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No habiéndose podido notificar a Dña. Hannelore Brossmann en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 1662/02.U de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a Dña. Hannelore Brossman la Resolución dictada por el Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 1854, de fecha 11 de junio de 2004, recaída en el expediente de referencia 1662/02.U, y que dice textualmente:
"Examinado el expediente instruido por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para la protección de la legalidad urbanística seguido frente a Dña. Hannelore Brossmann por la ejecución de diversas obras consistentes en la construcción de una edificación de nueva planta de un nivel de altura de 47 m2 de superficie aproximada, sin contar con las autorizaciones pertinentes (Calificación Territorial y licencia municipal de obras), tal y como establecen los artículos 166 y 170 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias, en el lugar denominado "Buracas-Las Tricias", en el término municipal de Garafía en la isla de La Palma.
Vistos, informe técnico y demás documentos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.- Con fecha 6 de febrero de 2003, por Resolución nº 200 del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, notificada el siguiente día 4 de abril de 2003 se resolvió suspender y precintar las obras descritas, requiriendo al interesado para que en el plazo de tres meses instara la legalización de las obras objeto de este expediente.
Segundo.- No se pudo llevar a cabo la diligencia de precinto al encontrarse las obras totalmente terminadas el pasado día 10 de junio de 2003 tal y como así se hizo constar en la diligencia de precinto que consta al efecto en el expediente.
Tercero.- Con fecha 7 de julio de 2003 se emitió informe de valoración de las obras por el Servicio Técnico de esta Agencia en donde las mismas se valoraron en la cantidad de veinticuatro mil quinientos noventa y dos (24.592) euros.
Cuarto.- El 15 de enero de 2004 se dictó la Resolución nº 68 por el Director Ejecutivo de esta Agencia en la que se acordó la incoación del correspondiente expediente sancionador contra D. Klaus Dieter Brossmann, promotor de las antes citadas obras por la presunta comisión de una infracción urbanística tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3.b) del Decreto Legislativo 1/2000 y sancionada en el artículo 203.1.b) con multa de 6.010,13 a 150.352,03 euros sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del correspondiente expediente.
Quinto.- El día 5 de febrero de 2004 y dentro del plazo de alegaciones contra la reseñada incoación que se le concedió al interesado, D. Adrián Ramón Santos Sobrino actuando en nombre y representación de Dña. Hannelore Brossmann presentó escrito ante esta Agencia, en el cual expuso sucintamente los siguientes argumentos:
- Que D. Klaus Dieter Brossmann es hijo de la mencionada Dña. Hannelore Brossmann no siendo el mismo dueño del terreno ni de la mencionada edificación desde el pasado día 27 de julio de 2001.
- Que la propietaria responsable de los hechos es Dña. Hannelore Brossmann, según acredita con la copia de la escritura pública de compraventa ante Notario con número de protocolo 203 y fecha 27 de julio de 2001.
- Que con anterioridad a la construcción y con fecha 30 de marzo 2001 se solicita en el Ayuntamiento de Garafía licencia de obras para acondicionar y ampliar una vivienda.
- Que con fecha 13 de julio de 2001 se concede licencia municipal urbanística para la realización de obras de acondicionamiento y ampliación de vivienda.
- Que con fecha 22 de julio de 2002 se concede prórroga de la mencionada licencia municipal urbanística para la realización de obras de acondicionamiento y ampliación de la vivienda.
- Que la denunciada ha recibido la resolución de suspensión de obra expedida el 6 de febrero de 2003 la cual ha sido entregada por correo a la denunciada el día 4 de abril de 2003.
- Que las obras ya estaban terminadas desde diciembre de 2002.
- Que la interesada ha llevado a cabo la construcción de la vivienda porque al obtener licencia municipal urbanística del Ayuntamiento suponía que todo estaba en orden según los conocimientos que tenía la denunciada en ese momento y actuando de buena fe no siendo consciente en ningún momento que podría estar infringiendo una Ley. Asimismo ha encargado el proyecto de legalización en la segunda semana de abril de 2003 presentando la solicitud de legalización en el Ayuntamiento de Garafía con fecha de entrada 31 de julio de 2003 comunicándole el Cabildo con fecha 26 de septiembre de 2003 el inicio del expediente administrativo para la legalización de reforma y ampliación de vivienda.
Sexto.- En relación con las antes citadas alegaciones por el Instructor del expediente se señaló que: se da por cierta la aseveración efectuada de adverso relativa a que D. Klaus Dieter Brossmann no tiene responsabilidad alguna en el presente procedimiento sancionador al haber transmitido la propiedad del terreno y un pajero de 15 m2 sito en el mismo a su madre Hannelore Brossmann el pasado día 27 de julio de 2001, tal y como así lo acredita mediante la copia de escritura pública de compraventa que acompaña al presente escrito de alegaciones. Asimismo la propia señora Brossmann reconoce expresamente ser la persona que ha llevado a cabo las obras de construcción de la vivienda de la que trae causa este procedimiento. Igualmente reconoce que las obras ya estaban terminadas desde diciembre de 2002 a este respecto esta Instrucción no tiene inconveniente en dar por cierta la referida aseveración por cuanto únicamente consta en el expediente el estado constructivo de la vivienda en la fecha de la denuncia por el Agente de Medio Ambiente el pasado día 27 de noviembre de 2002 en donde se puede observar claramente en las fotografías anexas a la citada denuncia que la vivienda se encontraba en ejecución constando en el expediente administrativo que el día 10 de junio de 2003 fecha en que se realizó la diligencia de precinto ésta no se pudo llevar a efecto por cuanto las obras se encontraban ya acabadas. Consiguientemente no existe constancia en el procedimiento del estado constructivo en la fecha en que según refiere la interesada las obras estaban acabadas por lo que se reitera lo antes dicho teniendo por ciertas las alegaciones al respecto. Sentado lo anterior se ha de establecer que tomando dicha fecha como dies a quo, esta Administración se encuentra dentro de plazo de dos años establecido en el artº. 205.1 del TRLOTENC para sancionar la presente infracción urbanística grave y de la que trae causa este procedimiento, encontrándose igualmente dentro del plazo de cuatro años establecido en el artº. 180 del mismo texto legal para ordenar el restablecimiento del orden jurídico perturbado.
Que según refiere el Servicio Técnico en su informe de fecha 18 de marzo de 2004 y a la vista de la documentación presentada por Dña. Hannelore Brossmann la licencia de obras y prórroga de licencia de obras para acondicionamiento de vivienda mediante acondicionamiento de 5 m2. No se ajusta a la edificación construida.
Asimismo se ha de decir que las alegaciones efectuadas por la interesada referentes a los motivos y razones por los que le ha llevado a la construcción de la vivienda denunciada no pueden desvirtuar el hecho cierto y objetivo por el que se incoa el presente procedimiento cual es la inexistencia de los permisos necesarios para realizar las obras de las que trae causa este expediente, no pudiendo obviarse que la mera solicitud de legalización de las obras no autorizan su construcción toda vez que es requisito sine qua non la obtención de las correspondientes autorizaciones con anterioridad a la ejecución de la referida obra.
Asimismo por el Instructor del expediente se formuló como propuesta de resolución la imposición de una multa de veinticuatro mil quinientos noventa y dos (24.592) euros, a Dña. Hannelore Brossmann, como responsable de una infracción urbanística tipificada en el artículo 202.3.b) del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, consistentes en la construcción de una edificación de nueva planta de un nivel de altura de 47 m2 de superficie aproximada en el lugar denominado "Buracas-Las Tricias", en el término municipal de Garafía.
Séptimo.- Con fecha 4 de mayo de 2004, D. Adrián Ramos Santos Sobrino en nombre y representación de la interesada Dña. Hannelore Brossmann presenta escrito de alegaciones contra la propuesta de resolución en el que, sucintamente, expone:
- Que no está de acuerdo con la propuesta de resolución en la que se propone la imposición de una sanción a su representada, cuando el expediente sancionador y el pliego de cargos es contra otra persona diferente incumpliendo las garantías del inculpado en el procedimiento sancionador reconocidos en el artº. 134 de la Ley 30/1992. También se incumplen los derechos del inculpado establecidos en el artº. 135 del mismo cuerpo legal así como lo preceptuado en el artº. 13 del Reglamento para el Ejercicio de la potestad sancionadora.
- Que en relación a la cuantía de la sanción impuesta se muestra disconforme puesto que la misma toma como base una valoración de las obras de las que discrepa totalmente por ser el coste de las mismas inferior al señalado por el Técnico de la Agencia.
- Que debe tenerse en cuenta que se ha solicitado la legalización de las mismas al Ayuntamiento de Garafía estando actualmente pendiente de resolución la solicitud de la Calificación Territorial instada ante el Cabildo (Expte. nº 3251/03), lo que según establece el artº.179.2 del TRLOTENC que si no se ha resuelto el citado expediente de legalización cuando se dicte la resolución de este expediente sancionador se deberá dejar pendiente la orden en la que se acuerde el restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I
Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.1.c) y 229 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias, en relación con el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban las normas de funcionamiento de la Agencia.
II
Las actuaciones en suelo rústico requieren calificación territorial con carácter previo al otorgamiento de la igualmente preceptiva licencia municipal de obras, de conformidad con los artículos 27, 66, 166, 168 y 170 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo antes mencionado.
III
Las alegaciones del interesado no pueden modificar la determinación inicial de los hechos, ni su calificación, toda vez que:
No ha quedado desvirtuado el hecho cierto y objetivo por el que se incoa el presente procedimiento, consistente en la inexistencia de los permisos necesarios para realizar las obras de las que trae causa este expediente.
Respecto a las alegaciones que se efectúan de adverso se ha de decir, en relación al pretendido incumplimiento de las garantías del procedimiento sancionador ocasionados a Dña. Hannelore Brossmann, que en modo alguno el presente procedimiento sancionador ha vulnerado ninguna garantía procesal de la interesada, y mucho menos se le ha producido indefensión puesto que tal y como consta en el expediente fue la propia interesada la que desde el comienzo del procedimiento ha reconocido ser la propietaria y responsable de los hechos. Así, el procedimiento sancionador se inició contra su hijo D. Klaus Dieter Brossmann, por así constar éste como promotor de las obras en la denuncia de fecha 27 de noviembre de 2002 efectuada por el Agente de Medio Ambiente, habiéndose suspendido la obra al mismo con fecha 6 de febrero de 2003, y notificado el siguiente día 4 de abril de 2003, pero no se puede obviar que es Dña. Hannelore Brossmann la que realiza las alegaciones a la resolución de incoación reconociendo expresamente en las mismas que ella es la propietaria y responsable de los hechos, por lo que desde ese momento se dirige el procedimiento contra la misma declarándose la inexistencia de responsabilidad de D. Klaus Dieter Brossmann. Sentado lo anterior en ningún momento ha existido la pretendida indefensión de la señora Brossmann, así como tampoco ha existido incumplimiento de garantías procesales.
En cuanto a la cuantía de la sanción la misma se ajusta a derecho al encontrarse dentro de los baremos establecidos en el artículo 203.b) del TRLOTENC para las infracciones graves que establece una multa de 6.010,13 euros a 150.253,03 euros. Se ha tomado el valor de las obras por ser más beneficioso para la promotora en aras del principio de proporcionalidad pues de conformidad con el artículo 196 del TRLOTENC relativo a la graduación de las sanciones al no existir atenuantes ni agravantes se fijaría una multa consistente en la mitad de la escala correspondiente que en el presente caso ascendería a setenta y cinco mil euros aproximadamente. Asimismo y en cuanto a la valoración de las obras por el Servicio Técnico se ha de afirmar que en ningún caso la citada valoración es excesiva, la misma se ha llevado a cabo a través de la aplicación de criterios estrictamente objetivos con los que se elimina todo margen de posible discusión de forma que no se ha computado el valor del suelo sobre el que se ha levantado la edificación, el cálculo sólo contempla el coste de ejecución material excluyendo los gastos generales y el beneficio industrial que se añadiría si hubiésemos acudido al coste de ejecución por contrata, habiéndose aplicado además un coeficiente de reducción del 20% dado que en los baremos orientativos del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias se alude a un margen de variabilidad de un 20%. Sentado lo anterior queda claro que se obtiene una valoración que sin que quepa lugar a dudas se encuentra muy por debajo del valor de mercado de lo edificado.
Por último y en lo relativo a la aplicabilidad del artículo 179.2 del TRLOTENC respecto a dejar pendiente la orden de demolición hasta que recaiga la resolución del procedimiento de legalización se ha de decir que en este momento del procedimiento se ha de ordenar la demolición en atención al mandato establecido en el apartado 3º del artº.179 del mismo texto legal que establece la obligación de adoptar las medidas procedentes para el pleno restablecimiento del orden jurídico infringido.
IV
Los hechos anteriormente relacionados son constitutivos de infracción urbanística, tipificada en el artículo 202.3.b) del reiterado Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, calificada de grave en el mismo artículo y sancionada en el artículo 203.1.b) del mismo texto legal con multa de 6.010,13 euros a 150.253,03 euros en función de las circunstancias que concurran en el presente expediente, al carecer las obras objeto de este expediente de la autorizaciones pertinentes, calificación territorial y licencia municipal de obras.
V
De conformidad con el artículo 179 de dicho Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se procederá a la demolición de las obras objeto de este expediente y a reponer los terrenos al estado inmediatamente anterior a la infracción, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.
b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido denegada.
c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido el efecto y de la instrucción del procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.
VI
Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el Reglamento sobre procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
En su virtud,
R E S U E L V O:
Primero.- Imponer una multa de veinticuatro mil quinientos noventa y dos (24.592) euros a Dña. Hannelore Brossmann en calidad de promotora de las obras descritas en los antecedentes de la presente resolución, de conformidad con el artículo 189 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada mediante la demolición de las referidas obras y a tal efecto requerir a la interesada para que en el plazo de un mes presente en esta Agencia el correspondiente proyecto de demolición, como primer trámite de la ejecución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndole que de no cumplimentar el mencionado requerimiento, se procederá a la ejecución forzosa de la demolición, conforme al artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Tercero.- Advertir a la interesada que si repone los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción, tendrá derecho a una reducción de la multa en un setenta y cinco por ciento, de la que se haya impuesto o deba imponerse, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 182 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
Cuarto.- Notificar la presente Resolución a la interesada y al Ayuntamiento de Garafía.
El cumplimiento de las obligaciones económicas se hará efectivo en el tiempo y forma que se establezca en la notificación que le remitirá la Consejería de Hacienda a este fin, una vez sea firme la resolución en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 13 de agosto de 2002, por la que se da publicidad a la suscripción del Convenio entre la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno de Canarias y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para la prestación del servicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho público propios de la Agencia, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Política Territorial y Medio Ambiente, el cual podrá presentarse en las dependencias sitas en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, o en los registros previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, en el plazo de un mes desde la notificación de la presente resolución, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse."
Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 11 de agosto de 2004.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.
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