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BOC Nº 208. Viernes 24 de Octubre de 2003 - 3937

IV. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Tenerife

3937 - ANUNCIO de 16 de octubre de 2003, relativo a notificación del Decreto que resuelve el recurso de alzada planteado en el expediente sancionador nº TF-40503-O-02 en materia de transportes.

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Providencia de 16 de octubre de 2003, del Jefe de Servicio de Carreteras y Transportes del Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio de recurso de alzada planteado en expediente sancionador de transportes nº TF-40503-O-02.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al recurrente que se cita el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40503-O-02.

La cuantía de la sanción deberá ser ingresada en la cuenta corriente de CajaCanarias nº 2065 0000 01 1114005082, haciendo constar en el documento de ingreso el número de expediente sancionador y presentando copia justificativa del mismo en el Área de Transportes de esta Corporación, personalmente o por correo. Por ello dispondrá de un plazo, en el supuesto de recibir la notificación de la presente resolución entre los días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive, hasta el día 5 del mes siguiente. Caso de recibirla entre los días 16 y último de cada mes, ambos inclusive, dispondrá hasta el día 20 del mes siguiente. Si vencidos los plazos de ingreso no se hubiere satisfecho la deuda, se procederá a su cobro por la vía administrativa de apremio con el recargo correspondiente al 20% del débito.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día de la publicación del presente Decreto, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo.

"La Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular, con fecha 29 de mayo de 2003, ha dictado, entre otros el siguiente Decreto:

"Visto escrito presentado por D. Germán Armas Martín, por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada por el Sr. Consejero Insular del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes de fecha 7 de marzo de 2003 recaída en el expediente de referencia, y,

Resultando: que con fecha y hora 4 de febrero de 2002, 17,00 por la Guardia Civil de Tráfico se formuló denuncia contra el vehículo matrícula TF-4601-BS, del que es titular D. Germán Armas Martín por:

Realizar transporte de 4 escolares desde el Colegio Los Salesianos (La Orotava) hasta El Durazno (Puerto de la Cruz), careciendo de autorización de transporte.

Resultando: que el día 13 de noviembre de 2002 se notificó al interesado la citada denuncia y la incoación del expediente sancionador nº TF-40503-O-2002.

Resultando: que por el expedientado se presentó escrito de descargo alegando lo que entendió conducente a la defensa de sus intereses, en síntesis, que lo único que hizo la conductora fue recoger a unos escolares que se encontraban en el exterior del Colegio de Los Salesianos en La Orotava y llevarlos a El Durazno, cosa que hizo puesto que conocía a los citados escolares y éstos llevaban la misma dirección que la citada conductora, ello no implica realizar un transporte que requiere autorización administrativa, puesto que, ni el compareciente, ni la conductora obtuvieron ningún beneficio por dicho transporte, basado sólo en un acto de buena voluntad y de liberalidad por parte de la citada conductora. Que la sanción es desproporcionada, ascendiendo a 600 euros, cuando el artículo 201 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres establece que las sanciones como la imputada pueden sancionarse con multa de 276,47 euros a 1.382,32 euros, y en la fijación de la cuantía de la sanción no se ha tenido en cuenta ninguna de las circunstancias que rodean al caso, como que no supone un transporte discrecional de personas en sentido estricto.

Resultando: a la vista de las alegaciones y pruebas aportados por la entidad mercantil interesada, fue requerido informe complementario al agente denunciante, aportando escrito de fecha 10 de enero de 2003, en el que se ratifica en los hechos denunciados, en los siguientes términos, que los niños que transportaba no tenían ninguna relación familiar con la denunciada, asimismo, es más que probable que la misma guardase algún tipo de relación con una empresa que realiza la actividad, puesto que el compañero del agente denunciante se encontraba inspeccionando una guagua que procedía del mismo colegio que la conductora denunciada, esa guagua matrícula TF-1551-AT, cuyo titular es Transportes Almagua, S.L., su conductor, al faltarle documentación del vehículo se dirigió a la conductora denunciada para que efectuase una llamada a la empresa y se la trajeran al lugar, y se dirigió a ella porque según les dijo ese conductor, ella tenía relación familiar con el titular de la empresa de transportes para la que trabajaba, siendo esta guagua finalmente también denunciada en expediente nº 13245. Que no es la primera vez que se ve a ese vehículo por la zona, llevando a niños.

Resultando: que por el Consejero del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha 7 de marzo de 2003 que venía a sancionar a D. Germán Armas Martín con multa que ascendía a 600,00 euros, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artículos 90 y 140.a), en relación con el artº. 141.o) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, artículos 109 y 197.a), en relación con el artº. 198.p) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (B.O.E. de 8.10.90) y en base al artículo 143 de la Ley 16/1987 y artículo 201 del Real Decreto 1.211/1990.

Notificándose dicha Resolución en fecha 24 de marzo de 2003.

Resultando: que con fecha 25 de abril de 2003, D. Germán Armas Martín interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, reiterándose en lo ya expuesto en el pliego de alegaciones aportado anteriormente.

Considerando: que el recurso de alzada ha sido presentado fuera del plazo legalmente previsto en el artículo 115 Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que establece el plazo de un mes. Ya que notificada la resolución dictada por el Sr. Consejero Insular del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes en fecha 24 de marzo de 2003, según consta en acuse de recibo firmado, el recurso de alzada ha sido interpuesto en fecha 25 de abril de 2003, transcurriendo en exceso el plazo otorgado: deviniendo, en consecuencia firme e inimpugnable la resolución recurrida.

Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en inadmitir el recurso de alzada interpuesto por D. Germán Armas Martín, por interposición fuera del plazo legalmente determinado, confirmando la Resolución del Consejero Insular del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes, de fecha 17 de marzo de 2003, que determinó la imposición de una sanción de seiscientos (600,00) euros manteniéndose, en consecuencia, en todos sus pronunciamientos.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo."

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de octubre de 2003.- El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Campos Albarrán.

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