Gobierno de Canarias

Comunidad Autónoma de Canarias

Boletín Oficial de Canarias

Estás en:

BOC Nº 246. Jueves 18 de Diciembre de 2003 - 4762

IV. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Tenerife

4762 - ANUNCIO de 9 de diciembre de 2003, relativo a notificación de resolución del recurso de alzada planteado en el expediente nº TF-41138-O-00 de transportes.

Descargar en formato pdf

Providencia de 9 de diciembre de 2003, del Jefe de Servicio de Carreteras y Transportes del Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio de recurso de alzada planteado en expediente sancionador de transportes nº TF-41138-O-00.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al recurrente que se cita el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-41138-O-00.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día de la publicación del presente Decreto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

La Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular, con fecha 9 de octubre de 2001, ha dictado, entre otros el siguiente Decreto:

"Visto escrito presentado por D. José Marcelo Vázquez Giglio, en nombre y representación de la entidad mercantil Arte Sur Canarias, S.L., por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada por el Sr. Consejero Insular del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes de fecha 15 de marzo de 2001, recaída en el expediente de referencia, y,

Resultando: que con fecha y hora 16 de marzo de 2000, 20,45, por la Guardia Civil de Tráfico se formuló denuncia contra el vehículo matrícula: TF-2104-BC, del que es titular Arte Sur Canarias, S.L. por circular transportando 3 personas (incluido el conductor) e instrumentos musicales, entre distintos puntos de la isla, careciendo de la preceptiva autorización administrativa.

El conductor es una persona no residente, el vehículo ha sido adquirido por la empresa cargadora, no justificando la transferencia del mismo.

Resultando: que el día 12 de febrero de 2001, se notificó al interesado la citada denuncia y la incoación del expediente sancionador nº TF-41138-O-2000.

Resultando: que por el expedientado se presentó escrito de descargo alegando lo que entendió conducente a la defensa de sus intereses, en síntesis, que no estaba realizando actividad alguna de transportes, sino un desplazamiento personal y no empresarial, como ciudadano libre y sin tener que rendir cuentas a nadie, y que para darse la infracción denunciada los pasajeros debían disponer de tique de transporte, lo que no se ha producido y que se vulnera el principio de tipicidad del artículo 25.1 de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 y el artículo 129 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y que la sanción impuesta es contraria al principio de proporcionalidad establecido en el artículo 69 del Real Decreto L. 339/1990 y artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y que la denuncia está incorrectamente formulada por cuanto se limita a realizar una afirmación general de incumplimiento de precepto, sin hacer suficiente referencia a los hechos concretos que individualizan la supuesta infracción, causándole grave indefensión, solicitando la admisión y práctica de medios de prueba consistente en que se aporte por los agentes de la autoridad los tiques supuestamente cobrados.

Resultando: que por el Consejero del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha 15 de marzo de 2001, que venía a sancionar a Arte Sur Canarias, S.L. con multa que ascendía a 50.000 pesetas, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artículos 103 y 141.b) Ley 16/1987, de 30.7, artículos 158 y 198.b) Real Decreto 1.211/1990 y en base al artículo 143 de la Ley 16/1987 y artículo 201 Real Decreto 1.211/1990.

Notificándose dicha Resolución en fecha 3 de abril 2001.

Resultando: que con fecha 3 de mayo de 2001, D. José Marcelo Vázquez Giglio, en nombre y representación de Arte Sur Canarias, S.L. interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que esa parte presentó escrito de alegaciones a la propuesta de resolución denuncia, tal y como debe constar en el expediente con fecha de entrada en el Ministerio de Economía y Hacienda de Barcelona, Delegación del Gobierno de Barcelona el día 27 de febrero 2001, de lo que la resolución sancionadora no ha hecho referencia, por lo que existe una clara infracción del ordenamiento jurídico, citando la sentencia del T.S.J. de Baleares de 15 de octubre de 1997 nº 485/1997, recurso 1158/1995, S.T.S.J. de Baleares de 28 de febrero de 1998 nº 119/1998 recurso 198/1996 y la S.T.C. 212/1990, de 20 de diciembre que remite a las 149, 190 y 192/1987, y que ha sido, asimismo, Sentencia de 28 de abril de 1995 de la Sala 3ª, Sección 1ª Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, versando sobre la indefensión que se produce al no haberse practicado en el expediente las pruebas invocadas por la parte interesada, ni rechazadas las solicitadas mediante resolución motivada, para desvirtuar los hechos determinados por la declaración del policía municipal denunciante, prueba que era pertinente a los fines que solicitaba; solicitando sea declarada la invalidez de la resolución impugnada y la nulidad absoluta del procedimiento y el archivo de las actuaciones practicadas.

Considerando: que el presente recurso observa los requisitos de índole objetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como: capacitación, legitimación suficiente, e interposición en plazo.

Considerando: que el expediente sancionador que analizamos se ha tramitado de forma correcta, cumpliéndose los trámites recogidos en el Capítulo IV del Título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en su redacción dada por el Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, que regula, dada su especificidad, el procedimiento sancionador que ha de seguirse en la substanciación de las infracciones a la normativa de transportes por carretera, habiéndose procedido, de conformidad con lo preceptuado en su artículo 210, a la vista de la documentación obrante en el referido expediente y en el Registro de Salida de esta Corporación Insular, a notificar a la entidad mercantil interesada el acuerdo de incoación del presente expediente sancionador, donde se contenía el hecho infractor de: "realizar transporte privado complementario de mercancías, careciendo de autorización", comunicándole, a su vez, la tipificación de la infracción en los artículos reseñados, que recogen las infracciones graves, la sanción que, en su caso, habría de serle impuesta y la identidad de la instructora del procedimiento, advirtiéndole que disponía de quince días para manifestar lo que a su derecho convenga, aportando, o proponiendo las pruebas de que, en su caso, intente valerse, comunicación recibida por el interesado el 12 de febrero de 2001, como así consta en acuse de recibo firmado adjunto al expediente de referencia; en consecuencia, ha sido observado el principio del procedimiento sancionador recogido en el artículo 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según el cual, como presupuesto de una defensa eficaz, el presunto responsable tiene derecho, en un procedimiento sancionador, a ser notificado de los hechos que se le imputen, así como de su calificación jurídica, y la sanción que, en su caso, se podría imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia, por tanto resulta inoperante la indefensión alegada, dado que, en tiempo y forma, la entidad mercantil interesada presentó el oportuno pliego de alegaciones en descargo, cuyos presupuestos de hecho y la fundamentación jurídica de su contestación aparecen consignados en la resolución sancionadora impugnada, notificada a la recurrente en fecha 3 de abril de 2001, como así se consigna documentalmente en el expediente sancionador mediante acuse de recibo firmado por el representante de la misma.

Sin que, por otro lado, se pueda considerar que en la misma resolución sancionadora se haya incurrido en alguna irregularidad causante de su nulidad, dado que la manifiesta improcedencia del medio de prueba propuesto por la empresa en período de alegaciones (que fuera aportado por los agentes de la autoridad los tiques supuestamente cobrados por haber realizado el transporte) fueron denegados motivadamente en la resolución impugnada, al declarar que "en ningún momento se ha denunciado el que los pasajeros estuvieran en posesión de tique o pasaje alguno, ya que en tal caso hubiera procedido calificar la infracción como de transporte público o discrecional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la L.O.T.T.".

Considerando: que el artículo 1 del Decreto 53/1999, de 8 de abril, sobre otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones de transporte terrestre, en vigor en la fecha de la denuncia, prevé la obligación de contar con una autorización administrativa a cada vehículo que se dedique a los transportes referidos, obligación que viene confirmada por los artículos 103.1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y 41.1 y 158 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, para el supuesto de los transportes privados complementarios de mercancías o viajeros, constituyendo su incumplimiento una infracción grave a la normativa de transportes, debidamente tipificada en los artículos 141.b) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y 198.b) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Considerando: del análisis de los elementos probatorios consignados en el expediente sancionador que examinamos, queda suficientemente acreditado que el vehículo TF-2104-BC realizaba en el momento de ser denunciado un transporte privado complementario de mercancías sin autorización de transportes y sin acreditar la reunión del conjunto de los requisitos reglamentarios para el otorgamiento de la misma, habiendo incurrido la entidad expedientada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.1.b) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en responsabilidad administrativa, sin que lo alegado o aportado por la entidad recurrente haya desacreditado la presunción de veracidad "iuris tantum" de los hechos infractores consignados en el boletín de denuncia (artículos 137.3 y 46.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), formulado por agente de la Guardia Civil, Agrupación de Tráfico, que, de conformidad con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres prestan la cooperación necesaria a los miembros de la inspección de transporte terrestre para un eficaz cumplimiento de sus funciones, habida cuenta que, por definición legal, y como presupuesto para exencionarlo de la obligatoriedad de autorización administrativa de transporte, el artículo 101 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, los transportes privados particulares son los destinados exclusivamente a satisfacer las necesidades de desplazamiento de carácter personal o doméstico del titular del vehículo y de sus allegados, sin que pueda dar lugar a remuneraciones dinerarias directas ni indirectas y debiendo realizarse en vehículos cuyo número de plazas o capacidad de carga no exceda de los límites que reglamentariamente se establezcan, así el artículo 156.2 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres determina que los transportes privados particulares de viajeros habrán de realizarse en vehículos de turismo y los de mercancías habrán de ser realizados en vehículos ligeros; de lo que se deduce que la naturaleza del transporte privado particular aparece desvinculada de cualquier actividad empresarial, aunque se traten de empresas familiares, autónomas, cooperativas, sociedades civiles particulares, comunidades de bienes u otras similares (artículo 156.1 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres), lo que se desvirtúa en el supuesto planteado en el expediente que analizamos, dado que, a tenor de los hechos que constata el agente en el boletín de denuncia, el transporte de los instrumentos musicales se realizaba por una entidad con actividad mercantil Arte Sur Canarias, S.L.

Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. José Marcelo Vázquez Giglio en nombre y representación de la entidad mercantil Arte Sur Canarias, S.L. confirmando la Resolución del Consejero Insular del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes, de fecha 15 de marzo de 2001, que determinó la imposición de una sanción de cincuenta mil (50.000 pesetas)/(300,51 euros), manteniéndose, en consecuencia, en todos sus pronunciamientos.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo."

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de diciembre de 2003.- El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Campos Albarrán.

© Gobierno de Canarias