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BOC Nº 200. Martes 14 de Octubre de 2003 - 3730

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Empleo y Asuntos Sociales

3730 - Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 23 de septiembre de 2003, de la Directora, por el que se hace pública la Orden que resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Pedro Cabrera Jorge, en nombre y representación de la entidad Cerro del Sur, S.A., contra la Resolución de 10 de abril de 2002.- Expte. nº 945/93.

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Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la citada Orden del Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, en el domicilio que figura en el expediente incoado por el Servicio Canario de Empleo, sin que haya sido recibido por el interesado, es por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, se hace saber a la misma que con fecha 14 de julio de 2003 fue efectuado requerimiento del tenor literal siguiente:

Orden por la que se resuelve recurso de alzada interpuesto por D. Pedro Cabrera Jorge, en nombre y representación de la entidad Cerro del Sur, S.A., contra la Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 02-35/0860 de 10 de abril de 2002.

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Pedro Cabrera Jorge, con D.N.I. nº 42.763.345, en nombre y representación de la entidad Cerro del Sur, S.A. con C.I.F. nº A-35049972, con domicilio a efectos de notificaciones en la Plaza de la Feria, 40, 4º, c.p. 35004, Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, el día 20 de mayo de 2002, con registro de entrada en el ICFEM nº 210029 contra la Resolución nº 02-35/0860, de 10 de abril de 2002, del Director del ICFEM relativa al expediente 945/93-Creación de puestos de trabajo con carácter indefinido. En aplicación de la normativa vigente, resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Al amparo del Decreto 177/1993, de 28 de mayo (B.O.C. nº 87, de 7.7.93), por el que se regulan las bases para la concesión de las subvenciones con cargo al programa de 1993, D. José Juan Jorge Ruiz, en calidad de Consejero Delegado de la entidad Cerro del Sur, S.A., presenta solicitud ante el ICFEM el día 29 de septiembre de 1993 con registro de entrada nº 1605, para la concesión de una subvención de las reguladas dentro del Programa de fomento a la creación de puestos de trabajo estable en las empresas radicadas en Canarias, "Subvenciones a la creación de nuevos puestos de trabajo con carácter indefinido", regulado en el Capítulo II del citado texto legal. Junto a la solicitud aporta documentación necesaria para la tramitación del expediente.

Segundo.- Mediante Orden nº 306, de 11 de mayo de 1994, del Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, se resuelve denegar la subvención solicitada, por "haberse agotado las disponibilidades presupuestarias existente para el programa de fomento a la contratación de trabajadores desempleados".

Tercero.- Substanciado el oportuno recurso contencioso-administrativo presentado por el interesado, identificado con el número de procedimiento 1124/1994, y habiéndose estimado la pretensión del mismo, lo que es comunicado al ICFEM mediante escrito del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con fecha de entrada en el ICFEM de 8 de abril de 1998, mediante Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 961, de fecha 28 de agosto de 1998, se concede al interesado la subvención solicitada, por un importe de un millón ochocientas treinta mil (1.830.000) pesetas, de las cuales seiscientas diez mil (610.000) pesetas lo son por la contratación indefinida de un trabajador perteneciente al colectivo de menores (Francisco Ojeda Díaz, con fecha de contratación indefinida de 13 de septiembre de 1993), y un millón doscientas veinte mil (1.220.000) pesetas, lo son por la contratación indefinida de dos trabajadores pertenecientes al colectivo de mayores (Juan Santiago Montesdeoca, con fecha de contratación indefinida de 13 de septiembre de 1993 y Yolanda Jorge Artiles, con fecha de contratación indefinida de 27 de septiembre de 1993), advirtiéndosele que quedará sujeto a las actuaciones de justificación que se recogen en los resuelvos 3º, 4º, 5º y 6º de la Resolución de concesión, recogidos igualmente en los artículos 13 y siguientes del Decreto 177/1993, de 28 de mayo.

Todos los contratos subvencionados son aportados por el interesado junto a la solicitud de subvención, no estableciéndose ningún cambio en los mismos en el momento de la aceptación, en fecha 15 de septiembre de 1998.

Cuarto.- Examinada la documentación aportada por el interesado, tras el necesario requerimiento efectuado en fecha 18 de enero de 2002, y constatándose que, de la misma, se infiera la justificación parcial de la subvención concedida, se procede a iniciar procedimiento de justificación parcial, que es refrendado mediante Informe de justificación parcial de la Intervención Delegada en el ICFEM, de fecha 25 de marzo de 2002, a través del cual dicha Intervención considera justificados los dos puestos de trabajo pertenecientes al colectivo de Mayores, debiéndose proceder al reintegro del puesto de trabajo perteneciente al colectivo de Menores.

Mediante resolución de justificación parcial nº 02-35/0813 de fecha 5 de abril de 2002, en cumplimento de la exigencia establecida en el artículo 31, apartado 6º del Decreto 337/1997, en redacción dada por el Decreto 103/2000, de 12 de junio, se procede a declarar justificada parcialmente la subvención concedida, en los términos expresados en el propio Informe de la Intervención Delegada, citado.

Quinto.- Mediante Resolución nº 02-35/0373 de fecha 15 de febrero de 2002, notificada al interesado en fecha 27 de febrero de 2002, se acuerda iniciar procedimiento de reintegro parcial de la subvención concedida, por cuantía de 3.666,17 euros, correspondientes a uno de los tres puestos de trabajo subvencionados, al haber incurrido el beneficiario en la/s causa/s determinante/s del reintegro que en el citado acuerdo se mencionaba/n, con la indicación de que, en el plazo de diez días podía comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista, proponer pruebas y alegar cuanto tuviera por conveniente en defensa de los derechos que pudieran corresponderle.

Sexto.- El interesado, mediante escrito de fecha 8 de marzo de 2002, procede a presentar alegaciones al procedimiento iniciado, argumentando su defensa en los siguientes extremos:

1. La obligación de mantener el puesto de trabajo sólo se extendía tres años desde la fecha de contratación del trabajador, finalizando por tanto, en 1996, no siendo de recibo que se inicie un procedimiento de reintegro en 2002.

2. Aplicación del artículo 28 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre: en el caso que nos ocupa, la subvención se abona en 1998, entendiéndose que ya se encuentra justificada.

Séptimo.- Revisado el expediente, y vistas las alegaciones presentadas por el interesado, así como el resto de la documentación obrante en el expediente de referencias, se procede a dictar Resolución por la que se pone fin al procedimiento administrativo de reintegro, Resolución nº 02-35/0860 de 10 de abril de 2002, notificada al interesado en fecha 24 de abril de 2002 que, en el punto tercero de sus fundamentos de derecho, acuerda el reintegro parcial de la subvención concedida a la entidad Cerro del Sur, S.A., por los siguientes motivos (se extracta el contenido): "El trabajador menor Francisco Javier Ojeda Díaz causa baja en fecha 16 de febrero de 1994, sin contar sustitución en tiempo y forma, incumpliéndose con ello lo establecido en el artículo 14 del Decreto 177/1993.

- La obligación del interesado es, en efecto, mantener el puesto de trabajo durante los tres años a contar desde la fecha de contratación, pero este plazo nada tiene que ver con el que dispone la Administración para iniciar el procedimiento de reintegro, si se observa que se han incumplido todas o alguna de las obligaciones derivadas de la subvención concedida.

- El interesado alega la aplicación del artículo 28 del Decreto 337/1997, cuando dicho artículo no es de aplicación para las subvenciones de abono anticipado, cuya regulación se determina, entre otros, en los artículos 29 y 31.2 del citado Decreto. El hecho de que nos encontramos ante una subvención de este tipo, se constata si tenemos en cuenta que el propósito de la subvención es crear y mantener puestos de trabajo indefinido durante un período mínimo de tres años".

Se resuelve, por tanto, el reintegro parcial de la subvención concedida, 3.666,17 euros, más 578,00 euros en concepto de intereses legales de demora.

Octavo.- Mediante escrito de 20 de mayo de 2002, con número de registro de entrada 210029, y en uso del derecho que le asiste, el interesado presenta recurso de alzada, manifestando el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de justificación de subvenciones.

El interesado en su escrito de recurso alude expresamente a la Resolución nº 02-35/0813, que es la resolución de justificación parcial, sin embargo, del contenido del resto del escrito, se deduce claramente que la resolución recurrida es, en realidad, la nº 02-35/860 que identifica a la resolución de reintegro parcial. En cualquier caso, dicho error carece de importancia, toda vez que ambas resoluciones versan en realidad sobre la misma cuestión de fondo: justificación y reintegro parciales de la misma subvención, establecen la posibilidad de interponer el mismo tipo de recurso, y ambas fueron notificadas en fechas muy próximas.

El interesado fundamenta su defensa en las siguientes argumentaciones:

Alega el interesado la prescripción del ilícito cometido, toda vez que si la obligación de sustituir al trabajador Francisco Javier Ojeda Díaz se extendía hasta el 16 de marzo de 1994 (un mes después de su baja), sin embargo el procedimiento de reintegro se inició en fecha 15 de febrero de 2002 (el interesado menciona la fecha de recepción del Acuerdo: 27 de febrero de 2002, pero dicha fecha es errónea, pues la fecha en que se dicta al Acuerdo es el 15 de febrero de 2002), por lo que habrían transcurrido más de tres años, plazo en que se estipula la prescripción de las sanciones e infracciones, según lo dispuesto en el artículo 132.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Reincide una vez más el interesado en la aplicación del artículo 28 del Decreto 337/1997, lo que nos llevaría a la conclusión de que el hecho del abono de la subvención, en 1998, implicaría necesariamente, la justificación de la misma, por lo que no sería posible iniciar procedimiento de reintegro alguno.

A los citados antecedentes de hecho, les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Las resoluciones del Director del ICFEM, al no agotar la vía administrativa, son recurribles en alzada ante el Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de notificación del acto impugnado, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con el artículo 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias (B.O.C. nº 96, de 1.8.90), y de conformidad con lo establecido en el artículo 18.4 de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de 28 de abril) y con la Disposición Transitoria Única del mismo texto legal.

Segundo.- Del examen de las alegaciones vertidas por el interesado y, en general, de toda la documentación obrante en el expediente de referencia, se derivan las siguientes conclusiones fundamentales:

Al respecto de la alegada prescripción del expediente, un examen del mismo, nos lleva a la conclusión de que la misma no existe.

En efecto, tras la solicitud presentada por el interesado, en septiembre de 1993, el ICFEM resolvió denegar la subvención al considerar que no existían créditos suficientes. Tal Resolución es emitida en fecha 24 de abril de 1994.

Sin embargo, en uso de su legítimo derecho, el interesado acude a la vía jurisdiccional contenciosa, resultado de la cual, en agosto de 1998, y tras la estimación del recurso interpuesto, se procede a conceder la subvención. Por lo tanto, la subvención es concedida en agosto de 1998, siendo ésta, por tanto, la fecha inicial a efectos de prescripción.

El interesado acepta la subvención concedida en septiembre de 1998, no comunicando cambio alguno de los términos de la solicitud, en particular, en lo que hace referencia a los puestos de trabajo subvencionados, que por lo tanto, siguen siendo los contratos indefinidos de Francisco Ojeda Díaz, con fecha de contratación indefinida de 13 de septiembre de 1993; Juan Santiago Montesdeoca, con fecha de contratación indefinida de 13 de septiembre de 1993 y Yolanda Jorge Artiles, con fecha de contratación indefinida de 27 de septiembre de 1993.

La normativa ya referenciada y conocida por el interesado, obliga a justificar la subvención concedida y a mantener el puesto de trabajo subvencionado, por un período de tres años, a contar desde la fecha de contratación indefinida, siendo este un criterio que, por claro, es compartido por el propio interesado.

Siendo así las cosas, las obligaciones derivadas de la subvención (obligaciones documentales, de mantenimiento y, en su caso, sustitución del trabajador) se mantendrán hasta el 13 de septiembre de 1996 y 27 de septiembre de 1996, según los casos.

Parece evidente que, en el momento de la aceptación, el interesado ya debía justificar la totalidad de la subvención, toda vez que el período de tres años ya había transcurrido. Tiene menor importancia aquí decidir si estamos ante una subvención de abono anticipado o no, pues lo cierto es que el interesado debe acreditar documentalmente el mantenimiento del puesto de trabajo durante los tres años siguientes a la fecha de contratación indefinida, tal y como establece la resolución de concesión, cosa que no hizo en su momento, ni ha hecho con posterioridad.

Por otro lado, el alegado artículo 28 del Decreto 337/1997, establece, de forma clara, que "Las subvenciones se abonarán, con carácter general, una vez se acredite la realización de la actividad subvencionada", siendo evidente que el interesado jamás acreditó documentalmente la subvención, ni siquiera en el momento de la concesión, presentándose la primera documentación en el año 2002, tras el oportuno requerimiento efectuado por el Centro Gestor. No obstante, entiende este Centro Gestor que el hecho de que la subvención se concediera con posterioridad a la finalización del período justificable, no implica que la concesión en sí misma suponga justificación. En efecto, la concesión se produce como consecuencia de una sentencia dictada por órgano jurisdiccional, que obliga a su cumplimento, por lo que la concesión no implica pronunciamiento sobre el contenido del expediente, sino que simplemente es una obligación que viene impuesta por una resolución judicial.

En cualquier caso, como ya hemos referido, si algo está claro, es que el interesado debe acreditar que ha cumplido con las obligaciones derivadas de la subvención concedida, y que tal acreditación debió ser prácticamente simultánea a la aceptación. Ahonda en este criterio el contenido mismo de la Resolución de concesión, que en ningún momento declara justificada la subvención, más bien todo lo contrario, se dedica a recordar al interesado las obligaciones que recaen sobre él, obligaciones y contenido que acepta expresamente.

En este sentido, parece evidente que el interesado no puede pretender que el ICFEM, en el momento de la concesión, inicie un procedimiento de reintegro por la no sustitución de uno de los trabajadores, toda vez que el interesado nunca presentó documentación justificativa alguna hasta febrero de 2002 (de donde se infiere que el interesado no ha mantenido uno de los puestos de trabajo durante los tres años comprometidos), y por lo tanto, resultaba imposible determinar los posibles incumplimientos producidos en el expediente.

Por todo lo expuesto, entiende este Centro Gestor que no se ha producido la prescripción del expediente. En este sentido es de destacar que no son de aplicación al caso que nos ocupa, los plazos de prescripción establecidos en el artº. 132 de la Ley 30/1992, pues son plazos referidos al procedimiento sancionador, carácter que no tiene el procedimiento de reintegro objeto del presente caso. En efecto, el propio Decreto 337/1997, se encarga de establecer claramente la dicotomía existente entre el procedimiento de reintegro de subvenciones y ayudas públicas, como consecuencia de incumplimientos de la normativa de justificación aplicable, y el procedimiento sancionador, regulado de forma individualizada en el Capítulo V.

Sí son de aplicación a este caso los plazos de prescripción establecidos en el artículo 40 de la Ley General Presupuestaria (Real Decreto Legislativo 1.091/1988) "Salvo lo establecido por las leyes reguladoras de los distintos recursos, prescribirá a los cinco años el derecho de la Hacienda Pública:

a) A reconocer o liquidar créditos a su favor, contándose dicho plazo desde el día en que el derecho pudo ejercitarse.

b) Al cobro de los créditos reconocidos o liquidados, a contar desde la fecha de su notificación, o, si ésta no fuera preceptiva, desde su vencimiento.

Dichos plazos se interrumpirán conforme lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley General Tributaria", siendo evidente que la subvención es concedida en 1998, y que ha existido requerimiento de documentación en febrero de 2002, e inicio del procedimiento de reintegro en el mismo año, no puede hablarse de prescripción de las acciones de reintegro de la Administración actuante.

Vistos los antecedentes mencionados, los artículos 114 al 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo y las demás normas de general y pertinente aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Pedro Cabrera Jorge, en nombre y representación de la entidad Cerro del Sur, S.A., contra la Resolución de reintegro parcial nº 02-35/0860 de 10 de abril de 2002, del Director del ICFEM, relativa al expediente nº 945/1993/S.E.-Creación de nuevos puestos de trabajo con carácter indefinido, por los motivos expuestos en los fundamentos de la presente.

Segundo.- Por consiguiente, procede confirmar en todos sus extremos la resolución objeto de recurso, debiendo proceder el interesado al reintegro parcial de la subvención concedida, en cuantía de tres mil seiscientos sesenta y seis euros con diecisiete céntimos (3.666,17 euros), más quinientos setenta y ocho (578,00) euros, en concepto de intereses legales de demora, devengados desde la fecha de pago de la subvención hasta la fecha de propuesta de la Resolución objeto de recurso, aplicando el tipo de interés a que se refiere el artículo 36 del Real Decreto Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, y sin perjuicio de que se practique nueva liquidación de intereses por el tiempo transcurrido desde la fecha de propuesta de la presente resolución hasta la fecha de ingreso de la cantidad a reintegrar.

Tercero.- La obligación de reintegro establecida en esta Resolución no exime al interesado de las demás responsabilidades en que haya podido incurrir como consecuencia del incumplimiento, y que se exigirán, en su caso, por los procedimientos que legalmente correspondan.

Cuarto.- El reintegro, que deberá efectuarse en el plazo de un mes a contar desde la fecha de notificación de la presente Resolución, y ser comunicado al ICFEM (Servicio Canario de Empleo), deberá efectuarse en la cuenta corriente que se indica:

Caja Insular de Ahorros de Canarias: 2052 8130 24 3510002204.

Notifíquese la presente al interesado con la indicación de que contra la misma, al poner fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que se estime procedente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre de 2003.- La Directora, Juliana García Vega.

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