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BOC Nº 051. Lunes 15 de Marzo de 2004 - 714

IV. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Gran Canaria

714 - ANUNCIO de 19 de febrero de 2004, relativo a notificación de la Resolución de 19 de septiembre de 2003, a D. Armando Zerpa Suárez.

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A medio del presente, y de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la vigente Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, se procede a la notificación a D. Armando Zerpa Suárez de la Resolución nº 52/2003, de 19 de septiembre, que a continuación se transcribe, toda vez que, habiendo intentado con carácter previo la notificación en el domicilio que consta en esta Administración, ésta no ha sido posible:

"DECRETO

En uso de las facultades que me confiere el artículo 34.1.o) de la vigente Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con lo dispuesto en los Decretos Territoriales 157/1994, de 21 de julio, y 112/2002, de 9 de agosto, de Transferencia de Funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de carreteras, y

Resultando I: que con fecha 8 de noviembre de 2002, se denuncia por los equipos de explotación de carreteras de esta Corporación, la instalación de una puerta ciega de 3.33 metros de ancho por 1.94 metros de alto, a la distancia de 1.60 metros del borde de la calzada, en la vía GC-604, punto kilométrico 13 + 700, margen izquierdo, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, resultando como responsable D. Amado Zerpa Suárez.

Resultando II: que, consecuentemente con lo anterior, se requirió al interesado con fecha 10 de abril de 2003 (notificado el 14 de mayo de 2003) para que paralizara inmediatamente las obras, así como para que procediera, en un plazo no superior a un (1) día, a la restitución de la cuneta a su estado original, debiendo a su vez, proceder a la supresión del acceso, en un plazo no superior a quince (15) días, otorgándole, finalmente, el plazo de diez (10) días para formular alegaciones.

Resultando III: que transcurrido el plazo señalado anteriormente no consta que se hayan presentado alegaciones, y que, con fecha 30 de julio de 2003, por los equipos de explotación de carreteras de la Corporación se informa que no se ha ejecutado lo requerido.

Considerando I: que el artículo 35 de la Ley Territorial 9/1991, de Carreteras de Canarias, establece que "Sobre las zonas de dominio público, de servidumbre o de afección, el titular de la carretera dispondrá la inmediata paralización de las obras y la suspensión de los usos no autorizados o que no se ajusten a las condiciones establecidas en la autorización, adoptando una de las resoluciones siguientes: A) Cuando las obras o usos no sean legalizables, en el plazo de 15 días, si no lo hubiese hecho el infractor, el titular de la vía procederá a reponer al estado primitivo las zonas afectadas a costa de aquél. ... B) Cuando fueren legalizables, a instancia del infractor, procederá a instruir en el plazo de 15 días el oportuno expediente para la eventual legalización de las obras o instalaciones autorizadas o de los usos que se adapten a la normativa aplicable".

Considerando II: que el artículo 36.1 de la referida Ley 9/1991, de Carreteras de Canarias, establece: "El titular de una carretera podrá regular los puntos de acceso a ella, limitándolos con carácter obligatorio a los lugares en que resulten más convenientes en atención a la seguridad y comodidad de la circulación", y que el artículo 70.2 del Decreto Territorial 131/1995, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Canarias, prevé: "Cualquier acceso distinto de los previstos, o cualquier modificación de ellos, habrá de ser objeto de estudio independiente para su autorización o denegación".

Asimismo, el artículo 74.2 del meritado Reglamento de Carreteras de Canarias, prevé: "El titular de la vía suprimirá inmediatamente todo acceso construido sin autorización, con gastos a cargo de quienes indebidamente lo utilicen, tramitándose el oportuno expediente por infracción a la Ley 9/1991, de Carreteras de Canarias."

Considerando III: que corresponde a esta Corporación insular el restablecimiento de la legalidad conculcada y el mantenimiento de la vía en adecuadas condiciones de uso, y que según el artículo 98 de la Ley 30/1992: "1. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. 2. En este caso, las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a través de las personas que determinen, a costa del obligado. 3. El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior".

D I S P O N G O:

Primero.- Proceder, por parte de esta Corporación, al cierre del acceso y restitución de la cuneta a su estado original, en la vía GC-604, punto kilométrico 13 + 700, margen izquierdo, término municipal de San Bartolomé de Tirajana.

Segundo.- Dar traslado de la presente Resolución al Servicio Técnico de Obras Públicas a los efectos de su ejecución, así como notificar la presente resolución a D. Amado Zerpa Suárez, de conformidad con las previsiones legales.

Tercero.- Una vez llevada a efecto la ejecución subsidiaria, realizar los trámites administrativos conducentes al abono de los gastos por el responsable."

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de febrero de 2004.- El Presidente, p.d., el Consejero de Obras Públicas e Infraestructuras (Decreto nº 11, de 20.6.03), Miguel Jorge Blanco.

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