Estás en:
Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Resolución recaída en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
El ingreso de las sanciones recaídas en los expedientes que se relacionan deberá hacerse efectivos en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía y Hacienda le remitirá a su propio domicilio.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de diciembre de 2003.- El Director General de Ordenación y Promoción Turística, Raimundo Domínguez de Vera.
RESOLUCIONES QUE SE CITAN:
1º) Libro nº 1 de Resolución de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística, folio 12, nº 286.
Resolución de 10 de noviembre de 2003, de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística, recaída en el expediente sancionador nº 03/144, instruido a D. Antonio Ávila Ruiz, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Las Cazuelas.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a D. Antonio Ávila Ruiz, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de fecha 28 de mayo de 2003, como consecuencia del acta de inspección nº 16.111, de 21 de noviembre de 2002.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Con fecha 7 de noviembre de 2002, se recibió en esta Consejería, registro de entrada nº 547714, escrito del Patronato de Turismo del Excmo. Cabildo de Gran Canaria, en el que manifiesta que el establecimiento consignado no consta autorizado.
2º) Para comprobar los hechos denunciados, el 21 de noviembre de 2002, se realizó inspección turística al establecimiento de referencia, sito en la calle Alcalde José de Medina, 28, Puerto de Las Nieves, término municipal de Agaete, levantándose al efecto el acta nº 16.111, en la que esencialmente se hace constar que no dispone de la autorización preceptiva para la entrada en servicio y funcionamiento para ejercer la actividad turística reglamentada de restaurante y que el compareciente manifiesta que anteriormente existía un bar-restaurante conocido como "Juan Diorca" a nombre de Petra García Bermúdez y que su asesor está tramitando el cambio de titularidad y denominación.
3º) El 28 de mayo de 2003 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 03/144, formulándose los hechos imputados y nombrándose a la Instructora y Secretaria del procedimiento, habiéndose notificado mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias el 23 de julio de 2003.
4º) Con fecha 1 de septiembre de 2003 y habida cuenta que el titular consignado no presentó alegaciones ni aportó prueba alguna que desvirtuase los hechos imputados, el Instructor formuló Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 1.051,77 euros por el primer hecho y 1.051,77 euros por el segundo hecho, que fue notificada mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias el 30 de septiembre de 2003.
5º) El expedientado no ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución.
6º) Los siguientes hechos:
Primero: haber cambiado la denominación del establecimiento, toda vez que figuraba como Restaurante Juan Diorca, sin haberlo comunicado previa y preceptivamente al organismo competente.
Segundo: no haber comunicado a la Administración turística competente el cambio de titularidad, a favor de D. Antonio Ávila Ruiz, que explota turísticamente el establecimiento consignado.
Se consideran probados en virtud del acta 16.111/2002 y del escrito del Patronato de Turismo del Excmo. Cabildo de Las Palmas de Gran Canaria, registro de entrada en esta Consejería nº 248786, de 15 de abril de 2003, que obra en el expediente.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).
Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, en base al contenido del acta de inspección nº 16.111, de 21 de noviembre de 2002, sin que al Órgano Resolutorio, le conste, al dictar la presente Resolución, que el/la titular consignada haya presentado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe la Propuesta de Resolución formulada por el Instructor del procedimiento, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta.
Los hechos imputados infringen lo preceptuado en:
Primer hecho: artículo 3º de la Orden de 19 de octubre de 1988, de los nombres y de la publicidad de los establecimientos turísticos (B.O.C. nº 139, de 4 de noviembre).
Segundo hecho: artículos 2º y 5º de la Orden de 23 de septiembre de 1988, por la que se regula el procedimiento para los cambios de titularidad de los establecimientos turísticos (B.O.C. nº 127, de 7 de octubre).
Dichos hechos vienen tipificados en:
Primer hecho: artº. 76.1, en relación con el 77.7 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de ordenación del turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
Segundo hecho: artº. 76.1 en relación con el 77.7 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de ordenación del turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
Calificados como: leves.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11 del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95), el artículo 10 y las Disposiciones Adicionales Tercera y Cuarta del Decreto 123/2003, de 17 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº 139, de 19.7.03),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de 1.051,77 euros por el primer hecho y 1.051,77 euros por el segundo hecho a D. antonio Ávila Ruiz, con N.I.F. 00273487 V, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Las Cazuelas.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante la Ilma. Sra. Viceconsejera de Turismo de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).- Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de noviembre de 2003.- El Director General de Ordenación y Promoción Turística, Raimundo Domínguez de Vera.
© Gobierno de Canarias