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BOC Nº 230. Jueves 25 de Noviembre de 2004 - 3959

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

3959 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 8 de noviembre de 2004, del Director Ejecutivo, sobre notificación de Propuesta de Resolución a D. Eduardo Miguel Castro Godoy interesado en el expediente nº 92/02-U.

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No habiéndose podido notificar a D. Eduardo Miguel Castro Godoy en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 92/02-U de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Eduardo Miguel Castro Godoy la Propuesta de Resolución, de fecha 10 de agosto de 2004, recaída en el expediente de referencia 92/02-U, y que dice textualmente:

"COMUNICANDO PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Instructor del procedimiento sancionador seguido frente a usted, ha adoptado en el día de la fecha el siguiente acuerdo:

Examinado el expediente sancionador instruido por esta Agencia seguido frente a D. Eduardo Miguel Castro Godoy por realizar obras consistentes en la construcción de una edificación con una superficie total construida aproximada de 169 m2 de los cuales 76,7 m2 aproximadamente están destinados a garaje y el resto a vivienda, sin contar con la preceptiva licencia urbanística ni la previa Calificación Territorial, en el lugar denominado Camino El Llano de la Fuentita-Valle San Lorenzo, en el término municipal de Arona, en la isla de Tenerife.

Vistos el informe emitido por el Servicio Técnico de este Centro Directivo, y demás documentos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1.- En el lugar denominado Camino El Llano de la Fuentita-Valle San Lorenzo, en suelo clasificado como rústico, en el término municipal de Arona, se realizaron obras consistentes en la construcción de una edificación con una superficie total construida aproximada de 169 m2 de los cuales 76,7 m2 aproximadamente están destinados a garaje y el resto a vivienda, promovidas por D. Eduardo Miguel Castro Godoy, sin contar con las autorizaciones pertinentes (Calificación Territorial y Licencia Municipal de obras), tal y como establecen los artículos 27, 166 y 170 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.

2.- Con fecha 27 de febrero de 2002, por Resolución nº 427 del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural y notificada el siguiente día 6 de abril de 2002, se acordó la suspensión y precinto de las citadas obras, instando al interesado para que solicite las preceptivas autorizaciones y requiriendo al Ayuntamiento de Arona para que incoe procedimiento sancionador en ejercicio de sus competencias sin que dicho requerimiento haya sido cumplimentado.

3.- El pasado día 30 de abril de 2002 se efectuó visita de inspección por los Servicios Técnicos de esta Agencia en donde se constata que las obras se encontraban paralizadas en fase de acabados por lo que se procedió al precinto de las mismas.

Asimismo con fecha 23 de mayo de 2002 y 3 de febrero de 2004 se ha informado por los Agentes de Medio Ambiente en sendas diligencias de seguimiento de precinto que las obras no han continuado encontrándose paralizadas y en el mismo estado que presentaban cuando se efectuó el precinto.

4.- Con fecha de registro de entrada en este Centro Directivo de 24 de marzo de 2003 y 31 de marzo de 2003 constan en el presente expediente la denegación de la declaración de prescripción urbanística solicitada por el interesado al Ayuntamiento de Arona y la denegación de la Calificación Territorial respectivamente.

5.- Con fecha 25 de mayo de 2004 se volvió a informar por el Servicio Técnico que las obras se encuentran paralizadas y en el mismo estado que presentaban cuando fueron precintadas, existiendo signos evidentes de proyección a plantas superiores por lo que el conjunto edificatorio se encuentra en fase de ejecución valorándose la misma en la cantidad de cincuenta y nueve mil quinientos treinta y cinco euros con sesenta y tres céntimos (59.535,63 euros).

6.- El 24 de junio de 2004 se dictó la Resolución nº 2023 por el Director Ejecutivo de esta Agencia en la que se acordó la incoación del correspondiente expediente sancionador contra D. Eduardo Miguel Castro Godoy, promotor de las antes citadas obras por la presunta comisión de una infracción urbanística tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3.b) del Decreto Legislativo 1/2000 y sancionada en el artículo 203.1.b) con multa de 6.010,13 a 150.352,03 euros sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del correspondiente expediente.

7.- El día 28 de julio de 2004, y dentro del plazo de alegaciones contra la reseñada incoación que se le concedió al interesado, tuvo registro de entrada la copia remitida por correo del escrito de alegaciones que sucintamente se fundamenta en las siguientes:

- Que no se especifica jurídicamente en base a qué esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural incoa un expediente sancionador cuando dicha materia es objeto competencial de los municipios correspondientes, dado que la supuesta infracción se cometió en el término municipal de Arona por lo que no queda constatado en la resolución de incoación del expediente sancionador la fundamentación por la que dicha Agencia entra a incoar el mismo ya que tan sólo se hace una citación vaga de varios preceptos por lo que se considera como defecto de forma que invalida la correspondiente iniciación del expediente sancionador.

- Que en la resolución por la que se acuerda el inicio del procedimiento sancionador no hay un pronunciamiento preciso de la responsabilidad imputada ya que no se pronuncia acerca de la supuesta sanción a imponer, ya que tan sólo se advierte de la posible demolición de las obras en los supuestos del fundamento de derecho tercero vulnerándose derechos constitucionales como el derecho a ser informados, la realización de un procedimiento con todas las garantías así como la vulneración del artículo 103 de la Constitución sin olvidarnos de la vulneración de los preceptos establecidos en el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, siendo todo ello nulo de pleno derecho tal y como dispone el artº. 62.1.a) y e) de la Ley 30/1992.

- Que se ha incumplido el artº. 42.4 de la Ley 30/1992, que establece un deber que han de cumplir todas las Administraciones Públicas y que en este caso no se da cumplimiento por parte de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural produciéndose no sólo un incumplimiento de la normativa legalmente establecida sino indefensión al interesado que se ve perjudicado por el incumplimiento de la Administración de esa normativa.

- Que el artículo 198 del Decreto Legislativo 1/2000, establece como atenuantes la ausencia de intención de causar un daño así como la paralización de las obras con la advertencia de los agentes de la autoridad, circunstancias atenuantes a tener en cuenta puesto que las mismas se dan en este concreto caso y que han de ser tenidas a bien no sólo por la Instructora sino también por el órgano resolutorio.

- Que en cuanto al fondo de la resolución de fecha 24 de junio de 2004 se ha de decir que ha presentado alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana de Arona que se encuentra aprobado provisionalmente para que la zona donde se sitúa su vivienda se declare con la aprobación definitiva del mismo como suelo urbanizable sectorizado no ordenado o en su caso como Asentamiento Rural por lo que su vivienda se legalizaría con mayor rapidez y el expediente sancionador incoado no tendría sentido puesto que si una vez finalizado el mismo la motivación que impulsa dicho expediente sancionador no correspondería con la realidad en ese momento.

- Que en relación con el hecho quinto de la resolución de incoación se ha de decir que no se piensa realizar más plantas, tal deducción sobrepasa la realidad objetiva y atenta contra la presunción de inocencia que establece el artº. 25 de la Constitución, siendo ese hecho quinto de la resolución de incoación nulo de pleno derecho por contener apreciaciones que no se corresponden con la realidad.

- Que en relación con la valoración que se señala en la resolución de incoación la misma carece de toda validez no sólo porque la misma ha de ser realizada por un técnico especialista en la materia y debidamente colegiado así como acreditaciones de la capacitación de ese técnico para realizar una supuesta tasación sino que dicha tasación es del todo excesiva si la ponemos en relación con la valoración catastral de la misma por lo que deberá acreditarse tales extremos aquí alegados para tomar en consideración esa valoración.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.1.c) y 229 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, en relación con el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

II.- En cuanto a las alegaciones efectuadas por el interesado hay que señalar:

Que las mismas en modo alguno pueden desvirtuar el hecho cierto y objetivo por el que se incoa el presente expediente, cual es, la inexistencia de los permisos necesarios para realizar las obras de la que trae causa el presente procedimiento, no pudiendo obviarse que la mera solicitud de legalización de las obras no autorizan su construcción, toda vez que es requisito imprescindible la obtención de las correspondientes autorizaciones con anterioridad a la ejecución de la referida obra.

Asimismo, y en cuanto a la falta de competencia de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural se ha de decir que no se puede admitir dicha alegación por cuanto la misma viene establecida en el artículo 190.1.c).3 del TRLOTENC tal y como así se hizo constar en el fundamento de derecho primero de la resolución de incoación. Así el citado precepto establece la competencia directa de la Agencia "por las demás infracciones tipificadas en este Texto Refundido", esto es, el carecer la obra objeto del presente procedimiento de la preceptiva Calificación Territorial exigida en los artículos 27 y 170, en relación con el 202.3.b) del TRLOTENC. A mayor abundamiento se establece expresamente una "vis atractiva" a favor de la Agencia cuando en un mismo supuesto concurran presuntas infracciones de la competencia municipal o insular y de la Agencia, la competencia corresponderá a esta última.

En cuanto a que la resolución de incoación pudiera incumplir los requisitos que establece la ley vulnerando las garantías procedimentales siendo nula de pleno derecho se ha de establecer que en modo alguno se puede tener por cierta la citada alegación pues la misma cumple escrupulosamente lo establecido en el artº. 135 de la Ley 30/1992, en relación con los artículos concordantes del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, ya que se le ha notificado de los hechos que se le imputan, las infracciones que tales hechos puedan constituir y las sanciones que se le pudieran imponer así como la identidad del Instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuye tal competencia. Igualmente se le ha notificado su derecho a hacer alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico que resulten procedentes. Sentado lo anterior se ha de concluir que en modo alguno se le ha causado indefensión al denunciado, no habiéndose infringido normativa alguna tal y como se asevera de contrario.

En cuanto a la posibilidad de que el Plan General de Ordenación de Arona cambie la clasificación o la calificación del suelo donde se ubica la edificación ha de afirmarse que no existe fundamento legal alguno que impida actualmente a la Administración el ordenar la reposición del terreno al estado anterior a la comisión de la infracción mediante la demolición de las obras al ser éstas en la actualidad manifiesta e indudablemente ilegalizables. Y no es óbice para ello el que hipotéticamente en un futuro el Plan General de Ordenación pudiera cambiar la clasificación o la calificación del suelo en el que se ubica ésta ya que no cabe posponer indefinidamente el cumplimiento de la legalidad (en este caso, el atender al mandato establecido en el artº. 179 del TRLOTENC, según el cual en ningún caso la Administración puede dejar de adoptar las medidas de reposición de la realidad física alterada) en espera de que eventualmente tuviese lugar un hecho el cambio de clase o categoría de suelo que en la actualidad es futuro e incierto. Así vemos como para que una licencia de legalización pueda ser otorgada válidamente es preciso que lo ejecutado se ajuste a la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística aplicable, es decir, vigente en el momento de su concesión artº. 166.5.a) del TRLOTENC por remisión del artº. 178.2 del mismo texto legal no siendo posible por tanto concederla al amparo de una ordenación futura. De la misma forma el artículo 179.1 del TRLOTENC exige que la propuesta de resolución del expediente sancionador incluya la medida de reposición de la realidad física alterada si de la instrucción del procedimiento resulta la incompatibilidad de lo realizado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables, es decir, vigentes en el momento de emitir ésta no siendo posible por tanto el posponer la adopción de esta medida en espera de un futuro e hipotético cambio de clase o de categoría de suelo.

Por último y en lo referente a las atenuantes alegadas de contrario se ha de establecer que a la vista de los seguimientos de precintos en donde se establece el cumplimiento del mismo no habiendo continuado el promotor las obras, haciéndolo constar expresamente el técnico de la Agencia en su informe valoración de fecha 25 de mayo de 2004, se entiende por esta instrucción la concurrencia de las mismas a la hora de atemperar la sanción fijada inicialmente en el valor de las obras.

III.- Los hechos anteriormente relacionados son presuntamente constitutivos de infracción urbanística, tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3 del citado Decreto Legislativo 1/2000, y sancionada en el artículo 203.1.b) con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del correspondiente expediente. En el presente caso concurren las atenuantes establecidas en el artº. 198, apartados a) y c) del TRLOTENC por lo que se atempera la cuantía de la multa proponiéndose una sanción de treinta y un mil quinientos treinta y cinco euros con sesenta y tres céntimos (31.535,63 euros).

IV.- En virtud del artículo 179.1.b), las propuestas de resolución que se formulen en todos los procedimientos sancionadores deberán incluir las medidas que se estimen precisas para la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a la presunta infracción, incluida la demolición, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezca de la misma.

V.- En virtud del artº. 182 del Decreto Legislativo 1/2000, del Texto Refundido, si el responsable o los responsables de la alteración de la realidad repusieran ésta por sí mismos a su estado anterior en los términos dispuestos por la Administración, tendrán derecho a la reducción en un 75% de la multa que deba imponerse o se haya impuesto en el procedimiento sancionador o, en su caso, a la devolución del importe correspondiente de la que ya hubieren satisfecho.

Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, y en el Reglamento sobre procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.389/1993, de 4 de agosto.

En virtud de lo expuesto se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Imponer una multa de treinta y un mil quinientos treinta y cinco euros con sesenta y tres céntimos (31.535,63 euros), a D. Eduardo Miguel Castro Godoy, en calidad de promotor de las obras descritas en los antecedentes de la presente Resolución, de conformidad con el artículo 189 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 202.3 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, y sancionada en el artº. 203.1.b) del mismo.

Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada mediante la demolición de las referidas obras y a tal efecto requerir al interesado para que en el plazo de un mes presente en esta Agencia el correspondiente proyecto de demolición como primer trámite de la ejecución voluntaria advirtiéndole que de no cumplimentar el mencionado requerimiento se procederá a la ejecución forzosa de la demolición, conforme al artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.- Advertir al interesado que si repone los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción, tendrá derecho a una reducción de la multa en un 75%, de la que se haya impuesto o deba imponerse, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 182 del Decreto 1/2000, de 8 de mayo.

Cuarto.- Notificar la presente Propuesta de Resolución al interesado.

De todo lo cual se da traslado al interesado, concediéndole un plazo de quince días, contados a partir del día en que se le notifique la presente Resolución, para que pueda alegar cuanto considere conveniente en su defensa ante esta Agencia (sita en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, semisótano), así como presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

Adjunto se acompaña, relación de los documentos obrantes en el procedimiento a los efectos establecidos en el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto."

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de noviembre de 2004.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.

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