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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Resolución en el domicilio que figuraba en el expediente tramitado por la extinta Viceconsejería de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
R E S U E L V O:
1º) Notificar a D. Manuel Quintana Estupiñán la Resolución de 11 de julio de 2003 (libro 01, nº reg. 414, folio 68), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto por D. Manuel Quintana Estupiñán, frente Resolución del Director General de Industria y Energía de 15 de abril de 2002, relativa a facturaciones de suministro de agua, recaída en el expediente con referencia DA-01/381.
2º) Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de octubre de 2003.- El Secretario General Técnico, Ángel Alexis Montesdeoca García.
A N E X O
Resolución del Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica de fecha 11 de julio de 2003, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Manuel Quintana Estupiñán, frente a la Resolución del Director General de Industria y Energía de 15 de abril de 2002, relativa a facturaciones de suministro de agua, recaída en el expediente con referencia DA-01/381.
Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Manuel Quintana Estupiñán contra la Resolución del Director General de Industria y Energía de 15 de abril de 2002, relativa a facturaciones de suministro de agua, recaída en el expediente con referencia DA-01/381, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con fecha 9 de julio de 2001, D. Manuel Quintana Estupiñán presentó reclamación ante la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias por disconformidad con la facturación girada por la entidad suministradora Emalsa, prestataria del servicio de aguas de Las Palmas de Gran Canaria, el 24 de mayo de 2001, por importe de 347,58 euros.
Segundo.- A las 12,15 horas del día 4 de septiembre de 2001, y por personal técnico de la Dirección General de Industria y Energía se procedió a la verificación del contador del reclamante, si bien no se pudo practicar dicha prueba, por no encontrarse nadie en el domicilio. Se intentó por segunda vez dicha verificación el día 26 de noviembre de 2001, a las 12,10 horas, pero tampoco se pudo realizar, por no tener el abonado la llave de la puerta del cuarto de contadores.
Tercero.- En base a la propuesta emitida por el Jefe de Sección de Recursos Hidráulicos, con fecha 2 de abril de 2002, el Jefe de Servicio de Seguridad Industrial de la provincia de Las Palmas, por delegación de firma del Director General de Industria y Energía, dictó Resolución el 15 de abril de 2002, por medio de la cual declara la caducidad del expediente administrativo DA-01/381.
Cuarto.- Con fecha 17 de mayo de 2002, D. Manuel Quintana Estupiñán interpone recurso de alzada contra la Resolución precedente, por medio del cual viene a decir lo siguiente:
1. Que en fechas pasadas el recurrente presentó denuncia contra recibo de Emalsa, cuya cantidad no es equiparable a la normalidad.
2. Que debido a que su hijo sufrió un accidente de circulación gravísimo que le tuvo en la UVI durante un tiempo considerable, además de su estancia hospitalaria consiguiente, también durante un período grande, estuvo ausente de su vivienda.
3. Que este motivo le imposibilitó poder estar en su domicilio, cuando le fuese girada la visita por el técnico correspondiente, con el fin de avisar al presidente de la Comunidad para que le habilitase la llave del cuarto de contadores.
4. Que por ello el recurrente solicita la rehabilitación del expediente en aras de poder comprobar lo indebido de este recibo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- En relación a los requisitos de admisibilidad del presente recurso, no se formula ningún pronunciamiento en contrario, por cuanto el mismo se ha interpuesto dentro del plazo de un mes establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la parte recurrente tiene plena legitimación activa para promover el recurso, y el órgano competente para su resolución es el Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, de conformidad con el vigente Reglamento Orgánico, y el artículo 20.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.
Segundo.- El acto resolutorio objeto de impugnación tiene su fundamentación jurídica en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a cuyo tenor: "En los procedimientos iniciados a solicitud de interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo. Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes".
Tercero.- Las alegaciones esgrimidas por el recurrente en ningún caso pueden desvirtuar los fundamentos fácticos y jurídicos de la resolución recurrida, por cuanto la imposibilidad de realizar una prueba tan esencial como la verificación del contador ha sido por causa imputable al hoy recurrente, y en este sentido, es importante subrayar que no se pudo realizar dicha verificación en el segundo intento por no tener el recurrente la llave del cuarto de contadores, y ello justifica la caducidad del expediente al amparo de lo prevenido en el artículo 92 de la Ley 30/1992, habida cuenta que el expediente ha estado parado más de tres meses, por responsabilidad directa del recurrente.
VISTOS
El Real Decreto 2.578/1982, de 24 de julio, de transferencia a la Junta de Canarias de competencias, funciones y servicios en materia de industria, energía y minas; el Real Decreto 2.091/1984, de 26 de septiembre, sobre adaptación de los servicios transferidos en fase preautonómica a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de industria, energía y minas; el Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias; el Decreto 10/2001, de 29 de enero, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías; el Decreto 12/2001, de 30 de enero, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias; el Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y demás normativa de aplicación general.
Por todo lo cual, el Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, en el ejercicio de las competencias que legalmente tiene atribuidas,
R E S U E L V E:
Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Manuel Quintana Estupiñán, contra la Resolución del Director General de Industria y Energía de 15 de abril de 2002, relativa a facturaciones de suministro de agua, recaída en el expediente con referencia DA-01/381, manteniendo la misma en todos sus términos.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente de su notificación, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, Wenceslao Berriel Martínez.
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