BOC - 2003/218. Viernes 7 de Noviembre de 2003 - 4169

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda

4169 - Dirección General de Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 17 de octubre de 2003, sobre notificación a Dña. Lidia Medina Medina de la orden de incoación de expediente y designación de Instructor y Secretario en el expediente sancionador S-73/03.

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Ignorando el domicilio, a efectos de notificación, de Dña. Lidia Medina Medina, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14 de enero), esta Dirección General

R E S U E L V E:

Notificar a Dña. Lidia Medina Medina, lo siguiente:

"De orden del Instructor, por el presente oficio se le notifica a Ud. que, a la vista de lo informado por el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Adeje de 16 de septiembre de 2002 e informe de la asistenta social de este Centro Directivo, de fecha 26 de noviembre de 2002. El Sr. Jefe del Servicio de Promoción Privada, en virtud de las atribuciones conferidas por Resolución de la Dirección General de Vivienda y Aguas de fecha 24 de enero de 1990, en relación con el Decreto 161/1996, de 4 de julio, del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº 84, de 12 de julio), ha acordado la incoación de expediente sancionador bajo la nomenclatura antes referenciada a Dña. Lidia Medina Medina, por desvirtuar el destino de domicilio habitual y permanente en la vivienda de protección oficial, promoción privada sita en la calle Ayyo, 1, Las Torres, término municipal de Adeje.

HECHOS: no residir de manera habitual y permanente en la vivienda de protección oficial reseñada.

INFORME POLICÍA LOCAL:

* En relación a lo interesado por la Dirección General de Vivienda en la que solicita informe sobre si la vivienda nº 36 del Conjunto Residencial Las Torres, no está siendo ocupada por su propietaria Dña. María Lidia Medina Medina como domicilio habitual y permanente; y según de las gestiones realizadas al respecto resulta que, no se ha podido realizar el informe, por insuficientes señas en su dirección (en el conjunto residencial Las Torres, existen varias viviendas con el nº 36. Lo que tengo el honor de informar a Ud., a los efectos que procedan.*

INFORME SOCIAL:

* Personada con fecha 22 de noviembre, la trabajadora social que suscribe (María de la Paz Moreno Almenara) en el domicilio indicado, no hay nadie en el mismo. Los vecinos consultados coinciden en afirmar que la titular acude a la vivienda de manera ocasional, no habiendo establecido su domicilio habitual en la misma. Manifiestan que acude para regar unas plantas que tiene en la puerta de acceso a la vivienda. Cabe señalar en este punto que el aspecto exterior es de no residir en ella ya que se puede observar desde fuera que aún no ha colocado cortinas en las ventanas, teniendo únicamente unos trapos para que no se vea el interior.

Asimismo, en el momento de efectuar la visita se le dejó una nota bajo la puerta para que se pusiera en contacto con esta Dirección General al día siguiente de la visita, no habiéndolo hecho hasta el momento de la emisión del presente informe.*

Considerando que los hechos indicados pueden ser constitutivos de una infracción administrativa tipificada en el artículo 56 del Real Decreto 3.148/1978 (B.O.E. nº 14, de 16.1.79), calificada de muy grave, susceptible de sanción, al amparo del artículo 57 del Real Decreto 3.148/1978, con multa por importe de 1.502,53 euros a 6.010,12 euros y a tenor del artículo 155.d) Decreto 2.114/1968, de 24 de julio (B.O.E. nº 216, de 7 de septiembre) la posible descalificación de la vivienda con carácter de sanción. Sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente procedimiento. Se designa, respectivamente Instructor y Secretaria del mismo: D. Pablo Montoro Martín y Dña. Magdalena Izquierdo Villar. Siendo su régimen de recusación el contemplado en los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo, al amparo de lo dispuesto en el artº. 3.2 del Real Decreto 1.398/1993 (B.O.E. nº 189, de 9.8.93), los interesados tienen derecho a formular alegaciones y a aportar los documentos que consideren convenientes en cualquier momento del procedimiento a partir de la notificación del presente acuerdo y con anterioridad al trámite de audiencia.

En particular, y a tenor de lo establecido en el artº. 16.1 del Real Decreto 1.398/1993, los interesados disponen de un plazo de quince días a contar desde la notificación del presente acuerdo para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse.

En su momento y en relación con el artº. 19.1 del mismo Real Decreto, los interesados dispondrán de un plazo de quince días para oponerse a la propuesta de resolución que formule el instructor.

Se le advierte que, de no efectuar alegaciones en plazo y dado que en el acuerdo se contiene un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, el acuerdo de iniciación podrá ser considerado como propuesta de resolución frente a la cual podrá efectuar alegaciones en el plazo de quince días.

Conforme lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 285, de 27.11.92 y B.O.E. nº 12, de 14.1.99), en relación con el artículo 20.6 del Real Decreto 1.398/1993; el plazo máximo para la resolución y notificación de este procedimiento será de seis meses, contado desde la fecha de este acuerdo. Informándole igualmente que transcurrido el referido plazo sin que se emita resolución expresa, según lo previsto en el artículo 44.2 de la misma Ley procedimental, se producirá la caducidad del expediente, ordenándose el archivo de las actuaciones con los efectos prescritos en el artículo 92."

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de octubre de 2003.- El Director General de Vivienda, Jerónimo Fregel Pérez.



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