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Las Directrices de Ordenación son definidas en el artículo 15.1 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (en adelante Texto Refundido), aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, como el instrumento de planeamiento propio del Gobierno de Canarias que integra la ordenación de los recursos naturales y del territorio.
La Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, establece, en las Directrices 5.2, 140.1.a) y 140.3 de Ordenación General, que forman parte de su anexo, la obligación de formular de forma inmediata, entre otras Directrices de Ordenación sectorial que desarrollen las de Ordenación General, las Directrices de Ordenación del Litoral, que deberán estar aprobadas en el plazo máximo de dos años a partir de la entrada en vigor de la citada Ley.
El procedimiento para tramitar las Directrices de Ordenación se encuentra establecido en el artículo 16 del Texto Refundido y en el Decreto 127/2001, de 5 de junio, por el que se regulan las Directrices de Ordenación.
La misma Ley, a través de las Directrices 5.3 y 57 de Ordenación General, establece los objetivos globales y específicos, respectivamente, que deben desarrollar las Directrices de Ordenación del Litoral.
Por su parte, el citado Decreto 127/2001 vino a concretar y desarrollar el procedimiento para la iniciación, formulación y tramitación de las mismas, estableciendo, en su artículo 6, el contenido del acuerdo del Consejo de Gobierno por el que deberá iniciarse dicho procedimiento.
Por todo ello, y a fin de dar cumplimiento al mandato legal de formulación de las Directrices de Ordenación del Litoral, procede adoptar el preceptivo acuerdo de iniciación, conforme a lo establecido en el artículo 6 del mencionado Decreto 127/2001.
Dadas las características de la ordenación a formular, y las determinaciones ya establecidas en las Directrices de Ordenación General y el Reglamento de Contenido Ambiental de los Instrumentos de Planeamiento, aprobado por Decreto 35/1995, de 24 de febrero, así como en los instrumentos de planeamiento insular y general en vigor, no se considera necesario, en este momento, adoptar medidas cautelares de suspensión, conforme a lo previsto en el artículo 14.6 del Texto Refundido.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 23 de marzo de 2004,
D I S P O N G O:
Primero.- Inicio.
Acordar el inicio del procedimiento para la elaboración de las Directrices de Ordenación del Litoral, que tendrán por ámbito todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, definido en el artículo 2 del Estatuto de Autonomía.
Segundo.- Objetivos y criterios.
a) Las Directrices de Ordenación del Litoral serán elaboradas como desarrollo de las Directrices de Ordenación General y conforme a las determinaciones, criterios y objetivos establecidos en las mismas y, en particular, en las Directrices 5 y 57.
b) Los objetivos de las Directrices de Ordenación del Litoral serán los siguientes:
b.1) Objetivos globales:
b.1.1) Estimular y favorecer la eficiente articulación e integración del archipiélago.
b.1.2) Promover su competitividad económica.
b.1.3) Fomentar la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, y específicamente en relación con el uso y disfrute del litoral.
b.1.4) Fortalecer la inserción de Canarias en los ámbitos de los que forma parte y la vinculación de sus actividades con el espacio europeo, con el ámbito americano, con el continente africano y, especialmente, con los restantes archipiélagos que componen la región macaronésica.
b.2) Objetivos específicos:
b.2.1) Disminuir la presión urbana e infraestructural sobre el litoral y establecer el marco ordenador adecuado para su regeneración, recuperación y acondicionamiento para el uso y disfrute públicos, como zona de valor natural y económico estratégico.
b.2.2) Articular las actuaciones tendentes a garantizar el desarrollo sostenible de Canarias, considerando el litoral, a estos efectos, como una de las partes más valiosas, sensibles y frágiles del territorio insular, sometida a una especial presión humana.
b.2.3) Coordinar las políticas y actuaciones públicas que tengan una afección sobre el litoral.
b.2.4) Establecer las líneas de actuación que faciliten la reconversión de las actividades económicas que tengan incidencia negativa sobre el litoral.
b.2.5) Definir los criterios básicos de ordenación y gestión del litoral, propiciando la conservación de la biodiversidad y el uso racional de los recursos naturales relacionados con el mismo, comenzando por el propio suelo, en forma compatible con un equilibrado desarrollo económico y social y teniendo en cuenta la integridad de los ecosistemas y la capacidad de renovación o sustitución alternativa.
b.2.6) Fijar los objetivos y estándares generales de las actuaciones y actividades con efectos relevantes sobre el litoral, de acuerdo con la legislación sectorial correspondiente.
b.2.7) Establecer estrategias de acción territorial para la definición del modelo territorial básico de Canarias y, en particular, para definir el papel del litoral dentro de dicho modelo.
c) Los criterios a desarrollar por las Directrices de Ordenación del Litoral serán los siguientes:
c.1) Tipificación de los elementos y procesos que caracterizan el litoral canario, y elaboración de una metodología para la identificación e inventario cartográfico de las diferentes zonas litorales, susceptible de ser incorporada a un sistema de información geográfica.
c.2) Delimitación del espacio litoral, definiendo las relaciones de la costa con el litoral, y valorándolas en función de los objetivos específicos que se plantean sobre presión urbana e infraestructuras y conservación de recursos.
c.3) Análisis de las condiciones económicas, ambientales y paisajísticas, referidas al medio físico y a las actividades humanas y la intensidad de las relaciones, estudiando con especial atención las longitudinales, que afectan directamente a la dinámica litoral y las transversales, con los aportes de materia sólida de los torrentes y barrancos a la línea costera. Entendimiento del paisaje litoral como símbolo identificable del lugar y como indicador ambiental, recurso económico e instrumento de ordenación.
c.4) Establecimiento de criterios para la delimitación de unidades litorales homogéneas por el planeamiento insular, tomando en cuenta su valor natural y papel económico estratégico y su entidad con vistas a su ordenación y gestión. Establecimiento de estrategias de intervención diferenciadamente adecuadas para cada tipo de tramo litoral.
c.5) Desarrollo de medidas de protección y ordenación de los recursos litorales y de las actividades, usos, construcciones e infraestructuras susceptibles de ser desarrolladas en el espacio litoral.
c.6) Formulación de determinaciones para el planeamiento territorial y el urbanístico para conservar inalteradas y libres de ocupación las formaciones orográficas singulares y los relieves definidores del paisaje en los territorios litorales.
c.7) Ordenación de recursos litorales, y en particular de los pesqueros, sobre bases científicas, económicas, biológicas y sociológicas, analizando nuevas zonas para el establecimiento de reservas marinas, así como condiciones del marisqueo, estableciendo medidas que contribuyan a la protección y recuperación de dichos recursos y servicios eficaces de vigilancia y control de la pesca y el marisqueo, y su comercialización. Definición de criterios para el ordenado ejercicio de la acuicultura y la minoración de los impactos potenciales de la actividad, programando la elaboración de mapas de uso, indicadores ambientales para analizar los efectos de los cultivos y capacidad de carga de las diferentes zonas.
c.8) Establecimiento de medidas instrumentales para disminuir la presión urbana e infraestructural en el litoral, tales como estándares para la nueva urbanización y los recursos litorales, fijación de cargas urbanísticas y de equipamiento litoral, señalamiento de operaciones de reforma interior tendentes a articular y descongestionar las agregaciones urbanas litorales, e incremento de los espacios libres y zonas verdes para equilibrar las sobrecargas actuales.
c.9) Establecimiento de medidas para mejorar el uso y disfrute públicos del espacio litoral mediante la protección, regeneración, recuperación y acondicionamiento de la costa, especialmente de la playa, así como medidas para la defensa y recuperación de los corredores de conexión entre la costa y el interior, especialmente los barrancos, y para la actuación sobre los paseos marítimos como espacios articuladores del frente litoral, y sobre los accesos a la costa como parte sustantiva del sistema de espacios libres y zonas verdes del espacio litoral.
c.10) Establecimiento de medidas dirigidas a la protección y ordenación de los recursos litorales, de carácter ambiental y paisajístico, buscando el equilibrio entre preservación, explotación y renovación de los recursos litorales, evaluando directamente los recursos tangibles e indirectamente los intangibles, a través de indicadores, para estimar su evolución y prevenir posibles riesgos.
c.11) Definición de las condiciones de ordenación para nuevos desarrollos, a través de cuadros de buenas prácticas que permitan resolver los conflictos en curso a través del planeamiento insular y del planeamiento territorial que lo desarrolle.
c.12) Determinación de eventuales excepciones para la implantación de nuevas infraestructuras o clasificación de nuevos sectores de suelo urbanizable en la zona de influencia del litoral.
c.13) Definición de un programa sistemático para disponer de los soportes, datos y estudios precisos para la adecuada ordenación de los recursos y los usos del litoral, cartografía batimétrica y temática, en especial biológica, estudios del medio marino y sus recursos, y en particular: estudios de los sebadales y de la recesión de fondos rocosos con cobertura de algas, así como estudios de dinámica litoral y de corrientes marinas locales.
c.14) Elaboración de una metodología para articular un sistema de indicadores para el seguimiento de la ordenación y gestión del litoral y del cumplimiento y desarrollo de las determinaciones y actuaciones establecidas en las Directrices de Ordenación.
Tercero.- Formulación y tramitación.
a) Las Directrices de Ordenación del Litoral serán formuladas por el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
b) La tramitación del procedimiento de formulación de las Directrices corresponderá al Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, al tratarse de una materia que afecta a las competencias de varias Consejerías, en aplicación del artículo 7.2.b) del Decreto 127/2001, de 5 de junio.
Cuarto.- Plazos de elaboración y tramitación.
El plazo para la formulación y tramitación de las Directrices de Ordenación del Litoral viene condicionado por la fecha límite del 16 de abril de 2005 establecida para la aprobación provisional en la Directriz 140.3 de Ordenación General, lo que determina los siguientes plazos para la formulación y tramitación:
a) Redacción del avance en un plazo de cuatro meses, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente Decreto en el Boletín Oficial de Canarias. Deberá someterse al trámite de participación ciudadana con anterioridad al 15 de agosto de 2004.
b) Participación ciudadana y simultánea consulta a las Administraciones Públicas afectadas, por plazo de un mes.
c) Redacción del documento para aprobación inicial en un plazo de cuatro meses. Deberá aprobarse inicialmente con anterioridad al 15 de enero de 2005.
d) Información pública y simultánea consulta a las Administraciones afectadas, por plazo de un mes.
e) Redacción del texto final provisional, informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias y aprobación provisional, que deberá producirse con anterioridad al 16 de abril de 2005, con remisión al Parlamento, para su debate como programa.
f) Elaboración del texto final, informes preceptivos y elevación al Parlamento como Proyecto de Ley de artículo único, en el plazo de tres meses a partir de la comunicación de las resoluciones parlamentarias.
Quinto.- Participación e informes.
a) Durante las fases de redacción, tanto del avance de Directrices como del documento para aprobación inicial, se realizarán contactos, en la forma más amplia posible, con Administraciones Públicas, instituciones y organizaciones sociales, mediante mesas de trabajo, a fin de ir considerando y, en su caso, incorporando diferentes visiones de la materia objeto de la ordenación.
b) Durante la tramitación, se recabarán los informes establecidos por la legislación sectorial, y en ejercicio de la cooperación interadministrativa regulada en el artículo 11 del Texto Refundido, los cuales deberán obrar en el expediente en el momento exigido por la legislación sectorial aplicable y, en todo caso, con carácter previo al informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias al que se refiere el apartado cuarto del artículo 16 del Texto Refundido.
c) Se recabarán igualmente cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad del texto, según dispone el artículo 24.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
d) En todo caso, deberán requerirse los siguientes informes:
d.1) Las Consejerías del Gobierno de Canarias competentes en materia de agricultura, ganadería, pesca, cultura, deportes, economía, hacienda, empleo, asuntos sociales, industria, nuevas tecnologías, infraestructuras, sanidad y turismo.
d.2) La totalidad de los Cabildos Insulares.
d.3) La asociación de municipios más representativa de Canarias.
d.4) Los Ministerios competentes en materia de costas, infraestructuras y medio ambiente, así como las Autoridades Portuarias canarias.
e) Se recabará la participación expresa, al menos mediante el trámite de audiencia tanto en las fases de avance como de documento aprobado inicialmente, de las universidades canarias, de las organizaciones ambientalistas, de las principales organizaciones empresariales, de los sindicatos, de las principales asociaciones y cofradías pesqueras, de las Cámaras de Comercio, de los Colegios profesionales más vinculados a la materia objeto de ordenación, de las federaciones y asociaciones deportivas náuticas y de cualquier otra organización o institución con conocimientos específicos sobre la materia o cuyos intereses se pudieran ver afectados, todo ello sin perjuicio del cumplimiento del artículo 8 del Texto Refundido, en lo referido a la participación ciudadana.
Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 23 de marzo de 2004.
EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Adán Martín Menis.
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,
Augusto Lorenzo Tejera.
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