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BOC Nº 196. Viernes 8 de Octubre de 2004 - 3276

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías

3276 - Dirección General de Consumo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 2 de septiembre de 2004, sobre notificación de Resoluciones a personas físicas y jurídicas de ignorado domicilio.

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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles las Resoluciones recaídas en los expedientes incoados contra las mismas, por infracción a la normativa en materia de consumo y conforme al artículo 59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, las Resoluciones recaídas en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.

Los interesados podrán interponer recurso de alzada contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

El pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.

RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 38/541/2003.

INSTRUIDO A: Peansatel, S.L.

D.N.I.-N.I.F.: B38566055.

MOTIVACIÓN

Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

REFERENCIA DE HECHOS: el día 18 de julio de 2003, un Inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el establecimiento del que es titular Pensatel, S.L., con domicilio en calle Numancia, 17, término municipal de Santa Cruz de Tenerife y extiende el acta nº 5126 procediendo a comprobar la reclamación nº 585/03, formulada por D. Daniel Morales Navarro, siendo motivo de la misma las presuntas irregularidades cometidas por esta empresa al no facilitarle las Hojas de Reclamaciones para hacer constar las deficiencias de este comercio en información al cliente sobre tiempo de reparación en telefonía móvil.

Personado el Inspector actuante se constata que esta empresa no disponía de las preceptivas Hojas de Reclamaciones, en el momento que fueron solicitadas por el Sr. Morales.

Los hechos expuestos son constitutivos de infracción en materia de consumo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: resulta aplicable lo establecido en el artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el interesado en escrito presentado en el registro de entrada de la Dirección General de Consumo provisto de nº 98052, de fecha 11 de febrero de 2004, sucintamente, manifiesta:

"Que el acuerdo con Registro General 128.76 y Registro CICN 1326, tiene un defecto de forma, por error en fecha 15 de enero de 2003, en su caso debería ser 15 de enero de 2004.

Que la auxiliar administrativa que atendió al cliente e Inspector no conocía el lugar donde se encontraban las Hojas de Reclamaciones por ser nueva en la empresa, pero sí se poseían, así como el Cartel. Lo que se hubiera podido solucionar en el momento con la espera de cualquiera de los directivos.

Que se dispone de las Hojas de Reclamaciones con numeración correlativa desde la 0100731-740."

CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: no se desvirtúan en modo alguno los hechos imputados en el Acuerdo de inicio, dado que el alegado desconocimiento por parte de una empleada del lugar donde se encontraban las Hojas de Reclamaciones no es causa que le pueda atenuar o eximir de responsabilidad, pues la normativa reguladora de Hojas de Reclamaciones no sólo impone tener estos documentos, sino "tenerlos a disposición de los consumidores", obligación que no ha sido cumplida por esa parte según los hechos que se recogen en el acta de inspección y por las manifestaciones que la misma hace en su escrito de alegaciones.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

R E S U E L V O:

Imponer a Peansatel, S.L. la sanción de multa de doscientos cuarenta (240) euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 24 de junio de 2004.- La Directora General de Consumo, Concepción Pérez González.

RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 38/339/2003.

INSTRUIDO A: Bayra Color, S.L.

D.N.I.-N.I.F.: B38582037.

MOTIVACIÓN

Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

REFERENCIA DE HECHOS: el día 25 de marzo de 2003, un Inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el establecimiento del que es titular Bayracolor, S.L., con domicilio en Centro Comercial Guajara, local 109 A, término municipal de La Laguna, y extiende el acta nº 0771 procediendo a comprobar la reclamación nº 167/03, formulada por D. Israel Sanz, siendo motivo de la misma las presuntas irregularidades cometidas por esta empresa al realizar, a su juicio de forma incorrecta un servicio de revelado de fotografías, así como por no disponer de Hojas de Reclamaciones el día 26 de diciembre, por lo que tuvo que realizar la reclamación cuatro días más tarde, cuando ya disponían de estos documentos.

Personado el Inspector actuante se constata que el establecimiento reclamado no disponía de Hojas de Reclamaciones cuando las solicitó el reclamante, y así lo manifiesta el compareciente en acta.

Así mismo se comprueba que en el momento de la inspección dispone de Hojas de Reclamaciones, pero no tienen cumplimentados los preceptivos datos identificativos de la empresa.

Los hechos expuestos son constitutivos de infracción en materia de consumo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: resulta aplicable lo establecido en el artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 42, de fecha 2 de marzo de 2004, y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

R E S U E L V O:

Imponer a Bayra Color, S.L. la sanción de multa de doscientos cuarenta (240) euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 24 de junio de 2004.- La Directora General de Consumo, Concepción Pérez González.

RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 38/493/2003.

INSTRUIDO A: Petra Burger Sehm, PetraÕs Lavandería.

D.N.I.-N.I.F.: X0977940A.

MOTIVACIÓN

Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

REFERENCIA DE HECHOS: el día 5 de junio de 2003, un Inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el establecimiento del que es titular Petra Burger Shem, con domicilio en calle Aceviño, 2, término municipal de Puerto de la Cruz, y extiende el acta nº 1227 procediendo a comprobar la reclamación nº 487/03, formulada por Dña. Edeltrand Kolczyk, siendo motivo de la misma las presuntas irregularidades cometidas por esta empresa a la que solicita el servicio de planchado de una blusa de señora que extravía el establecimiento y tres meses más tarde aún no se había devuelto la prenda, ni indemnizado su valor.

De las actuaciones inspectoras y de la documentación obrante en el expediente se constata que el establecimiento reclamado incurre en infracción en materia de consumo al emitir a la Sra. Edeltrand resguardo de depósito sin los preceptivos datos relativos al nombre y domicilio del usuario, fecha de recepción de la prenda, tipo de servicio solicitado, fecha prevista de terminación del servicio, firma y sello del prestador del servicio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: resulta aplicable el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 7 del Real Decreto 1.453/1987, de 27 de noviembre (B.O.E. nº 285), por el que se aprueba el Reglamento regulador de los servicios de limpieza, conservación y teñido de productos textiles, cueros, pieles y sintéticos.

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue notificado al interesado el día 19 de diciembre de 2003, mediante carta certificada con aviso de recibo, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

R E S U E L V O:

Imponer a Petra Burger Sehm la sanción de multa de trescientos (300) euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 18 de mayo de 2004.- La Directora General de Consumo, Concepción Pérez González.

RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 38/529/2003.

INSTRUIDO A: Paduni Bhaqwandas Daswani.

D.N.I.-N.I.F.: 78706356B.

MOTIVACIÓN

Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

REFERENCIA DE HECHOS: el día 3 de julio de 2003, un Inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el establecimiento del que es titular Paduni Bhaqwandas Daswani, con domicilio en Callejón del Peligro, 2, término municipal de Santa Cruz de Tenerife y extiende el acta nº 4702 procediendo a comprobar la reclamación nº 526/01, formulada por Dña. Carmen Nola Hernández González, siendo motivo de la misma las presuntas irregularidades cometidas por esta empresa al negarle las Hojas de Reclamaciones y venderle una prenda de vestir con la cremallera defectuosa.

Personado el Inspector actuante se constata que el establecimiento reclamado, no tiene consignados sus datos identificativos en las Hojas de Reclamaciones que tiene a disposición de los consumidores, siendo este hecho constitutivo de infracción en materia de consumo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: resultan aplicables los artículos 27 y 40.4.g) de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34).

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el interesado en escrito con registro de entrada de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías provisto de nº 47472, de fecha 23 de enero de 2004 de 2003, sucintamente, manifiesta:

"... El inicio del expediente tiene lugar en fecha 3 de marzo de 2003, cuando una cliente de la tienda que en este momento regento, presenta denuncia a la Dirección General de Consumo. En ese momento yo no era la titular de la explotación y en prueba de ello se aportan como documentos uno y dos de este escrito el alta en impreso 845 y la modificación del alta a efectos de inicio de actividad que se desarrolla en el establecimiento de la calle Pasaje Peligro, 1, desde el 1 de mayo de 2003 ...

... En la comunicación de inicio del expediente ... y dice que el hecho de no tener los datos identificativos de la empresa supone una infracción en materia de consumo, amparándose en los artículos 27 y 40.4.g) de la Ley 3/2003, de 12 de febrero. Pues bien, el artículo 27 de la citada norma no indica que las hojas de reclamaciones tengan que estar, antes de que sean solicitadas por los clientes, rellenas con los datos identificativos ... Claro que cuando el Inspector pide las hojas de reclamaciones se le entregan sin rellenar pero, es obvio, que él no era cliente y que desde luego que el Inspector estaba en ese momento comprobando si la tienda cumplía con la obligación de tener las hojas ...

... Exige nuestro derecho sancionador que para imputación de un delito, falta o infracción administrativa que lleve aparejada la imposición de una pena o sanción administrativa, que existan pruebas concluyentes que permitan al Juez, Tribunal u órgano administrativo imputar la comisión del mismo a una persona o entidad y es evidente que en el expediente abierto por esa Consejería nº 38/529/2003 no existen pruebas que permitan imputar claramente que la presunta infracción haya sido cometida ..."

CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: no se desvirtúan en modo alguno los hechos imputados en el Acuerdo de inicio, por lo que no procede eximir de responsabilidad al interesado, en base a las siguientes consideraciones:

1.- Se confunde esa parte al señalar con fecha de la iniciación del expediente la del 3 de marzo de 2003, pues el expediente se inició mediante acuerdo, de fecha 29 de diciembre de 2003.

De otra parte se alega que en la primera fecha el imputado no era el titular del comercio, cuando se presenta reclamación en su contra por un consumidor, sin embargo el día 3 de julio de 2003 se persona en el comercio el Inspector de esta Dirección General y la compareciente en acta es la misma persona que hoy suscribe las alegaciones y en aquella ocasión contestó a las preguntas del Inspector, y así consta en acta, sobre la reclamación presentada, hasta el punto que le muestra al funcionario una prenda de vestir igual a la adquirida por la reclamante. De tal manera que no se entiende cómo pudo responder a unos hechos que habían ocurrido antes de ser la titular del comercio y cómo no manifestó al Inspector estas circunstancias para que las hiciera constar en acta.

2.- La Disposición Transitoria Segunda de la Ley Territorial 3/2003 prevé que en tanto no se proceda al desarrollo reglamentario previsto en el apartado 4 del artículo 27, de la citada Ley, será de aplicación la normativa reglamentaria reguladora de las hojas de reclamaciones de los consumidores y usuarios de Canarias, esto es Decreto 225/1994, que en su artº. 8, contempla como infracción el incumplimiento de las obligaciones que el mismo impone, y el artº. 2.2 de esta norma establece que el establecimiento "deberá tener cumplimentados" los datos identificativos de la empresa en las hojas de reclamaciones.

Resultando de las actuaciones inspectoras del acta nº 4702, que el interesado tenía aquellos documentos, numerados del 966442 al 966448, sin cumplimentar sus datos de identificación.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

R E S U E L V O:

Imponer a Paduni Bhaqwandas Daswani la sanción de multa de doscientos cuarenta (240) euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 25 de mayo de 2004.- La Directora General de Consumo, Concepción Pérez González.

RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 38/469/2003.

INSTRUIDO A: Teneauto, S.A.

D.N.I.-N.I.F.: A38044533.

MOTIVACIÓN

Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

REFERENCIA DE HECHOS: el día 22 de agosto de 2003, un Inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el establecimiento de venta menor de vehículos del que es titular Teneauto, S.A., con domicilio en la Avenida de Los Majuelos, 24, término municipal de La Laguna y extiende el acta 5065 para comprobar la reclamación nº 765/03 formulada por D. Francisco J. Muñoz Hernández, relativa a la adquisición de un vehículo de la marca Suzuki Jimny, matrícula TF-8992-BV, con reiterados problemas técnicos de funcionamiento que no fueron subsanados por la vendedora.

De las actuaciones inspectoras llevadas a cabo se comprueba que en el momento de llevarse a cabo la compraventa del vehículo no se hizo entrega al adquirente del preceptivo documento de garantía formalizado por escrito, hecho que es constitutivo de infracción en materia de consumo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: resultan aplicables los artículos 11 y 34.4 de la Ley 26/1984, de 19 de junio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176), en concordancia con el Real Decreto 1.507/2000, de 1 de septiembre, por el que se actualizan los catálogos de productos y servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado y de bienes de naturaleza duradera, a efectos de lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 2, apartado 2, y 11, apartados 2 y 5, de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y normas concordantes, y el artº. 12.2 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 94, de fecha 17 de mayo de 2004, y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

R E S U E L V O:

Imponer a Teneauto, S.A. la sanción de multa de trescientos (300) euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 14 de julio de 2004.- La Directora General de Consumo, Concepción Pérez González.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de septiembre de 2004.- La Directora General de Consumo, Concepción Pérez González.

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