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BOC Nº 208. Viernes 24 de Octubre de 2003 - 3935

IV. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Tenerife

3935 - ANUNCIO de 15 de octubre de 2003, relativo a notificación de la Resolución que resuelve el recurso extraordinario de revisión planteado en el expediente TF-40914-O-02 en materia de transportes.

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Providencia de 15 de octubre de 2003, del Jefe de Servicio de Carreteras y Transportes de la Resolución del Consejero del Área de Carreteras y Transportes de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio del recurso extraordinario de revisión planteado en expediente sancionador de transportes nº TF-40914-O-02.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al recurrente que se cita la Resolución del Consejero del Área de Carreteras y Transportes de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio del recurso extraordinario de revisión planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40914-O-02.

Contra esta Resolución, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día de la publicación de la presente Resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

"El Consejero del Área de Carreteras y Transportes de este Excmo. Cabildo Insular, con fecha 8 de septiembre de 2003, ha dictado, entre otros la siguiente Resolución:

"Visto escrito presentado por D. Norberto Aníbal García Hernández en nombre y representación de D. José Hernández Guanche, por el que se interpone recurso extraordinario de revisión contra la resolución dictada por el Sr. Consejero Insular del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes de fecha 18 de febrero de 2003 recaída en el expediente de referencia, y,

Resultando: que con fecha y hora 29 de marzo de 2002, 2,45 por la Guardia Civil de Tráfico se formuló denuncia contra el vehículo matrícula TF-4520-U, del que es titular D. José Hernández Guanche por:

Circular un camión caja de dos ejes transportando tuberías PVC, 100 kgs, careciendo de tarjeta de transportes. Ostenta distintivos MPC local Tenerife.

Resultando: que el día 28 de enero 2003 se notificó al interesado la citada denuncia y la incoación del expediente sancionador nº TF-40914-O-2002.

Resultando: que por el expedientado se presentó escrito de descargo alegando lo que entendió conducente a la defensa de sus intereses, en síntesis, lo cierto es que transportaba una tubería cuyo peso no sobrepasaba de 25 kilogramos, ya que el conductor la transportó al camión sin ninguna ayuda. Que no se puede hablar de mercancías, sino de herramientas de trabajo destinadas a la vivienda que está fabricando él mismo, y, por lo tanto, no puede hablarse de una actividad de tipo comercial, entre otras cosas porque no se dedica a tal actividad, por lo que estaríamos ante uno de los supuestos contemplados en el último párrafo del artículo 103 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, aportando, como fundamento a sus argumentaciones copias simples de la siguiente documentación: factura nº 163 de Pérez y Ortega de fecha 8 de febrero de 2003, por material de fontanería, de hojas del libro de familia del conductor del vehículo denunciado y del D.N.I. de éste y del titular del vehículo, igualmente, copia cotejada de certificado negativo del I.R.P.F. emitido el 7 de febrero de 2003, por la Administración de la Agencia Tributaria de La Laguna.

Resultando: que por el Consejero del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha 18 de febrero de 2003 que venía a sancionar a D. José Hernández Guanche con multa que ascendía a 150,00 euros, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artículos 103 y 141.b), en relación con el artº. 142.m) de la Ley 16/1987, artículos 158 y 198.b), en relación con el artº. 199.ñ) del Real Decreto 1.211/1990. Decreto 6/2002, y en base al artículo 143 de la Ley 16/1987 y artículo 201 del Real Decreto 1.211/1990.

Notificándose dicha Resolución en fecha 28 de febrero de 2003.

Resultando: que con fecha 4 de junio de 2003, D. Norberto Aníbal García Hernández, en nombre y representación de D. José Hernández Guanche interpuso recurso extraordinario de revisión, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que por error se aportó en descargo un certificado que no era del I.A.E. y que la relación de parentesco queda acreditada con el libro de familia donde consta que la madre del dicente es la hija del titular del vehículo y que las tuberías no las compró el día de la denuncia, por lo que la fecha de la factura no corresponde con la de la denuncia, ya que fue transportado poco a poco desde el lugar donde los tenía guardadas, y que la factura se la emitieron sin nombre, dado que, como sucede normalmente, cuando se paga al contado, las entidades mercantiles no suelen incluir el nombre del comprador, aportando, como fundamento a sus argumentaciones copia cotejada de certificado negativo en el censo del Impuesto sobre Actividades Económicas del conductor del vehículo denunciado, emitido el 29 de mayo 2003 por la Administración de La Laguna de la Agencia Tributaria.

Considerando: que el presente recurso observa los requisitos de índole objetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como capacitación, legitimación suficiente, e interposición en plazo.

Considerando: el recurso de revisión, previsto en los artículos 118 y 119 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común tiene carácter extraordinario por cuanto que sólo se admite en los supuestos del citado artículo 118 y contra actos firmes, es decir, en principio inatacables, pero que, por la gravedad de las circunstancias concurrentes en su emisión, porque pueda plantearse duda racional acerca de su validez a la vista de los documentos incorporados al expediente, o por acontecimientos acaecidos con posterioridad al acto, la Ley permite su impugnación. Esta naturaleza excepcional se manifiesta en la enumeración taxativa que hace el legislador respecto a las causas en las que únicamente puede fundarse y que precisamente por ese carácter excepcional han de ser interpretadas restrictivamente, por lo que se habla de la imposibilidad de "imprimir a la norma unas directrices más amplias" y de "la necesidad de que se puntualicen los motivos en que se base la pretensión", causas entre las que se encuentra aquella en la que parece fundamentar el recurrente el recurso de revisión interpuesto, artículo 118.1.2ª, "Que aparezcan o se aporten documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida".

Por definición legal, y como presupuesto para exencionarlo de la obligatoriedad de autorización administrativa de transporte, el artículo 101 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, los transportes privados particulares son los destinados exclusivamente a satisfacer las necesidades de desplazamiento de carácter personal o doméstico del titular del vehículo y de sus allegados, sin que pueda dar lugar a remuneraciones dinerarias directas ni indirectas y debiendo realizarse en vehículos cuyo número de plazas o capacidad de carga no exceda de los límites que reglamentariamente se establezcan, así el artículo 156.2 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres determina que los transportes privados particulares de viajeros habrán de realizarse en vehículos de turismo y los de mercancías habrán de ser realizados en vehículos ligeros; de lo que se deduce que la naturaleza del transporte privado particular aparece desvinculada de cualquier actividad empresarial, aunque se traten de empresas familiares, autónomas, cooperativas, sociedades civiles particulares, comunidades de bienes u otras similares (artículo 156.1 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres), lo que resulta acreditado documentalmente en el expediente sancionador que analizamos, tanto mediante certificado de la Agencia Tributaria acerca de que el conductor del vehículo no figuraba en el censo del I.A.E., como la relación de parentesco entre éste y el titular del vehículo, así como el destino de las mercancías transportadas y la naturaleza de las mismas, así como el carácter ligero del vehículo denunciado, motivos por los que procede estimar el recurso extraordinario de revisión interpuesto, previa revocación de la Resolución sancionadora impugnada, al no poder considerar que se da el tipo legal de la infracción prevista en los artículos que sirvieron de fundamento a la misma.

Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 118 y 119 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, vengo en estimar el recurso extraordinario de revisión interpuesto por D. Norberto Aníbal García Hernández, en nombre y representación de la entidad mercantil D. José Hernández Guanche dejando sin efecto la Resolución del Consejero Insular del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes, de fecha 18 de febrero de 2003.

Contra esta Resolución, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo."

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de octubre de 2003.- El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Campos Albarrán.

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