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BOC Nº 206. Miércoles 22 de Octubre de 2003 - 3851

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías

3851 - Dirección General de Consumo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 23 de septiembre de 2003, sobre notificación de Resoluciones a personas físicas y jurídicas de ignorado domicilio.

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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en los expedientes incoados contra las mismas, por infracción a la normativa en materia de consumo y conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, las resoluciones recaídas en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.

Los interesados podrán interponer recurso de alzada contra la resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.

1) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/109/2003.

Responsable: Limpisec, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B35012376.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 15 de noviembre de 2002, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Tintorería Limpisec propiedad de la interesada, sita en Presidente Alvear, 52, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 8575, comprobaron que, el establecimiento, en el momento de la inspección, carecía del preceptivo cartel de horarios, visible desde el exterior, y del preceptivo cartel informativo al usuario con la leyenda "Este establecimiento, indemnizará por pérdida o deterioro irreparable de la prenda, con la cantidad que, de mutuo acuerdo, haya sido consignada en el resguardo".

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34, apartado 10, de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artículo 4º del Real Decreto 1.453/1987, de 27 de noviembre (B.O.E. nº 285), por el que se aprueba el Reglamento regulador de los servicios de limpieza, conservación y teñido de productos textiles, cueros, pieles y sintéticos.

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones, el día 28 de abril de 2003, manifestando en síntesis: "Que aun cuando no se encontraba el cartel con la leyenda indicada, se viene llevando a cabo verbalmente tal información a los consumidores y usuarios, quedando por tanto cubierta tal información, en cuanto al horario se encuentra situado en el mismo a disposición de los consumidores y usuarios, solicitando el archivo del expediente o se aplique la sanción en su cuantía mínima."

CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el acuerdo de iniciación, por cuanto que el hecho de carecer de las preceptivas leyendas informativas al consumidor y horario al público en lugar visible, y la situación alegada, no le exime de la responsabilidad de carecer de ellos y por tanto de su cumplimiento.

La sanción impuesta por carecer de los preceptivos carteles informativos al usuario y de horarios visibles desde el exterior, y no habiendo el actor desvirtuado los fundamentos fácticos y jurídicos de la actuación administrativa inspectora, habiéndose acreditado los hechos imputados, se impone la desestimación de las alegaciones.

Procede, por cuanto razonado queda, desestimar las alegaciones.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Limpisec, S.L. la sanción de multa de 480 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de junio de 2003.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

2) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/168/2003.

Responsable: Muebles Amaranto, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B35334432.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 18 de diciembre de 2002, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Muebles Amaranto propiedad del interesado, sito en el Centro Comercial La Ballena, local 7, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 8736 comprobaron que, el apartado de las Hojas de Reclamaciones reservado para los datos de identificación de establecimiento, no estaba previa y debidamente cumplimentado en el momento de la inspección.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34, apartado 10, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1 y 2 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones el día 4 de julio de 2003 manifestando en síntesis: que como se comprobó, el local es un punto nuevo de venta y existen y existían las obligadas Hojas de Reclamaciones.

Que por error o por despiste no estaban debidamente cumplimentadas en ese momento, sabiendo y quedando de hacerlo en esos días por todas las cuestiones nuevas.

Que no existe incumplimiento ni infracción.

Que dicha cuantía es insignificante para esa Dirección, aunque importante para el exponente.

Que no ha habido por parte del exponente negativa u obstrucción a la acción investigadora de esa Dirección General.

Que considera no haber cometido infracción simple y que le supondría trastornos económicos en una época de escaso trabajo en esta rama.

CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el acuerdo de iniciación y en la propuesta de resolución en cuanto que según se constata en el acta de inspección, el interesado no tenía cumplimentados los datos de identificación del establecimiento en las Hojas de Reclamaciones, tal y como preceptúa la normativa mencionada.

Es responsable por tanto, al haber omitido la debida diligencia en el cumplimiento de las obligaciones legales que le afectan.

El importe de la sanción ha sido determinado de conformidad con todos los criterios establecidos en las normas citadas en el acuerdo de iniciación.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Muebles Amaranto, S.L. la sanción de multa de 240 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de agosto de 2003.- La Directora General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

3) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/188/2003.

Responsable: María del Carmen Suárez Pérez.

D.N.I. o N.I.F.: 42426394L.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 17 de enero de 2003, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Joyería Topacio propiedad de la interesada, sita en Juan Rejón, 7, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 8236, comprobaron que, en el momento de la inspección, el apartado de las hojas de reclamaciones reservado para los datos de identificación del establecimiento, no estaba previa y debidamente cumplimentado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34, apartado 10, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios e, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1 y 2 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones el día 7 de julio de 2003 manifestando en síntesis: esta parte siempre ha atendido tal obligación puesto que todas y cada una de las Hojas de Reclamaciones que se han puesto en disposición de los clientes iban debidamente cumplimentadas, lo que puede acreditarse a la vista de que por los clientes de este establecimiento no se ha presentado ninguna reclamación en este sentido.

Que por parte de este establecimiento se tiene a disposición de los consumidores y usuarios las preceptivas Hojas de Reclamaciones, así como el cartel anunciador de las mismas, por lo que, se cumple la exigencia legal en referencia al derecho de los consumidores y usuarios de efectuar aquellas reclamaciones que entiendan necesarias por la supuesta vulneración de sus legítimos intereses económicos, procediéndose a rellenar los datos del establecimiento en el momento de la entrega de las mismas.

Señalar que la hoja de reclamación nº 660001, correspondiente con la reclamación presentada por Dña. Inmaculada Santana Gil, la cual origina la personación del Inspector actuante en este establecimiento, se encuentra perfectamente cumplimentada tal y como consta en el presente procedimiento.

Así, la legislación sobre consumidores y usuarios pretende la protección de los derechos de los mismos, entre otros el derecho a la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales, siendo la vulneración de tales intereses, bien jurídico protegido por las normas de aplicación.

Cuando, como en el caso que nos ocupa, no se produce vulneración del bien jurídico protegido, debido a que el consumidor puede realizar las reclamaciones que en defensa de sus legítimos intereses considere oportunas, poniendo a su disposición las preceptivas Hojas de Reclamaciones, procediendo a su cumplimentación en el momento de la reclamación y con anterioridad a la salida del citado documento del establecimiento, no puede dar lugar a la imposición de sanción alguna.

Que el error cometido ha sido debidamente subsanado, ya que siempre ha presidido la actividad de esta parte la buena fe, y el respeto a la legalidad vigente, por lo que atendiendo a las instrucciones dadas por el Inspector actuante se procedió a cumplimentar las Hojas de Reclamaciones según fue indicado por aquél.

Hay que entender que al derecho administrativo sancionador le son aplicables los principios rectores del Derecho Penal, ha de concurrir inexcusablemente el principio de culpabilidad, así la total falta de intencionalidad, dolo o culpa conlleva que no pueda ser sancionada en aplicación del principio penal de culpabilidad.

Es reiterada la doctrina del Tribunal Constitucional -Sentencias de 21 de enero de 1987, de 21 de enero de 1988 y de 6 de febrero de 1989- y del Tribunal Supremo -Sentencias de 21 de septiembre de 1981, de 26 de mayo de 1987, de 20 de diciembre de 1989 y de 3 de julio de 1990- que proclama que los principios inspiradores del orden penal son de aplicación, con ciertos matices, al Derecho Administrativo Sancionador, no pudiendo basarse la responsabilidad administrativa, al igual que la penal, sino en la culpabilidad por dolo, entendido éste como la voluntad consciente de infringir la norma de aplicación, o por culpa o negligencia, lo que se traduce en que en el sistema punitivo y sancionador actual hayan quedado superados antiguos vestigios de una responsabilidad objetiva y sin culpa.

De igual modo, hay que señalar que la sanción propuesta resulta del todo excesiva, así, y según se señala en el artículo 10.2 del Real Decreto 1.945/1983.

Por lo que atendiendo a las circunstancias particulares del caso que nos ocupa, no existiendo dolo, culpa ni reincidencia, ni habiéndose obtenido beneficio económico alguno, es por lo que la sanción debiera imponerse, en su caso, en su cuantía mínima.

CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el acuerdo de iniciación y en la propuesta de resolución, por cuanto que según se constata en el acta de inspección el interesado no tenía cumplimentados los datos de identificación del establecimiento en las Hojas de Reclamaciones tal y como preceptúa la normativa mencionada.

Es responsable, por tanto, al haber omitido la debida diligencia en el cumplimiento de las obligaciones legales que le afectan.

El importe de la sanción ha sido determinado de conformidad con todos los criterios establecidos en las normas citadas en el acuerdo de iniciación.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a María del Carmen Suárez Pérez la sanción de multa de 240 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de agosto de 2003.- La Directora General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

4) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/198/2003.

Responsable: Manuel Calamonte Gracia.

D.N.I. o N.I.F.: 08666729F.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 23 de enero de 2003, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Autoescuela 2000 propiedad del interesado, sita en Paseo de Chil, 305, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante actas levantadas al efecto números 61 y 62 procedieron a cumplimentar sendas reclamaciones con números de registro de entrada en esta Dirección General 1531/02 y 1527/02 interpuestas respectivamente por Dña. Elena Delgado Medina y Dña. Cristina Luque Sšlheim.

- En el acta 61 se procedió a diligenciar la reclamación de Dña. Elena Delgado Medina para lo cual se le mostró y leyó al compareciente el contenido de la misma. Al acta de inspección se adjuntó como documento nº 2 modelo tipo de contrato al objeto de determinar la posible existencia en el mismo de cláusulas abusivas.

Al respecto se comprobó que determinadas condiciones particulares de contrato de enseñanza, suponen un desequilibrio entre las partes por cuanto manifiestan una falta de reciprocidad en las prestaciones y más en concreto suponen según la cláusula 16 de la Disposición Adicional 1ª de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, modificada por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación, un desequilibrio entre las partes; así esta cláusula 16 establece como abusiva por falta de reciprocidad "la retención de cantidades abonadas por el consumidor por renuncia, sin contemplar la indemnización por una cantidad equivalente si renuncia el profesional".

Asimismo, la cláusula 17 establece como abusiva "la autorización al profesional para rescindir el contrato discrecionalmente, si al consumidor no se le reconoce la misma facultad, o la posibilidad de que aquél se quede con las cantidades abonadas en concepto de prestaciones aún no efectuadas cuando sea el mismo a quien rescinda el contrato".

Así vemos las condiciones particulares del contrato aportado números 2, 3, 4 y 8 recaen dentro de las cláusulas abusivas referidas y suponen una clara posición de desequilibrio respecto a las obligaciones de las partes (falta de asistencia es motivo de rescisión sin devolución de importes y no al contrario, cláusula de indemnización en caso de traslado de expediente, etc.).

- En el acta nº 62 se procedió a cumplimentar la reclamación de Dña. Cristina Luque constatándose idénticas cláusulas abusivas en el contrato a las referidas para el caso de la anterior reclamación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 10 bis y 34, apartados 9 y 10 y Disposición Adicional Primera de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, modificada por la Disposición Adicional Primera de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación (B.O.E. nº 89).

CUESTIONES PLANTEADAS: presentó escrito de alegaciones el día 11 de julio de 2003, fuera del plazo legalmente establecido a tal efecto.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Manuel Calamonte Gracia la sanción de multa de 900 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de julio de 2003.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectiva a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

5) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/205/2003.

Responsable: Santiago Ledesma Ravelo.

D.N.I. o N.I.F.: 42814263Q.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 28 de enero de 2003, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Piruleta propiedad del interesado, sito en Juan Manuel Durán, 49, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 42, comprobaron que, en el momento de la inspección, tenían a disposición para su venta al público en el escaparate exterior, gran variedad de ropa para bebé que carecía de los preceptivos marcados de precios en lugar visible.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34, apartado 5, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 1, 3 y 4 del Real Decreto 3.423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 311, de 28 de diciembre), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones el día 10 de julio de 2003 manifestando en síntesis: que en este procedimiento sancionador, se realiza una imputación de hechos que no son exactos, por lo que para la más completa y correcta determinación de lo sucedido es preciso negar los hechos, en la versión dada de los mismos por el agente denunciante, y poner en conocimiento del órgano instructor y del sancionador los hechos tal y como verdaderamente acaecieron:

Esta parte no puede dejar de mostrar su sorpresa, ante el hecho de que el Inspector actuante en este expediente, se aparte de las indicaciones efectuadas en el momento de la inspección donde se nos indicaba por parte del Inspector que deberían estar más visibles los precios pero que en modo alguno de que las prendas expuestas no estuvieran acompañadas de su respectiva etiqueta conteniendo toda la información en cuanto a precio y demás, siendo corregida en el acto por parte del personal de la tienda, asegurándonos que no seríamos sancionados por ello, y se nos sancione por otros motivos ajenos a la misma, en la convicción errónea por parte del órgano instructor de que los elementos que estaban expuestos para su venta al público carecían del preceptivo marcado de precios en lugar visible, y decimos en la interpretación errónea, debido a que toda la ropa de bebé, tanto la que estaba expuesta como la del resto de la tienda, contienen toda la información cumpliendo por lo tanto más que sobradamente con lo dispuesto en la normativa reguladora del etiquetado y por supuesto con la indicación de su precio de venta al público, estando por lo tanto toda la ropa debidamente marcada con su etiqueta puesta, siendo la misma visible desde el exterior del escaparate, pero debemos señalar también para no faltar a la verdad, el que es totalmente probable el que en un momento, a alguna prenda en cuestión se le ruede con una corriente de aire, la etiqueta y quede momentáneamente fuera de la visión, pero inmediatamente es corregido por parte del personal de la tienda, amén de que se le facilita toda la información extra al usuario y consumidor, tan pronto como se la solicitan.

Es por ello, por lo que la Administración no puede en base a la misma acta de inspección, presumir de su culpabilidad, puesto que se trata de piezas de ropa de reducido tamaño por lo que el etiquetado no puede ser excesivamente grande, y tras su interpretación errónea, imponer la sanción para posteriormente aplicar el principio de legalidad de los actos administrativos.

En este sentido se pronuncia entre otras muchas, la Sentencia del Tribunal Supremo STS de 16 de diciembre de 1986.

Que en aplicación del artículo 35 de la Ley 26/1984, los hechos imputados han sido calificados como constitutivos de una supuesta infracción leve.

Que esta imputación no es correcta ya que no se dan los elementos constitutivos y definidores de dicha infracción administrativa, por las siguientes razones:

Que en ningún caso ha existido dolo o intencionalidad alguna en la comisión de infracciones por la entidad que represento, si es que ésta ha existido, es por ello que alego buena fe en su actuación. En cuanto a la infracción que se nos imputa de tener gran variedad de ropa para bebé que carecía de los preceptivos marcados de precios en lugar visible, nos remitimos a lo expuesto anteriormente.

En segundo lugar, y en relación a la ropa para bebé, toda la información tiene su etiquetado, cumplimentado con todos los mínimos exigibles. Por lo que entendemos no se ha vulnerado la normativa reguladora del marcado de precios, tal y como se establece en el propio preámbulo del RealDecreto 3.423/2000.

La Ley 26/1984, de 19 de julio, en su artículo 13.

Asimismo negamos que se hayan infringido los artículos 1, 3 y 4 del mismo Real Decreto 3.423/2000, por cuanto cada etiqueta acompañando cada artículo de ropa contiene el precio claramente legible, situándose en el mismo campo visual, y lo que es más importante, que los mismos son completamente visibles por el consumidor sin necesidad de que éste tenga que solicitar dicha información.

Ninguna voluntad incumplidora existe pues por parte de mi mandante, ni se puede entender que se haya vulnerado la finalidad informadora de los precios, pues no se acredita por la propia inspección como es su deber, que las mismas carecieran y no contuvieran toda la información al consumidor que persigue el marcado de precios y que los mismos no fuesen legibles situándose en el mismo campo visual, y visibles para el consumidor sin necesidad de que éste tenga que solicitar dicha información, por lo que no procede incardinar el supuesto de hecho en el tipo por el que se quiere sancionar.

Que no puede entenderse, en ningún caso, que haya existido dolo o intencionalidad alguna en la comisión de infracciones por la entidad que represento, es por ello que alego buena fe en su actuación.

Que la propuesta de sanción tampoco resulta adecuada de conformidad con el principio de proporcionalidad y demás criterios que gobiernan el ejercicio de la potestad sancionadora, atendiendo a las circunstancias expresadas.

Que para la demostración de las afirmaciones anteriormente manifestadas, se propone la práctica de los siguientes medios de prueba:

Testifical consistente en que se tome declaración a Dña. María Victoria Ruiz Menéndez, encargada de la boutique, la cual podrá ser citada en la dirección de esta entidad que consta en el encabezamiento de este escrito, por tener amplios conocimientos de los hechos imputados y que puede dar razón de los mismos por el conocimiento directo que de ellos tiene.

Reconocimiento sobre el terreno por el órgano instructor para apreciar y acreditar que toda la ropa se encuentra en la boutique debidamente marcada y etiquetada resultando el precio completamente visible.

CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el acuerdo de iniciación y en la propuesta de resolución, por cuanto que el hecho de carecer, en el escaparate exterior, del preceptivo marcado de precio en lugar visible y la situación alegada no le exime de la responsabilidad de carecer de ellos y, por lo tanto, de su cumplimiento.

El importe de la sanción ha sido determinado de conformidad con todos los criterios establecidos en las normas citadas en el acuerdo de iniciación.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Santiago Ledesma Ravelo la sanción de multa de 300 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de agosto de 2003.- La Directora General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre de 2003.- La Directora General de Consumo, Concepción Pérez González.

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