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BOC Nº 233. Viernes 28 de Noviembre de 2003 - 4515

IV. ANUNCIOS - Otras Administraciones - Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Las Palmas de Gran Canaria

4515 - EDICTO de 22 de octubre de 2003, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de juicio ordinario nº 0000569/2001.

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D. Carlos Javier Garzón Inigo, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Las Palmas de Gran Canaria y su Partido.

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo se ha dictado sentencia, en los autos que luego se dirá cuyo encabezamiento y parte dispositiva tienen el siguiente tenor literal:

SENTENCIA

D. Carlos Javier Garzón Inigo, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Las Palmas de Gran Canaria, ha visto los presentes autos de juicio ordinario siendo parte actora Dña. Antonia Martel Peñate y como demandada D. Antonio González Betancor.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de octubre de 2003.

ANTECEDENTES DE HECHOS

Primero.- Por la Procuradora Dña. María del Carmen Benítez López, en nombre y representación de Dña. Antonia Martel Peñate, se formuló demanda de juicio ordinario frente a D. Antonio González Betancor en solicitud de desahucio y reclamación de rentas vencidas.

Segundo.- Admitida a trámite la demanda se emplazó al demandado para que contestase en tiempo y forma, no siendo localizado el mismo intentándose su localización a través de los medios de averiguación previstos en el artículo 156 de la LEC, sin resultado positivo por lo que se acordó el emplazamiento por edictos. Transcurrido el término señalado no compareció el demandado siendo declarado en rebeldía y señalándose fecha para la audiencia previa.

Tercero.- En el acto de la audiencia previa se puso de manifiesto el fallecimiento de la actora acordándose la sustitución procesal en la persona de sus hijos D. Manuel, Dña. María Antonia y Dña. Ana Esther García Martel como herederos de la demandante fallecida. La parte actora propuso como medio de prueba la documental obrante en autos, por lo que de conformidad con lo prevenido en el artículo 429.8 de la LEC quedaron los autos conclusos para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Se ejercita por la parte actora acumuladamente acción de desahucio y reclamación de rentas frente al demandado arrendatario y respecto de la vivienda objeto de la relación locaticia, alegando que el demandado no abona la renta desde la mensualidad de agosto de 2000, reclamando por el total concepto hasta la mensualidad de octubre del presente año la cantidad de 10.547,76 euros. El demandado no ha comparecido al procedimiento ni ha sido localizado pese a los intentos de averiguación realizados en el procedimiento por lo que ha sido declarado en rebeldía, lo que en ningún caso excluye la obligación del actor de probar los hechos constitutivos de su pretensión.

Segundo.- Pues bien, ha de decirse que de la documental obrante en autos se constata por un lado la realidad de la relación locaticia mediante el correspondiente contrato de arrendamiento que se acompaña como Documento nº 2 de la demanda en el que parece la efectiva cuantía de 45.000 pesetas como renta mensual a abonar por el demandado. Éste por su parte y dada la situación de rebeldía no ha probado en ningún caso el pago de las rentas reclamadas, deduciéndose por otra parte el abandono de la situación arrendaticia al no haber sido localizado en el domicilio objeto del arrendamiento. Así las cosas y puesto que se ha probado la realidad de la relación contractual entre las partes y en la medida en que el demandado no ha acreditado haber satisfecho las rentas reclamadas y suponiendo ello un incumplimiento de las obligaciones del arrendatario, procede de conformidad con lo prevenido en el artículo 27 de la LAU la resolución del contrato de arrendamiento y en consecuencia declarar haber lugar al desahucio condenando al demandado al desalojo de la vivienda bajo apercibimiento de lanzamiento si no lo verifica dentro de los plazos legalmente establecidos. Por otra parte y ejercitándose la acción de reclamación de rentas y por los mismos fundamentos antes expresados procede igualmente la condena al demandado a abonar al actor la cantidad de 10.547,76 euros en concepto de rentas impagadas desde la mensualidad de agosto de 2000 hasta la mensualidad de octubre de 2003.

Tercero.- Por lo que a las costas se refiere y de acuerdo con el principio del vencimiento establecido en el artículo 394 de la LEC, éstas se imponen a la parte demandada al haberse estimado la demanda.

Vistos, por el Ilmo. Sr./a. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Las Palmas de Gran Canaria y su Partido, los presentes autos de juicio ordinario, bajo el nº 0000569/2001, seguidos a instancia de D./Dña. Antonia Martel Peñate, representado por el Procurador D./Dña. María del Carmen Benítez López, y dirigido por el Letrado D./Dña. Antonio José Montesdeoca Navarro, contra D./Dña. Antonio Francisco González Betancor, en paradero desconocido y en situación de rebeldía.

FALLO: FALLO

Que estimando la demanda formulada por la Procuradora Dña. María del Carmen Benítez López en nombre y representación de Dña. Antonia Martel Peñate debo declarar resuelto el contrato de arrendamiento que unía a las partes sobre la vivienda sita en esta ciudad en la calle Prudencio Morales, nº 73, 1º derecha, y en consecuencia de ello declarar haber lugar al desahucio condenando al demandado D. Antonio González Betancor a desalojar la referida vivienda bajo apercibimiento de lanzamiento si no lo verifica dentro de los plazos legalmente establecidos, así como a abonar al actor la cantidad de diez mil quinientos cuarenta y siete con setenta y seis euros (10.547,76 euros), todo ello con imposición al demandado de las costas del procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes, al demandado rebelde mediante edictos a publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de conformidad con lo prevenido en el artículo 497 de la LEC.

Modo de impugnación: mediante recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (artículo 455 LECn).

El recurso se preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de cinco días, limitado a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 LECn).

Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado, expido y libro el presente en Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de octubre de 2003.- El/la Magistrado-Juez.- El/la Secretario.

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