orden y a la naturaleza de los beneficiarios, el total de la subvención se librará por anticipado y con carácter previo a la justificación, siempre que el beneficiario acredite que no puede desarrollar la actividad sin la entrega de los fondos públicos. Dicho abono se hará con cargo a la aplicación presupuestaria 18.07.422E.746.11 LA 03718E05, "Financiación Competitiva", de los vigentes Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, por un importe total de 1.199.888,00 euros, estando cofinanciada con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (F.E.D.E.R.) con una tasa del 75%.
Tercero.- Una vez dictada la Resolución de concesión, los beneficiarios deberán aceptar la subvención dentro de los treinta días siguientes a su notificación para proceder a su abono anticipado o, en su defecto, se considerará que renuncian a la subvención.
Cuarto.- Las inversiones subvencionadas deberán realizarse dentro de los doce meses siguientes a la aceptación de la subvención y justificarse en el plazo máximo de un mes desde la finalización del plazo para la realización de la actividad.
Quinto.- La justificación de las subvenciones se realizará mediante certificación expedida por el órgano de la institución beneficiaria que tenga atribuidas las funciones de fiscalización o control de los fondos, previas las actuaciones de comprobación que éstos estimen necesarias, sin perjuicio de las actuaciones de comprobación y control que puedan llevarse a cabo por parte de la Dirección General de Universidades e Investigación y de los órganos de control interno y externo de la actividad financiera de las Administraciones Públicas.
En cualquier caso, el beneficiario de la subvención tendrá la obligación de aportar, como medio de justificación del gasto efectivamente realizado, además de la certificación del órgano que tenga atribuidas las funciones de fiscalización, control o administración, los registros contables cuya llevanza venga impuesta por la normativa aplicable y que proporcionen información detallada sobre los gastos y los pagos específicos efectuados con motivo de los proyectos o acciones correspondientes a las intervenciones comunitarias, de acuerdo con lo establecido en la Orden de 8 de marzo de 2001, por la que se desarrolla el artículo 3 del Decreto 157/1998, de 10 de septiembre, de Medidas acerca de la Gestión de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión de la Unión Europea, y se complementa la Disposición Primera de la Orden de 14 de enero de 1999, de desarrollo del mismo.
Sexto.- El beneficiario no podrá emplear los fondos recibidos por este concepto en la adquisición de bienes o servicios entregados o prestados por personas o entidades vinculadas con el perceptor, sus administradores o apoderados. Cuando el importe de la subvención concedida sea inferior al coste global de la actividad o adopción de la conducta que fundamentó la concesión, siendo la realización completa de la misma el requisito para la obtención de aquélla, la diferencia no podrá corresponder a adquisiciones de bienes o servicios entregados o prestados por personas o entidades vinculadas, debiendo aportar declaración en tal sentido.
Séptimo.- Además de las obligaciones que con carácter general se establecen en el Decreto 30/2004, de 23 de marzo (B.O.C. nº 65, de 2 de abril), por el que se regula el régimen jurídico de becas, ayudas y subvenciones a los estudios universitarios y a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación, los beneficiarios de estas subvenciones están obligados al estricto cumplimiento de las condiciones exigidas en la Orden de convocatoria, y en especial al deber de justificar en plazo y llevar los registros contables a que vengan obligados.
Octavo.- Procederá la devolución de las cantidades percibidas más el interés de demora desde el momento del abono de la subvención en los supuestos de incumplimiento del destino de los fondos públicos a la realización o adopción de la conducta o de las condiciones establecidas en la Resolución de concesión de la subvención, así como el incumplimiento del deber de justificación del empleo de los fondos recogidos en concepto de subvención. También será causa de reintegro la prevista en la nueva letra d) del nº 12 del artículo 52 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, introducida por la Ley Territorial 2/2002, de 27 de marzo, en el supuesto del empleo de los fondos públicos recibidos en el sentido establecido en los párrafos segundo y tercero del número 11 de este artículo.
El incumplimiento de los requisitos, condiciones y obligaciones establecidos en la Orden de 13 de octubre de 2004 y demás normas aplicables, así como en esta Resolución de concesión, dará lugar a la obligación de reintegrar los fondos públicos indebidamente percibidos y al pago del interés legal de demora devengado desde el abono, conforme a lo previsto en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, cuyas normas sobre reintegro, infracciones y sanciones serán de aplicación a estas subvenciones y de conformidad con la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. nº 278, de 18.11.03).
Noveno.- Para el supuesto de renuncia a la subvención concedida, si se hubieran anticipado los fondos públicos, el beneficiario vendrá obligado a reintegrar el importe recibido incrementado en los intereses de demora que correspondan, contados desde el momento del abono hasta su reintegro.
Décimo.- La presente Resolución, al ser dictada en virtud de las competencias delegadas, pone fin a la vía administrativa, y contra la misma podrán interponer los interesados potestativamente recursos de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación ante la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, a 23 de diciembre de 2004.- El Director General de Universidades e Investigación, Francisco Javier Díaz Brito.
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