BOC - 2004/196. Viernes 8 de Octubre de 2004 - 3274

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo

3274 - Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 30 de septiembre de 2004, que notifica Resolución que resuelve el recurso de alzada nº 084/04 interpuesto por D. Juan Ignacio Blanc Vitini, en representación de la entidad Hostelería Canaria Internacional, S.A., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Hotel Astoria.

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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura a tales efectos en el correspondiente expediente, sin que haya sido recibida por la entidad recurrente.

Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a la entidad Hostelería Canaria Internacional, S.A., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Hotel Astoria, la Resolución de 23 de julio de 2004 (Libro nº 1, Folio 138, número 76), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 084/04 (expediente nº 032/04), interpuesto contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 140, de fecha 12 de mayo de 2004.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de septiembre de 2004.- El Secretario General Técnico, Bruno Suárez Medina.

A N E X O

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo por la que se resuelve el recurso de alzada nº 084/04 interpuesto por D. Juan Ignacio Blanc Vitini, en representación de la entidad Hostelería Canaria Internacional, S.A.

Visto el recurso de alzada nº 084/04 formulado por D. Juan Ignacio Blanc Vitini, en representación de la entidad Hostelería Canaria Internacional, S.A., titular de la explotación turística del establecimiento denominado "Hotel Astoria" sito en calle Fernando Guanarteme, 11, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 140, de fecha 12 de mayo de 2004, recaída en el expediente sancionador nº 032/04, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de las infracciones administrativas a la normativa turística consistentes en:

1ª) No rellenar en la Hoja de Reclamación nº 12.122 P, de fecha 23 de junio de 2003, el recuadro de datos a cumplimentar por la empresa.

2ª) Incumplimiento de las medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativos, establecidas en los Decretos 305/1996 y 39/1997, modificados por el Decreto 20/2003, de 10 de febrero (B.O.C. nº 39, de 26.2.03).

Hechos que determinaron la imposición de sanción de multas en cuantía de doscientos setenta (270) euros por el primer hecho infractor y mil quinientos tres (1.503) euros por el segundo hecho infractor.

Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso de alzada solicitando se deje sin efecto la sanción que aquí se recurre o en su defecto se deje la multa en el mínimo legal, a tal fin se exponen, en síntesis, los siguientes argumentos:

1.- En lo que respecta a la primera infracción, no tenemos nada que oponer pues se reconoce el fallo en que se incurrió por omisión no intencional.

2.- En lo referente a la segunda infracción, hemos de indicar que desconocíamos las anomalías encontradas en el establecimiento y tan pronto como fueron reseñadas por la Inspección, las mismas fueron corregidas de inmediato.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, 23.10.95) en relación con la Orden de fecha 6 de agosto de 2003 (B.O.C. nº 158, de 18.8.03) por la que se mantiene en la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo la delegación de la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos de este Departamento en materia de turismo y costas.

Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisitos formales determinantes de su admisión a trámite.

Tercero.- La instrucción del procedimiento sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y en los artículos 8 y siguientes del Decreto 190/1996, de 1 de agosto (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto), regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, con respeto a las garantías y principios constitucionales que afectan a la potestad administrativa sancionadora, reproducidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Cuarto.- Las argumentaciones esgrimidas por la entidad recurrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la resolución sancionadora de fecha 12 de mayo de 2004.

Son dos los hechos infractores imputados a la entidad expedientada, el primero, "no rellenar en la Hoja de Reclamación nº 12.122 P, de fecha 23 de junio de 2003, el recuadro de datos a cumplimentar por la empresa", el segundo, "incumplimiento de las medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativos establecidas en los Decretos 305/1996, 39/1997 y 20/2003, de 23 de diciembre, 20 de marzo y de 10 de febrero respectivamente". Hechos que han sido constatados, el primero, por la Hoja de Reclamación nº 12.122 P, de 23 de junio de 2003, y el segundo, por el Acta de Inspección nº 17054, de 15 de julio de 2003, Acta cuyo valor probatorio viene amparado por lo dispuesto en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con el artículo 25.2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo.

En relación al primer hecho infractor la entidad expedientada no sólo no lo desvirtúa sino que lo reconoce en sus escritos de alegaciones, por tanto queda demostrada la existencia de una responsabilidad administrativa imputable a dicha entidad en virtud de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en relación con el artículo 2.1.b) del mismo texto legal, en concomitancia con el artículo 2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo.

En relación al segundo hecho infractor imputado y, antes de entrar en el fondo del asunto, hemos de hacer las siguientes consideraciones. La fecha de infracción del hecho imputado por Resolución de inicio de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística de 1 de marzo de 2004, es la de 15 de julio de 2003. Fecha, ésta última, en la que ya había entrado en vigor el Decreto 20/2003, de 10 de febrero (B.O.C. nº 39, de 28.2.03), por el que se modifica el Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, sobre medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativos. El citado Decreto 20/2003, de 10 de febrero, plantea la necesidad de reformar la normativa que regula las medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativos, en el sentido de actualizar y simplificar el procedimiento de acreditación de las condiciones de protección contra incendios en los establecimientos que desarrollen una actividad turística alojativa. Las modificaciones efectuadas tienden a desplazar hacia la figura del interesado la acción de verificar el cumplimiento de dicha normativa, sin perjuicio de que por el órgano de la Administración Pública con funciones inspectoras y, del Instituto Canario de Seguridad Laboral, se puedan realizar en cualquier momento del procedimiento, actividades de inspección. Las citadas modificaciones no afectan a las condiciones técnicas exigibles en materia de seguridad y protección contra incendios, al circunscribirse a aspectos procedimentales de simplificación y agilización de los trámites concurrentes a la acreditación de las medidas técnicas.

El nuevo procedimiento de verificación del cumplimiento de la normativa sobre seguridad y protección contra incendios no presenta problema alguno para aquellos establecimientos, que vayan a iniciar los trámites para la obtención de la autorización a que vienen obligados en virtud de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, a los que se aplicará el nuevo procedimiento. Para aquellos otros, que una vez entrado en vigor el citado Decreto 20/2003, ya hubieran iniciado expediente que exija acreditación de conformidad a lo establecido en el referido Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, se prevé por la Disposición Transitoria Primera del Decreto 20/2003, de 10 de febrero, la posibilidad de que éstos puedan optar, o bien, por continuar con la tramitación iniciada, o bien, acogerse al nuevo procedimiento y, en éste último caso, "los establecimientos en cuestión deberán presentar escrito comunicando tal elección ante el Cabildo Insular correspondiente, que a su vez, la pondrá en conocimiento del Instituto Canario de Seguridad Laboral en un plazo no superior a 15 días".

En la documentación que obra en el expediente sancionador nº 032/04, no consta la existencia del referido escrito, de lo que se infiere, consecuentemente, que la entidad expedientada ha optado por continuar con el procedimiento establecido en el Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, sobre medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativos, antes de su modificación. Una vez concretada cual es la norma que ha sido objeto de infracción, y entrando ya en el fondo del asunto, el hecho imputado consiste en el incumplimiento de las medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativos. El mismo comprende, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera, apartados uno y dos, del citado Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, no sólo la presentación ante el Cabildo Insular del proyecto correspondiente, ajustado a lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, sino también la obtención del informe de adecuación del proyecto a la normativa de aplicación en materia de seguridad y protección contra incendios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del citado Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, la ejecución de las obras necesarias y la obtención del informe técnico de conformidad recogido en el artículo 7 del mismo Decreto 305/1996, de 23 de diciembre.

Ni de la documentación obrante en el expediente sancionador nº 032/04, ni de las alegaciones efectuadas por la entidad expedientada queda desvirtuado el hecho infractor imputado, toda vez que si bien, como así lo demuestra la copia del fax remitida a la entonces Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística por el Patronato de Turismo de Gran Canaria, con fecha 16 de noviembre de 2001, se emitió informe favorable al Proyecto, por el Instituto Canario de Seguridad Laboral, no se acredita, sin embargo, la obtención del informe técnico de conformidad exigido en el artículo 7 del referenciado Decreto 305/1996, de 23 de diciembre. De lo anteriormente expuesto se deriva la existencia de una responsabilidad administrativa imputable a la entidad expedientada en virtud de lo dispuesto en los artículos 73, 2.1.b) y 18.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en concomitancia con el artículo 2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo.

Por cuanto antecede y teniendo en consideración el Informe de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, de 22 de junio de 2004, procede desestimar el recurso de alzada interpuesto, confirmar la Resolución recurrida y mantener la sanción de multa impuesta por ser conformes a Derecho todos sus pronunciamientos.

Visto el dictamen nº HAB.I.TUR. 87/04-C emitido con fecha 12 de julio de 2004 por la letrada habilitada de la Dirección General del Servicio Jurídico.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

R E S U E L V O:

Desestimar el recurso de alzada nº 084/04 promovido por D. Juan Ignacio Blanc Vitini, en representación de la entidad Hostelería Canaria Internacional, S.A., titular de la explotación turística del establecimiento denominado "Hotel Astoria" sito en calle Fernando Guanarteme, 11, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria y confirmar la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 140, de fecha 12 de mayo de 2004, recaída en el expediente sancionador nº 032/04, que determinó la imposición de sanción de multas en cuantía de doscientos setenta (270) euros por el primer hecho infractor y mil quinientos tres (1.503) euros por el segundo hecho infractor, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente o ante el Juzgado competente en función de la sede del órgano que dictó el acto impugnado (en Las Palmas de Gran Canaria), a elección del recurrente, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- El Secretario General Técnico, Bruno Suárez Medina.



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