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BOC Nº 138. Lunes 19 de Julio de 2004 - 2297

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías

2297 - Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 6 de julio de 2004, que notifica la Orden del Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Manuel Muiño Vigo, frente a la Resolución del Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, de 21 de mayo de 2003, recaída en el expediente sancionador de referencia ES-SIETFE-006/03.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Resolución en el domicilio que figuraba en el expediente tramitado por la extinta Viceconsejería de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

1º) Notificar a la entidad Insugas, S.L., la Orden de 1 de abril de 2004 (libro 01, nº orden 82/04), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto por D. Manuel Muiño Vigo, frente a la Resolución dictada por el Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, de fecha 21 de mayo de 2003, recaída en el expediente sancionador de referencia ES-SIETFE-006/03.

2º) Remitir al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de julio de 2004.- El Secretario General Técnico, Ángel Alexis Montesdeoca García.

A N E X O

Orden del Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Manuel Muiño Vigo, frente a la Resolución del Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, de fecha 21 de mayo de 2003, recaída en el expediente sancionador de referencia ES-SIETFE-006/03.

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Manuel Muiño Vigo, frente a la Resolución dictada por el Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, de fecha 21 de mayo de 2003, recaída en el expediente sancionador de referencia ES-SIETFE-006/03, y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 11 de marzo de 2003, se recibió de la oficina municipal O.M.I.C. del Ayuntamiento de La Orotava, denuncia de Dña. María Isabel García Lorenzo respecto a la actividad de la empresa Insugas, S.L., llevada a cabo en su vivienda, por la revisión de la instalación de gas efectuada por la referida empresa el día 18 de febrero de 2003, por considerarla irregular. A esta reclamación se adjunta factura y presupuesto del servicio por la sustitución del regulador, dos válvulas de corte y una manguera flexible, además del certificado nº 31029 de revisión periódica de las instalaciones individuales de gas de la citada empresa, suscrito por D. Manuel Muiño Vigo, y el acta de comparecencia en la Policía Local del Ayuntamiento de La Orotava.

Segundo.- Con fecha 19 de marzo de 2003 el Jefe de Servicio de Instalaciones Energéticas dirige escrito a la denunciante en el que le comunica la apertura del expediente de referencia VGAS-03/092 iniciado por la presentación de su reclamación, el técnico encargado de su tramitación, la apertura del período de prueba para presentar las alegaciones oportunas y del plazo disponible por la Administración para resolver la reclamación.

Tercero.- Con fecha 20 de marzo de 2003 el técnico facultativo adscrito al Servicio de Instalaciones Energéticas, encargado de la tramitación del expediente de referencia, se persona en el domicilio de la denunciante procediendo a la inspección de las instalaciones de gas, comprobando los siguientes hechos reflejados en el acta de inspección levantada al efecto:

Examinados los elementos de la instalación de gas sustituidos por operarios de la empresa Insugas, S.L. que procedieron a la revisión de la instalación según la denunciante sin mediar previo requerimiento, pudo observarse que las dos válvulas de gas no presentaban deterioro alguno, que el tubo flexible no estaba caducado ni presentaba fuga, ni el regulador presentaba defectos de funcionamiento, por lo cual no se justificaba la sustitución de ninguno de estos elementos.

El certificado de revisión nº 31.029, firmado por el instalador de Insugas, S.L., D. Manuel Muiño Vigo especifica "no existe ningún defecto mayor ni menor ...". Sin embargo el funcionario actuante detectó que el local cocina no disponía de entrada directa o indirecta de aire reglamentaria, en incumplimiento de la prescripción técnica MI.IRG 05, punto 5.2.3.2.

Cuarto.- Con fecha 21 de marzo de 2003 el Jefe de Sección de Combustibles y otras Energías solicita información, mediante escrito dirigido vía fax a la Policía Local de La Orotava, acerca de los datos personales de los operarios de la empresa Insugas, S.L. que se identificaron respecto de las actuaciones practicadas con motivo de la denuncia de la Sra. García Lorenzo.

Quinto.- Con fecha 24 de marzo de 2003 se recibe de la Policía Local del Ayuntamiento de La Orotava la documentación solicitada por la que pudo comprobarse que fueron D. Jonathan Medina Prieto y D. Cecilio Luis Martín Pérez, empleados de la empresa Insugas, S.L., quienes revisaron la instalación de gas de la vivienda de la denunciante.

Sexto.- Con fecha 26 de marzo de 2003 el Servicio de Instalaciones Energéticas eleva informe propuesta al Director General de Industria y Energía sobre las actuaciones realizadas en el expediente VGAS-03/92 y las conclusiones derivadas de las mismas, que se señalan a continuación:

La autorización que habilita a la empresa Insugas, S.L., para ejercer la actividad de empresa instaladora de gas venció el diecisiete de febrero de 2003, sin que la misma haya sido renovada antes de su vencimiento.

Los empleados Sres. Medina Prieto y Martín Pérez, que realizaron la revisión de gas que nos ocupa, no figuran como instaladores de gas autorizados de la empresa de referencia ni inscritos como tales en el Registro de Instaladores de gas de la Dirección General de Industria y Energía, hecho constitutivo de infracción grave tipificada en el artº. 39.e) del Real Decreto 1.085/1992, de 11 de septiembre, en relación con el artículo 19 de dicha norma e instrucciones 7, 8.3, 9.5 y 2.1.3, del anexo B, de la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 17 de diciembre de 1985 sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles e instaladores autorizados de gas y empresas instaladoras.

El instalador D. Manuel Muiño Vigo que extendió el certificado de revisión nº 31029, no es la persona que efectuó materialmente dicha revisión, hecho que puede ser constitutivo de infracción grave por estar tipificado en el artículo 31.2.e) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, ya que la certificación no se ajusta a la realidad de los hechos, correspondiéndole una multa entre 3.005,07 y 90.151,82 euros. Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 40, apartado 2, letras c), h) e i) del Real Decreto 1.085/1992, de 11 de septiembre, este hecho es constitutivo de infracción grave, pues la certificación sobre la idoneidad de la instalación que contradice la realidad de los hechos constatados por el inspector actuante, no sólo supone un posible fraude o engaño al consumidor, sino que también comporta una grave negligencia que compromete o pone en riesgo la integridad o salud de las personas y seguridad de los bienes. Y en este sentido el artículo 16.3 del Reglamento de Instalaciones de gas antes citado, establece que los defectos menores deben ser comunicados al usuario por la entidad que realiza la revisión, con indicación de que en un plazo no superior a seis meses debe proceder a su corrección por medio de un instalador autorizado. Y con la actuación de la empresa instaladora la propietaria nunca se habría enterado de estos defectos, ni los hubiera podido subsanar, con lo cual con el paso del tiempo y el envejecimiento de las instalaciones y aparatos, el riesgo de accidente por explosión por acumulación de gases e intoxicación por inhalación de gases procedentes de la combustión se vería enormemente incrementado.

El hecho de sustituir elementos que no presentaban irregularidad alguna que hiciera necesaria sus sustitución puede constituir infracción administrativa grave, tipificada en el artículo 40.2.c) del Real Decreto 1.085/1992, de 11 de septiembre, ya que dichas sustituciones sirvieron de base o justificación para certificar la idoneidad de las instalaciones de gas, cuando mediante engaño se pretendió hacer creer al titular de la instalación que la misma presentaba defectos y que una vez corregidos con esta sustitución, ya estaba en perfectas condiciones de uso, cuando en realidad dichas piezas no presentaban defecto alguno que motivase dicha sustitución, y sin embargo, la instalación presentaba defectos de los que no fue informado el consumidor, hechos que pueden ser sancionados con una multa de 3.005,07 euros a 60.101,21 euros, según lo prevé el artº. 42.1.b) del Real Decreto 1.085/1992.

El hecho de que la revisión de la instalación de gas de la vivienda de la Sra. García se hiciera el 18 de febrero de 2003, cuando la vigencia de la autorización administrativa que habilita a la empresa Insugas, S.L., a ejercer la actividad de empresa instaladora de gas y subsiguiente inscripción en el registro de empresas instaladoras de gas venció el pasado 17 de febrero, haciendo asimismo dicha empresa caso omiso a la prescripción relativa a la renovación de la autorización caducada, necesaria para continuar en el ejercicio de su actividad, remitida el 13 de febrero de 2003, siendo recibido por esa empresa al día siguiente, día 14 de febrero del año en curso. Y este hecho es, asimismo, constitutivo de infracción grave al amparo de lo previsto en el precitado artículo 31.2, apartados b) y h) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, en relación con las instrucciones 6 y 9.1 del anexo B de la Orden de 17 de diciembre de 1985 y con el artículo 39.2.B).l1).o) y p), del Decreto 116/2001, de 14 de mayo, que aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica.

Séptimo.- A la vista de la documentación recogida en el expediente en cuestión, de los hechos informados por el Servicio de Instalaciones Energéticas y la propuesta elevada por el Director General de Industria y Energía de fecha 26 de marzo de 2003, el Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica acuerda de conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por acto resolutorio nº 185/03, de fecha 2 de abril de 2003, la iniciación de expediente sancionador a D. Manuel Muiño Vigo, instalador de gas IG II, autorizado con el nº 116 por la Comunidad Autónoma de Galicia, por el hecho de suscribir un certificado de revisión periódica nº 31029, con fecha 18 de febrero de 2003, correspondiente a la instalación de gas de la vivienda de la denunciante, Dña. María Isabel García Lorenzo, situada en calle El Pino, 126, La Perdoma, La Orotava, indicando que esta instalación no posee defectos mayores ni menores, cuando en realidad el expedientado no efectuó materialmente tal revisión, que fue realizada por otros Sres. que no gozan de tal condición de instaladores autorizados de gas, además de no ajustarse a la realidad según hechos reflejados en el acta de inspección.

En el mismo acto de incoación del expediente sancionador de referencia ES-SIETFE-006/03, se le comunica la determinación de la responsabilidad personal de los hechos, su calificación como infracción grave y multa correspondiente, conforme lo establece los artículos 31.2.e) y 34.1.b) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 40, apartados 2.c), h) e i) del Real Decreto 1.085/1992, de 11 de septiembre. Asimismo se le comunica en el mismo acto la consecuencia jurídica que prevé el artículo 42 del mismo Real Decreto en caso de determinarse la infracción grave, la adopción de la medida cautelar referente a la suspensión provisional de la actividad del instalador autorizado debidamente motivada, los efectos previstos en el artº. 8 del Real Decreto 1.398/1993 en caso de reconocimiento voluntario de la responsabilidad, terminando con la advertencia expresa de que el transcurso del plazo concedido para efectuar alegaciones sin obtención de respuesta, podría acarrear la consecuencia prevista en el artº. 13.2 del Real Decreto 1.398/1993, sobre la consideración del acuerdo de iniciación como propuesta de resolución.

La notificación de este acto resolutorio a D. Manuel Muiño Vigo tiene lugar con fecha 3 de abril de 2003, a través del secretario de instrucción del expediente que nos ocupa que realiza la entrega personal en la sede social de la empresa Insugas, S.L., a Dña. Begoña García García, empleada de la empresa donde trabajaba este señor que se encontraba ausente, comunicándose a la misma empleada la obligación legal de entregar al interesado la resolución nº 185/03, de referencia ES-SIETFE-006/03, entendiéndose efectuada la notificación desde ese momento, en que la referida empleada suscribe el escrito de notificación del citado acto resolutorio.

Octavo.- A1 no efectuarse alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo concedido al efecto, el acuerdo de iniciación de expediente sancionador se consideró propuesta de resolución al contener un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada al presunto responsable, al amparo de lo previsto en el Reglamento que regula el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas.

Noveno.- Con fecha 21 de mayo de 2003 el Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica resuelve sancionar al instalador D. Manuel Muiño Vigo, con una multa de 12.000 euros, por considerarse responsable de la comisión de la infracción administrativa, tipificada en el artículo 31.2.e) de la Ley de Industria, relativa a la emisión de un certificado de revisión de instalaciones de gas, que no se ajusta a la realidad de los hechos por no haber procedido personalmente a la revisión de dicha instalación, teniendo en cuenta los criterios de graduación de la cuantía previstos en la misma Ley de Industria.

La notificación de dicho acto resolutorio a D. Manuel Muiño Vigo se practicó en el mismo domicilio en el que fue notificado la resolución por la que se inició el expediente sancionador ES-SIETFE-006/03, recibiendo el citado acto resolutorio otra empleada de la empresa, Dña. Pilar Jorge, tal como consta en el acuse de recibo obrante en el expediente de referencia señalada.

Décimo.- Frente al acto resolutorio precedente, D. Manuel Muiño Vigo interpone recurso de alzada con fecha 13 de junio de 2003, en base a las siguientes alegaciones:

1º) Considera procedente la nulidad del acto resolutorio impugnado y la retroacción del expediente sancionador, al causarle indefensión por no notificarle personalmente la resolución de incoación del procedimiento sancionador, siendo la primera noticia de este expediente mediante la entrega personal de la copia de la resolución de fecha 21 de mayo de 2003, objeto del presente recurso. Por ello, manifiesta que la indefensión es evidente al verse imposibilitado de realizar alegaciones en su defensa, proponer pruebas, etc. A este respecto señala lo expresado por el Tribunal Supremo en su sentencia de fecha 20 de mayo de 1989 acerca de la finalidad de la notificación de los actos administrativos.

2º) En el expediente sancionador no se ha tenido en cuenta el principio de responsabilidad o autoría, previsto en el artículo 130 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dado que se alega en su fundamentación fáctica hechos relativos a la existencia o no de autorización de la empresa para la que trabaja el Sr. Muiño Vigo y que, no le deben afectar en lo más mínimo a éste ya que no son de su competencia ni responsabilidad.

3º) Que el órgano sancionador ha vulnerado el derecho de presunción de inocencia señalado en el artículo 137 de la misma Ley 30/1992, que asiste a los ciudadanos en los procedimientos sancionadores en los que sean inculpados al no aportar en el expediente los elementos de prueba adecuados para la correcta y completa determinación de los hechos y de las personas responsables de los mismos, limitándose a realizar una afirmación genérica de responsabilidad y culpabilidad con relación a unos hechos que no han sido cometidos por el imputado en la extensión y forma que se presume. En este sentido alega que sus ayudantes se limitaron a realizar el trabajo que le correspondía y el trámite de revisión y realización del boletín corrió a su cargo, personalmente, desconociendo si la empresa Insugas, S.L., cobró por dicha revisión y la cuantía de dicho trabajo, no siendo de sus competencias cobrar por el trabajo realizado a los clientes.

4º) Muestra su disconformidad con la manifestación recogida en el acta de inspección referente a que los elementos sustituidos no estaban deteriorados, añadiendo que es obligación de la empresa que realice las revisiones periódicas sustituir los reguladores y tubos flexibles que instaló en su momento Disa, así como las llaves de corte, etc., por incumplir la normativa actualmente vigente.

5º) Si fuera cierto que existiera algún tipo de irregularidad en la instalación, ello es responsabilidad de la empresa que haya realizado la instalación del gas en la vivienda puesto que esta parte se limitó a revisar una instalación que había sido instalada por otra empresa y a la que se le había dado el visto bueno con anterioridad a la fecha en que el Sr. Muiño Vigo realizara la revisión de la instalación. Por todo ello, considera que no queda acreditada la comisión de infracción alguna por esa parte.

6º) Que la sanción impuesta es contraria al principio de proporcionalidad previsto en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, al estimarla excesiva en función de la infracción que se le imputa, además de sostener la falta de responsabilidad en los hechos imputados.

Undécimo.- A los efectos de resolver el presente recurso de alzada deducido por D. Manuel Muiño Vigo, el Jefe de Servicio de Instalaciones Energéticas remite el expediente sancionador correspondiente, con el consiguiente informe técnico sobre las alegaciones formuladas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En relación a los requisitos de admisibilidad del presente recurso no hay que formular ningún pronunciamiento en contrario por cuanto el recurso de alzada se ha interpuesto dentro del plazo de un mes previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (en adelante, LRJ-PAC), la parte recurrente posee legitimación activa para promover el presente recurso y el órgano competente para su resolución es el Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, de acuerdo con el vigente Reglamento Orgánico y el artículo 12 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.

Segundo.- La Resolución objeto de impugnación tiene su fundamentación fáctica y jurídica en los hechos constitutivos de infracción de acuerdo con los preceptos específicos legales y reglamentarios señalados en el mismo acto resolutorio [artículo 31.2.e) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y artículo 40.2.c), h) e i) del Real Decreto 1.085/1992, de 11 de septiembre], hechos comprobados y reflejados por el funcionario actuante en el acta de inspección debidamente formalizada que goza de valor probatorio y presunción "iuris tantum" de certeza en relación con los hechos susceptibles de percepción directa por el inspector actuante, al amparo de lo previsto en el artículo 137.3 de la LRJ-PAC, en consonancia con lo declarado por una reiterada doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo que determina el alcance de dicha veracidad no sólo a los hechos objetivos percibidos directamente por el inspector, sino también a los inmediatamente deducibles de aquéllos o acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma (STS 24.6.91, RJ 1991\7578; STS 10.10.96, RJ 1996\7172; STS 24.9.96, RJ 1996\6795; STS 23.6.96, RJ 1996\6225; STS 6.3.98, RJ 1998\2310; STS 8.5.00, RJ 2000\4300).

Tercero.- El presente recurso de alzada no puede prosperar en base a los siguientes razonamientos:

1º) La revocación del acto resolutorio impugnado y retroacción de actuaciones, en base a la indefensión generada por la ausencia de notificación personal del acto resolutorio de incoación del expediente sancionador ES-SIETFE-006/03, es improcedente por los siguientes motivos:

- La notificación realizada a persona distinta del interesado es admisible en derecho y se presume válida cuando ésta se efectúa en los términos previstos en el artículo 59, apartado segundo, de la LRJ-PAC, que estipula que la notificación podrá practicarse en casos como el presente, en el cual el procedimiento no se ha iniciado a instancia del interesado y que en consecuencia no se ha podido constatar el domicilio particular del mismo, tal notificación podrá efectuarse "en cualquier lugar adecuado a tal fin y por cualquier medio conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo", y en este sentido la notificación se realizó a través de la entrega personal por parte del funcionario encargado de la tramitación del expediente en cuestión, en el domicilio social de la empresa donde se ubica el lugar de trabajo del destinatario del acto resolutorio notificado, haciéndose cargo de dicha notificación la empleada de la misma empresa, debidamente identificada, reflejándose en el escrito de notificación incorporado al expediente, la identidad de esta persona que suscribe el escrito y la fecha de recepción del acto administrativo notificado, de conformidad con lo prevenido en el precitado artículo 59 LRJ-PAC, apartados primero y segundo, disponiendo este último apartado, en su párrafo segundo lo siguiente: "Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad".

- En este sentido, y en contestación al alegato sobre la finalidad de la notificación de los actos administrativos, nos referimos a una doctrina jurisprudencial reiterada del Tribunal Supremo (recogida entre otras en las sentencias de fechas 23.3.87, RJ 1987\2076; 11.2.98, RJ 1998\1371; 25.2.98, RJ 1998\1408; 28.4.99, RJCA 1999\1083), que se pronuncia a favor de la validez de la notificación efectuada a persona distinta del destinatario, si ésta se rodea de las máximas garantías refiriéndose a los datos que deben reflejarse en el documento que acredite la recepción del acto administrativo expreso, esto es la identificación del receptor (nombre y apellidos, D.N.I., etc.), el cual debe reunir las condiciones generales de capacidad para asumir la obligación jurídica derivada de la recepción, la relación de éste con el destinatario o con la persona jurídica en cuya sede se efectúa la notificación, la razón de permanencia en aquel domicilio, y su aceptación o firma de esta obligación de entrega del acto notificado.

- A este respecto, el mismo Tribunal Supremo concluye que con estos mecanismos se persigue la finalidad de aquella participación de conocimiento que pretende la notificación de un acto administrativo, tal como se deriva del siguiente pronunciamiento judicial (STS 30.4.87, RJ 1987\2655; 4.11.88, RJ 1988\8658; 11.2.98, RJ 1998\1371): "Ciertamente todos los mecanismos y garantías con que las leyes procesales o procedimentales rodean los actos de comunicación entre el órgano ... y las partes ... (sean notificaciones, citaciones, emplazamientos, etc.) no tienen otra finalidad o razón de ser que la de asegurar que, en la realidad, se ha producido aquella participación de conocimiento, o que, en la ficción jurídica, se ha producido en determinadas circunstancias o no se ha producido. La entrega de una copia o traslado, la firma del receptor, su identidad, etc. No son más que signos materiales externos que, de alguna manera, revelan o presuponen una toma de conocimiento que, al ser consustancial al derecho de defensa, ha de verse rodeada de las máximas garantías".

- A la vista de lo expuesto, de la documentación acreditativa de la notificación efectuada en los términos expresados, en la cual se expresa asimismo el apercibimiento de la obligación legal del receptor identificado que firmó el acto de notificación, de hacer entrega de la copia del acto resolutorio notificado al destinatario del mismo, y teniendo presente que tal notificación se efectuó en el mismo domicilio en que tuvo lugar la notificación del acto resolutorio objeto de la presente vía de impugnación, encontrándose asimismo ausente el interesado, cuya recepción por esta parte es evidente, no es de aceptación el alegato de indefensión que funda en la simple manifestación de no haber recibido personalmente la notificación, lo cual no puede desvirtuar de ningún modo la validez de la notificación de la resolución de iniciación del expediente sancionador, como así lo reconoce el mismo Tribunal Supremo, en su sentencia de 28 de mayo de 1991 (RJ 1991\4297), en la que se manifiesta literalmente que "ha de estarse en materia de notificaciones a la recepción y no a la cognición", o en su sentencia de fecha 9 de mayo de 1986 (RJ 1986\4395), cuyo fundamento jurídico quinto reza del siguiente modo "Siendo esto así, el contenido del acuse de recibo hace fe mientras no se pruebe lo contrario, prueba ésta cuya carga corresponde al notificado. De manera que no le basta con negar que recibió la notificación ... sino que debe probarlo por cualquier medio de prueba ...".

- La parte recurrente arguye que el acto resolutorio impugnado es la primera noticia que tiene del expediente sancionador, y a este respecto, partiendo de la premisa de validez de la notificación efectuada con todos los formalismos establecidos, debemos presuponer que con la recepción del acto resolutorio de fecha 2 de abril de 2003, esa parte estaba al corriente de que la no presentación de alegaciones en el plazo concedido sería considerada como aceptación de los hechos imputados con los efectos previstos en el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, que prevé la posibilidad expresa de obviar la instrucción del expediente sancionador en cuestión pasándose a considerar el acuerdo de iniciación del expediente dictado por el órgano competente, propuesta de resolución, como así se le advertía de forma clara y expresa en el mismo acuerdo de incoación de expediente sancionador notificado con fecha 5 de abril de 2003. Por lo cual, una vez transcurrido el plazo concedido al efecto sin haberse formulado las alegaciones oportunas, se cumplió lo prevenido, en los términos expresados, debiéndose considerar legítima esta omisión de los trámites de instrucción y propuesta de resolución que hubiese podido emitir el órgano instructor como resultado de la instrucción realizada en el expediente, omisión en todo caso imputable al interesado por no proceder en los términos requeridos. Por consiguiente, tampoco procede considerar que se haya generado indefensión por tal motivo.

2º) Tampoco es cierto que en el expediente sancionador no se haya tenido en cuenta el principio de responsabilidad o autoría de los hechos, pues del análisis de los actos resolutorios obrantes en el expediente se deriva que la responsabilidad del instalador de gas Sr. Manuel Muiño Vigo fue considerada de forma expresa en el apartado "responsabilidad", señalándose a este instalador como autor material de los hechos imputados, de conformidad con lo previsto en el artículo 41.a) del Real Decreto 1.085/1992, de 11 de septiembre, y en el artículo 33 de la Ley 21/1992, por quedar acreditado en el expediente sancionador ES-SIETFE-006/03 que esta persona suscribió el certificado de revisión periódica nº 31029, extremo éste que no ha sido desvirtuado ni siquiera en vía del presente recurso.

Continuando en la misma línea y remitiéndonos al artículo 130 de la LRJ-PAC, invocado por esa parte, conviene reproducir el apartado primero del mismo precepto, que dispone acerca de la "responsabilidad" lo siguiente: "1. Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia." Y como ya se expresó en los actos resolutorios que fundamentan el presente expediente sancionador, a la parte recurrente se le imputa el hecho constitutivo de infracción grave tipificado en el artículo 31.2.e) de la misma Ley de Industria, que se refiere a la "expedición de certificados o informes cuyo contenido no se ajuste a la realidad de los hechos", extremo éste que ha podido comprobarse por el inspector actuante al detectar defectos menores en la instalación de gas, que contradice lo expresado en la certificación expedida por el instalador inculpado acerca de la idoneidad de la instalación en cuestión, haciendo creer al titular de la instalación que con las reparaciones efectuadas dicha instalación ha quedado en situación de aptitud para su funcionamiento, comprometiendo con esta simulación, por negligencia grave, la seguridad de los bienes y personas próximas a dicha instalación, hechos que asimismo se consideran constitutivos de infracción grave, en virtud de lo preceptuado en el artículo 40, apartados 2.c), h) e i) del Real Decreto 1.085/1992, normativa que prevé la responsabilidad presunta de los instaladores autorizados de gas con respecto a aquellas infracciones referidas a la instalación de gas, en su artículo 41, apartado a).

Por todo lo cual, y a la vista de lo constatado, no hay lugar a dudas sobre la responsabilidad directa de este instalador, como autor material de los hechos imputados, máxime cuando la parte recurrente, en la presente vía de impugnación ni siquiera se opone al hecho constatado por el inspector acerca de los defectos detectados en la instalación en cuestión, limitándose a dudar la veracidad de tal afirmación, tratando en todo caso de eximirse de dicha responsabilidad, trasladándola a otra entidad.

A mayor abundamiento y acerca de la determinación de la responsabilidad administrativa, conviene reproducir el pronunciamiento del Tribunal Supremo en la Sentencia de 27 de marzo de 1995 (RJ 1995\2071), sobre las situaciones en que se determina la responsabilidad personal del inculpado, expresándose del siguiente modo: "... por consiguiente en el ámbito de la responsabilidad administrativa no basta con que la conducta sea antijurídica y típica, sino que también es necesario que sea culpable, esto es, consecuencia de una acción u omisión imputable a su autor por malicia o imprudencia, negligencia o ignorancia inexcusable ...".

En relación al hecho señalado en los fundamentos fácticos del acto resolutorio de que la empresa para la que trabaja no dispone de autorización administrativa, debemos señalar que la mención de este fundamento fáctico no supone en modo alguno que se le esté imputando a esa parte ese hecho constitutivo de infracción como puede deducirse de la valoración jurídica efectuada en los actos resolutorios que conforman el expediente de referencia ES-SIETFE-006/03, al no imponérsele sanción alguna por tal motivo, debiéndose tal mención a la necesidad de reunir con una visión global todas las actuaciones practicadas por la empresa, pues se estimó que recoger sólo los hechos aislados pudiese imposibilitar una correcta comprensión por lo menos histórica, de los hechos imputados a esa parte en el expediente, máxime cuando este instalador de acuerdo con lo previsto en la Orden de 17 de diciembre de 1985, que establece la obligación de los instaladores de gas de actuar dentro de una empresa instaladora de gas, suscribió un certificado en el que se hace constar el sello de la empresa Insugas, S.L., utilizando en esa actuación el nombre de la empresa que precisamente en ese momento carecía de autorización para ejercer como empresa autorizada.

3º) Por los motivos expresados tampoco puede prosperar el tercer alegato en relación a la invocación de la presunción de inocencia, prevista en el artículo 137 de la LRJ-PAC en los siguientes términos "Los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario". Y a este respecto debemos reconocer que tal presunción ha quedado desvirtuada en el presente procedimiento, al obrar en el expediente los documentos suficientes acreditativos que demuestran la responsabilidad del inculpado por los hechos imputados. Dicha documentación, es la siguiente:

- Certificación de revisión periódica nº 31029 suscrita con fecha 18 de febrero de 2003 por el inculpado, en la que se certifica que no existen defectos mayores ni menores en la instalación.

- El acta de comparecencia de la misma fecha, 18 de febrero de 2003, que recoge las declaraciones de los dos operarios denunciados por la titular de la instalación ante la Policía Local del Ayuntamiento de La Orotava, que afirman haber procedido en esa fecha a la revisión de la instalación de gas, ofreciendo su versión de los hechos sobre las reparaciones efectuadas que constan de forma detallada en las facturas que obran en el expediente.

- El acta de inspección levantada por el funcionario actuante que efectuó la inspección de las instalaciones a instancia de la denunciante, destacando por un lado la existencia de defectos menores (la inexistencia de entrada directa o indirecta de aire reglamentaria, en la cocina), no considerados en la certificación expedida por el instalador inculpado, y la sustitución innecesaria por parte de los operarios denunciados, de los elementos analizados, es decir de las dos válvulas de gas por no presentar deterioro alguno, del tubo flexible por no estar caducado ni presentar fuga y del regulador por no presentar defectos de funcionamiento. Sobre este documento, debemos añadir que el mismo artículo 137 LRJ-PAC, en su apartado tercero, viene a invertir la carga de la prueba al presunto responsable, dado el valor probatorio que se le otorga a "los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes ... sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados". Y en el presente caso, la eficacia probatoria del acta de inspección señalada, no ha sido enervada mediante aportación de prueba en contrario por el instalador responsable.

4º) Con respecto a la disconformidad expresada por el recurrente con los hechos constatados por el funcionario que realizó la visita de inspección, nos reiteramos en lo expresado, acerca de que la veracidad de los hechos constatados sólo podría enervarse mediante aportación de prueba en contrario que rebatiese tales hechos, lo cual no se ha producido en ningún momento, debiendo conocer el interesado el derecho que le asiste a presentar las alegaciones y documentación pertinentes, no sólo durante el período concedido al efecto, sino además en cualquier momento que estimase oportuno durante la tramitación del expediente, es decir, desde que tuvo lugar la notificación efectiva del acuerdo de iniciación del expediente sancionador en el que se recogía un pronunciamiento claro y preciso sobre los fundamentos fácticos y jurídicos del expediente, el día 5 de abril de 2003, de conformidad con lo previsto en el artículo 79 del la LRJ-PAC, o incluso con ocasión de la interposición del presente recurso, en cuyo caso se hubiesen considerado en la resolución del mismo.

5º) Por último, y en relación a la invocación del principio de proporcionalidad de la sanción impuesta contemplado en el artº. 131 de la LRJ-PAC, que estima vulnerado, cabe oponer que como ya se expresó en los actos administrativos que fundamentan el expediente en cuestión, en este supuesto fueron tenidos en cuenta las circunstancias consideradas agravantes en el artículo 40, apartados 2.1) e i) del Real Decreto 1.085/1992, ya que se consideró que el hecho constitutivo de infracción grave de expedir una certificación sin ajustarse a la realidad de los hechos y que además no se efectuó personalmente por el que suscribe dicho certificado sobre la idoneidad de la instalación genera una situación de riesgo que compromete la seguridad de los bienes y personas expuestas a esta situación de peligro constatada. Además según se expresa en el informe emitido sobre el presente recurso existen antecedentes que obran en el Servicio de Instalaciones Energéticas adscrito a la Dirección General de Industria y Energía que acreditan la reincidencia de este tipo de actuaciones por parte del mismo instalador autorizado, en el sentido de emitir certificados de revisión de instalaciones de gas suscritas por él sin haber procedido personalmente a su revisión, hecho reconocido por él mismo instalador en una comparecencia ante la Policía Nacional.

VISTOS

La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (B.O.E. nº 76, de 23.7.92); el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189, de 9.8.93); el Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica (B.O.C. nº 64, 25.5.01) vigente de conformidad con lo previsto en la Disposición Transitoria Única del Decreto 178/2003, de 23 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica de las Consejerías de Presidencia y Justicia, y de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias; el Decreto 178/2003, de 23 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica de las Consejerías de Presidencia y Justicia, y de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº 143, de 24.7.03); el Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, modificado parcialmente por el Decreto 232/1998, de 18 de diciembre (B.O.C. nº 5, de 11.1.99); la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y demás normativa de aplicación general.

Por todo ello, en el ejercicio de las competencias que tengo atribuidas,

R E S U E L V E:

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Manuel Muiño Vigo, frente a la Resolución dictada por el Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, nº 292/03, de fecha 21 de mayo de 2003, recaída en el expediente sancionador de referencia ES-SIETFE-006/03, manteniendo la misma en todos sus términos.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga el domicilio el recurrente, a interponer en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente de su notificación, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, Luis Soria López.

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