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Por escrito de 3 de mayo de 2004, con registro de entrada en el Registro General del Servicio Canario el 12 de mayo de 2004, se comunica por D. José Alfaro Castillo, en representación del sindicato SITS-USO, D. Juan Méndez Martín, en representación del sindicato Intersindical Canaria, D. Jaime Halaby Ascaso, en representación del sindicato C.G.T., D. Mariano García Alvarado, en representación del sindicato CSI-CSIF y Dña. Elisa González Robles, en representación del sindicato S.A.E., el acuerdo de declarar huelga a partir del día 25 de mayo de 2004, con carácter indefinido, en horario de 19,00 a 19,10 horas, que afectará a todas las actividades laborales, funcionales y estatutarias desempeñadas por los trabajadores y trabajadoras de todas las categorías profesionales de los Servicios de Urgencias Extrahospitalarios dependientes del Servicio Canario de la Salud, Servicios Normales de Urgencias (S.N.U.) y Servicio Especial de Urgencias (S.E.U.), en el Área de Salud de Gran Canaria.
En reunión celebrada el 19 de mayo de 2004 con el Comité de Huelga, se manifiesta por la Administración la necesidad de determinación de los servicios mínimos, discrepando el Comité de Huelga con la propuesta de la Administración.
El Decreto 24/1987, de 13 de marzo, de establecimiento de los servicios mínimos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 32, de 16.3.87) c.e. B.O.C. nº 34, de 20.3.87), asigna a los titulares de las Consejerías del Gobierno de Canarias competencias para la determinación de los servicios mínimos que sean necesarios prestar en caso de huelga, así como el personal preciso para su desempeño, todo ello dentro del ámbito de sus departamentos. El citado Decreto establece que tendrán la consideración de servicios esenciales, entre otros, los referidos a recepción y registro de documentos, salud pública y asistencia sanitaria.
El artículo 28.2 de la Constitución Española reconoce "el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses", reservando a la Ley que regule el ejercicio de este derecho el establecimiento de "las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad", de donde se infiere que la huelga -suspensión colectiva y concertada en la prestación de trabajo por iniciativa de los trabajadores- no es un derecho absoluto sino limitado por el mantenimiento efectivo de los servicios esenciales de la Comunidad.
La ponderación de lo que es necesario o estricto ha de hacerse valorando la incidencia de la huelga en los bienes objeto de protección, y no haciendo abstracción de ellos para fijarse sólo en el número de las personas que convocan la huelga y los servicios que globalmente puedan prestar, pues no siempre han de guardar idéntica proporción sino que, como la experiencia ha demostrado, aun reduciéndose de manera escasa los servicios y las personas encargadas, la incidencia es grande en las personas receptoras -conservándose la suficiente capacidad de presión en que la huelga consiste-, dada la naturaleza de los bienes jurídicos afectados y las circunstancias notorias que concurren en la obtención de tales servicios esenciales, con la repercusión social que ello comporta.
Sostiene el Tribunal Supremo en sentencia de fecha 19 de enero de 1988 (RJ 1988\285) que cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la autoridad gubernativa está facultada para acordar las medidas necesarias en orden a asegurar, de forma tal que el ejercicio del derecho de huelga no menoscabe los intereses sociales, el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad, como límite del derecho de huelga que recoge el artículo 28.2 de la Constitución, debiendo de entenderse como tales servicios mínimos, los racionalmente necesarios para que la comunidad o cuerpo social pueda recibir las prestaciones vitales o esenciales para la misma, habiendo declarado el Tribunal Constitucional, en Sentencias de 8 de abril de 1981 (RTC 1981\11) y 24 de abril de 1986 (RTC 1986\51), que "el derecho de los trabajadores de defender sus intereses mediante la utilización de un instrumento de presión en el proceso de producción de bienes o servicios, cede cuando con ello se ocasiona, o se puede ocasionar, un mal más grave que el que los huelguistas experimentan si su reivindicación o pretensión no tuviere éxito", de donde se infiere que al tomarse las medidas de garantía para los ciudadanos, hay que conjugar el interés general y el de los trabajadores, de tal suerte que aquél no haga inane el derecho de éstos, ni el de los trabajadores, al ejercitarse, distorsione aquél de la comunidad.
La huelga convocada por las centrales sindicales Unión Sindical Obrera (SITS-USO), Intersindical Canaria (I.C.), Confederación General del Trabajo (C.G.T.), Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI-CSIF) y Sindicato de Auxiliares de Enfermería (S.A.E.) a partir del día 25 de mayo de 2004, con carácter indefinido, durante diez minutos diarios, en horario de 19,00 a 19,10 horas, respecto del personal que presta sus servicios en los Servicios de Urgencias Extrahospitalarias adscritos a la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria, indudablemente aconseja la adopción de unos mínimos asistenciales, dadas las concretas necesidades del servicio y la naturaleza de los derechos o bienes constitucionalmente protegidos sobre los que aquélla repercute.
Como se desprende de las sentencias del Tribunal Constitucional de 17 de julio de 1981 (RTC 1981\26) y de 5 de mayo de 1986 (RTC 1986\53), en la adopción de las medidas que garanticen el mantenimiento de los servicios esenciales, la autoridad gubernativa ha de ponderar la extensión territorial y personal, la duración prevista y las demás circunstancias concurrentes en la huelga, así como las concretas necesidades del servicio y la naturaleza de los derechos o bienes constitucionalmente protegidos sobre los que aquélla repercute.
Y, como tiene señalado el Tribunal Supremo en sentencia de fecha 9 de junio de 1989 (RJ 1989\4375), "no puede negarse que la repetición en períodos cortos de los paros multiplica los efectos perturbadores sobre los necesitados de asistencia."
En tal sentido, teniendo en cuenta que el trabajo se interrumpirá con carácter indefinido durante diez minutos diarios en un servicio asistencial de carácter esencialísimo e indispensable, se estima procedente fijar servicios mínimos que, respetando el derecho constitucional de huelga, no menoscaben la necesidad de continuar garantizando la asistencia sanitaria vital que se presta en los Servicios de Urgencias.
Los Servicios de Urgencia prestan una asistencia vital; su propia denominación conduce a plantearnos la situación clínica que requieren los pacientes que precisan la atención que en ellos se presta. La desatención o demora en la atención de cualquiera de los usuarios por estas unidades puede ocasionar lesiones irreversibles o tener un resultado fatal.
Expresa en tal sentido la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en su sentencia de 14 de mayo de 1986 (RJ 1986\2372), "existen una serie de servicios que no pueden verse afectados, en absoluto, por la huelga, como son los que se prestan en la Unidad Coronaria y en la de Cuidados Intensivos, al igual que ocurre con la Anestesia y la Reanimación, cuyo funcionamiento ha de mantenerse a toda costa, lo que también puede afirmarse en los servicios de urgencia (...)."
En cuanto a la necesidad de exteriorizar los hechos o criterios considerados para la fijación de los servicios mínimos, la propia jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional admite que, en determinados supuestos, excepcionalmente cabe que no se justifique la necesidad de mantener ciertos servicios esenciales por ser de general conocimiento, reduciéndose la necesidad de aportar datos o cifras adicionales que, aunque siempre convenientes, abundaría en algo ya de todos conocido (SSTC 51/1986, de 24 de abril y 43/1990, de 15 de marzo).
En tal sentido expresa la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en su sentencia de 7 de marzo de 1990 (RJ 1990\1891), "a falta de Ley Reguladora del derecho de huelga la necesidad de fundamentación es patente salvo en los casos singulares en que el carácter esencial de dichos servicios sea evidente por sí mismo; por ej. urgencias médicas, sanitarias o de orden público, etc. (...)."
Por su parte, expresa la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en sentencia de 25 de febrero de 2002 (RJCA 2002\680) que, "en ciertos casos de servicios vitales para la sociedad, como se indica por la sentencia del Tribunal Constitucional 43/1990, antes citada, de manera excepcional, cuando notoriamente resulta evidente la necesidad de su mantenimiento, la exigencia de justificación de su establecimiento disminuye, Çpues abundaría en algo de todos conocidoÈ. Tal sería el caso, a nuestro juicio, de ciertos servicios hospitalarios, como los de Guardia, Urgencias, UCI y Especialistas en alerta localizada (extracción y transplante de órganos)."
La preservación del derecho de la comunidad a la recepción de asistencia sanitaria de carácter urgente encuentra la justificación de "general conocimiento" a que hace mención la doctrina constitucional antes citada.
Como se ha expuesto con anterioridad, en reunión celebrada el 19 de mayo de 2004 con el Comité de Huelga, se manifiesta por la Administración la necesidad de determinación de los servicios mínimos, discrepando el Comité de Huelga con la propuesta de la Administración.
El Comité de Huelga manifiesta su disconformidad con los servicios mínimos propuestos por la Administración equivalentes al 100% de la plantilla para garantizar el 100% de la actividad, expresando que el horario previsto para la huelga coincide con la presencia en los Centros de personal del Equipo de Atención Primaria que puede asumir las urgencias, y que de hecho cuando se da dicha coincidencia durante permisos o cursos no se sustituye al personal del servicio de urgencias, asumiendo sus funciones el Equipo de Atención Primaria, proponiendo no establecer servicios mínimos.
Según manifiesta la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria, a la que están adscritas los Servicios de Urgencias Extrahospitalarias a que la huelga afecta, no es cierto que los Equipos de Atención Primaria asuman con carácter general las urgencias durante los permisos o cursos que realiza el personal de dichos servicios, salvo puntualmente por no disponibilidad de efectivos, dada la inviabilidad de dicha sustitución como consecuencia de la presión asistencial que sufren los Servicios de Urgencias y los tiempos de demora que existen para acceder a la cita previa en los Equipos de Atención Primaria.
Circunstancia que ocasionaría que, de adoptarse tal medida en el presente conflicto, incidieran los efectos perturbadores de los paros sobre los necesitados de asistencia sanitaria de atención primaria -asistencia diferenciada de la de carácter urgente por la propia Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias- repercutiendo los efectos de la huelga exclusivamente sobre un ámbito y una prestación asistencial diferente al sector en conflicto.
No obstante lo anterior, en aquellos servicios de doble equipo de Médicos y/o Enfermeros con el 100% de la plantilla disponible, teniendo en cuenta la duración prevista para los paros, manifiesta la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria que resultaría factible que el 50% de los efectivos de la respectiva categoría asumiera el 100% de la asistencia.
Por cuanto antecede, siendo preciso garantizar el derecho de la comunidad a las prestaciones esenciales en defensa de la salud y la vida, que prima sobre el derecho de huelga, y dado el carácter inaplazable o de imposible suspensión de la asistencia sanitaria que se presta en los Servicios de Urgencia, se considera preciso asegurar la atención al 100% de la demanda asistencial de tales Servicios, con el 100% de la plantilla, salvo en aquellos servicios de doble equipo de Médicos y/o Enfermeros con el 100% de la plantilla disponible, en los que teniendo en cuenta la duración prevista para los paros, resulta factible que el 50% de los efectivos de la respectiva categoría asuma el 100% de la asistencia.
Visto el artículo 2 del Decreto 24/1987, de 13 de marzo (B.O.C. nº 34, de 29.3.87), así como la propuesta de establecimiento de servicios mínimos de la Dirección del Servicio Canario de la Salud,
D I S P O N G O:
Fijar los servicios mínimos que han de prestarse por el personal que presta sus servicios en los Servicios de Urgencias Extrahospitalarias adscritos a la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria, durante la jornada de huelga convocada a partir del día 25 de mayo de 2004, con carácter indefinido, durante diez minutos diarios, en horario de 19,00 a 19,10 horas, en los siguientes términos, dado el carácter de la asistencia que practican:
- Con carácter general, el 100% de la plantilla para garantizar el 100% de la actividad.
- En aquellos servicios de doble equipo de Médicos y/o Enfermeros con el 100% de la plantilla disponible, el 50% de los efectivos de la respectiva categoría para garantizar el 100% de la actividad.
Por la Gerente de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria se determinará la relación nominal del personal sujeto a la prestación de los servicios mínimos, notificándoselo a los interesados por cualquier procedimiento que permita tener constancia de su recepción.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, o ante aquel en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, o de diez días, si se acudiera al procedimiento previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Potestativamente, para el supuesto de que se acudiera al procedimiento ordinario, podrá interponerse recurso de reposición ante este Consejero, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, significando que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recuso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de 2004.
LA CONSEJERA
DE SANIDAD,
María del Mar Julios Reyes.
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