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El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de marzo de 2003, acordó la aprobación definitiva del Plan Parcial Tablado II, a instancia de Jupecano, S.L. A la vista de lo dispuesto en el artículo 44.2 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, y en el artº. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, por medio de la presente se procede a publicar el citado acuerdo, cuya parte dispositiva es, literalmente, la siguiente:
"Primero.- Aprobar definitivamente el Plan Parcial Tablado II con los siguientes condicionantes:
a) Incorporar como obligaciones de la promotora la aportación de una capacidad de almacenamiento de 732 m3 a localizar donde mejor le conviniera al Ayuntamiento, para la explotación del Sistema Municipal de Abastecimiento de Aguas, que se incorporará en el Proyecto de Urbanización. En el caso de que se acuerde con el Ayuntamiento la financiación total o parcial de un depósito municipal, el Proyecto de Urbanización deberá aportar la documentación probatoria del citado acuerdo.
b) Incorporar como obligaciones de la promotora la ejecución de un tramo de colector de Pluviales hasta el Barranco más próximo, que se incorporará en el Proyecto de Urbanización.
c) Incorporar como obligaciones de la promotora la solución de la depuración y del vertido mediante un sistema autónomo, con las características que se deberán de desarrollar en el Proyecto de Urbanización y que necesitará autorización administrativa del Consejo Insular de Aguas.
d) Incorporar en el articulado de las Ordenanzas del Plan, en la parte referente a Proyectos de Urbanización, la necesidad de Informe Preceptivo del Consejo Insular de Aguas de Tenerife.
Segundo.- Régimen de recursos contra este acuerdo.
Tercero.- Disponer la publicación en legal forma del presente acuerdo y del Plan Parcial Tablado II, debiendo notificarse asimismo al promotor, al Área de Planificación y Cooperación del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y a la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, a los efectos oportunos."
Contra el presente acuerdo, que agota la vía administrativa, cabe recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que lo adoptó, a interponer en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de la recepción del mismo, y si interpone el recurso de reposición, no podrá deducir recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto de forma expresa, o se haya producido su desestimación por silencio, que se producirá por el transcurso del plazo de un mes desde su interposición, sin que haya sido notificada su resolución expresa.
El agotamiento de la vía administrativa abre paso a la contenciosa, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, en los siguientes plazos:
- Si se interpone en la vía administrativa recurso potestativo de reposición, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del mismo, o de seis meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, deba entenderse desestimado por silencio administrativo.
- Si no se interpone recurso potestativo de reposición en la vía administrativa, podrá deducirse directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que se reciba el presente Decreto.
Todo ello, sin perjuicio de que por parte del interesado, se ejerciten aquellas otras acciones que se consideren convenientes en defensa de sus derechos e intereses, haciéndose constar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 128.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, durante el mes de agosto no correrá el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo, salvo en el procedimiento en materia de protección de los derechos fundamentales.
Güímar, a 6 de mayo de 2003.- El Alcalde, Rigoberto González González.
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