En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y habiendo intentado la notificación de la persona interesada en el procedimiento sin que ésta se haya podido practicar,
R E S U E L V O:
Primero.- hacer pública, a efectos de notificación, la Resolución nº 2575, de 11 de agosto de 2004, del Director de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, por la que se incoa el procedimiento sancionador nº 1126/04-U, que se transcribe a continuación:
"Vistos los datos obrantes en esta Agencia y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.- En el lugar denominado Camino del Portugués del término municipal de Arafo, en suelo clasificado como rústico, se han realizado obras consistentes en la construcción de una vivienda y otros elementos vinculados a la misma, tales como una piscina y el muro de cerramiento exterior, promovidas por Dña. Cristina de los Ángeles Suárez Expósito (D.N.I. nº 43.801.890-T), careciendo del preceptivo título legitimante para construir en suelo rústico: la calificación territorial, exigida por los artículos 27 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (en adelante TRLoTENC) (antes autorización para la construcción en suelo rústico, exigida por el artículo 9 de la derogada -por la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio- Ley 5/1987, de 7 de abril, sobre Ordenación Urbanística del Suelo Rústico de la Comunidad Autónoma de Canarias).
Segundo.- Por resolución de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de fecha 20 de abril de 2004 y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 176 del TRLoTENC, se ordenó la suspensión de dichas obras.
Tercero.- Mediante resolución nº 1.712, de fecha 28 de mayo de 2004, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, incoó a la mencionada persona, en base a los hechos descritos anteriormente, expediente sancionador por la presunta comisión de una infracción urbanística grave al TRLoTENC, tipificada en su artículo 202.3.b) y sancionada en el artº. 203.1.b) con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros. Intentada reiteradamente la notificación a la imputada de la resolución de incoación, transcurrió el plazo de dos meses desde la fecha en que se inició el procedimiento sin que tal notificación se pudiera practicar, por lo que mediante resolución de esta Agencia se ordenó el archivo de las actuaciones sin perjuicio de la determinación, en posterior procedimiento, de las responsabilidades en que los imputados hubieran podido incurrir.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.1.c) y 229 del TRLoTENC, en relación con el artº. 19.3 del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
II.- Los hechos anteriormente relacionados son presuntamente constitutivos de la infracción tipificada y calificada de grave en el artº. 202.3.b) TRLoTENC (realización de obras careciendo del preceptivo título legitimante para construir en suelo rústico: la calificación territorial, exigida por los artículos 27 y 170 del TRLoTENC (antes autorización para la construcción en suelo rústico, exigida por el artículo 9 de la derogada -por la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio- Ley 5/1987, de 7 de abril, sobre Ordenación Urbanística del Suelo Rústico de la Comunidad Autónoma de Canarias).
III.- El artículo 203.1.b) del TRLoTENC sanciona las infracciones graves con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros. Según el artículo 196.1 del TRLoTENC, cuando en el procedimiento se aprecie alguna circunstancia agravante, atenuante o mixta, la multa deberá imponerse por cuantía de la mitad superior o inferior de la correspondiente escala, respectivamente. Indica también el artículo 196.1 del TRLoTENC que el importe de la sanción se fijará en función de la ponderación de la incidencia de dichas circunstancias atenuantes, agravantes o mixtas en la valoración global de la infracción. No constando la concurrencia de circunstancia atenuante, agravante o mixta alguna, y sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del expediente, pudiera proceder el imponer multa por la mitad de la referida escala: 78.000 euros.
IV.- El artº. 164.2 del TRLoTENC dispone que la potestad de protección de la ordenación es de ejercicio inexcusable, de forma que en ningún caso la Administración puede dejar de adoptar las medidas de restablecimiento del orden jurídico infringido, las cuales deberán ordenarse aun cuando no proceda exigir la responsabilidad por infracción al TRLoTENC (179.3 del TRLoTENC), estableciendo el artº. 188.1.a) del TRLoTENC que toda acción u omisión tipificada como infracción dará lugar a la adopción por las Administraciones Públicas competentes de las medidas para el restablecimiento del orden jurídico perturbado. De conformidad con el artículo 179 del TRLoTENC, se procederá a la reposición de las cosas a su estado anterior a la presunta infracción, incluida la demolición, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.
b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido denegada.
c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido el efecto y de la instrucción del procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.
La actuación objeto del presente procedimiento no sólo carece de la necesaria calificación territorial, sino que resulta jurídicamente inviable que la obtenga, de acuerdo con las determinaciones actualmente vigentes de la ordenación ambiental, territorial y urbanística, al resultar incompatible lo realizado con tales determinaciones, ya que la referida vivienda está situada en suelo rústico no calificado por el planeamiento como asentamiento rural ni como asentamiento agrícola, por lo que vulnera el artículo 66.7.a) del TRLoTENC, que exige que las viviendas de nueva planta en suelo rústico necesariamente se sitúen en terrenos calificados expresamente por el planeamiento de aplicación como asentamiento rural o como asentamiento agrícola.
Por tanto, procederá ordenar la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a la comisión de la infracción, mediante la demolición de las referidas obras.
En virtud de lo expuesto,
R E S U E L V O:
a) Incoar expediente sancionador a Dña. Cristina de los Ángeles Suárez Expósito, en calidad de promotora de las obras objeto del presente procedimiento, como presunta responsable de la infracción al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, descrita en la presente resolución.
b) Nombrar instructora a Dña. Carlota Pérez Miranda, quien podrá ser recusada en los casos y formas previstos en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
c) Significar al interesado que dispone de un plazo de quince (15) días contados a partir de la notificación de la presente resolución para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba, concretando los medios de que pretenda valerse, según establece el artículo 16.1 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
d) Advertirle que si reconociera su responsabilidad o no presentase alegaciones en el referido plazo de quince días, se podrá entender concluida la instrucción del expediente, considerándose el presente escrito como propuesta de resolución, a cuyo efecto dispondrá de un plazo de audiencia de quince (15) días para alegar cuanto considere conveniente en su defensa, así como presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes ante el instructor del procedimiento, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 8, 13.2, 18 y 19 del referido Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
e) Advertirle que, al concurrir los supuestos contemplados en el fundamento de derecho IV, se procederá a reponer las cosas al estado inmediatamente anterior a la presunta infracción, incluida, en su caso, la demolición. No obstante, si el responsable, por sí mismo y en los términos dispuestos por la Administración, llevara a cabo la reposición de la realidad física alterada, tendrá derecho a una reducción en un setenta y cinco por ciento de la multa que se haya impuesto o deba imponerse, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 182 del TRLoTENC.
A los efectos de los apartados anteriores, el expediente relativo al procedimiento sancionador que ahora se inicia se encuentra a disposición de los interesados en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, sita en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, semisótano, de Santa Cruz de Tenerife, en orden a garantizar el principio de acceso permanente al mismo, consagrado en los artículos 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 3 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
Notifíquese la presente resolución a la persona nombrada instructora, así como a los interesados y al Ayuntamiento."
Segundo.- Remitir el presente anuncio al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias y, para su inserción en el tablón de edictos, al Ayuntamiento.
Santa Cruz de Tenerife, a 28 de septiembre de 2004.- el Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.
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