BOC - 2003/246. Jueves 18 de Diciembre de 2003 - 4765

IV. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Tenerife

4765 - ANUNCIO de 9 de diciembre de 2003, relativo a notificación de resolución del recurso de alzada planteado en el expediente nº TF-40397-O-01 de transportes.

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Providencia de 9 de diciembre de 2003, del Jefe de Servicio de Carreteras y Transportes del Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio de recurso de alzada planteado en expediente sancionador de transportes nº TF-40397-O-01.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al recurrente que se cita el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40397-O-01.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día de la publicación del presente Decreto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

La Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular, con fecha 21 de noviembre de 2002, ha dictado, entre otros el siguiente Decreto:

"Visto escrito presentado por D. Ignacio Cazalilla Pancorbo, en nombre y representación de la entidad mercantil Cargosur Canarias, S.L., por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada por el Sr. Consejero Insular del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes de fecha 26 de abril de 2002 recaída en el expediente de referencia, y,

Resultando: que con fecha y hora 23 de febrero de 2001, 10,05 por la Guardia Civil de Tráfico se formuló denuncia contra el vehículo matrícula TF-6677-BU, del que es titular Cargosur Canarias, S.L. por circular transportando paquetería desde Polígono El Mayorazgo hasta distintos puntos de Santa Cruz y La Laguna, careciendo de tarjeta de transportes.- Furgoneta porta a ambos lados el logotipo de "Cargo Sun Canarias".

Resultando: que el día 25 de febrero de 2002, se notificó al interesado la citada denuncia y la incoación del expediente sancionador nº TF-40397-O-2001.

Resultando: que por el expedientado se presentó escrito de descargo alegando lo que entendió conducente a la defensa de sus intereses, en síntesis, el artº. 138 de la LOTT y el artº. 193 del ROTT, disponen que la responsabilidad administrativa por infracciones a sus normas reguladoras corresponde a la persona física o jurídicas titulares de la concesión o autorización administrativa, consecuentemente con ello, y siendo que el vehículo denunciado no es ni ha sido nunca de la mercantil denunciada, ruegan revisen el mismo e impongan la sanción al verdadero responsable.

Resultando: que por el Consejero del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha 26 de abril de 2002, que venía a sancionar a Cargosur Canarias, S.L. con multa que ascendía a 300,51 euros, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artículos 90 y 140.a), en relación con el artº. 141.o) Ley 16/1987, de 30.7, artículos 41 y 197.a), en relación con el artº. 198.p) Real Decreto 1.211/1990, de 28.9 (B.O.E. de 8.10.90) y en base al artículo 143 de la Ley 16/1987 y artículo 201 Real Decreto 1.211/1990.

Notificándose dicha Resolución en fecha 10 de julio de 2002.

Resultando: que con fecha 22 de julio de 2002, D. Ignacio Cazalilla Pancorbo, en nombre y representación de Cargosur Canarias, S.L. interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta reiterándose en lo ya expuesto en el pliego de alegaciones aportado anteriormente.

Considerando: que el presente recurso observa los requisitos de índole objetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como capacitación, legitimación suficiente, e interposición en plazo.

Considerando: que el artículo 1 del Decreto 53/1999, de 8 de abril, sobre otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones de transporte terrestre, en vigor en la fecha de la denuncia, prevé la obligación de contar con una autorización administrativa a cada vehículo que se dedique a los transportes referidos, obligación que viene confirmada por los artículos 90.1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y 41.1 y 109.1 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, para el supuesto de los transportes públicos discrecionales de mercancías o viajeros; constituyendo su incumplimiento, en el supuesto de un servicio de transporte público de mercancías realizado en vehículo ligero, una infracción grave a la normativa de transportes, debidamente tipificada en los artículos 140.a), en relación con el 141.o) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y 197.a), en relación con el 198.p) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Considerando: del análisis de los elementos probatorios consignados en el expediente sancionador que examinamos, queda suficientemente acreditado que el vehículo TF-6677-BU realizaba en el momento de ser denunciado un servicio público de mercancías en vehículo ligero, careciendo de autorización administrativa de transportes (M.D.L.) y sin acreditar la reunión de los requisitos reglamentarios para el otorgamiento de la misma, habiendo incurrido la entidad expedientada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.1.b) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en responsabilidad administrativa, sin que lo alegado o aportado por la entidad recurrente haya desacreditado la presunción de veracidad "iuris tantum" de los hechos infractores consignados en el boletín de denuncia (artículos 137.3 y 46.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), formulado por agente de la Guardia Civil, Agrupación de Tráfico, que, de conformidad con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres prestan la cooperación necesaria a los miembros de la inspección de transporte terrestre para un eficaz cumplimiento de sus funciones.

Considerando: teniendo en cuenta que, según lo dispuesto en el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: "Sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aún a título de simple inobservancia". Y, concretamente, en referencia al régimen sancionador del transporte por carretera, el artículo 130.1.b) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres: "La responsabilidad administrativa por las infracciones de las normas reguladoras de los transportes y actividades auxiliares del mismo, regulados en esta Ley, corresponderá en las infracciones cometidas con ocasión de transportes o actividades realizados sin la cobertura del correspondiente título administrativo, a la persona física o jurídica titular de la actividad, o propietario del vehículo", y dado que, independientemente de que no constara como titular del vehículo en la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife, la responsable de la organización del transporte denunciado es la entidad mercantil expedientada, de conformidad con lo consignado en la denuncia y en las alegaciones de D. Miguel Ángel Domínguez Muñiz; y a tenor de lo dispuesto en el artículo 193.b) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres: "A los efectos previstos en el apartado b) del artículo 138.1 de la L.O.T.T. se considera titular del transporte o actividad clandestina de que se trate a la persona física o jurídica que materialmente la lleve a cabo en nombre propio, que realice su organización, o asuma la correspondiente responsabilidad empresarial, así como a todo aquel que no siendo personal asalariado o dependiente colabore en la realización de dicho transporte o actividad", añadiendo el artículo 194.1 del mismo Reglamento "La responsabilidad administrativa se exigirá a las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 138.1 de la L.O.T.T., independientemente de que las acciones u omisiones de que dicha responsabilidad derive hayan sido materialmente realizadas por ellas o por el personal de su Empresa, sin perjuicio de que puedan deducir las acciones que a su juicio resulten procedentes contra las personas a las que sean materialmente imputables las infracciones, y repercutir, en su caso, sobre las mismas dicha responsabilidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 138 de la L.O.T.T."

Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Ignacio Cazalilla Pancorbo, en nombre y representación de la entidad mercantil Cargosur Canarias, S.L. confirmando la Resolución del Consejero Insular del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes, de fecha 26 de abril de 2002, que determinó la imposición de una sanción de trescientos euros y cincuenta y un céntimos (300,51 euros) manteniéndose, en consecuencia, en todos sus pronunciamientos.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo."

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de diciembre de 2003.- El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Campos Albarrán.



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