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BOC Nº 242. Viernes 12 de Diciembre de 2003 - 4671

IV. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Gran Canaria

4671 - Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.- Anuncio de 12 de noviembre de 2003, por el que se hace público el Decreto nº 825-REC, de 12 de noviembre de 2003, relativo a la aprobación del deslinde de un tramo del cauce público del barranco de Tirajana comprendido entre el pie de presa aguas abajo del embalse de Tirajana y la desembocadura de dicho barranco en el mar, en los términos municipales de Santa Lucía y San Bartolomé de Tirajana.- Expte. nº 337-DCP.

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En uso de las facultades que me confiere el Estatuto del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, aprobado por el Decreto Territorial 116/1992, de 9 de julio, y demás legislación complementaria de general y pertinente aplicación, y en virtud de los informes técnicos y jurídicos emitidos.

Resultando que mediante resolución del Vicepresidente del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, se ha acordado la incoación del procedimiento administrativo de deslinde de un tramo del cauce público del barranco de Tirajana comprendido entre el pie de presa aguas abajo del embalse de Tirajana y la desembocadura de dicho barranco en el mar, en los términos municipales de Santa Lucía y San Bartolomé de Tirajana.

Resultando que se han cumplido todos los trámites procedimentales exigidos, realizándose el deslinde previo del cauce afectado, de acuerdo con lo prescrito en el Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico de Canarias, procediendo al trámite de información pública, mediante su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 32 de fecha 14 de marzo de 2003 y en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y del Ayuntamiento de Santa Lucía. Durante este período de información pública, se presentan como parte interesada en el expediente D. Fernando Pérez Hernández en representación de D. Alejandro, D. Pedro y los Herederos de Dña. Ana del Castillo y Bravo de Laguna; D. Francisco Ramos Arbelo como Presidente de la Heredad de la Acequia Alta de Sardina y D. Francisco Luján Díaz, no presentando ninguno de los interesados escrito de alegaciones en relación con los resultados del deslinde previo, salvo D. Fernando Pérez Hernández, en el que solicita copia del expediente de los planos obrantes en el mismo, con el fin de poder realizar un estudio técnico y propuesta de deslinde, copias que fueron entregadas el día 22 de mayo de 2003, tras varios requerimientos para que retirara la documentación solicitada, sin que hasta la fecha de hoy, haya aportado estudio técnico alguno o propuesta de deslinde alternativo de acuerdo con la legislación vigente.

Resultando que con fecha 10 de julio de 2003 y previa citación de todos los interesados se procede al reconocimiento del tramo de cauce afectado por el deslinde, donde se les puso de manifiesto las líneas de deslinde previo, sin que ninguno de los presentes manifestara nada en contra, según consta en el acta que se levantó al finalizar el reconocimiento del tramo de dominio público hidráulico a deslindar, teniendo pleno conocimiento las partes interesadas del deslinde propuesto.

Resultando que con posterioridad al acta de reconocimiento y antes de dictar resolución, se presenta escrito de alegaciones, por parte de distintos opositores al expediente de deslinde, citados para la práctica del mismo:

A) D. Fernando del Castillo y Benítez de Lugo, en nombre y representación de D. Alejandro del Castillo y Bravo de Laguna, escrito de fecha de entrada en este Organismo 6 de agosto de 2003, nº 4356.

B) D. Miguel Escudero del Castillo, en nombre y representación de los Herederos de Dña. Ana del Castillo y Bravo de Laguna, escrito de fecha de entrada en este Organismo 6 de agosto de 2003, nº 4341.

C) D. Pedro A. del Castillo Machado, en nombre y representación de D. Pedro del Castillo y Bravo de Laguna, escrito de fecha de entrada en este Organismo 6 de agosto de 2003, nº 4342.

Vistos la Ley Territorial 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias; el Decreto 82/1999, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria; el Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico de Canarias; el Decreto 158/1994, de 21 de julio, de Transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de aguas terrestres y obras hidráulicas; el Decreto 116/1992, de 9 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Considerando que en relación con las alegaciones desde el punto de vista técnico se emite informe por el Jefe de Sección de la Zona, de fecha 6 de octubre de 2003, en el que manifiesta que los escritos de alegaciones se encuentran redactados exactamente en los mismos términos y de ellos se desprende que debido al uso o explotación de recursos naturales (áridos) del barranco se han creado una serie de obstáculos que actúan como elementos modificadores del curso y de la situación natural de drenaje de las avenidas. Ante esta alegación hay que hacer constar que los trabajos de extracción de áridos se han llevado a cabo dentro de la delimitación previa del dominio público hidráulico realizada y esto ha hecho que las aguas se concentren en esta zona y que no sea mayor la zona inundable por las avenidas. En estas alegaciones se hace mención sólo y exclusivamente a los trabajos de extracción de áridos que se encuentran autorizados en los expedientes 1/90 Áridos, 18/79 Áridos y 68/78 Áridos, no aportando ningún dato que haga variar la delimitación del dominio público hidráulico realizada, por lo que, como conclusión estima que los documentos técnicos aportados no contienen en sí mismos argumentos o justificación técnica alguna que hagan variar el deslinde propuesto.

Considerando que en cuanto a las alegaciones respecto a la solicitud de prórroga y ampliación de plazo para aportar estudio técnico de la propuesta de deslinde, no se accede a la misma, pues los opositores desde el día 22 de mayo de 2003, tienen conocimiento de los datos solicitados, para poder hacer el estudio técnico, máxime cuando tienen en su poder copia de los estudios técnicos, cálculo hidrológico y demás operaciones de deslinde, sin que se haya presentado hasta el momento estudio técnico alguno, por lo que, de acceder a un nuevo plazo de ampliación, perjudica los intereses de terceros, los cuales necesitan esclarecer la delimitación del dominio público hidráulico con el fin de evitar indefensión e inseguridad jurídica, a las partes interesadas.

Considerando que en el artículo 60 de la Ley de 12/1990, 26 de julio, de Aguas de Canarias, se confiere a los Consejos Insulares de Aguas, la potestad de deslinde de los cauces de dominio público, cuando se plantea la cuestión de fijar los límites de un cauce público o más en general, de cualquier bien de dominio público hidráulico, con otros bienes de particulares o de otras Administraciones Públicas, por aparecer imprecisos o existir indicios de usurpación, será la propia Administración la que decidirá el deslinde por acto investido de presunción de legitimidad, bien de oficio o a instancia del dueño de la finca colindante.

Considerando que el deslinde es un mero acto material que se circunscribe en principio a determinar los límites de una finca, sin que ello implique un transcendente contenido de hecho ni de derecho en relación con la real titularidad de la zona deslindada, no conteniendo pronunciamiento alguno sobre la titularidad dominical de los bienes deslindados ni sobre cualquier otra cuestión de la competencia de la jurisdicción civil ordinaria.

Considerando que la aprobación de las resoluciones relativas a la concesión de autorizaciones y concesiones que afecten a actuaciones en cauces o terrenos de dominio público hidráulico es competencia del Presidente del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, en virtud del apartado d) del artículo 7 de su Estatuto, delegándose su ejercicio en el Vicepresidente mediante Decreto de fecha 8 de julio de 2003 (B.O.P. nº 86, de 18.7.03),

D I S P O N G O:

Aprobar el deslinde de un tramo del cauce público del barranco de Tirajana comprendido entre el pie de presa aguas abajo del embalse de Tirajana y la desembocadura de dicho Barranco en el mar, en los términos municipales de Santa Lucía y San Bartolomé de Tirajana, conforme al plano levantado que figura unido al expediente 337-Deslinde.

Contra este acto que pone fin a la vía administrativa al amparo de lo dispuesto en los artículos 89.3, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, podrá interponerse en el plazo de un (1) mes, contando a partir del día siguiente al de recibo de la presente resolución, el recurso potestativo de reposición ante el Presidente del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, que deberá ser resuelto y notificado en el plazo máximo de un (1) mes, o por el contrario, impugnar la presente resolución ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas, en el plazo máximo de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente al de recibo de esta resolución, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Dese traslado del presente Decreto a las partes interesadas.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de noviembre de 2003.- El Vicepresidente, José Jiménez Suárez.

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