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D. José Ramón García Aragón, Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Puerto de la Cruz y su Partido.
HACE SABER: que este Juzgado de mi cargo se ha dictado sentencia, en los autos que luego se dirá cuyo encabezamiento y parte dispositiva tienen el siguiente tenor literal:
SENTENCIA. En Puerto de la Cruz, a 9 de enero de 2004, el Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de esta ciudad, D. José Ramón García Aragón, en los autos de juicio verbal de desahucio con nº 200/2003 promovido por la Procuradora Dña. Pilar González-Casanova Rodríguez en nombre y representación de Dña. Julia Hernández Abad Pérez contra D. José Larriva Fortea, citado por edictos.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Se interpuso demanda con fecha 26 de junio de 2003 por la Procuradora Dña. Pilar González-Casanova Rodríguez en nombre y representación de Dña. Julia Hernández-Abad Pérez de juicio verbal de desahucio por impago de rentas contra D. José Larriva Fortea como arrendatario, por el inmueble sito en la calle Nieves Ravelo, 1º, Edificio Plaza del Charco, apartamento 505, planta quinta de esta ciudad. Solicitando en el suplico de la demanda el desahucio por falta de pago así como la imposición de las costas al demandado.
Segundo.- Dándose traslado de los autos a la parte demandada y realizadas las diligencias de averiguación de domicilio resultan negativas por lo que se procede a su citación por edictos, conforme a los artículos 156.4 y 164 de la L.E. Civil.
Citándole para el acto del juicio el día 9 de febrero de 2004, no compareciendo a este acto y constando el apercibimiento de los perjuicios de esta incomparecencia, se solicita por la parte actora se dicte sentencia estimando su pretensión procediendo al desahucio por incomparecencia del demandado.
Tercero.- Que en la tramitación del presente procedimiento se han observado los preceptos legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La relación existente entre las partes en conflicto surge del contrato de arrendamiento que aporta la actora, rigiéndose por lo previsto en la Ley de Arrendamientos Urbano 1.994 para el arrendamiento para uso de vivienda, del que se deriva el conjunto de derechos y deberes exigibles a las partes: respecto del demandado estos extremos han quedado constatados de la documentación aportada por la parte actora consistente en el contrato de arrendamiento firmado por el demandado el 1 de julio de 2002 con la parte actora.
Segundo.- La L.A.U. en su artº. 17 prevé la obligación del pago de las rentas por el arrendatario y la consecuencia derivada de su incumplimiento sería la resolución del contrato (artº. 27.2 L.A.U.) con el consiguiente desahucio del inmueble.
Tercero.- El artº. 440.3 de la L.E. Civil prevé que en los casos de demanda de desahucio por impago de rentas se apercibirá al demandado que si no comparece al acto de la vista se declarará el desahucio sin más trámite. Así en la medida en que al demandado del presente caso se le reclaman rentas debidas por los meses de febrero a junio de 2003 en concepto de rentas y cantidades asimiladas derivados del contrato suscrito, cuya satisfacción constituye la principal obligación del arrendatario, y que fue apercibido en legal forma de los perjuicios de su incomparecencia al acto de la vista se procede a declarar el desahucio sin más.
Cuarto.- La aplicación de lo dispuesto en el artº. 394 L.E.C. respecto del criterio de vencimiento en costas, al darse en el presente caso una estimación íntegra de la demanda.
PARTE DISPOSITIVA.
Debo declarar y declaro la resolución del contrato de arrendamiento entre Dña. Julia Hernández-Abad Pérez como arrendadora y D. José Larriva Fortea, como arrendatario del inmueble sito en la calle Nieves Ravelo, 1, Edificio Plaza del Charco, apartamento 505, planta quinta, de esta ciudad, por falta de pago de las rentas con apercibimiento de que en caso de no proceder a su abandono se procederá al lanzamiento según los trámites previstos por la Ley, imponiendo las costas del proceso a la parte demandada.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Esta resolución no es firme y contra ella se puede interponer recurso de apelación en un plazo de cinco días a partir del día siguiente al de la notificación de la presente resolución.
Así lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior resolución por el Juez que la dictó estando celebrando audiencia pública el mismo día de su fecha. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado D. José de Larriva Fortea, expido y libro el presente.
En Puerto de la Cruz, a 20 de febrero de 2004.- La Secretaria Judicial.
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