Gobierno de Canarias

Comunidad Autónoma de Canarias

Boletín Oficial de Canarias

Estás en:

BOC Nº 090. Martes 11 de Mayo de 2004 - 1441

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Presidencia y Justicia

1441 - Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 27 de abril de 2004, relativo a notificación de Resolución, por la que se declara la caducidad del expediente sancionador incoado a D. Manuel Martínez Feijoo, por este Centro Directivo, por infracción a la normativa sobre el juego.- Expte. nº 34/2003.

Descargar en formato pdf

Habiendo sido intentada la notificación de la Resolución, por la que se declara la caducidad del expediente sancionador nº 34/2003, incoado por la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, a D. Manuel Martínez Feijoo, por infracción a la normativa sobre el juego, en el domicilio que figura en el citado expediente, sin que haya podido practicarse al interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), se procede a su publicación.

Resolución de la Directora General de Administración Territorial y Gobernación por la que se declara la caducidad del expediente sancionador nº 34/2003, incoado a D. Manuel Martínez Feijoo, por infracción a la normativa sobre el juego.

Examinado el expediente nº 34/2003 tramitado por la Sección de Instrucción de Expedientes Sancionadores de esta Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, incoado a D. Manuel Martínez Feijoo, por infringir la normativa sobre el juego.

Vista la propuesta del Jefe de Servicio de Gestión del Juego.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 22 de julio de 2003, por funcionario adscrito al Servicio de Inspección del Juego de esta Dirección General, fue levantada acta de infracción, dando cuenta de que, en el establecimiento Hamburguesería Lolymar, sito en Santa Cruz de Tenerife, calle La Rosa, 37, en el que se encuentra instalada y en funcionamiento la máquina recreativa con número de permiso TF-B-23296: "Una vez identificado el Inspector firmante se comprueba la documentación de la máquina y funcionamiento observando que el citado establecimiento carece de Libro de Reclamación, Libro de Inspección y del ejemplar del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, Decreto 162/2001, de 30 de julio, no teniendo nada más que manifestar el propietario".

2.- Con fecha 4 de agosto de 2003 tiene entrada en esta Dirección General (número reg. gral. 546113; VADP 17134) escrito de alegaciones al Acta de Infracción por D. Manuel Jesús Martínez Feijoo, en el que manifiesta: "Primero.- Que el que suscribe estaba en la convicción de que tenía plazo para solicitar el Libro de Reclamaciones hasta el 24 de agosto, es decir hasta el plazo del que dispongo para solicitar la autorización a la que se refiere el artº. 45 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar.

Segundo.- Ausencia de dolo. Es claro que en todo caso no existe ni está probada la existencia de dolo en la presunta infracción que se me imputa, por lo que en todo caso se debe atender a las circunstancias anteriores y posteriores y a la buena fe del que suscribe".

3.- Con fecha 20 de noviembre de 2003 se notifica al interesado, la Resolución nº 2841 del Director General de Administración Territorial y Gobernación, de 5 de septiembre de 2003, de inicio del expediente sancionador nº 34/2003, por presunta infracción a la normativa sobre el juego, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 227, al haberse intentado por dos veces la notificación en el domicilio del interesado, sin que haya podido practicarse en el mismo.

4.- Con fecha 9 de diciembre de 2003, por la Instructora del expediente se procedió a dictar Propuesta de Resolución, en la que propuso, que por el Viceconsejero de Administración Pública, se sancione a D. Manuel Martínez Feijoo, titular del establecimiento Hamburguesería Lolymar, con multa de 200 euros, por la comisión de los hechos descritos, constitutivos de dos infracciones leves, previstas en el artículo 28.a) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, esto es, por no conservar en el establecimiento los libros reglamentariamente exigibles, concretándose las mismas en no conservar en el local el Libro de Reclamaciones ni el ejemplar del vigente Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar exigidos.

5.- Con fecha 21 de enero de 2004 se remite para la firma, por la Directora General de Administración Territorial y Gobernación, Propuesta de Resolución del Viceconsejero de Administración Pública, del expediente sancionador de referencia, detectándose en el Servicio de Gestión del Juego que, con fecha 5 de marzo de 2004, el expediente incurre en caducidad al vencerse el plazo de seis meses previsto para notificar la resolución expresa, en virtud de lo establecido en el artº. 5.1 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos administrativos en la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.C. nº 102, de 19.8.94), por lo que se eleva, por el Jefe de Servicio de Gestión del Juego, propuesta de declaración de caducidad del presente expediente sancionador nº 34/2003, incoado a D. Manuel Martínez Feijoo.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El procedimiento sancionador seguido en la tramitación del expediente se ajusta a lo dispuesto en los artículos 70 y siguientes del Decreto 162/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar (B.O.C. nº 111, de 22 de agosto). Sin embargo estos artículos no establecen el plazo que tiene la Administración para dictar resolución expresa en estos procedimientos.

Segunda.- Por lo que concierne a este aspecto, procede la aplicación del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos administrativos en la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.C. nº 102, de 19.8.94), cuyo artículo 5.1 establece que, salvo disposición expresa en contrario, el plazo de resolución de los procedimientos iniciados de oficio no susceptibles de producir actos favorables a los ciudadanos será de seis meses en los procedimientos sancionadores.

Tercera.- Asimismo, el artículo 44 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), dispone que "En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:

... 2. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la declaración que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92".

Cuarta.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.2.F).c) del Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica (B.O.C. nº 64, de 25.5.01), la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación es competente para la incoación e instrucción en materia de casinos, juegos y apuestas.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,

R E S U E L V O:

Declarar la caducidad del procedimiento sancionador iniciado mediante acuerdo de fecha 5 de septiembre de 2003, en el expediente sancionador 34/2003, contra D. Manuel Martínez Feijoo, archivando las actuaciones practicadas con los efectos previstos en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

La presente declaración de caducidad se realiza sin perjuicio del derecho de esta Administración a iniciar nuevo expediente sancionador por la misma o distinta causa, si resultare procedente.

Contra la presente Resolución que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada, ante el Viceconsejero de Administración Pública, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse; debiendo notificarse la misma a D. Manuel Martínez Feijoo, como interesado en el procedimiento, y con domicilio a efecto de notificaciones en Santa Cruz de Tenerife, Hamburguesería Lolymar, calle La Rosa, 37.- Santa Cruz de Tenerife, a 23 de marzo de 2004.- La Directora General de Administración Territorial y Gobernación, p.s., el Viceconsejero de Administración Pública (Orden nº 63, de 16.3.04), Fernando A. Martín-Mönkemöller y Martín-Spilker.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de abril de 2004.- La Directora General de Administración Territorial y Gobernación, María Auxiliadora Pérez Díaz.

© Gobierno de Canarias