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BOC Nº 246. Jueves 18 de Diciembre de 2003 - 4766

IV. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Tenerife

4766 - ANUNCIO de 9 de diciembre de 2003, relativo a notificación de resolución del recurso extraordinario de revisión planteado en el expediente nº TF-41780-O-01.

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Providencia de 9 de diciembre de 2003, del Jefe de Servicio de Carreteras y Transportes de la Resolución del Consejero de Carreteras, Vivienda y Transportes de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutoria del recurso extraordinario de revisión planteado en expediente sancionador de transportes nº TF-41780-O-01.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al recurrente que se cita la Resolución del Consejero de Carreteras, Vivienda y Transportes de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutoria del recurso extraordinario de revisión planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-41780-O-01.

Contra esta Resolución, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día de la publicación de la presente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

El Consejero del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes de este Excmo. Cabildo Insular, con fecha 19 de marzo de 2003, ha dictado, entre otros la siguiente Resolución:

"Visto escrito presentado por D. Antonio Martín Cabeza González, por el que se interpone recurso extraordinario de revisión contra la resolución dictada por el Sr. Consejero Insular del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes de fecha 23 de septiembre de 2002, recaída en el expediente de referencia, y,

Resultando: que con fecha y hora 7 de mayo de 2001, 7,30 por agente de la Guardia Civil de Tráfico se formuló denuncia contra el vehículo matrícula TF-6145-O, del que es titular la entidad mercantil, Tenerifebus, S.A. por circular entre o desde Taco, realizando transporte escolar, transportando cinco escolares con edades comprendidas entre tres y diez años, por diferentes puntos al Colegio San Clemente y Hogar Escuela, careciendo de autorización de transportes, así como de autorización complementaria. Vehículo inmovilizado en explanada en TF-29, siendo transportados los escolares en dos unidades de taxi a dichos centros escolares.

Resultando: que el día 31 de julio de 2002, se publicó la resolución de incoación del expediente sancionador nº TF-41780-O-01, en el Boletín Oficial de Canarias nº 103.

Resultando: que por el expedientado no se presentó escrito de descargo alguno en defensa de sus intereses.

Resultando: que mediante resolución dictada por el Sr. Consejero Insular del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes de fecha 23 de septiembre de 2002, se venía a sancionar a D. Antonio Martín Cabeza González con multa que ascendía a 1.500 euros y precintado del vehículo durante tres meses, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artículos 90 y 140.a) Ley 16/1987, de 30.7, artículos 109 y 197.a) Real Decreto 1.211/1990 y en base al artículo 143 de la Ley16/1987 y artículo 201 Real Decreto 1.211/1990.

Publicándose dicha Resolución en el Boletín Oficial de Canarias nº 141, de fecha 21 de octubre de 2002.

Resultando: que con fecha 30 de diciembre de 2002, D. Antonio Martín Cabeza González interpuso recurso extraordinario de revisión, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que solicita que le sean notificados de nuevo al domicilio reseñado las notificaciones iniciales a la tramitación de las sanciones, pues es el domicilio correcto y sin abreviaturas de la empresa. Que adjunta diversas adjudicaciones del vehículo y de otros por su empresa, adquiridos legalmente en la subasta de los bienes de la empresa Tenerifebus, S.A. si bien y hasta el día de la fecha por débitos en el Ayuntamiento, de Impuestos Municipales no ha podido realizar el traspaso y la petición de la tarjeta de los mismos. Incluso por dicho motivo ha perdido una tarjeta que tenía suspendida. Aportando, como fundamento a sus argumentaciones, copias cotejadas de la siguiente documentación: de certificados del Presidente de la Mesa de la Subasta de la Agencia Tributaria en Las Palmas de Gran Canaria de 17 de diciembre de 1997 y 22 de abril de 1998, acreditando la adjudicación mediante subasta a la empresa interesada de las autorizaciones de transportes números 380.873 y 329.676 adscritas al vehículo denunciado y al matrícula TF-0213-L respectivamente, previamente embargadas a la empresa Tenerifebus, S.A.; de certificados de adjudicación de bienes embargados de fecha 29 de septiembre de 1999, del vehículo denunciado y el TF-0213-L acreditando que el adjudicatario es D. Antonio Martín Cabeza y de cartas de pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados por el recurrente por concepto de adjudicaciones de los vehículos TF-6145-O y TF-0213-L, de fechas 22 de septiembre de 1999 y 29 de septiembre de 1999.

Considerando: que el presente recurso observa los requisitos de índole objetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como: capacitación, legitimación suficiente, e interposición en plazo.

Considerando: el recurso de revisión, previsto en los artículos 118 y 119 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común tiene carácter extraordinario por cuanto que sólo se admite en los supuestos del citado artículo 118 y contra actos firmes, es decir, en principio inatacables, pero que, por la gravedad de las circunstancias concurrentes en su emisión, porque pueda plantearse duda racional acerca de su validez a la vista de los documentos incorporados al expediente, o por acontecimientos acaecidos con posterioridad al acto, la Ley permite su impugnación. Esta naturaleza excepcional se manifiesta en la enumeración taxativa que hace el legislador respecto a las causas en las que únicamente puede fundarse y que precisamente por ese carácter excepcional han de ser interpretadas restrictivamente, por lo que se habla de la imposibilidad de "imprimir a la norma unas directrices más amplias" y de "la necesidad de que se puntualicen los motivos en que se base la pretensión", causas entre las que se encuentra aquella en la que parece fundamentar el recurrente el recurso de revisión interpuesto: artículo 118.1.2º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, "Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida", siendo necesario, para que sea admisible el recurso de revisión que los hechos en virtud de los que se ha dictado el acto sean inexactos y el error ha de resultar patente con la simple confrontación con un documento que ya consta en el expediente correspondiente, características que no se dan en el presente caso.

Considerando: el artículo 2 del Real Decreto 2.296/1983, de 25 de agosto, sobre tráfico y circulación de vehículos escolares y de menores, dispone que los vehículos que realicen transporte escolar deberán estar provistos de la autorización específica que en cada caso corresponda, términos confirmados en los artículos 89.1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y 105.1 y siguientes del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres; figurando consignados los requisitos necesarios para el otorgamiento de la mencionada autorización específica en el citado Real Decreto y en los artículos citados. Constituyendo la carencia del referido título habilitante una infracción muy grave a la normativa de transporte vigente, debidamente tipificada en los artículos: 140.a) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y 197.a) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Considerando: tras ponderada valoración de los elementos probatorios consignados en el expediente sancionador que analizamos y de los obrantes en el expediente de solicitud de la autorización específica controvertida, resulta suficientemente acreditado que el vehículo matrícula TF-6145-O realizaba en el momento de la denuncia un transporte escolar careciendo de la autorización específica para prestar dicho servicio, y sin aportar los requisitos determinados reglamentariamente para su otorgamiento; habiendo incurrido la entidad mercantil denunciada en responsabilidad administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 138.1.b) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, sin que sus argumentaciones desvirtuaran la presunción de veracidad de los hechos infractores consignados en el boletín de denuncia, formulado por agente de la Guardia Civil, Agrupación de Tráfico, artículos 137.3 y 46.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Considerando: a tenor de los criterios interpretativos consignados en la Resolución de Coordinación nº 1/96, de julio de 1996, de la Dirección General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera, del Ministerio de Fomento, ha de entenderse que el acto de adjudicación de la autorización embargada no atribuye al adjudicatario sino un derecho de disposición sobre la misma, que éste podrá hacer valer ante el órgano competente de la Administración de transportes para que éste proceda, a su solicitud, a la novación subjetiva de la autorización, bien a su favor, si es que reúne los requisitos exigidos para ello, o bien al de un tercero que los reúna, ello es así porque la facultad de otorgar títulos habilitantes para la realización de transportes por carretera corresponde, única y exclusivamente, a aquellos órganos de las distintas Administraciones de transportes que, en virtud de competencias propias y delegadas, la tengan legal o reglamentariamente atribuida, no siendo, por tanto, la Agencia Estatal de Administración Tributaria el órgano competente para examinar la concurrencia en los licitadores de los requisitos legales exigidos por la legislación en materia de transportes para que se les otorguen, una vez sean adjudicatarios de las autorizaciones de transportes, los títulos habilitantes para la realización de transportes por carretera, correspondiendo dicha facultad en el presente supuesto al Área de Transportes del Cabildo Insular de Tenerife, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 61/1988, de 12 de abril, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de transportes terrestres y en la Disposición Adicional Primera de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.

Y tras ponderada valoración del expediente de referencia, se acredita suficientemente que la autorización de transportes de servicio público discrecional de viajeros (V.D.) del vehículo matrícula TF-6145-O, adquirido por el recurrente en subasta realizada el día 3 de diciembre de 1997, realizada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, consta, a tenor de la base de datos informática del Servicio de Transportes de esta Corporación Insular de baja por suspensión temporal desde el día 10 de junio de 1998, a nombre de su anterior titular Tenerifebus, S.A.; sin que por el mismo se haya solicitado la rehabilitación del citado título habilitante, ni por el recurrente se haya solicitado el cambio de titularidad ante el Servicio de Carreteras, Vivienda y Transportes de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

Considerando: tampoco procede atender a las alegaciones de la entidad expedientada sobre la improcedencia de las notificaciones de las resoluciones de incoación y resolutoria del expediente sancionador a través de su publicación en los Boletines Oficiales de Canarias, habida cuenta que obra documentalmente en el presente expediente que intentada dicha notificación mediante cartas certificadas, por medio del Servicio de Correos, dirigida a la misma dirección que consta en el expediente sancionador, sin embargo, fueron devueltos con las indicaciones de: "se ausentó sin dejar señas" y "dirección incorrecta" procediéndose, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, a la publicación en los correspondientes Boletines Oficiales de Canarias, cuando una vez intentada la notificación, no se hubiera podido practicar, sin que tal acto adolezca de defecto formal determinante de su anulabilidad, en el sentido previsto en el artículo 63.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no causándose indefensión alguna a la entidad ahora recurrente, que pudo hacer uso de los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico para hacer valer sus intereses y formular cuantas alegaciones estimase pertinentes, prueba de ello lo constituye la propia interposición en plazo del presente recurso, procediendo confirmar la resolución sancionadora impugnada, dado su conformidad a Derecho, manteniendo la sanción impuesta en la misma.

Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto, y de conformidad con lo establecido en los artículos 118 y 119 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, vengo en desestimar el recurso extraordinario de revisión interpuesto por D. Antonio Martín Cabeza González confirmando la resolución dictada por el Sr. Consejero Insular del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes, de fecha 23 de septiembre de 2002, que determinó la imposición de una sanción que asciende a mil quinientos (1.500) euros, y precintado del vehículo durante tres meses manteniéndose, en consecuencia, en todos sus pronunciamientos.

Contra esta Resolución, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo."

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de diciembre de 2003.- El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Campos Albarrán.

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