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BOC Nº 246. Jueves 18 de Diciembre de 2003 - 4768

IV. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Tenerife

4768 - ANUNCIO de 9 de diciembre de 2003, relativo a notificación de resolución del recurso de alzada planteado en el expediente nº TF-41068-O-02 de transportes.

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Providencia de 9 de diciembre de 2003, del Jefe de Servicio de Carreteras y Transportes del Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio de recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-41068-O-02.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al recurrente que se cita el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-41068-O-02.

La cuantía de la sanción deberá ser ingresada en la cuenta corriente de CajaCanarias nº 2065 0000 01 1114005082, haciendo constar en el documento de ingreso el número de expediente sancionador y presentando copia justificativa del mismo en el Área de Transportes de esta Corporación, personalmente o por correo. Por ello dispondrá de un plazo, en el supuesto de recibir la notificación de la presente resolución entre los días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive, hasta el día 5 del mes siguiente. Caso de recibirla entre los días 16 y último de cada mes, ambos inclusive, dispondrá hasta el día 20 del mes siguiente. Si vencidos los plazos de ingreso no se hubiere satisfecho la deuda, se procederá a su cobro por la vía administrativa de apremio con el recargo correspondiente al 20% del débito.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día de la publicación del presente Decreto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

La Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular, con fecha 20 de junio de 2003, ha dictado, entre otros el siguiente Decreto:

"Visto escrito presentado por D. Ricardo Antonio Vargas Fernández, por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada por el Sr. Consejero Insular del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes de fecha 15 de abril de 2003 recaída en el expediente de referencia, y,

Resultando: que con fecha y hora 12 de abril de 2002, 12,50 por la Guardia Civil de Tráfico se formuló denuncia contra el vehículo matrícula TF-4013-BJ, del que es titular D. Ricardo Antonio Vargas Fernández por circular desde Añaza hasta La Laguna transportando camisetas, pantalones, blusas, sábanas y mantas para la venta en comercio que tiene su esposa, careciendo de autorización administrativa.

Resultando: que el día 14 de marzo de 2003, se publicó la resolución de incoación del expediente sancionador nº TF-41068-O-2002 en el Boletín Oficial de Canarias nº 2003/051.

Resultando: que por el expedientado no se presentó descargo alguno en defensa de sus intereses.

Resultando: que por el Consejero del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha 15 de abril de 2003, que venía a sancionar a D. Ricardo Antonio Vargas Fernández con multa que ascendía a 150,00 euros, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artículos 103 y 141.b), en relación con el artº. 142.m) Ley 16/1987, artículos 158 y 198.b), en relación con el artº. 199.ñ) Real Decreto 1.211/1990, Decreto 6/2002, y en base al artículo 143 de la Ley 16/1987 y artículo 201 Real Decreto 1.211/1990.

Resultando: que con fecha 15 de mayo de 2003, D. Ricardo Antonio Vargas Fernández interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que aportando, como fundamento a sus argumentaciones copias cotejadas de la siguiente documentación: de permiso de circulación y ficha de características técnicas del vehículo denunciado, en donde consta una reforma de febrero de 2003 acreditando una disminución de la masa máxima autorizada a 1.995 kilogramos.

Considerando: que el presente recurso observa los requisitos de índole objetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como capacitación, legitimación suficiente, e interposición en plazo.

Considerando: que el artículo 1 del Decreto 6/2002, de 28 de enero, sobre otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones de transporte público y privado complementario de viajeros y mercancías, en vigor en la fecha de la denuncia, prevé la obligación de contar con una autorización administrativa a cada vehículo que se dedique a los transportes referidos, obligación que viene confirmada por los artículos 103.1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y 41.1 y 158 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, para el supuesto de los transportes privados complementarios de mercancías en vehículos ligeros, constituyendo su incumplimiento, en el supuesto de vehículo ligero, una infracción leve a la normativa de transportes, debidamente tipificada en el artículo 141.b), en relación con el 142.m) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y 198.b), en relación con el 199.ñ) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Considerando: del análisis de los elementos probatorios consignados en el expediente sancionador que examinamos, queda suficientemente acreditado que el vehículo TF-4013-BJ realizaba en el momento de ser denunciado un transporte privado complementario de mercancías sin autorización de transportes y sin acreditar la reunión del conjunto de los requisitos reglamentarios para el otorgamiento de la misma, habiendo incurrido la entidad expedientada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.1.b) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en responsabilidad administrativa, sin que lo alegado o aportado por la entidad recurrente haya desacreditado la presunción de veracidad "iuris tantum" de los hechos infractores consignados en el boletín de denuncia (artículos 137.3 y 46.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), formulado por Agente de la Guardia Civil, Agrupación de Tráfico, que, de conformidad con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, prestan la cooperación necesaria a los miembros de la inspección de transporte terrestre para un eficaz cumplimiento de sus funciones, habida cuenta que el artículo 103.1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, dispone que la realización de los transportes privados complementarios de mercancías o de viajeros, requerirá la previa autorización de la Administración, salvo en aquellos supuestos que, en razón del reducido número de plazas o capacidad de carga de los correspondientes vehículos, reglamentariamente se exceptúen; estableciendo el artículo 41.2.c) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, la excepción a la necesidad de obtención de título habilitante a los transportes públicos o privados complementarios de mercancías realizados en vehículos de hasta dos toneladas métricas de peso máximo autorizado inclusive; pronunciándose en idéntico sentido el artículo 3.c) del Decreto 6/2002, de 28 de enero, sobre otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones de transporte público y privado complementario de viajeros y mercancías y a la vista de los documentos aportados por la entidad interesada en anexo al escrito de recurso interpuesto concretamente en la Ficha Técnica del vehículo denunciado consta como reforma la reducción del Peso Máximo Autorizado del mismo a 1.995 kilogramos en febrero de 2003, en fecha posterior a la denuncia; en consecuencia, no habiendo sido destruida por el referido hecho la presunción de veracidad de los hechos consignados en el boletín de denuncia suscrito por Agente de la Guardia Civil de Tráfico, procede confirmar la resolución sancionadora impugnada, dado su conformidad a Derecho.

Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Ricardo Antonio Vargas Fernández confirmando la Resolución del Consejero Insular del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes, de fecha 15 de abril de 2003, que determinó la imposición de una sanción de ciento cincuenta (150,00) euros manteniéndose, en consecuencia, en todos sus pronunciamientos.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo."

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de diciembre de 2003.- El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Campos Albarrán.

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