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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar la notificación de la Resolución recaída en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de los establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
El ingreso de las sanciones recaídas en los expedientes que se relacionan deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía y Hacienda le remitirá a su propio domicilio.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de noviembre de 2003.- El Director General de Ordenación y Promoción Turística, Raimundo Domínguez de Vera.
RESOLUCIONES QUE SE CITAN:
1º) Libro nº 1 de Resolución de la Viceconsejería de Turismo, folio 105, nº 87.
Resolución de 14 de octubre de 2003, de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 71/2003, instruido a Masrida Imagen, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado "Bungalows Dunaflor".
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Masrida Imagen, S.L., con C.I.F. B35427202, titular de la explotación del establecimiento denominado Bungalows Dunaflor, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 4 de abril de 2003, como consecuencia de las actas de inspección nº 15.960/2002, de 4 de octubre y 16.131/2002, de 22 de noviembre.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Se realizó inspección turística al establecimiento levantándose actas de inspección nº 15.960/2002, de 4 de octubre, y 16.131/2002, de 22 de noviembre, en las que esencialmente se hace constar el incumplimiento de las de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos.
2º) El 4 de abril de 2003 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 71/2003, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.
3º) D. Carlos Javier López Rodríguez, en representación de la empresa expedientada, formula alegaciones mediante escrito de fecha 5 de junio, con registro de entrada en esta Consejería nº 373208, de fecha 5 de junio de 2003, alegando en síntesis lo siguiente:
Que el acta de inspección 15960, en el que se recoge diferentes incidencias, no considera ninguna de ellas infracción. Que con fecha 7 de abril la entidad que representa presentó los documentos requeridos en la precitada acta. Que el posterior acta de inspección no apercibe de no haber presentado el dictamen favorable del Instituto Canario de Seguridad Laboral. Que la Resolución de Inicio se deriva de un acta en el que no se recoge ninguna infracción. Solicita período de prueba documental para acreditar las alegaciones contenidas en el presente escrito según la documentación que se aporta. Por último solicita que una vez practicada la prueba documental se proceda al archivo del expediente.
4º) El Instructor examino y admitió los documentos aportados con las alegaciones teniéndolos por reproducidos en el expediente a fin de tenerlos en cuenta en la Propuesta de Resolución, procediendo a tramitar ésta según establece el artº. 14.1 del Decreto 190/1996.
5º) Examinadas las razones esgrimidas por la empresa expedientada, el Instructor concluyó que no se desvirtúa el hecho imputado toda vez que:
Primero.- No se acredita que el establecimiento cumpla con lo dispuesto en el Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, sobre medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativos (B.O.C. nº 1, de 1.1.97), modificado por Decreto 39/1997, de 20 de marzo (B.O.C. nº 44, de 7 de abril). Ciertamente el acta de inspección recoge que en el momento de la visita, 4 de octubre de 2002, se están ejecutando las obras de protección contra incendios manifestando en aquel momento el compareciente que contaban con el dictamen favorable del organismo competente.
De los documentos aportados, con las alegaciones, se determina que Masrida, S.L., cuenta con informe favorable sobre proyecto de medidas de seguridad y protección contra incendios, en base a la normativa mencionada en el párrafo precedente, emitido el 5 de mayo de 2000 por el Instituto Canario de Seguridad Laboral. Pero no acredita disponer del Informe Técnico de Conformidad. Este último informe es el que finaliza el procedimiento sobre dicha materia y que recoge el Capítulo II del Decreto 305/1996. Para que éste se emita es necesario comprobar la adecuación de las obras realizadas con base al proyecto aprobado previamente mediante el informe favorable sobre proyecto. Tal como se recoge en el acta de inspección 15960 se estaba, en aquel entonces, realizando las correspondientes obras.
Por tanto no cumplía los requisitos de la norma sobre medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativos. No obstante, con base al principio de proporcionalidad, atendiendo a los criterios previstos en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias y el artº. 3.2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, este órgano instructor estima además como atenuante significativa que dicha entidad mercantil ya cuente con el informe favorable sobre proyecto y se estén ejecutando las obras por lo que propone modificar la cuantía inicial de sanción de multa en la cantidad que se dirá.
Como consecuencia de todo lo anterior el Instructor del procedimiento, con fecha 16 de junio de 2003, formuló Propuesta de Sanción de multa en cuantía total de tres mil setecientos cincuenta y seis (3.756) euros.
6º) No consta en el expediente que se hayan formulado alegaciones a la Propuesta de Resolución la cual fue notificada mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 145, de 29 de julio de 2003.
7º) El siguiente hecho: incumplimiento de las medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativos, establecidas en los Decretos 305/1996 y 39/1997, se consideran probados en virtud de lo expresado en los apartados precedentes.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).
Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada toda vez que se tiene por probado el hecho que se le imputa no desvirtuándose el mismo.
Quinta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95). Esto es la modalidad del establecimientos, Apartamentos, su capacidad que asciende a 282 unidades alojativas, la categoría que ostenta, tercera.
El legislador previó dicha infracción como muy grave (artº. 75.8 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias) estableciendo para la misma una sanción de multa que oscila entre los 30.050,62 euros (5.000.001 pesetas) y 300.506,06 euros (50.000.000 de pesetas). En la resolución de inicio dicha infracción ya fue recalificada como grave en virtud del artículo 76.18 (hoy 76.19 tras la modificación introducida por la Ley 19/2003, de 14 de abril), imponiéndose sanción encuadrada en el grado inferior de la multa.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, 28.9.82), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95), y artículo 10 del Decreto 123/2003, de 17 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº 139, de 19.7.03).
El hecho imputado, infringe lo preceptuado en las siguientes normas sustantivas:
Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación de Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, sobre medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativos (B.O.C. nº 1, de 1.1.97), modificado por Decreto 39/1997, de 20 de marzo (B.O.C. nº 44, de 7 de abril).
Tipificación:
Por el hecho
Único.- Artículo 75.8, en relación con el artº. 76.19, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
Calificado como
Por el hecho Único.- Grave.
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de tres mil setecientos cincuenta y seis (3.756) euros, a Masrida Imagen, S.L., con C.I.F. B35427202, titular de la explotación del establecimiento denominado Bungalows Dunaflor, sito en Avenida Neckerman, s/n, Maspalomas, término municipal de San Bartolomé de Tirajana.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).
Una vez firme la presente Resolución, se procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de ordenación del turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.- Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de octubre de 2003.- La Viceconsejera de Turismo, Pilar Parejo Bello.
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