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Vista la solicitud de integración en el Cuerpo Superior Facultativo (Grupo A), Escala de Ingenieros y Arquitectos, especialidad Ingenieros de Montes (IMO) de la Comunidad Autónoma de Canarias, formulada por D. José Miguel González Hernández, el informe-propuesta de la Dirección General de la Función Pública y, teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- D. José Miguel González Hernández es funcionario de carrera perteneciente al Cuerpo de Ingenieros de Montes del Ministerio de Agricultura (Grupo A), nombrado por Orden Ministerial de fecha 20 de julio de 1962.
Segundo.- Mediante Orden de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas de fecha 10 de mayo de 1993 (B.O.C. nº 65, de 19.5.93), se resolvió la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de libre designación, de un puesto de trabajo en la mencionada Consejería, efectuada por Orden de la Consejería de Trabajo y Función Pública de 10 de febrero de 1993 y se designó a D. José Miguel González Hernández para el desempeño del puesto nº de R.P.T. 110318001, denominado Jefe de Servicio, en el Servicio de Promoción Privada de Santa Cruz de Tenerife, dependiente de la Dirección General de Vivienda de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas.
Tercero.- Con fecha 29 de agosto de 2003, D. José Miguel González Hernández presentó en la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, solicitud de integración en el Cuerpo Superior Facultativo (Grupo A), Escala de Ingenieros y Arquitectos, especialidad Ingenieros de Montes (IMO) de la Comunidad Autónoma de Canarias al amparo de lo dispuesto en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 2/2000, de 17 de julio, de medidas económicas, en materia de organización administrativa y gestión relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de establecimiento de normas tributarias.
Cuarto.- Con fecha 30 de septiembre de 2003, ha tenido entrada en la Dirección General de la Función Pública, órgano competente para la tramitación de la integración, informe propuesta favorable de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda referido a la integración del citado funcionario en el Cuerpo Superior Facultativo (Grupo A), Escala de Ingenieros y Arquitectos, especialidad Ingenieros de Montes (IMO) de la Comunidad Autónoma de Canarias.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- El artículo 32 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, dispone que los funcionarios del Estado, de otras Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales canarias que pasen a ocupar puestos de trabajo por concurso o libre designación en la Administración de la Comunidad, se integrarán en ésta siéndoles de aplicación la presente Ley y, en todo caso, las normas de la misma relativas a promoción profesional, promoción interna, situaciones administrativas, régimen retributivo y disciplinario.
Segunda.- La Disposición Adicional Séptima de la Ley 2/2000, de 17 de julio, de medidas económicas, en materia de organización administrativa y gestión relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de establecimiento de normas tributarias (B.O.C. nº 94, de 28.7.00), estableció que: "los funcionarios de carrera de la Administración del Estado, de otras Comunidades Autónomas y de las corporaciones locales de Canarias que hayan accedido a desempeñar puestos de trabajo en la Administración de la Comunidad Autónoma, mediante los sistemas de provisión de puestos legalmente establecidos, quedarán integrados en la Función Pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias en los Cuerpos y Escalas creados en la Disposición Adicional Primera de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, y de acuerdo con las normas establecidas en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley".
Tercera.- Posteriormente la Ley 2/2002, de 27 de marzo, de establecimiento de normas tributarias y de medidas en materia de organización administrativa, de gestión, relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de carácter sancionador en su Disposición Derogatoria Única.1 derogó la disposición mencionada en el párrafo anterior del siguiente tenor literal: "Quedan derogados el apartado 7 de la Disposición Adicional Segunda y la Disposición Adicional Séptima de la Ley 2/2000, de 17 de julio, de medidas económicas, en materia de organización administrativa y gestión relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de establecimiento de normas tributarias".
La derogación expresa de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 2/2000, impide pues, la integración del citado funcionario en Cuerpos y Escalas, no así, la integración en la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias descrita en el artículo 32 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria citada.
En su virtud, de conformidad con lo expuesto y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica,
R E S U E L V O:
Denegar la solicitud de integración en el Cuerpo Superior Facultativo (Grupo A), Escala de Ingenieros y Arquitectos, especialidad Ingenieros de Montes (IMO) de la Comunidad Autónoma de Canarias formulada por D. José Miguel González Hernández, por no existir vigente norma legal que ampare dicha solicitud.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife o ante el Juzgado de lo Contencioso en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente; o bien interponer en vía administrativa, el recurso de reposición potestativo, en los términos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de 2003.
LA CONSEJERA DE
PRESIDENCIA Y JUSTICIA,
Mª Australia Navarro de Paz.
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