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BOC Nº 244. Martes 16 de Diciembre de 2003 - 4712

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías

4712 - Dirección General de Consumo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 30 de octubre de 2003, sobre notificación de Órdenes a personas físicas y jurídicas de ignorado domicilio.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, las Órdenes que figura como anexo de esta Resolución de la Dirección General de Consumo.

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.

Orden de 10 de julio de 2002, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por Dña. Antonia Sánchez Cordero, contra la Resolución de la Dirección General de Consumo de 1 de diciembre de 2000, por imposición de sanción por infracción administrativa a la normativa en materia de consumo.

Visto el recurso de alzada interpuesto por Dña. Antonia Sánchez Cordero, expediente nº 35-700-2000, contra la Resolución de la Dirección General de Consumo, de fecha 1 de diciembre de 2000, por la que se impone al recurrente una sanción de cuarenta mil (40.000) pesetas, doscientos cuarenta euros con cuarenta y un céntimos (240,41 euros) por infracción a la normativa vigente en materia de consumo, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución de fecha 1 de diciembre de 2000, del Director General de Consumo se acuerda sancionar a Dña. Antonia Sánchez Cordero, con la imposición de una multa de cuarenta mil (40.000) pesetas, doscientos cuarenta euros con cuarenta y un céntimos (240,41 euros) por infracción a la normativa vigente en materia de consumo.

Segundo.- La Resolución impugnada deviene de la actuación inspectora de fecha 13 de junio de 2000, que originó el levantamiento del acta de inspección nº 2838, determinante de la incoación de procedimiento sancionador por la Dirección General de Consumo, por infringir, los hechos denunciados, la normativa sustantiva en materia de consumo. Estos hechos son los siguientes:

Personados los Inspectores en el establecimiento del recurrente comprobaron que, en el momento de la inspección, carecían de las preceptivas Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de la existencia de las mismas.

Tercero.- La Dirección General de Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas, junto con la propuesta de desestimación del recurso presentado.

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Es competente para resolver el Consejero del Departamento, al tratarse de la impugnación de una resolución que no pone fin a la vía administrativa; conforme a lo dispuesto en el artículo 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la modificación introducida por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y lo dispuesto en el artículo 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en relación con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo.

Segundo.- Por Dña. Antonia Sánchez Cordero, se interpone, en tiempo y forma, recurso de alzada contra la mencionada Resolución de fecha 1 de diciembre de 2000, alegando, en síntesis lo siguiente:

Ante la multa impuesta, no estando conforme con la misma, ya que no sabiendo en que proporción va los importes de dicha multa no es que nos negamos a pagar, pero no entendemos, dicho expediente sancionador ya que anteriormente la actividad por el contrato de alquiler estaba a nombre de mi hermano.

Tercero.- Las alegaciones vertidas por el recurrente no desvirtúan la realidad de los hechos ni, consecuentemente, la calificación de las sanciones, sin que se aporte prueba alguna bastante en contrario que pueda desvirtuar la presunción de veracidad que supone el acta de inspección, conforme a los artículos 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 17 del Real Decreto 1.945/1993, de 22 de julio.

Debe tomarse en consideración que el artículo 27.1.a) de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, declara la obligación del vendedor de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente para el ejercicio de la actividad comercial.

Cuarto.- Los hechos sancionados resultan subsumibles en los tipos legales contenidos en las siguientes normas: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 169), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley Territorial 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias; y demás disposiciones de pertinente y general aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Desestimar el recurso de alzada interpuesto por Dña. Antonia Sánchez Cordero contra la Resolución de la Dirección General de Consumo, de fecha 1 de diciembre de 2000, por la que se impone al recurrente una sanción de cuarenta mil (40.000) pesetas, doscientos cuarenta euros con cuarenta y un céntimos (240,41 euros) por infracción a la normativa vigente en materia de consumo, por encontrarla aquélla conforme a derecho; confirmándola, por tanto, en todos sus extremos.

Segundo.- Notificar la presente Orden al interesado, indicándose que contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, o bien al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la circunscripción que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses desde su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 10 de julio de 2002.- El Consejero de Sanidad y Consumo, José Rafael Díaz Martínez.

Las Palmas de GranCanaria, a 30 de octubre de 2003.- La Directora General de Consumo, Concepción Pérez González.

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