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BOC Nº 221. Lunes 15 de Noviembre de 2004 - 3802

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías

3802 - Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 3 de noviembre de 2004, que notifica Resolución del Viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías de 30 de septiembre de 2004, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Francisco González Aguiar frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía DGIE-3360, de 28 de abril de 2003, recaída en el expediente de referencia DA-01/197, relativo a facturación del suministro de agua.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Resolución en el domicilio que figuraba en el expediente tramitado por la Viceconsejería de Industria y Nuevas Tecnologías sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59, apartado 5º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

R E S U E L V O:

1º) Notificar a D. Francisco González Aguiar y a la entidad Canaragua, la Resolución de 30 de septiembre de 2004 (libro 01, nº reg. 125/04, folio 80), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto por D. Francisco González Aguiar frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía DGIE-3360, de 28 de abril de 2003, recaída en el expediente de referencia DA-01/197, relativa a facturación del suministro de agua.

2º) Remitir al Ayuntamiento de Agüimes la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de noviembre de 2004.- El Secretario General Técnico, Ángel Alexis Montesdeoca García.

A N E X O

Resolución del Viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías de 30 de septiembre de 2004, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Francisco González Aguiar frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía DGIE-3360, de 28 de abril de 2003, recaída en el expediente de referencia DA-01/197, relativo a facturación del suministro de agua.

Visto el recurso de alzada formalizado por D. Francisco González Aguiar frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía DGIE-3360, de 28 de abril de 2003, recaída en el expediente de referencia DA-01/197, relativa a facturación del suministro de agua, y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 29 de marzo de 2001, D. Valentino Macías Santana, en nombre de D. Francisco González Aguiar, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, presentó reclamación ante la Dirección Territorial de Industria y Energía de Las Palmas mostrando su disconformidad con la facturación nº 01000128, cuya copia se acompaña, emitida por la empresa Canaragua, por el consumo registrado con fecha 3 de enero de 2001 de 3.607 m3, efectuado en la lavandería sita en calle Morera, fase III, 25 P-7-35119, Arinaga, en el término municipal de Agüimes, bajo el contrato nº 1010000547.

Segundo.- Con fecha 27 de abril de 2001 fueron remitidos escritos de citación a la empresa suministradora y al abonado para la realización de la prueba de verificación del contador del abonado en el Laboratorio de Verificación oficial de la Consejería de Industria y Comercio, el día 8 de junio de 2001, a las 9,00 horas, indicándole que deberá ponerse en contacto con el Servicio de Agua para el levantamiento del contador de su ubicación, el cual deberá traer consigo en la fecha señalada. En el mismo escrito de citación se incluye el apercibimiento al reclamante de que la paralización del expediente por el plazo de tres meses, por causa imputable al interesado conllevaría la caducidad del procedimiento, en los términos previstos en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Los escritos de citación remitidos al interesado por correo certificado fueron devueltos al remitente, al Servicio de Seguridad Industrial de la Dirección General de Industria y Energía al no encontrarse al destinatario. Por lo que respecta a la citación dirigida a la empresa Canaragua, el escrito remitido al efecto fue recibido por dicha entidad con fecha 14 de mayo de 2001, según se indica en el acuse de recibo obrante en el expediente.

Tercero.- En contestación a la petición de informe, la empresa suministradora Canaragua remite a la Dirección Territorial de Industria y Energía de Las Palmas, con fecha 18 de mayo de 2001, el historial de lecturas, consumos y facturaciones correspondientes al abonado D. Francisco González Aguiar, póliza nº 547, referido al consumo efectuado por la lavandería ubicada en P.G. calle Morera, fase III, 25, p-7, Agüimes, entre las fechas 1 de septiembre de 1995 y 28 de abril de 2001, registrado por el contador Iberconta 13 nº 991223107.

Cuarto.- Con fecha 11 de junio de 2001 el Jefe de Servicio de Seguridad Industrial reitera la citación del abonado para la verificación del contador para la fecha 13 de julio de 2001, a las 11,00 horas en el Laboratorio de Verificación Oficial, en los mismos términos realizados con anterioridad, y con el apercibimiento reiterado acerca de la caducidad del expediente por la paralización del mismo durante el plazo de tres meses por causa imputable al reclamante. Asimismo se reitera la citación a la entidad Canaragua, para la verificación oficial del contador que en la misma fecha y lugar señalados para el abonado. Ambos escritos de citación no fueron recibidos por sus destinatarios, siendo devueltos al remitente con fecha 26 de junio de 2001.

Quinto.- En la fecha, hora y lugar señalados por el Servicio de Seguridad Industrial de la Dirección Territorial de Industria y Energía de Las Palmas, se personó el personal técnico adscrito a dicho Servicio, al objeto de proceder a la verificación del contador del abonado la cual no tuvo lugar al no presentarse las partes interesadas.

Sexto.- Con fecha 2 de octubre de 2001, D. Francisco González Aguiar, presenta escrito en el que indica la misma dirección a la que han sido remitidos los escritos de citación, reclamando una rápida respuesta a su denuncia de la que no ha tenido noticias hasta la fecha, añadiendo que persiste la situación de la suspensión del suministro de agua. Asimismo con fecha 5 de octubre de 2001, se recibe en las dependencias de la Consejería de Presidencia escrito del administrador de la lavandería industrial El Trébol, S.L., redactado en los mismos términos que el precedente, instando una pronta respuesta a los problemas planteados en la denuncia inicial.

Séptimo.- En respuesta a los requerimientos precedentes el Jefe de Servicio de Seguridad Industrial vuelve a remitir a las partes interesadas escritos de citación de fechas 18 de octubre de 2001, a la empresa suministradora y al abonado D. Francisco González Aguiar, en los mismos términos que los precedentes, fijando el día 18 de enero de 2002, a las 9,30 horas, como fecha acordada para proceder a la prueba de verificación del contador que debía aportar el abonado en la fecha y lugar señalados, una vez contactado el Servicio de Agua para el levantamiento oportuno del equipo de medida y advirtiéndole de la posibilidad de nombrar un técnico para que le asista en la práctica de dicha prueba así como de los efectos que podrían derivarse de la paralización del expediente por causa imputable al reclamante. Una vez más el escrito de citación dirigido al abonado fue devuelto por correo con fecha 27 de noviembre de 2001 señalando la ausencia del destinatario en el acuse de recibo que tuvo entrada en este departamento con fecha 21 de noviembre de 2001. Sin embargo, la citación de la empresa Canaragua se hizo efectiva con la recepción del escrito con fecha 29 de noviembre de 2001 según nos consta en el expediente que nos ocupa.

Octavo.- Con fecha 18 de enero de 2002, se persona nuevamente en el lugar y hora acordados, el personal técnico adscrito a la Dirección Territorial de Industria y Energía de Las Palmas, al objeto de proceder a la verificación oficial del contador, instalado en el domicilio indicado por la parte reclamante, siendo infructuoso el intento al no encontrarse presente las partes interesadas.

Noveno.- Ante los hechos referidos, la Dirección General de Industria y Energía acuerda mediante resolución DGIE-3360, de 28 de abril de 2003, declarar la caducidad del expediente de denuncia DA-01/197, motivada por la paralización del expediente durante un período superior a tres meses, por causa imputable al interesado.

Décimo.- Frente al acto resolutorio precedente recibido con fecha 4 de julio de 2003 tras un segundo intento de notificación del acto, D. Francisco González Aguiar interpone recurso de alzada con fecha 28 de agosto de 2003, en base a las siguientes alegaciones y versión de los hechos que se exponen a continuación:

1º) Señala que en fecha 29 de marzo de 2001, presentó denuncia solicitando principalmente que se efectuasen las revisiones oportunas a las instalaciones y contadores de agua que posee. Varios meses después y a la vista de que no obtuvo respuesta acerca de la reclamación formulada, vuelve a requerir de este Departamento una solución a su problema mediante escritos presentados con fechas 2 y 5 de octubre de 2001, y en respuesta a dichos requerimientos, dos años después, en fecha 28 de abril de 2003, la Dirección General de Industria y Energía resuelve declarar la caducidad del expediente, en base a que el procedimiento estuvo paralizado por causa imputable al interesado, ya que según la Administración no asistió a la prueba de verificación, lo que hacía imposible la verificación in situ de los contadores de agua.

2º) Estima que la resolución impugnada es totalmente desacertada puesto que si para proceder a la verificación oficial de las instalaciones necesitaba su asistencia, debió citarle en forma debida pues de otro modo no podía adivinar el día ni la hora en que iba a procederse a ello para poder presenciarla.

3º) Niega que se haya producido tal citación al no haberle llegado la misma según lo señalado en el reverso de la instancia presentada en la que se indica que se remitirá por correo la citación del día, hora y lugar de realización de la verificación del contador. Por ello añade que no puede declararse la caducidad del procedimiento por no ser imputable en este caso al interesado la paralización del expediente sino a la propia Administración que incumplió con su obligación legal de notificar debidamente la correspondiente citación para presenciar la práctica de la verificación oficial de las instalaciones, a cuyo efecto reproduce el apartado primero del artículo 58 y los apartados 1 y 2 del artículo 81 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5º) Manifiesta que no han concurrido las condiciones previstas en el artículo 92.1 de la precitada Ley, referentes a la advertencia con antelación de que la paralización imputable al interesado durante el período de tres meses produciría la caducidad del procedimiento, pues la propia Administración es la responsable de que no pudiese asistir a la prueba de verificación por no citarle expresamente y por no advertirle al interesado de que transcurrido tres meses se produciría la caducidad del procedimiento.

6º) Declara que resulta paradójico que siendo esta parte la que ha estado esperando dos años a que la Administración respondiera a la denuncia interpuesta y que habiendo enviado 7 meses después dos escritos pidiéndole a la Consejería que diese una respuesta y que ha estado esperando a que se le citase y se practicase la prueba de verificación de contadores resulte la culpable según la Administración Pública de la paralización del procedimiento, castigándole con la declaración de caducidad del mismo. A este respecto invoca la aplicación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y concretamente de los artículos 55, 57, 59, 63, 76 y 85.

7º) En base a lo expuesto solicita que se declare nula la resolución impugnada y que se continúe con la tramitación del procedimiento procediéndose a la realización de la prueba de verificación de contadores, previa citación de esta parte.

Undécimo.- Con fecha 7 de octubre de 2003 se dio traslado del escrito de interposición de recurso a la empresa suministradora de agua para que presentase las alegaciones pertinentes, no habiéndose obtenido respuesta alguna hasta la fecha.

Duodécimo.- Examinado el recurso interpuesto por la parte recurrente y las actuaciones realizadas en el expediente, el Jefe de Sección de recursos hidráulicos informa sobre las actuaciones realizadas en el expediente y las alegaciones del recurrente, de cuyo informe destacamos los siguientes términos:

"La alegación de la falta de citación al abonado para efectuar la verificación del contador es errónea, pues esta Administración ha intentado en varias ocasiones notificar al solicitante, ahora recurrente, la correspondiente citación con resultado, en todos los casos, infructuoso por haberse devuelto por Correos los escritos de dicha citación, incluso se devolvió por éste la propia Resolución, y curiosamente en pleno intento de advertirle de dicha resolución a través del Boletín Oficial de Canarias, el recurrente presenta su escrito de recurso, seguramente advertido de ello por la entidad suministradora.

El artº. 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, señala que "se notificarán a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses". Tal actuación se ha intentado infructuosamente en varias ocasiones al domicilio señalado por el interesado en su escrito inicial de denuncia, el 29 de marzo de 2001, y corroborado por éste en su escrito el 2 de octubre de 2001.

Si bien se puede alegar que el interesado no ha llegado a tener conocimiento de las actuaciones e intentos por parte de la Administración, recuérdese que por devolverse reiteradamente los escritos a él remitidos al domicilio por él señalado, no es menos cierto que según el artº. 47 del citado texto legal, los términos y plazos establecidos en ésta u otras Leyes obligan no sólo a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, así como a los interesados en los mismos. De ello, se deduce que poco interés demostró el interesado en la rápida resolución del expediente, cuando deja transcurrir casi seis meses, desde su petición inicial, y posteriormente casi dos años para presentar su recurso, sin que se requiriera consulta o queja por la demora administrativa."

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La condición previa para entrar a conocer de los fundamentos del recurso interpuesto es la determinación de la observancia de los requisitos de admisibilidad, entre los que se encuentra el del plazo de interposición del recurso dentro de 1 mes a partir de la recepción del acto resolutorio objeto de impugnación, previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero (en siglas LRJ-PAC), para el caso de actos expresos, transcurrido el cual, sin que se haya presentado el mismo, queda firme y consentida la resolución impugnada.

Dado que en el expediente de referencia figura como fecha de recepción del acto resolutorio impugnado por el abonado reclamante el día 4 de julio de 2003, de acuerdo con los criterios previstos en el artículo 48 de la LRJ-PAC, debe considerarse que dicho acto es firme a partir del 4 de agosto de 2003, por lo cual debe considerarse extemporáneo el recurso de alzada interpuesto por la parte recurrente, y en consecuencia sólo procede declarar la inadmisión de la presente vía de impugnación, sin entrar a conocer sobre las cuestiones de fondo planteadas o demás requisitos de admisibilidad del recurso, de acuerdo con una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, estricta para la realización de actividades después del día ad quem, en lo cual la legislación es notablemente rigurosa, determinando ordinariamente la caducidad del derecho a alegar o a recurrir, basada en la prevalencia del principio de seguridad jurídica frente al interés del particular, que supondría tener en cuenta la posición de terceros interesados cuya seguridad pende del transcurso de los términos que les permitan considerar consolidada su situación frente a cualquier reclamación de intervención administrativa (STS 13.10.94, RJ 1994\8315).

En este sentido se pronuncia la Sala 3ª, Sección 5ª del Tribunal Supremo en su sentencia de 3 de junio de 1992 (ref. Aranzadi RJ 1992\4823), cuyos fundamentos II y III son del siguiente tenor literal:

"Segundo.- Aunque por un sólo día, la Sala de Instancia no ha tenido más remedio que doblegarse a los imperativos de un derecho necesario, aplicable de oficio, alejado del derecho dispositivo de las partes; perteneciente a un reducto en el que la seguridad jurídica se impone a lo que, en otros campos, tanto influjo ejercen principios como el espiritualista y el de tutela judicial efectiva o "pro actione". Seguridad jurídica reñida con cualquier tipo de apreciación discrecional ante el ejercicio extemporáneo de recurso o acciones, por estar obligados a moverse entre puntos tan delimitados y exactos como son los días del calendario y dentro de plazos improrrogables. Razón por la que la extemporaneidad se produce automáticamente con la sola finalización del día final del plazo.

Tercero.- Este implacable principio de seguridad jurídica es el que obliga a respetar la declaración de extemporaneidad del recurso de alzada -por un solo día, como hemos dicho antes- y la orden de archivo del expediente."

Asimismo, la Sentencia del Alto Tribunal, de fecha 21 de mayo de 1992 (RJ 1992\5084), recoge el siguiente pronunciamiento judicial que se cita a continuación, acerca de la rigidez del plazo límite en orden a la admisibilidad del recurso:

"... sin que pueda sostenerse cual afirma la sentencia apelada para desestimar la causa de inadmisibilidad ahora apreciada, que el plazo de extemporaneidad fue escaso -tres días- e invocar los principios "pro actione" y de tutela judicial efectiva, pues el plazo de 15 días se exige de modo taxativo y con carácter improrrogable, la tutela judicial efectiva es extensiva a todas las partes contendientes y, el Tribunal Constitucional tiene declarado en varias de sus resoluciones que por ello excusan de su cita concreta, que "el derecho de tal tutela no comprende, el de obtener una decisión acorde con las pretensiones que se formulan, sino a que se dicte una resolución conforme a derecho, siempre que se cumplan los requisitos procesales para ello", y que: "el derecho a la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales comprende el de obtener una resolución fundada en derecho, si concurren todos los requisitos procesales, pero que habrá de ser de inadmisión o desestimación por algún motivo formal, cuando concurra alguna causa de inadmisibilidad, y así lo acuerde el Juez o Tribunal, en aplicación razonada de la misma "-caso de autos-".

Por lo cual conviene aclarar que la extemporaneidad se produce al interponer la reclamación, con independencia que esta se declare con posterioridad en la resolución dictada sobre la inadmisión de la reclamación (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 9 de diciembre de 1994, ref. Aranzadi, JT 1994\1509).

Segundo.- La actual Viceconsejería de Industria y Nuevas Tecnologías es el órgano competente en la resolución del presente recurso, al amparo de lo previsto en el precitado artículo 20 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias, y por razón de la materia al tratarse de una competencia funcional correspondiente actualmente a este Departamento, el control y vigilancia del cumplimiento de las condiciones establecidas para el servicio público de abastecimiento domiciliario de agua, para la resolución de las discrepancias surgidas entre usuarios y entidades suministradoras de agua y la verificación de los equipos de medida, de conformidad con lo previsto en el artículo 39, apartado 2.A.ñ) del Decreto 116/2001, de 14 de mayo, de aplicación vigente y extensiva a esta Consejería, de conformidad con lo previsto en la Disposición Transitoria Única del Decreto 178/2003, de 23 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica de las Consejerías de Presidencia y Justicia, y de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias.

Vistos los Reales Decretos números 2.578/1982 y 2.091/1984, de 24 de julio y de 26 de septiembre, de transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma Canaria en materia de Industria, Energía y Minas (B.O.E. números 248, de 16.10.82 y 278, de 20.11.84); el Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº 64, 25.5.01); el Decreto 178/2003, de 23 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica de las Consejerías de Presidencia y Justicia, y de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias; el Decreto 241/2003, de 11 de julio, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías (B.O.C. nº 134, de 14.7.03); el Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y demás normativa de aplicación general.

Por todo ello, el Viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías, en ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

Inadmitir el recurso de alzada interpuesto por D. Francisco González Aguiar frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía DGIE-3360, de 28 de abril de 2003, recaída en el expediente de referencia DA-01/197, relativa a facturación del suministro de agua, manteniendo la misma en todos sus términos.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su notificación, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías, Antonio Núñez Ordóñez.

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