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Habiéndose intentado por esta Viceconsejería sin haberse podido practicar la notificación de la Resolución recaída en el expediente sancionador ES-SIETFE 005/03, incoado a la empresa Insugas, S.L., conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a la empresa Insugas, S.L., la Resolución recaída en el expediente que le ha sido instruido por infracción a la legislación en materia de energía.
2.- La Resolución que se notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso de alzada en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
3.- En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4.- El ingreso de la sanción recaída en el expediente que se relaciona deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía y Hacienda le remitirá a su propio domicilio.
5.- Remitir al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 22 de septiembre de 2003.- El Viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías, Antonio Núñez Ordóñez.
Resolución de la Viceconsejería de Industria y Nuevas Tecnologías, recaída en el expediente sancionador ES.SIETFE-005/03 instruido a Insugas, S.L.
Examinado el expediente sancionador tramitado en este Departamento, instruido a Insugas, S.L., por Resolución de iniciación del Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, nº 184/03, de 2 de abril de 2003.
Vista la Propuesta de Resolución formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) 1. El 11 de marzo de 2003, registro de entrada 155730 se recibió a través del Ayuntamiento de La Orotava, denuncia de Dña. María Isabel García Lorenzo respecto a la actividad de la empresa Insugas, S.L. llevada a cabo en su vivienda, en referencia a la revisión de la instalación de gas efectuada por dicha empresa el 18 de febrero de 2003, la cual considera irregular. Adjunta a su reclamación factura y presupuesto del servicio, certificado nº 31029 de revisión periódica de instalaciones individuales de gas de la citada empresa, suscrito por D. Manuel Muiño Vigo. Y por último adjunta el acta de comparecencia en la Policía Local del Ayuntamiento de La Orotava.
2. El 17 de marzo de 2003 se emite escrito, con registro de salida 115152, de 19 de marzo de 2003 por el que se comunica a la reclamante el acuerdo de inicio del expediente y el técnico encargado de la tramitación del mismo.
3. El 20 de marzo de 2003 se procede a realizar visita de inspección en el domicilio de la reclamante localizado en calle El Pino, 126, La Perdoma, La Orotava, por el técnico facultativo que suscribe el presente informe, a los efectos de comprobar los hechos denunciados y para ello inspecciona la instalación de gas y verifica los elementos sustituidos por la empresa Insugas, tras la inspección se levanta el correspondiente acta el cual se une a las actuaciones.
Según consta en el acta antes citada se comprobaron los siguientes hechos: que el local cocina no disponía de entrada directa ni indirecta de aire, y que los elementos sustituidos, dos válvulas, un tubo flexible y un regulador no presentaban defecto alguno que justificara su sustitución.
4. El 21 de marzo de 2003, registro de salida nº 120242, remitido vía fax, se emite escrito por el que solicita a la Policía Local de La Orotava los datos personales de los operarios de la empresa Insugas que se identificaron respecto de las actuaciones practicadas con motivo de la denuncia de la Sra. García Lorenzo.
5. El 24 de marzo de 2003 se recibe de la Policía Local del Ayuntamiento de La Orotava la documentación solicitada, de la que se comprueba que D. Jonathan Medina Prieto y D. Cecilio Luis Martín Pérez, como empleados de la empresa Insugas, revisaron la instalación de gas de la vivienda de la reclamante.
6. Una vez examinado el expediente administrativo de la empresa Insugas, S.L. se comprueban los siguientes extremos:
La autorización que habilita a la empresa Insugas, S.L. para ejercer la actividad de empresa instaladora de gas venció el 17 de febrero de 2003. Sin que la misma fuera renovada antes de su vencimiento, ni expresamente, ni por silencio administrativo. Así mismo, dicha empresa hizo caso omiso a la prescripción dictada el 13 de febrero de 2003 por esta Administración, según escrito de 13 de febrero de 2003, registro de salida 63423 de la misma fecha, recibido por la interesada el 14 de febrero de 2003, en el que entre otros requerimientos le indicaba que "la autorización que le habilita para ejercer la actividad de empresa instaladora de gas, vence el próximo 17 de febrero, por lo que a partir de dicha fecha de no haber obtenido de forma expresa su renovación deberá abstenerse de ejercer dicha actividad en tanto no se emita por parte de este Departamento la renovación solicitada".
A) Que los empleados Sres. Medina Prieto y Martín Pérez no figuran como instaladores de gas autorizados de la empresa de referencia, ni inscritos como tales en el Registro de Instaladores de Gas de la Dirección General de Industria y Energía.
2º) El 2 de abril de 2003 se ordenó la incoación de expediente sancionador, que lleva el nº ES-SIETFE-005/03, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento, habiéndose notificado dicha resolución el 3 de abril de 2003, según consta acreditado en el expediente.
3º) Que la expedientada contestó oportunamente según escritos del 14 de abril de 2003, recibido el 21 de abril de 2003, registro de entrada 256431, y de 26 de mayo de 2003, recibido el 4 de junio de 2003, registro de entrada 369326 (con sello estampado de la oficina de Correos el 28 de mayo de 2003), formulando las alegaciones y presentando los documentos que estimó más convenientes a su derecho, todo lo cual fue unido a las actuaciones.
El segundo escrito de alegaciones se efectuó ya que el Instructor del expediente otorgó nuevo plazo de alegaciones a la expedientada, tras rectificar un error de foliado del expediente del acta de inspección que figura en el folio 40 del procedimiento, error detectado por la expedientada y alegado en su escrito de 14 de abril de 2003, y ello para evitar posibles causas de indefensión.
La expedientada en sus escritos de alegaciones de 14 de abril de 2003 y 26 de mayo de 2003 en resumen ha alegado lo siguiente, como base para solicitar el archivo del expediente; se dividen las citadas alegaciones en ocho apartados a efectos prácticos, al objeto de facilitar la contestación a las mismas.
Primero.- Respecto al acta de inspección de fecha 20 de marzo de 2003:
No conociendo esta parte cuales hayan sido los elementos materiales concretos objeto del Informe del Sr. González Vega, sobre los que se pronuncia, sino su simple mención de que fueran los que "la reclamante dice habérsele sustituido", es evidente que, por elementales garantías de defensa, no puede aceptarse como cierto que efectivamente hubieran sido los sustituidos por el Instalador Sr. Manuel Muiño Vigo, en la revisión efectuada a la instalación de gas. En tal sentido, rechaza la premisa de que parte el Inspector, al no haber podido ser contrastada por Insugas, S.L., como cierta.
Tampoco en el acta se describe -y, por lo mismo, no puede pronunciarse esta parte de momento-, cuando se dice en ella de "un regulador, dos válvulas de corte y una manguera flexible", a que se refiere el técnico facultativo afecto al Servicio de Instalaciones Energéticas de la Dirección General de Industria y Energía de Santa Cruz de Tenerife de que "no presenta defecto alguno de funcionamiento que justifique su sustitución, el tubo flexible no está caducado ni presenta fugas que justifiquen su sustitución", -al parecer refiriéndose a lo que antes denomina "una manguera flexible"- "las dos válvulas de gas -a las que antes llama "de corte", etc.-, como que no presentan deterioro alguno que justifique su sustitución, etc. La imprecisión más absoluta, impide admitir cualquier eficacia a ese informe.
Es evidente que un dictamen de tal naturaleza, estrictamente pericial, carece de eficacia probatoria, al no haberse producido con las garantías mínimas de intervención contraria; y, en todo caso, no describirse tampoco en él la naturaleza y características de cada uno de los elementos a que se contrae; además de cuanto queda dicho antes, de haberles sido facilitados, única y unilateralmente por la denunciante Dña. María Isabel García Lorenzo (ver artículos 81 y 82 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992).
Lo esencial en todo caso, no es que las piezas cambiadas estuvieran o no deterioradas, sino que, lo fueran conforme a las normas de homologación obligatorias del Real Decreto 1.853/1993 (I.T.C.) MI-IRG 02.2.1 y 02.2.3 (transcriben las citadas instrucciones). Es precisamente la no adecuación a esa normativa por parte de los elementos de las instalaciones de gas proporcionados por D.I.S.A. -reguladores y tubos flexibles- la que ha provocado ya en diversas ocasiones que la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias se pronuncie que no cumple las condiciones estipuladas por las normas UNE 53539 y UNE 60714 (adjuntan resolución y Orden de esta Consejería y escrito del Ministerio de Industria).
Por ello, cualquiera que sea la empresa que realice las revisiones periódicas pertinentes, está obligada a sustituir los reguladores y tubos flexibles que en su día se instalaron procedentes de D.I.S.A. así como las llaves de corte y otros elementos por incumplir las normas de seguridad citadas. Aunque se admitiera que por el estado de los elementos sustituidos, no hubiera causa en ellos para tal sustitución, siempre quedaría como incuestionable que, por no adaptarse a esa homologación de condiciones prevista en la legislación que citamos, su cambio por quienes realizaron la revisión era no sólo lícito sino obligatorio ...
Desde otra perspectiva, igualmente, sorprende la afirmación contenida en el acta de inspección de que por la revisión de la instalación de gas y sustitución de dos válvulas de corte, un regulador y una manguera flexible emitiendo certificado correspondiente, se le cobrara la suma de 260,40 euros, que no es así se desprende de la simple lectura de los folios 22 y 23 ...
Como confirmación de que la cocina donde se halla la instalación del gas tiene ventilación directa, entrada de aire con el exterior, adjuntamos el informe del Técnico Titulado de la Asociación de Empresas Instaladoras de Gas, de ámbito nacional, D. José Brito de la Nuez.
Segundo.- ... Que el hecho de sustituir elementos que no presentan irregularidad alguna ha de ser calificado como grave, al estar así establecido por estar encuadrada como tal en el artículo 40.2 del Real Decreto 1.085/1992, es un error jurídico clarísimo del Instructor, puesto que en tal disposición reglamentaria, que en su apartado 2 tipifica como infracciones graves hasta siete conductas, no contempla como tales, las supuestas sustituciones indebidas a que se refiere el Instructor, y por lo mismo, las sanciones que en base a ella enuncia que pueden corresponder ... multa de 24.000 euros y como consecuencia la cancelación de la inscripción correspondiente en el registro ... sería absolutamente ilícita.
Tercero.- Séanos permitido subrayar la gran sorpresa que nos produce la aportación, al folio 8º, de publicidad fotocopiada en campaña para la revisión de las instalaciones de gas, como supuesto precedente negativo en contra de nuestra representada Insugas, S.L., integrada en la Asociación de Empresas Instaladoras de Gas, de ámbito nacional. Si en ella se recuerda a los usuarios de gas su obligación de revisar las instalaciones periódicamente cada cuatro años o cinco, y que a tal fin deberán contratar a la empresa instaladora que prefieran ...
Cuarto.- No es cierto que la revisión de la instalación de gas en la vivienda de Dña. María Isabel García Lorenzo, se hiciera -simplemente- por D. Jonathan Medina Prieto y D. Cecilio Luis Martín Pérez, que se limitaron a actuar como simples operarios a las órdenes de D. Manuel Muiño Vigo y bajo sus directivas y control como técnico presente cualificado y especialmente autorizado para realizar tales revisiones.
La intervención de aquéllos -cierta- pues, no tuvo otra trascendencia que la contemplada en la Orden de 17 de diciembre de 1985, punto 2.1.1 del anexo B, donde se prevé que los instaladores autorizados estén habilitados técnicamente "para ejecutar por sí mismos o con la colaboración de operarios especialistas bajo su vigilancia, las operaciones de montaje, modificación o ampliación, mantenimiento y reparaciones de instalaciones de gas". Circunstancia que en este caso es en la que se desarrolló la revisión de la instalación de la Sra. García Lorenzo a la que por cierto, -según consta en los folios 6 y 7 de las actuaciones-, contra lo que afirma en la denuncia, previamente se le habían presentado sendos presupuestos del trabajo a realizar y los precios que por él tendría que afrontar; presupuestos en los que aparece el "concepto" y "la autorización" a la ejecución de los mismos con la firma de Dña. Isabel García (documentos números 7 y 8 que se acompañan).
Es pues, absolutamente erróneo que la ejecución del trabajo fuera realizada y asumida por quienes únicamente como colaboradores y bajo las instrucciones e inspección del Sr. Muiño Vigo, trabajaron en ella (se acompaña, como documento nº 9, informe de este último, donde así lo certifica). Y es evidente, por lo mismo, que el certificado de revisión periódica, fue emitido por Manuel Muiño Vigo como técnico autorizado -y no simplemente suscrito, como se dice en el expediente- al haber intervenido en los términos que antes se describen, en dicha operación de revisión.
Quinto.- Es incierto que la cocina de la casa de la denunciante no disponga de entrada directa de aire, ni indirecta, etc. Muy al contrario, se trata de un local con hueco de puerta directa al patio, aproximadamente de 2 metros cuadrados o más, y una ventana muy amplia, por lo que sería absurdo, por innecesario, exigir que además tuviera otro pequeño de 30 x 30 cm de ventilación, absolutamente gratuito (se acompaña como documento nº 10, croquis de la cocina donde se halla la instalación). Como confirmación de lo sentado en nuestro escrito anterior de 14 de abril de 2003, respecto a que la cocina donde se halla la instalación del gas tiene ventilación directa, entrada de aire con el exterior, adjuntamos el informe del técnico titulado de la Asociación de Empresas Instaladoras de Gas, de ámbito nacional, D. José Brito de la Nuez, colegiado nº 4.032 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, de fecha 23 de abril de 2003. Dada su claridad, huelga de cualquier comentario adicional (documento nº 7).
Sexto.- Las medidas provisionales decididas por la Consejería, deben quedar sin efecto por imperativo legal, automáticamente, al basarse en hechos no sólo indemostrados, sino inciertos y en todo caso, violar clara y abiertamente tanto el Real Decreto 1.398/1993, como la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Efectivamente, el apartado 2 del artículo 72 de esta última con carácter preferente y vinculante descarta la decisión adoptada, al expresar que: "No se podrán dictar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados", por lo que ha de concluirse que las acordadas con tal carácter provisional en el expediente, de suspensión cautelar de las inscripciones en el registro de la empresa Insugas, denegando cualquier solicitud de renovación de la expedientada, etc., al suponer la muerte real de la empresa Insugas, S.L., con todo lo que ello implique tanto en la actualidad, como en su porvenir, para continuar sus actividades en el futuro y, en todo caso, la pérdida de trabajo de sus empleados, cierre de locales, etc., impide ser adoptada en este período instructorio; o dicho en términos claros y simples, al suponerle un auténtico cataclismo de imposible reparación ulterior no puede adoptarse como medida provisional nunca.
Pero aun en el caso de que se dictaran otras -hipótesis que rechazamos- conforme a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se ceñirían únicamente a las "oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer y sólo si existieran elementos de juicio suficientes para ello".
Coincidentemente, el artº. 15.1 del Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, insiste en que tal tipo de medidas de carácter provisional sólo se adoptarán cuando "resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y las exigencias de los intereses generales". Únicamente en tales hipótesis que en este caso no se dan. Efectivamente: las sanciones anunciadas que pudieran recaer en este expediente, es obvio que no se aseguran por la suspensión cautelar de actividades de Insugas, S.L., es más, al dejarla cesante -y por ello sin ingresos futuros-, sus eventuales responsabilidades pecuniarias se tornarían difícilmente exigibles y realizables.
Pero es más: los motivos fácticos-jurídicos en que se pretenden apoyar tales medidas -aparte de lo que se expone en otros incisos de este escrito, respecto a los extremos 1, 2 y 3 de las páginas 9 y 10 del expediente iniciador- son absolutamente rechazables, por violar las garantías constitucionales más elementales de defensa y tutela judicial efectiva -artículos 24 y 9.3 de la C.E.- al ampararse fundamentalmente -cuando no exclusivamente- en una denuncia mendaz y fraudulenta no contrastada con un mínimo de objetividad, y hacerlo, en la mera "existencia en este Departamento -se dice- de varios expedientes administrativos iniciados -simplemente iniciados, pues, cabe subrayar- por denuncias similares a las que han -en plural se afirma en este caso- motivado la incoación de este procedimiento sancionador". Lo que significa, que para el Viceconsejero bastaría que cualquiera denuncie a un tercero, para "fulminarle" automáticamente en su actividad. Decisión, que viola frontalmente no sólo la presunción de inocencia, sino el deber de las Autoridades de evitar la arbitrariedad de cualquier "enemigo" o "competidor", de los que en este caso, es notorio que tiene Insugas, S.L., en Canarias. Recuérdese que el artículo 9.3º de la C.E. "garantiza ... la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción y arbitrariedad de los Poderes Públicos".
Pero más, en el punto 3 -página 10- se llega a referir, en apoyatura de las medidas provisionales que adopta, a que en otra Comunidad -Baleares- y en Puerto de la Cruz, "existan diligencias policiales y judiciales por: presunta comisión de delitos o faltas por estafa". De lo que se deduce que: para la Viceconsejería, basta que se inicie una diligencia judicial o policial, simple, para prohibir la actividad ya autorizada de una empresa, pese a la justificación de haber cumplido los requisitos legales para ejercerla. Lo que al final se decida en el proceso, de esas diligencias, no sería obstáculo nunca. Ni que, según el texto literal empleado en el expediente, fuera sólo por una supuesta "estafa", que en nada afectaría a lo que debe ceñirse el expediente. Para colmo, según se desprende de los documentos números 5 y 6, en los juicios -únicos- en que Insugas, S.L. ha estado implicada y ha recaído Sentencia, éstas han sido siempre absolutorias para Insugas, S.L. dejando al descubierto, el sofisma del escrito iniciador del expediente, que pretende apoyar la adopción de medidas provisionales tan graves en algo, en que ha sido injustamente atacada y víctima Insugas, S.L. La Administración no podría -al final-, inhibirse de responsabilidades, por la adopción de tales medidas en base a actuaciones que se han declarado carentes de justificación por los Tribunales (artículo 9.3º de la C.E.).
Respecto a la improcedencia de la medidas previas adoptadas, conforme a la argumentación de sus páginas 3 y 4 conviene recordar que ya la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz de Tenerife el 9 de octubre de 1998, recurso 1121/98, se pronunció en un supuesto idéntico, sobre la Compañía Insular de Gas, S.L., suspendiendo la ejecutividad de la medida referida a la "Cancelación de la Inscripción v Retirada de Empresa Instaladora de Gas".
Dicha suspensión de cancelación, se adoptó por cierto, contra el criterio de la Letrada del Gobierno de Canarias en representación de la Comunidad Autónoma, quien en escrito de 29 de septiembre de 1998 adujo a tal fin razones análogas a las que el Instructor del expediente en este caso, expone al folio 29 y siguientes; por lo que entendemos que el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia citado ha dado respuesta que debe ser asumida en principio en este expediente, sobre la improcedencia de las medidas provisionales adoptadas, tal como planteábamos en el escrito de 14 de abril de 2003 (se acompañan fotocopias del auto y del escrito de la Letrada a que se hace referencia anteriormente, como documentos números 2 y 3).
Se hace obligado igualmente, insistir en que los motivos fáctico-jurídicos en que se pretenden apoyar tales medidas, violan las garantías más elementales de defensa y tutela judicial efectiva. Y, por ello, reiteramos que las denuncias, expedientes administrativos iniciados o la simple existencia de Diligencias Policiales o Judiciales, por supuesta comisión de delitos o faltas por estafa que pudieran existir, abiertos contra Insugas, S.L. en otros organismos oficiales, carecen de la más mínima consistencia jurídica para condenarla a priori en un expediente administrativo, por tanto ajeno en su naturaleza y origen a los hechos que motivaron cualquier tipo de actuación policial o judicial. Es más; como se justificaba en los documentos aportados al escrito de 14 de abril de 2003, las únicas resoluciones recaídas hasta el momento son de carácter absolutorio para Insugas, S.L., con lo que la más mínima sombra de su culpabilidad debe ser eliminada.
Insistimos en la gravedad que supone mantener tales medias, y las eventuales responsabilidades económicas que pudieran derivarse de ellas al Gobierno de Canarias, dicho sea con el debido respeto y a efectos de defensa.
Séptimo.- Es obligado partir, igualmente, de que la instalación fue realizada por otra empresa, certificando preceptivamente su idoneidad -suponemos- ante los Organismos de la Administración, previamente al suministro del gas, que ha estado utilizando la denunciante; y que de existir ese supuesto defecto de "falta de entrada directa de aire", aludido en el expediente, a la primitiva empresa instaladora habría de imputársele el riesgo y responsabilidades que ahora se pretenden cargar en Insugas, S.L., con "olvido" flagrante de la única y eventual responsable que sería dicha entidad instaladora, que certificó su idoneidad. Así se desprende explícitamente de los artículos 19 y 20 del Real Decreto 185/1992, de 11 de septiembre, donde literalmente se impone a las empresas instaladoras de gas, de acuerdo con las disposiciones vigentes, asumir las obligaciones y responsabilidades que de acuerdo con su categoría les competan, que se definen en el Reglamento y Disposiciones complementarias, emitiendo los correspondientes Certificados de idoneidad de instaladores de gas, según su tipo. El artículo 20 señala, además, como obligación especial de las empresas suministradoras previa al suministro de gas a una instalación receptora "comprobar que la instalación dispone de la documentación técnica establecida en las instrucciones y normas correspondientes que les sean exigibles en función de sus características específicas -apartado a)-, y efectuar las comprobaciones especificadas en el certificado de idoneidad de la instalación de gas que les corresponde según las instrucciones técnicas correspondientes, -apartado d)-, insistiéndose en el artículo siguiente 21, como obligación también de las empresas suministradoras disponer de los medios adecuados para mantener la seguridad de sus instalaciones, y un servicio de asistencia técnica a los usuarios por lo que "llevarán un censo de usuarios en que se harán constar datos de la instalación, y de las revisiones obligatorias". Por tanto, insistimos, que de existir el posible fraude o engaño al consumidor al que se refiere en la página 6, al calificar las infracciones, en su apartado tercero por certificado de idoneidad de la instalación con posible fraude o engaño al consumidor que comporta grave negligencia que compromete o pone en riesgo la integridad de personas o la seguridad de los bienes, etc., de ser cierto ese defecto -insistimos- y deber ser informada la titular de la instalación, por los riesgos que se enuncian, competiría asumirlos a la empresa instaladora. Nunca a otra que hace la revisión de la instalación años después, como en este caso, cuya responsabilidad, se trata de imputar a Insugas, S.L. Es más, en el propio texto, párrafo segundo del apartado 3 del expediente sancionador, así se reconoce explícitamente al afirmar que "con la actuación de la empresa instaladora -no por tanto de la que practique cualquier revisión ulterior- la propietaria nunca se hubiera enterado de estos defectos, etc.". Es de aplaudir el celo de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica, al exigir las máximas seguridades en las instalaciones de gas, y por ello las responsabilidades a quienes las hayan realizado y certificado sobre su idoneidad; pero lo que no es de recibo -dicho sea a efectos de defensa-, es que no exigiéndolas a ellas se traten de desplazar y cargar sobre quienes con posterioridad de años no informen que la entidad primitiva que la realizó, dio por buena la instalación en las circunstancias que se denuncian. Se trataría simplemente de una cuestión de inversión de responsabilidad, carente de la menor justificación lógica y ética. Por lo mismo, si la Consejería de Presidencia entiende ahora que tal instalación se hallaba en condiciones de inseguridad cuando intervino en revisarla Insugas, S.L., lo obligado es comprobar y sancionar en su caso a quien la hiciera y certificara anteriormente o quien suministrara el gas, pese a tal defecto, silenciándolo, y que ahora trata de exigir por él responsabilidades a Insugas, S.L.; cuya certificación, -por cierto- se declara no válida con todas las consecuencias que ello supone, a partir del momento en que se extendió por el técnico autorizado, es decir, en el instante y día mismo, en este caso, de realizar la revisión, con lo que tampoco, jamás ese riesgo, llegaría a nacer.
Octavo.- Es igualmente incuestionable que la Orden de 17 de diciembre de 1985, por la que se aprueba la Instrucción sobre Instaladores de Gas y Empresas Instaladoras, establece como obligación para actuar -artículo 9-9.1.2 concretamente- "inscribirse en el órgano correspondiente del organismo competente en relación con las operaciones que tenga encomendadas", y en el artículo 11.3, que para ejercer su actividad de forma temporal en el ámbito territorial de origen, otros requisitos. Sin que figure para nada entre ellos la renovación de su autorización administrativa.
Por lo que si en ningún precepto se condiciona a ejercer tal actividad, a que se le renueve o prorrogue periódicamente por el órgano territorial donde ejerce la actividad, por tal circunstancia tampoco Reglamento alguno ni Disposiciones particulares del Gobierno Autónomo, podría privar de ejercerla a la empresa Insugas, S.L., según elementales criterios de respeto a la jerarquía de normas legales.
Además en el supuesto aquí contemplado en realidad, no se trata, estricto sensu, de conceder autorización propiamente dicha. Ni prórroga alguna. Sino de verificar por parte de la Administración si se siguen cumpliendo los requisitos legales en virtud de los cuales se le facultó a actuar en el territorio a Insugas, S.L.
Y de ahí sus exigencias, de remisión de determinados datos y antecedentes de que se mencionan en sucesivas comunicaciones a Insugas, S.L., en los documentos 1 y 2, ya comentados. Por tanto, esa renovación -o supervisión, mejor-, no pone en cuestión la licitud de su actuación ni condena a su extinción automáticamente, sino a una verificación simple o control de la Administración sobre las empresas instaladoras. De ahí, que no pueda hablarse jamás con propiedad legal de que a partir de una fecha determinada -17 de febrero de 2003- Insugas, S.L. hubiera dejado de estar autorizada, sino de obligación por parte de ésta, de acreditar una serie de extremos, a la vista de los cuales podrá exigírsele responsabilidad o incluso determinar su exclusión futura de actuar dentro del territorio. Siempre en el expediente abierto a tal fin distinto del sancionador posterior, al que nos oponemos ahora.
Respecto a la afirmación de que Insugas, S.L. en el momento de realizar la instalación el 18 de febrero de 2003, ya no estuviera habilitada para ejercer su actividad como empresa instaladora de gas, por no haber sido renovada antes de su vencimiento, ya hemos dicho que se halla en abierta contradicción con lo que la propia Viceconsejería de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica de Santa Cruz de Tenerife, que -según los documentos números 1, 2, 3 y 4, que se adjuntan de fechas 13, 26 y 20 de febrero y 6 de marzo de 2003- concedió expresamente el plazo de diez días hábiles contados a partir de la notificación de dichos escritos, para que aportara los originales o copias debidamente compulsadas de los documentos requeridos para la prórroga solicitada de la autorización. No es coherente, pues, que si la Administración faculta a Insugas, S.L. explícitamente en tal sentido, durante al menos ese término, pretenda ahora sostener que la actividad de la empresa instaladora de gas hubiera ya decaído en fechas anteriores. Cabe preguntarse, si ello fuera cierto, para qué se le concedieron esos plazos en completar la documentación, y en todo caso igualmente, para qué sirve y se contempla en la legislación administrativa -artº. 71 de la Ley 30/1992, que se invoca explícitamente en los propios escritos de la Consejería de Presidencia, de 13 y 26 de febrero de 2003- esa posibilidad de subsanación. Huelga también recordar que no es lo mismo completar o subsanar un expediente administrativo -como en este caso-, que resolver sobre una nueva autorización, única hipótesis viable no planteada, en caso de haber dejado de existir la autorización anterior, para con ella reemprender la actividad de empresa instaladora de gas por Insugas, S.L., el 11 de febrero de 2003.
4º) Que con fecha 13 de junio de 2003 se acordó por parte de este Instructor la apertura de un período de prueba por un plazo de veinte días, y también se acordó en el mismo escrito la práctica de las pruebas de oficio y la admisión y rechazo de las propuestas por la expedientada, lo cual fue debidamente notificado a la expedientada el 18 de junio de 2003.
5º) Examinadas las razones esgrimidas por la empresa expedientada, y el resto de los documentos y pruebas que obran en el expediente, el Instructor del procedimiento con fecha 14 de agosto de 2003 formuló Propuesta de Resolución en la que se proponían cinco sanciones por un total de 163.000 euros y la cancelación de la inscripción en el Registro de Empresas Instaladoras de Gas existente en la Dirección General de Industria y Energía y la revocación de la autorización administrativa vinculada con la actividad para ejercer la actividad de empresa Instaladora Autorizada de G.L.P. (retirada del certificado de empresa instaladora de gas) a la empresa Insugas, S.L. Propuesta de Resolución que fue debidamente notificada a la expedientada según consta acreditado en el expediente.
6º) La expedientada, hasta el día de la fecha no ha presentado alegaciones o escrito alguno contestando a la Propuesta de Resolución formulada por el Instructor del expediente, aun cuando ha transcurrido el plazo legal otorgado para ello.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido realizadas de conformidad con el Título V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).
Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Las pruebas y documentos que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- En el momento de ponderar las sanciones se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad y los criterios para la graduación de la cuantía de las sanciones establecidos en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 34.2 de la Ley 21/1992, de 16 de julio.
Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base a los documentos y pruebas obrantes en el expediente, sin que al órgano resolutorio le conste, al dictar la presente Resolución, que la expedientada haya aportado prueba alguna que desvirtúe la Propuesta de Resolución formulada por el Instructor del procedimiento, por cuanto, además, no ha hecho uso del derecho al trámite de audiencia, ni presentado las alegaciones a la citada propuesta. Aun lo expuesto parece necesario consignar en esta resolución la valoración que el órgano encargado de resolver efectúa de las alegaciones que la expedientada efectuó al acuerdo de inicio del expediente y de las pruebas que obran en el expediente.
A) Valoración de las alegaciones de la expedientada.
Primero.- Respecto a las alegaciones sobre las medidas provisionales adoptadas por el Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, hay que manifestar que si se aceptaran los argumentos de la expedientada, la Administración, ni ningún órgano, incluso el judicial, podrían imponer una medida provisional de cese de una determinada actividad empresarial o comercial, y ello no sólo no es admisible, sino jurídicamente incorrecto, ya que en dicho caso, sería imposible que existieran, como en efecto existen, preceptos en gran cantidad de normas tanto generales como sectoriales que contemplan la posibilidad de adoptar dicha medida, y también habrían sido ilegales las innumerables resoluciones administrativas que han contemplado inmemorialmente medidas de este tipo, las cuales además han sido confirmadas en muchísimas ocasiones por los tribunales de justicia.
La cuestión no radica en si las medidas cautelares que conllevan la inactividad provisional de una empresa son siempre ilegales per se, como pretende la expedientada, sino si la normativa de aplicación contempla la posibilidad de adoptar dichas medidas y si éstas, están suficientemente justificadas. En el presente supuesto, tanto la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su artículo 72, como el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, en su artículo 15, prevén la posibilidad de adoptar dichas medidas. Y respecto de la justificación de la adopción las mismas se estudiará en los siguientes párrafos, al analizar el resto de los argumentos que la expedientada ha expuesto respecto de este apartado.
Es correcto el argumento de la interesada en cuanto a que las medidas provisionales se han de dictar para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, pero se equivoca al contemplar que la resolución sólo podría contemplar la imposición de multas pecuniarias. El acuerdo de inicio del expediente recoge acertadamente que una de las sanciones que puede imponerse es la cancelación definitiva de la inscripción de la empresa expedientada además de las sanciones económicas que pudieran recaer. Insugas, S.L., parece que olvida cuál es la naturaleza de un expediente sancionador, ésta no es simplemente el imponer una determinada sanción económica por la comisión de infracciones administrativas, sino que el fondo o justificación última de un expediente de este tipo es perseguir que la empresa infractora se abstenga o cese de realizar actuaciones que incumplen las normas establecidas, y en este sentido se justifican las medidas provisionales impuestas. Se hace necesario recordar que las infracciones que se imputan en el presente expediente no son de naturaleza puramente económica o que afecten a derechos susceptibles de ser reparados fácilmente, sino que son hechos transgresores del ordenamiento jurídico, contemplados en normas de seguridad, que suponen un riesgo claro para personas y bienes, ello es obvio cuando se estudia la naturaleza de los hechos, no hay que olvidar que estamos hablando de instalaciones de gas en viviendas particulares, instalaciones que de por sí son de naturaleza muy peligrosa y que las estrictas normas sectoriales de aplicación así lo contemplan, imponiendo numerosos requisitos de seguridad de obligado cumplimiento.
Entre los hechos que se imputan se pueden citar:
- Realizar operaciones de revisión de la instalación de gas personas no autorizadas, y que por tanto, no disponen de los conocimientos mínimos necesarios y obligatorios para realizar con todas las garantías de seguridad los trabajos correspondientes.
- Certificar la ausencia de defectos en la instalación de gas cuando en realidad existían defectos.
- El firmar certificados de revisión de instalaciones de gas personas distintas a las que efectuaron la operación, haciendo creer, por tanto, que la revisión la efectúa un instalador autorizado con título y conocimientos suficientes, cuando en realidad la realizan simples operarios sin título ni conocimiento alguno.
Dichos hechos atentan gravemente contra la seguridad de personas y bienes y son de tal gravedad que se hace estrictamente necesario acometer las medidas provisionales que impidan que la expedientada, cuando, además, como se ha manifestado a lo largo del expediente, considera la misma que sus actuaciones son totalmente correctas, continúe o pueda seguir realizando este tipo de graves irregularidades.
Las medidas provisionales adoptadas se fundamentan en el conjunto de hechos, documentos y actuaciones que figuran en el expediente y no en uno de los hechos imputados como pretende hacer creer la expedientada. La existencia de otras denuncias en esta Consejería contra la citada empresa, denuncias y procedimientos judiciales, que junto con el resto de documentos y pruebas que constan en el expediente, son un complemento que viene a determinar que hay indicios razonables para pensar que los hechos que se imputan no son aislados, lo que justifica, si cabe aún más, las medidas adoptadas.
La simple existencia de numerosas denuncias ante la Administración y la Policía de usuarios que se han visto afectados por la actividad de Insugas, S.L. podría ser motivo más que suficiente para que se procediera a adoptar esta medida cautelar, y prueba de ello la ha aportado la propia expedientada -ver último párrafo del folio 155 del expediente- en el que respecto de una medida de cancelación definitiva el Tribunal Superior de Justicia de Canarias expone que de existir otras denuncias (simples denuncias, el tribunal no habla de expedientes resueltos) se podría revisar la decisión adoptada.
No cabe como fundamento para admitir la improcedencia de las medidas adoptadas lo dictado en el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (folios 155-156), citado por la expedientada, por cuanto la decisión que se estudia en dicho Auto es la cancelación definitiva de la inscripción en el Registro, siendo ésta una medida de naturaleza permanente y que implica el cierre definitivo de la empresa, dicha medida no es equiparable con la adoptada en este expediente, ya que la ahora estudiada es una medida puramente provisional, durante el tiempo que dure la tramitación del expediente; tiempo, que está perfectamente acotado por las normas procedimentales de aplicación. En cualquier caso a esta cita de la interesada, cabe oponer otra del mismo Tribunal, sentencia 1050 al recurso nº 471/97 interpuesto por la empresa Terogas, S.L. (uno de los nombres o razones sociales con las que ha figurado la expedientada -ver informe folios 240 y ss.-), sentencia que en su fundamento jurídico tercero reseña:
La autorización otorgada a la entidad recurrente es una licencia de funcionamiento en la que, dada la influencia que la actividad a desarrollar tiene para el interés público, se mantiene una constante intervención de la Administración autorizante para supervisar si se está realizando en forma adecuada de tal manera que surge, con motivo de la licencia, una relación permanente de ambos sujetos encaminada a proteger y vigilar en todo momento el cumplimiento del interés público para cuya realización fue concedida, y en este sentido, la infracción o incumplimiento de los requisitos que vienen determinados en las normas legales que las regulan o en la propia autorización, facultan al autorizante para proceder a su revocación cuando así lo exija el normal funcionamiento del servicio y tal revocación del acto-condición por incumplimiento de ésta es un acto diferente de la sanción de ahí que se exija menor rigor en su aplicación y los defectos formales tengan distinta trascendencia.
Es más, es imprescindible para entender la adopción de las medidas provisionales, saber que de las declaraciones de los propios operarios e instalador autorizado de la empresa ante la Policía Nacional se desprende sin género de dudas que los primeros realizaban revisiones de gas sin la presencia del instalador autorizado y que éste firmaba en blanco los certificados de revisión, y así consta probado en el expediente (folios 147 a 155). Es evidente que si los propios empleados reconocen que efectúan revisiones de gas y éstos no son instaladores de gas, no cabe otra posibilidad a esta Administración que adoptar las medidas provisionales necesarias para velar por la seguridad de personas y bienes.
En todo caso, las medidas provisionales adoptadas en este expediente no tienen efecto práctico alguno desde el 7 de mayo de 2003, ya que en dicha fecha se procedió a cancelar definitivamente la inscripción en el Registro de Empresas Instaladoras de Gas a la expedientada, como consecuencia de la tramitación del expediente VBT-03/067 (folios 256-277).
Segundo.- Respecto a las manifestaciones vertidas por la interesada en referencia al acta de inspección del facultativo de esta Consejería (folio 40), sobre la que vertebran los hechos imputados números 3 y 4 hay que manifestar que:
Han quedado demostrados los hechos que se imputan, ya que el acta de inspección y el resto de informes técnicos coinciden en la existencia de los hechos imputados, es evidente que el único informe que contradice el resto y totalidad de documentos que acreditan la existencia de dichos hechos, es decir, el informe emitido por el Sr. Brito de la Nuez no puede ser tomado en ninguna consideración, por los motivos expuestos en el apartado "valoración de las pruebas"; es evidente el poco valor que se puede dar al informe de un empleado y socio de la empresa expedientada frente a informes técnicos de facultativos que no tienen relación alguna con la empresa, y más si se considera que uno de los informes fue solicitado por la propia expedientada.
Así mismo hay que manifestar respecto de los elementos sustituidos:
- Que el artículo 40.2 del Real Decreto 1.085/1992, de 11 de septiembre, tipifica nueve conductas y no siete como mantiene la expedientada, y la tercera de ellas especifica que es infracción grave la simulación, fraude o engaño para la obtención de ... la certificación de idoneidad de las instalaciones de gases licuados del petróleo ... Es evidente que se produjo simulación, fraude o engaño con la sustitución de elementos de forma innecesaria; la expedientada, según consta acreditado en el expediente procedió a entregar a la Sra. García Lorenzo un certificado de revisión de la instalación de gas de su vivienda en el que se certificaba la idoneidad de la misma, sirviéndose para ello o justificándolo en que la instalación presentaba defectos que consistían en la presencia de elementos (mangueras, llaves, etc.) que no eran aptos para su uso y que una vez sustituidos podía emitirse el certificado de aptitud de la instalación.
- El Técnico facultativo que efectuó la visita de inspección se limitó a constatar el hecho de la existencia de unos elementos que la Sra. García Lorenzo nombró como los sustituidos por Insugas, S.L. Dichos elementos se hallaban en la vivienda donde fueron sustituidos, por lo que es razonable y lógico pensar, a falta de prueba en contrario, que efectivamente son los elementos sustituidos por Insugas, S.L.
- La expedientada califica de informe pericial el Acta de inspección levantada por el funcionario facultativo Sr. González Vega, manifestando que carece de eficacia probatoria al no haberse producido con las garantías mínimas de intervención contraria. La interesada se equivoca en ambos argumentos, no estamos ante un informe, sino ante un acta de inspección con valor iuris tantum, y la expedientada ha tenido la oportunidad de efectuar cuantas intervenciones en contrario deseara, cosa distinta es que no haya hecho uso de ese derecho por voluntad propia. Es evidente que los citados elementos sólo podían ser aportados por la Sra. García Lorenzo, ya que se dejaron en su vivienda tras su sustitución, por lo que los mismos se encontraban y se encuentran en dicha vivienda, estando a disposición de todas las partes a los efectos de efectuar las comprobaciones y pruebas que consideraran necesarias.
- Que el informe del Sr. Brito aportado por la expedientada nada reseña sobre los elementos sustituidos, aun cuando tuvo la misma oportunidad de verificarlos que los facultativos que realizaron tanto el acta de inspección como el otro informe técnico aportado solicitado por la expedientada y efectuado en fecha posterior al del Sr. Brito. Tampoco la interesada durante el período de pruebas solicitó que se efectuara actuación alguna respecto de este extremo, ni aportó prueba alguna que desmontara los hechos imputados a este respecto, limitándose a manifestar que los hechos recogidos en el acta de inspección no han sido contrastados por Insugas, S.L., pero es que, cuando ha tenido oportunidad de contrastarlos, no lo ha hecho, difícilmente en estas circunstancias se puede hablar de indefensión alguna.
- Los elementos sustituidos cumplían las normas de homologación, no sólo porque de lo contrario en el Acta de inspección se hubiera hecho constar dicha circunstancia, sino porque así se hace constar expresa y detalladamente en el informe pericial suscrito por el facultativo Sr. Carlier Millán, informe solicitado por la expedientada. Además el informe aportado por la interesada, el del Sr. Brito no hace mención alguna a esa supuesta falta de homologación. Insugas, S.L. no concreta, ni aporta los datos necesarios que vengan a demostrar que en efecto dichos elementos incumplían las normas de homologación, limitándose a manifestar que tales elementos no cumplían las normas de homologación, dicha afirmación, per se, sin elementos, pruebas o informes técnicos o periciales que la corrobore no puede ser tomada en consideración, y más cuando existen pruebas en contrario (informe pericial -folios 322-329- y acta de inspección -folio 40-) que demuestran que los elementos sustituidos eran aptos para su uso, es decir, que cumplían también las normas de homologación que les eran aplicables.
Tercero.- Respecto a la alegación de que no es cierto que la revisión de gas no la efectuara el instalador autorizado Sr. Muiño Vigo (hechos imputados números 1 y 2) hay que manifestar que han quedado suficientemente demostrados los hechos imputados en este apartado y que las manifestaciones y documentos presentados por la expedientada no suponen eximente alguno para poder concluir que no se han cometido dichos hechos, tal y como se refleja de manera concluyente tras el estudio de todas las pruebas existentes -ver apartado "valoración de las pruebas-".
Cuarto.- En cuanto a la alegación de la interesada de la improcedencia de considerar que a partir del 17 de febrero de 2003 no estaba autorizada para ejercer su actividad (hecho imputado nº 5) hay que manifestar lo siguiente.
La norma no especifica si la anotación en el Registro de Empresas Instaladoras de Gas y la expedición del certificado de empresa instaladora hayan de ser permanentes o temporales, pero ello no implica que, como pretende hacer valer la expedientada, que haya de entenderse que han de ser de por vida. Queda, por tanto, dentro de la actividad discrecional de la Administración, en aras, entre otras cosas, de un mejor control de los requisitos que permanentemente han de cumplir este tipo de empresas, el determinar las características y requisitos del registro, y en este sentido se ha determinado que los registros y certificados caduquen al año de su expedición, y tengan que ser renovados antes de su vencimiento.
En todo caso, lo expuesto en el apartado anterior es sobradamente conocido por la interesada, y es más, es un acto consentido y firme y que ahora, es totalmente extemporáneo el intentar anularlo o rebatirlo. En efecto, cuando la Administración inscribe a Insugas, S.L. en el Registro de Empresas Instaladoras de Gas de la Dirección General de Industria y Energía el 17 de febrero de 2000 se emite el correspondiente certificado en el que se indica que tiene una vigencia de un año y que se debe proceder a su renovación durante el último mes de su vigencia; Insugas, S.L. no recurrió dicho acto en tiempo y forma, por tanto, la temporalidad hoy cuestionada devino en firme, una vez transcurridos los plazos para presentar los recursos correspondientes. Pero es más, en los años 2001 y 2002 se procedió a la renovación hoy cuestionada, y la recurrente consintió, también, sin presentar queja o recurso alguno.
La decisión de la Administración de determinar la características de temporalidad de los registros y certificados, viene avalada, no sólo por el principio de discrecionalidad que rige la vida administrativa en aras a la mejor consecución de la defensa del interés general que tiene encomendado, sino por la propia normativa sectorial, y así el apartado 9.1 (obligaciones de las empresas instaladoras de gas) del anexo B de la Orden de 17 de diciembre de 1985, establece que estas empresas deberán tener al día el certificado de Empresa Instaladora de Gas expedido por el OTC (Organismo Territorial Competente).
Aun en el hipotético supuesto de que se admitiera lo manifestado por la recurrente respecto de que la única obligación periódica de la empresa consiste verificar si se siguen cumpliendo los requisitos legales en virtud de los cuales se les facultó para actuar en el territorio a Insugas, S.L. -informar anualmente de los aspectos mencionados en el apartado 9.8 de la Orden de 17 de diciembre de 1985-, tampoco podría darse por cumplida dicha obligación.
En primer lugar porque tal como acertadamente se expuso en la resolución incorporada a este expediente (folios 256-275), Insugas, S.L. incumplió la obligación de remitir anualmente la información reseñada en el apartado 9.8 antes citado. Pero es más, se hace necesario para comprender el alcance del incumplimiento de la interesada de las normas de obligado cumplimiento que debía haber observado, y para comprender que su argumentación decae por sí sola, hacer un estudio detallado de la información que la empresa debería haber presentado anualmente al OTC.
La expedientada viene a manifestar que ha cumplido con la obligación impuesta en el apartado 9.8 del anexo B, que es su única obligación y no la de renovar autorización alguna, pero esta afirmación no viene acompañada de la necesaria acreditación documental de que en efecto ha cumplido fielmente con su deber de informar, y ello es así porque, como veremos a continuación, tampoco ha cumplido con el deber de informar anualmente.
El apartado 9.8 citado reseña textualmente:
Informar anualmente a los OTC en los que se encuentra registrada:
a) Del cumplimiento del apartado 9.3, dando cuenta nominal de las variaciones que se produzcan en los Instaladores autorizados de gas de su plantilla.
b) De la vigencia del Seguro de Responsabilidad Civil de acuerdo con el apartado 9.4.
c) De los certificados de instalación de gas emitidos según lo preceptuado en el apartado 9.5 señalando los Instaladores autorizados que las han realizado.
Pues bien, Insugas, S.L., debería haber informado del cumplimiento de lo expuesto en el apartado 9.3, el cual reseña: cumplir con las condiciones mínimas establecidas para la categoría en la que se encuentre inscrita; dichas condiciones mínimas vienen establecidas en el apartado 10.2, y a saber son:
- Que dispongan al menos de un Instalador autorizado en plantilla.
- Que la relación de obreros e instaladores autorizados no sea superior a 10.
- Disponer de un técnico titulado competente.
- Tener cubierta la responsabilidad civil que pueda derivarse de sus actuaciones y garantías mediante póliza de seguros por un importe mínimo de 150.253,03 euros.
- Disponer de un local y de los medios técnicos y económicos adecuados para el desarrollo de sus actividades.
Insugas, S.L., no informó ni acreditó, incluso requiriéndosele para ello, que cumpliera con la condición de disponer de un local, y tampoco de disponer de un seguro con los requisitos establecidos.
Las consecuencias que se derivan, ya no de no haber informado anualmente del cumplimiento de las condiciones mínimas establecidas para el ejercicio de su actividad, sino del incumplimiento mismo de dichas condiciones, no pueden ser otras, conforme establece el apartado 11.4 de la Orden tantas veces citada, que la cancelación de la inscripción y retirada del Certificado de Empresa Instaladora de Gas.
Es evidente que el espíritu de la norma al imponer la obligación a las empresas instaladoras de gas de informar anualmente del cumplimiento de todos los requisitos mínimos para poder ejercer su actividad, unido con la obligación de mantener al día el certificado de empresa instaladora de gas, no puede ser otro, aunque llamado de otra manera, que una verdadera renovación, puesto que anualmente han de mantenerse en vigor, y acreditándolo, los requisitos mínimos para el ejercicio de la actividad.
El hecho de que se admitiera su solicitud de renovación y se le concediera un plazo para la subsanación de la misma no implica que con ello, sino se dispone o se acredita que cumple con los requisitos para el ejercicio de la actividad, se esté prorrogando la autorización o que se esté permitiendo tal ejercicio. Con solicitud de renovación o no, Insugas, S.L. incluso durante la vigencia de la autorización concedida, si no cumplía con los requisitos para ejercer la actividad, debería haberse abstenido de tal ejercicio hasta tanto no obtuviera dichos requisitos, por ello es razonable y perfectamente legal que la Administración le ordene que cese en dicha actividad, hasta tanto no acreditara el cumplimiento de los requisitos legales y ello con independencia de que se estuviera tramitando la renovación de la autorización.
Strictu sensu, en la fecha que caducó la inscripción en el Registro, la Administración debería haber dado por concluso el expediente y en consecuencia Insugas, S.L. debería haber solicitado una nueva inscripción en el citado Registro; ello, evidentemente hubiera provocado que Insugas hubiera tardado mucho más tiempo en poder ejercer su actividad, por ello y en aras de causar el menor perjuicio posible a la interesada, se prefirió mantener su solicitud de renovación, mediante la cual, si se acreditaba el cumplimiento de los requisitos preceptivos -disponer de local y seguro adecuado- se podría acceder de forma rápida a autorizar la renovación, en otro caso, el iniciar un nuevo expediente hubiera supuesto un innecesario y gravoso procedimiento que hubiera implicado que Insugas, S.L. tardara muchísimo más tiempo en poder ejercer su actividad. Es evidente que la adopción de esta decisión no puede servir, como pretende la interesada, para argumentar que como se tramitaba la renovación, ello implicaba que durante dicha tramitación la empresa podía ejercer su actividad y más cuando como ha quedado demostrado en este expediente la Administración les notificó que a partir del 17 de febrero de 2003 no podía ejercer su actividad hasta tanto no se accediera a la renovación, es decir, hasta que no acreditara que cumplía con los requisitos necesarios para poder ejercer la actividad.
Por último cabe señalar que las pretensiones de la empresa expedientada en ningún caso pueden ser tomadas en consideración, por cuanto ello provocaría que adquiriera o mantuviera derechos o facultades cuando carece de los requisitos esenciales para su adquisición, lo que contraviene in extremis lo estipulado en el artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Porque no hay que olvidar que la interesada no ha desvirtuado ni presentado prueba alguna que desvirtúe la cuestión de fondo en este apartado y que no es otra que Insugas, S.L. a 17 de febrero de 2003 no cumplía con los requisitos establecidos por las normas imperativas vigentes para ejercer la actividad de empresa instaladora de gas; pues como ha quedado perfectamente demostrado en el expediente, la interesada no disponía en dicha fecha entre otras cosas de local para ejercer su actividad, no disponía de un seguro adecuado para asegurar la responsabilidad que pueda derivarse de sus actuaciones y garantías, amen del grave incumplimiento de las obligaciones, deberes y buenas conductas en el desarrollo de su actividad, suficientemente probados a lo largo del procedimiento.
Quinto.- Respecto a las manifestaciones de la expedientada sobre el importe cobrado por los servicios realizados por la empresa a la Sra. García Lorenzo y en cuanto a la alegación de la interesada respecto a la publicidad contenida en el folio 8 del expediente, hay que reseñar que la Sra. García Lorenzo presenta Reclamación ante la OMIC del Ayuntamiento de La Orotava, la cual es remitida a esta Consejería, dicha reclamación es la que provoca la apertura de este expediente sancionador y como es preceptivo es incorporada en su totalidad al procedimiento. La Sra. García adjunta a su reclamación la publicidad a la que hace referencia la expedientada (folio 8), y así mismo reseña el importe de los servicios prestados por la empresa. Tanto en el acuerdo de inicio como en la propuesta de resolución no se valora positiva ni negativamente ni dicha publicidad ni el montante económico de los servicios prestados, por cuanto no son motivo del expediente, ni suponen irregularidad administrativa alguna, por lo menos que sea competencia de esta Consejería. Por lo expuesto, no pueden entrarse a valorar las manifestaciones vertidas por la interesada respecto de dichas circunstancias, por cuanto sólo han de ser valorables las conductas o circunstancias que tenga relación o un contenido igual al de los hechos imputados o que puedan determinar que dichos hechos no son conductas aisladas, sino que se corresponden con la habitual forma de hacer de dicha empresa.
Sexto.- Por último, hay que insistir que este expediente se ha incoado para determinar la responsabilidad de la empresa Insugas, S.L. por unos hechos concretos en los que no han intervenido ninguna otra empresa, y sin embargo la expedientada pretende desviar su responsabilidad implicando a otras empresas en relación con otros presuntos hechos pasados. Se reitera que en este expediente no se enjuician las circunstancias que pudieran existir en el momento que se dio por primera vez suministro de gas a la vivienda de la Sra. García Lorenzo ni a la de las anteriores revisiones de gas, sino las que se produjeron con la revisión de la instalación de gas efectuada el 18 de febrero de 2003 por la empresa Insugas, S.L. Es evidente la necesidad de rechazar en este procedimiento cualquier solicitud de prueba tendente no a la comprobación de los concretos hechos que se enjuician en este expediente, sino a la de hechos distintos a empresas distintas que, en todo caso, de verificarse, fuera de este procedimiento serían motivo de la apertura de un expediente/s sancionador/es a dichas empresas distinto/s del iniciado a la expedientada y los cuales no eximirían a Insugas, S.L. de responsabilidad alguna por los hechos que se le imputan en el presente expediente.
B) Valoración de las pruebas.
1.- No se han practicado ninguna de las pruebas testificales admitidas, ya que en el día y hora señalados para su ejecución ninguno de los testigos, que previamente habían sido debidamente notificados, tal y como consta en el expediente, se personaron. Es tremendamente significativa, sin que se haga necesario ningún otro comentario al respecto, la ausencia de los testigos propuestos por la expedientada (instalador autorizado y operarios), que es de suponer habían sido propuestos para ratificar la versión y alegaciones de Insugas, S.L., la cual se había comprometido a que los mismos se personaran en el lugar y hora que se indicaran. También es de destacar que el representante legal de la empresa, el Sr. Jesús López Montesdeoca, tampoco haya deseado que se le tomara declaración.
El 9 y 14 de julio de 2003 se reciben escritos de Manuel Muiño Vigo, Jesús López Montesdeoca, Eduardo de la Rosa Alonso y Alfredo Nicolás Tejeiro (folios 338-353) en los que manifiestan que les es imposible asistir el día y hora propuestos para que se les tomara declaración. Las distintas alegaciones reseñadas en dicho escritos, no pueden ser tomadas en consideración como pruebas exculpatorias en el presente expediente por los siguientes motivos:
- Al Instructor del expediente no le consta que dichos escritos hayan sido redactados y firmados por los que constan en los distintos encabezamientos, y más cuando todos los escritos tienen el mismo formato y parecida redacción.
- Todos los escritos fueron puestos en la Oficina de Correos después de la fecha en que debían haber comparecido ante el Instructor del expediente, cuando lo lógico y legal es haberlo hecho en fechas anteriores y en el sentido de solicitar que la toma de declaración se cambiara a un día en que pudieran comparecer.
- Las alegaciones vertidas por los interesados no contestan a las preguntas que el Instructor del expediente tenía preparadas para efectuar a cada uno de ellos.
- Las alegaciones reseñadas en dichos escritos o se contradicen con las expuestas ante la Policía Nacional y con asistencia de abogado por lo que al ser estas últimas indubitadas, las recibidas, dubitadas, no pueden tomarse en consideración. O reseñan cuestiones no planteadas en este expediente como el que se entreguen certificados en blanco, cuando lo imputado no es eso sino que se firman en blanco y se entregan cumplimentados por persona distinta a la firmante. O son contrarios a informes periciales como es el hecho de manifestar el cambio de seis liras o mangueras por estar en mal estado cuando un informe pericial, tras las oportunas comprobaciones determinó que no presentaban defecto alguno (folio 239).
- Las citadas alegaciones no contestan a muchas de las cuestiones planteadas en el expediente, ni hacen mención alguna sobre la mayoría de los hechos imputados. O cuando lo hacen parten de una fecha en la que no se dieron los hechos imputados, ver escrito del Sr. Muiño que data la revisión de la vivienda de referencia el 19 de febrero, cuando la misma se efectuó el 18 del mismo mes.
Aun lo expresado respecto de estos escritos es de destacar lo manifestado en el escrito suscrito por el empleado Eduardo de la Rosa Alonso (folio 347). Del mismo se desprende con toda claridad que el Sr. de la Rosa efectuó personalmente la revisión de la instalación de gas en un restaurante en el Puerto de la Cruz (se refiere a la que menciona el informe técnico que consta en el folio 239), por cuanto:
- En dicho certificado se reseña textualmente: en dicho trabajo fui ayudado por otros dos compañeros. Yo personalmente fui el que acordó el trabajo a realizar con la dueña del establecimiento.
- También se expone: el Sr. Muiño (es el instalador autorizado) entrega los certificados una vez supervisado el trabajo ... Frase similar (folio 342) figura en el escrito suscrito por el Sr. Montesdeoca (representante legal de la empresa) cuando dice que todos los trabajos son supervisados por el instalador autorizado Sr. Muiño.
Dichas declaraciones son refrendadas por la suscrita por el también empleado Alfredo Nicolás Tejeiro (folio 349) ya que en dicho escrito cuando relata los hechos no hace mención alguna ni que la revisión de la instalación la efectuara el instalador autorizado, ni que los trabajos fueran supervisados por éste.
Tras el estudio de estos escritos, como de las declaraciones de la expedientada a lo largo del procedimiento, se desprende con claridad que el modo de trabajar es que todos los trabajos, incluido por tanto el de revisar las instalaciones de gas los efectúan los operarios; ellos revisan las instalaciones, efectúan los trabajos o reparaciones que consideran convenientes y a lo sumo, en alguna ocasión, después de todo ello, el instalador autorizado supervisa los trabajos efectuados. Pero esta forma de actuar es precisamente la que es contraria a la norma, puesto que la revisión de la instalación y por tanto quien determina los trabajos a realizar han de ser realizados por el instalador autorizado, única forma de cumplir con las normas de seguridad establecidas y única forma de garantizar la seguridad de personas y bienes.
2.- El informe pericial suscrito por D. José Brito de la Nuez (folios 206-208), sin necesidad de entrar a valorar su contenido, hay que indicar que el mismo tiene poca o nula credibilidad, ya que es emitido por persona que no puede tener objetividad alguna en este procedimiento. En efecto, el Sr. Brito de la Nuez presta sus servicios como técnico titulado a la empresa expedientada, así consta probado documentalmente en el expediente, folio nº 223, documento aportado por la propia expedientada en cumplimento del apartado 10.2.3 del anexo B de la Orden de 17 de diciembre de 1985 que obliga a las empresas instaladoras de gas a disponer de un técnico titulado. Pero es que, como sabe la expedientada, o mejor dicho el propio Sr. Brito, el Sr. D. José Brito de la Nuez, es el propietario de la empresa Insugas, S.L. Así consta en la escritura de constitución de la empresa otorgada con el nº 3.678, de 20 de diciembre de 1999, por el Notario del Ilustre Colegio de Las Palmas, D. Nicolás Quintana Plasencia; la sociedad Insugas, S.L. es unipersonal, constituida y fundada exclusivamente por el Sr. José Brito de la Nuez (escritura aportada por la empresa en su solicitud inicial como empresa instaladora, y reseñado tal extremo en el folio 241 del expediente y no desvirtuado por la expedientada).
Además de lo expuesto en el apartado anterior, respecto a la poca objetividad que merece el informe del Sr. Brito, por ser el propietario y técnico de la empresa expedientada, y entrando ya en el contenido del mismo, éste es contrario al resto de las pruebas que obran en el expediente, por cuanto se opone frontalmente al acta de inspección suscrita por el técnico facultativo de este Departamento, D. Joaquín González Vega, al informe técnico suscrito por el técnico facultativo de esta Consejería, D. Antonio Carlier Millán, informe efectuado a petición de la propia expedientada, y por último se opone al informe emitido por la empresa Disa Gas, S.A., es evidente la nervus probandi de estos documentos frente al poco consistente informe del Sr. Brito, el cual, evidentemente no va a emitir un informe autoinculpatorio.
El informe presentado por la expedientada adolece de imprecisiones o defectos, lo cual hace aún menos aceptable el mismo:
- Se indica: "observándose que el local (refiriéndose al local cocina) dispone de una comunicación permanente, sin puerta, con una habitación contigua que dispone de rejilla de ventilación, que no valdría como entrada indirecta al tratarse de un dormitorio". En el informe pericial del facultativo Antonio Carlier Millán consta que el local citado por el Sr. Brito no es un dormitorio sino una sala de T.V y que en el mismo no hay rejilla alguna, que la rejilla citada se encuentra en un cuarto dedicado a lavado que no comunica directamente con la cocina sino con el patio exterior cubierto.
- En el plano adjunto al informe del Sr. Brito la ventana del local cocina la ubica en una pared distinta de la que consta en el plano realizado por el ingeniero de esta Consejería.
- En el local que reseña como dormitorio no consta ventana alguna, cuando dicho local, de T.V. si posee ventana.
- Consta una sola botella de butano cuando en realidad existen dos botellas.
- La escalera se encuentra dibujada en línea recta, cuando la que consta en el plano del segundo informe es en forma de L (formando ángulo recto).
3.- Las pruebas documentales aportadas de oficio vienen a demostrar, corroborar o a hacer palpable que el modo de operar de la expedientada concuerda con los hechos imputados, los cuales, por tanto no pueden considerarse como hechos aislados que sólo se han producido una sola vez.
A) El escrito de la Dirección General de Industria y Energía de 5 de marzo de 2002 por el que se renueva la inscripción en el Registro de empresas instaladoras de gas hasta el 17 de febrero de 2003 y se le comunica que caduca en dicha fecha (folio 217), demuestra que a partir del 17 de febrero de 2003 la autorización para ejercer la actividad de empresa instaladora había caducado y que la expedientada tenía conocimiento previo de ello.
B) La solicitud con entrada en la Dirección General de Industria (DGIE) el 4 de febrero de 2003 de Insugas, S.L. pidiendo, al estar próxima su fecha de caducidad, la renovación del registro de empresas instaladoras de gas, adjuntando entre otros documentos, acreditación de los empleados de la empresa y del técnico titulado (folios 218-226), viene a demostrar no sólo que el técnico que realizó el informe presentado por Insugas, S.L. trabaja para dicha empresa, sino que la empresa dispone de un solo instalador autorizado y que los operarios que efectuaron la revisión de gas de la vivienda de la Sra. García Lorenzo no figuran ni siquiera en la relación de empleados que consta en los TC2 enviados a la Seguridad Social.
C) El escrito de la DGIE de 13 de febrero de 2003, en el que entre otras cosas se comunica a la expedientada que a partir de la fecha en que expira la autorización, el 17 de febrero de 2003, de no haber obtenido autorización expresa había de abstenerse de ejercer la actividad (folios 227-229), demuestra que a la expedientada se le había comunicado la fecha de expiración de la autorización.
D) Las Actas de Inspección de las instalaciones de gas de las viviendas correspondientes a las reclamaciones presentadas por Dña. Zeneida Pérez Rodríguez, D. Antonio Hernández Rodríguez, Dña. Matilde González Acosta y Dña. Rosario Isabel Hernández Pestana (folios 230-234), acredita que los hechos imputados no son aislados, así como acredita que las revisiones de gas las realizan normal y diariamente grupo de dos operarios y en alguna ocasión tres.
E) El escrito de 26 de marzo de 2003, de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía del Puerto de la Cruz por el que solicita información entre la empresa Insugas y otras del sector, facilitan los datos de los empleados de dicha empresa, y solicitan que se periten determinados elementos sustituidos por dicha empresa cambiados durante los hechos denunciados en Diligencias 1.558/03 y el Informe pericial de 27 de marzo de 2003, realizado como consecuencia de la expresada solicitud en el que consta que de los siete elementos sustituidos seis de ellos son totalmente aptos para su utilización (folios 235-239), vienen a probar, el número de operarios de que dispone la expedientada, la sustitución de elementos innecesariamente, que es uno de los hechos imputados.
F) El Informe de 4 de abril de 2003, de la Dirección General de Industria y Energía remitido a la Comisaría Local de la Policía Nacional de Puerto de la Cruz, contestando a su escrito de 26 de marzo de 2003 (folios 240-245) viene a corroborar la relación existente entre las distintas empresas vinculadas a Insugas, S.L., alguna de las cuales han sido sancionadas por hechos idénticos a los hoy enjuiciados.
G) Las declaraciones de D. Manuel Muiño Vigo, D. Eduardo de la Rosa Alonso, D. Cecilio Luis Martín Pérez y D. Alfredo Nicolás Tejeiro Rabuñal realizadas con asistencia de sus respectivos letrados en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Puerto de la Cruz (folios 246-255), demuestran en palabras del instalador autorizado y de los propios operarios de Insugas, S.L. que las revisiones de gas las realizan personas que no son instaladores de gas autorizados y que entregan certificados de revisión suscritos por el instalador autorizado que no estando presente en las revisiones firma en blanco los certificados, que en definitiva son dos de los hechos imputados en el presente expediente.
H) El Informe y Resolución nº 3548, de 7 de mayo de 2003, de la Dirección General de Industria y Energía por la que se deniega la Renovación de la Inscripción en el Registro de Empresas Instaladoras de Gas a la entidad Insugas, S.L., y se cancela la autorización para ejercer la actividad (folios 256-277), en el se contienen de una forma ordenada y sistemática referencia a los documentos antes expuestos y su valoración. En este punto sorprende que la expedientada solicite la suspensión de las medidas provisionales impuestas en el presente expediente, y que en el recurso de alzada que presentó contra la Resolución 3548 sólo solicitara la suspensión de la cancelación definitiva.
I) El Certificado del Jefe del Servicio de Instalaciones Energéticas de la Dirección General de Industria y Energía en el que consta que se han recibido en el período comprendido entre el 10 de marzo de 2003 al 28 de marzo de 2003, 16 reclamaciones contra la empresa Insugas, S.L. por servicios realizados por la misma en el período comprendido entre el 29 de enero de 2003 al 18 de marzo de 2003 (folio 278), demuestra no sólo que la denuncia que motiva este expediente no es aislada, sino que también viene a desmontar el argumento de la interesada respecto a que la medida provisional adoptada ha de resolverse en el mismo sentido que el expresado en auto del Tribunal Superior de Justicia (folio 155), por cuanto dicho auto, aun con independencia de que trata de asunto sustancialmente distinto, pues no es lo mismo una medida cautelar que una cancelación definitiva, en el segundo párrafo de su fundamento jurídico segundo expresa que el sentido del auto podría cambiar de aparecer nuevas denuncias (dicho caso se refería a una sola denuncia), y en el presente supuesto, es por tanto lógico que se valore que en dos meses de actividad se hayan presentado 16 denuncias contra la misma empresa.
4.- Los informes técnicos unidos al expediente, el del técnico facultativo solicitado por la propia expedientada, y el de la empresa Disa Gas, S.A. (folios 320-329) solicitado de oficio, corroboran los hechos reseñados en el acta de inspección (folio 40) en la que se sustentaban los hechos imputados 3 y 4.
5.- Las pruebas documentales aportadas por la interesada, folios 54-121 y 155-205, no desvirtúan en modo alguno los hechos imputados, no sólo por lo expuesto en el apartado "Valoración de las alegaciones de la expedientada", sino porque:
Los documentos números 1, 2, 3 y 4 (folios 54-109), aportados con el escrito de alegaciones de 14 de abril de 2003 no demuestran en absoluto que la empresa pudiera ejercer la actividad después del 17 de febrero de 2003, pues el propio documento 1 en su último párrafo indicó a la expedientada que "Se le advierte que la autorización que le habilitaba para ejercer la actividad de empresa instaladora de gas, vence el próximo diecisiete de febrero, por lo que a partir de dicha fecha de no haber obtenido de forma expresa su renovación deberá abstenerse de ejercer dicha actividad en tanto no se emita por este Departamento la renovación solicitada".
Es evidente que transcurrido el plazo hasta el cual la empresa estaba autorizada para ejercer su actividad, sin que la misma hubiera acreditado que cumplía con todos los requisitos necesarios para tal ejercicio, ésta no podía seguir ejerciendo su actividad, y ello sin menoscabo de que una vez comprobado que reunía dichos requisitos pudiera reanudar su actividad.
Es improcedente que Insugas, S.L. pretenda que sin haber cumplido con el deber de renovar la autorización concedida, en definitiva sin haber demostrado como es preceptivo que cumplía con los requisitos establecidos legalmente, además de que se le conceda un plazo para aportar la documentación necesaria, que es lo que se hizo con la documentación antes reseñada (documentos 1 y 2), pretenda también durante ese tiempo que se le permita ejercer su actividad, y más cuando había en aquellos momentos indicios suficientes para pensar que dicha empresa incumplía con las obligaciones impuestas legalmente; indicios, tan fundados que a la postre el Director General de Industria y Energía dictó resolución cancelando definitivamente, y dando por desistida la solicitud formulada por Insugas, S.L. (folios 256-277).
A) Los documentos números 5 y 6 (folios 110-115), aportados con el escrito de alegaciones de 14 de abril de 2003 no desvirtúan ninguno de los hechos imputados, pues ninguno de ellos supone prueba alguna que los desmonte, sólo sirven para indicar que en dos de las denuncias habidas no existe responsabilidad penal de la expedientada, pero aquí se está enjuiciando la responsabilidad administrativa y no la penal.
B) Los documentos números 7 y 8 (folios 117-120), aportados con el escrito de alegaciones de 14 de abril de 2003 no tienen efecto de ningún tipo sobre los hechos imputados, ya que son presentados como prueba para la valoración económica de los trabajos realizados, y éste es un extremo como ya se ha dicho anteriormente que no se cuestiona en este expediente.
C) El documento 9 (folio 116) por el que el instalador autorizado, D. Manuel Muiño Vigo, certifica que ha efectuado personalmente la revisión de la instalación de gas de la vivienda de la Sra. García Lorenzo, no puede ser tomado en ninguna consideración, por cuanto:
- Es emitido por un empleado de la propia empresa expedientada.
- Al Sr. Muiño Vigo, el Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica incoó expediente sancionador por emitir, suscribiendo, el certificado de revisión periódica de instalaciones individuales de gas nº 31029, de 18 de febrero de 2003, correspondiente a la instalación de la vivienda de Dña. María Isabel García Lorenzo situada en calle El Pino, 126, La Perdoma, La Orotava, cuando en realidad el expedientado no realizó materialmente la citada revisión, sino que la misma fue efectuada por los Señores Jonathan Medina Prieto y Cecilio Luis Martín Pérez, permitiendo, posibilitando con ello que personas que no tienen acreditada la condición de instaladores autorizados de gas realizaran la citada revisión. Dicho expediente fue resuelto el 21 de mayo de 2003, imponiéndole una sanción de 12.000 euros. Es evidente que dicho empleado no va a autoinculparse presentando un documento distinto del mencionado.
- Es, cuando menos extraño que el Sr. Muiño el 7 de abril de 2003 no se acordara a preguntas de la Policía Nacional del Puerto de la Cruz, de la revisión de dicha instalación o de si había efectuado la misma o no, y que luego presente un certificado acordándose de todo.
- Pero, en cualquier caso dicho certificado no tiene validez alguna, por cuanto en el se manifiesta que la revisión se efectuó el 19 de febrero y sin embargo los propios documentos aportados por la interesada fechan la revisión un día antes, el 18 de febrero, por lo que la expedientada no ha desvirtuado el hecho de que dicho día, el 18, el instalador autorizado no realizara la tan mencionada revisión.
D) Respecto del documento 10, plano de la vivienda, es evidente que dicho plano no puede aceptarse como válido, por cuanto en primer lugar no concuerda con el que consta en el informe del Técnico facultativo Sr. Carlier Millán, pero es más, ni siquiera concuerda con el emitido por técnico de la propia expedientada Sr. Brito. En segundo lugar, porque es inverosímil que no exista puerta entre la cocina y un patio exterior, que permite la entrada de lluvia, viento, extraños, etc., en este caso, parece oportuno citar la máxima de testes deponentes non verisimilia non probant, immo sunt de falso suspecti.
6.- Respecto a los documentos que obran en el expediente hay que manifestar:
A) El acta de inspección (folio 40), con presunción iuris tantum, de conformidad con lo establecido en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC y en el 17.5 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, en la que se sustentan lo hechos imputados 3 y 4, no sólo no ha sido desvirtuada por la expedientada, sino que ha sido ratificada con las pruebas de oficio y por las solicitadas por la interesada unidas a las actuaciones -véase informes técnicos (folios 40 y 320-329)-.
B) En las actuaciones policiales efectuadas por la Policía Local del Ayuntamiento de La Orotava (folios 13-18), en las que se sustentan los hechos imputados 1 y 2, consta:
- Que los agentes de policía A-30 y A-44 se personaron en el Camino El Pino, 126 y que a las personas presentes se les requirió para que comparecieran en la Jefatura (folio 18).
- Que las personas que comparecieron en la Jefatura fueron la reclamante Dña. María Isabel García Lorenzo y los operarios de la empresa Insugas, Jonathan Medina Prieto y Cecilio Luis Martín.
- Que la reclamante manifestó que dos operarios el 18 de febrero de 2003 revisaron y efectuaron los trabajos en la instalación de gas de su vivienda.
- Que los dos operarios, Sres. Medina y Luis, manifestaron que ambos estaban ofreciendo los servicios de revisión periódica y que tras revisar la instalación, procedieron a efectuar los trabajos pertinentes.
De estos hechos se comprueba que los operarios que efectuaron la revisión de la instalación de gas fueron los Sres. Medina y Luis y no el instalador autorizado de gas que es el que suscribió el correspondiente certificado. Estos hechos no han sido desvirtuados por la expedientada, aun cuando ha tenido oportunidad de demostrar lo contrario, durante el período probatorio abierto a tales efectos. No olvidemos que el certificado aportado por el Sr. Muiño Vigo, el instalador autorizado (folio 116), no puede ser tenido en consideración por lo que ya se ha expuesto.
Las consecuencias y hechos imputados que se derivan del contenido de tales actuaciones policiales, han sido refrendadas por las pruebas aportadas de oficio: declaraciones de D. Manuel Muiño Vigo (instalador autorizado), D. Eduardo de la Rosa Alonso, D. Cecilio Luis Martín Pérez y D. Alfredo Nicolás Tejeiro Rabuñal (operarios de Insugas, S.L.) realizadas con asistencia de sus respectivos letrados en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía del Puerto de la Cruz (folios 246-255), demuestran en palabras del instalador autorizado y de los propios operarios de Insugas, S.L. que las revisiones de gas las realizan personas que no son instaladores de gas autorizados y que entregan certificados de revisión suscritos por el instalador autorizado que no estando presente en las revisiones firma en blanco los certificados. No hay que olvidar que los empleados implicados en la revisión de gas que motivó la apertura del este expediente no se presentaron a declarar el día y hora indicados por el Instructor del expediente.
7.- Resta por hacer mención al escrito recibido en este Departamento el 8 de julio de 2003 presentado el 30 de junio de 2003 en la Oficina de Correos y encabezado por Jesús López Montesdeoca, por el que se hacen alegaciones al acuerdo de apertura de período de pruebas, rechazo admisión y práctica de las mismas. Sin necesidad de entrar a valorar que la firma que consta en dicho documento parece no coincidir con la efectuada por el Sr. López Montesdeoca en otros documentos, los cuales constan en el expediente, dicho documento no puede ser tomado en consideración alguna porque lejos de limitarse a presentar alegaciones, supone un verdadero recurso a las medidas adoptadas respecto a la admisión y rechazo de las pruebas, recurso no contemplado en las normas procedimentales y por tanto inadmisible.
Aun lo expuesto, cabe manifestar respecto de dicho escrito, las siguientes consideraciones:
- En cuanto al rechazo de la prueba testifical del Sr. Miguel García Ruiz, es evidente que en este tipo de expedientes el contemplar la aceptación de testigos que ni son empleados de la empresa, ni acreditan que sean peritos de parte, ni siquiera clientes de la empresa y que por último no se especifica, ni siquiera de forma genérica, el motivo de ser propuesto, significa alargar innecesariamente el procedimiento, porque si se admitieran los argumentos de la expedientada bien podría haber solicitado la declaración de cien testigos de las mismas características y según su versión habría que haber admitido su testimonio. En todo caso, sorprende el interés en que declare dicho testigo, cuando no se presentaron a declarar ninguno de los otros testigos propuestos por la expedientada, y eso que la misma se comprometió a que se personarían en el lugar y fecha que el Instructor les indicara.
- Respecto a la solicitud de ratificación del informe efectuado por el Sr. Brito de la Nuez, cabe manifestar que también sorprende que se interese la misma y no la del resto de facultativos y técnicos que han emitido informes técnicos incorporados al expediente. En todo caso las normas de procedimiento administrativo no contemplan la figura de la ratificación de informes; en este tipo de procedimientos, admitido el informe, y por tanto salvado cualquier posible motivo de indefensión al respecto, y en aras de la economía procesal que rige este tipo de procedimientos, incursos en plazos de caducidad muy cortos, de no fundamentarse con motivos suficientes la necesidad de ratificación solicitada, ésta se hace totalmente innecesaria.
- Respecto al monto económico del trabajo realizado es necesario remitirse a lo expuesto en este sentido en al apartado de "valoración de las alegaciones de la expedientada", el valor económico del servicio efectuado por Insugas, S.L., no tiene relación con ninguno de los hechos imputados, y por tanto es totalmente improcedente.
- En cuanto a las pruebas incorporadas al expediente de oficio, tal como ya se ha explicado anteriormente, las mismas tienen una relación directa con los hechos imputados, ya sea porque versan sobre los mismos hechos o porque reseñan conductas idénticas a las aquí enjuiciadas efectuadas por los mismos empleados y corroboran que es práctica habitual el efectuar este tipo de actuaciones.
Respecto a la solicitud de informe a la empresa suministradora, su necesidad ha quedado demostrada en el informe pericial emitido por el técnico facultativo Antonio Carlier Millán, sobre todo respecto de solicitar la fecha en que se empezó a dar suministro de gas a la vivienda.
Sexta.- Hechos imputados.
1. El realizar la operación de revisión de una instalación de gas en la vivienda de Dña. María Isabel García Lorenzo situada en calle El Pino, 126, La Perdoma, La Orotava, D. Jonathan Medina Prieto y D. Cecilio Luis Martín Pérez, personas que no tienen acreditada la condición de instaladores autorizados de gas, y que no figuran, por tanto, como instaladores autorizados de la empresa Insugas, S.L.
2. El emitir el certificado de revisión periódica de instalaciones individuales de gas nº 31029, de 18 de febrero de 2003, suscrito por D. Manuel Muiño Vigo, persona distinta a la que en realidad realizó materialmente la citada revisión.
3. Que la empresa Insugas, S.L. extendió certificado de revisión periódica de la instalación individual de gas de la vivienda de la denunciante, Dña. María Isabel García Lorenzo, 31023, de 18 de febrero de 2003, en el que se certificaba que en dicha instalación "no existe ningún defecto mayor ni menor de los indicados al dorso", cuando se ha comprobado según se hace constar en el Acta de inspección de 20 de marzo de 2003 suscrita por técnico competente de la Dirección General de Industria y Energía que "El local cocina no dispone de entrada directa de aire ni de entrada indirecta de aire", lo que supone la existencia de un defecto menor, por cuanto, el apartado 05.2.3.2 de la Instrucción Técnica Complementaria (I.T.C.) MI-IRG 05, aprobada por Real Decreto 1.853/1993, de 22 de octubre (B.O.E. nº 281, de 24.11.93), sobre locales destinados a contener aparatos a gas, condiciones de ventilación y configuración, determina la obligación de disponer de una entrada directa de aire o de una entrada indirecta con los requisitos establecidos en el punto 05.2.2.1 y 05.2.2.2, es decir, que el local contiguo tenga una entrada directa y permanente de aire a una distancia no superior a 30 cm del suelo, todo ello en relación con el artículo 16.3 y con el punto 2 del anexo IV del Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales aprobado por Real Decreto 1.853/1993, requisitos que no se cumplían en el local donde se ubica la cocina de la reclamante y cuyo incumplimiento debería haberse hecho constar en el certificado de revisión extendido por la expedientada.
Por lo expuesto se ha expedido un certificado cuyo contenido no se ajusta a la realidad de los hechos, ya que la instalación presenta defectos menores: falta de entrada de aire directa o indirecta en el local cocina, y en el certificado de referencia no se menciona la existencia de los mismos.
4. El certificar la idoneidad de la instalación de gas de la vivienda de la Sra. García Lorenzo valiéndose para ello, mediante simulación, fraude o engaño, de la supuesta necesidad de cambiar elementos de la misma que no eran aptos para su utilización y uso, procediendo a la sustitución de dichos elementos, cuando en realidad los mismos (dos válvulas, un tubo flexible y un regulador) no presentaban irregularidad alguna que hiciera necesaria su sustitución.
5. Que la empresa instaladora de gas, Insugas, S.L. ejerció actividad como tal a partir del 17 de febrero de 2003 sin contar con la preceptiva autorización administrativa que le capacitara para dicho ejercicio.
Séptima.- Tipificación de las infracciones.
Se imputa la presunta comisión de las siguientes infracciones administrativas:
1. El realizar la operación de revisión de una instalación de gas personas que no tienen acreditada la condición de instaladores autorizados de gas, supone la comisión de una infracción tipificada en el artículo 39.e) del Real Decreto 1.085/1992, de 11 de septiembre, en relación con el artículo 19 de dicha norma y las instrucciones 1, 2.1.3, 4, 8.3, y 9.5, todas ellas del anexo B (Instrucción sobre Instaladores autorizados de gas y Empresas Instaladoras), de la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 17 de diciembre de 1985, por la que se aprueban la Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las Instalaciones receptoras de gases combustibles y la Instrucción sobre Instaladores Autorizados de gas y empresas instaladoras.
Además, este hecho, que las revisiones las realicen personas no autorizadas, y por tanto, que no disponen de los conocimientos mínimos necesarios y obligatorios para realizar con todas las garantías de seguridad los trabajos correspondientes, comporta un grave riesgo para personas y bienes, negligencia que viene tipificada en el artículo 40.2.h) e i) del Real Decreto 1.085/1992, como infracción administrativa.
2. El emitir un certificado de revisión de instalaciones de gas persona que no ha realizado la revisión de la instalación de gas de la vivienda de la reclamante está tipificado como infracción administrativa en el artículo 31.2.e) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (B.O.E. nº 176, de 23.7.92), ya que la certificación no se ajusta a la realidad de los hechos al no ser cierto que la persona que suscribe el certificado, accediera a la vivienda y revisara la instalación de la misma, obligación establecida en las instrucciones 2.1.3 y 9.5 de del anexo B de la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 17 de diciembre de 1985 (B.O.E. nº 8, de 9.1.86).
3. El hecho de que la empresa Insugas, S.L. certificara que en la instalación individual de gas de la vivienda de la denunciante, Dña. María Isabel García Lorenzo, no existía ningún defecto mayor ni menor, cuando del Acta de Inspección suscrita por técnico facultativo competente se comprueba que existían defectos menores, supone la comisión de una infracción tipificada en el artículo 31.2.e) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, al no ajustarse el certificado de revisión periódica nº 31029 de la empresa expedientada a la realidad de los hechos.
4. El hecho de certificar la idoneidad de la instalación de gas de la vivienda de la Sra. García Lorenzo valiéndose para ello, mediante simulación, fraude o engaño, de la supuesta necesidad de cambiar elementos de la misma que no eran aptos para su utilización y uso, procediendo a la sustitución de dichos elementos, cuando en realidad los mismos (dos válvulas, un tubo flexible y un regulador) no presentaban irregularidad alguna que hiciera necesaria su sustitución, constituye infracción administrativa tipificada en el artículo 40.2.c) del Real Decreto 1.085/1992, de 11 de septiembre, ya que dichas sustituciones sirvieron de base o justificación para certificar la idoneidad de las instalaciones de gas; se pretendió mediante simulación, fraude o engaño hacer creer al titular de la instalación de gas que la instalación presentaba defectos, que una vez corregidos, la misma estaba en perfectas condiciones de uso, cuando en realidad, las piezas sustituidas no presentaban defecto alguno que motivara su sustitución.
5. El hecho de que la revisión de la instalación de gas de la vivienda de la Sra. García se hiciera el 18 de febrero de 2003, cuando la vigencia de la autorización administrativa que habilita a la empresa Insugas, S.L. a ejercer la actividad de empresa instaladora de gas y subsiguiente inscripción en el registro de empresas instaladoras de gas venció el pasado 17 de febrero, haciendo, así mismo, dicha empresa caso omiso a la prescripción dictada el 13 de febrero de 2003 por esta Administración, según escrito de 13 de febrero de 2003, registro de salida 63423 de la misma fecha, recibido por la interesada el 14 de febrero de 2003, mediante la que se le advertía que a partir del 17 de febrero de 2003 de no haber obtenido de forma expresa su renovación debería abstenerse de ejercer dicha actividad en tanto no se emita por parte de este Departamento la renovación solicitada, hechos que constituyen una infracción administrativa grave, tipificada en el artículo 31.2, apartados b) y h) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, en relación con las instrucciones 6 y 9.1 del anexo B de la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 17 de diciembre de 1985 (B.O.E. nº 8, de 9.1.86) y con artículo 39.2.B).1.h).o) y p) del Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica.
Octava.- Calificación de las infracciones.
1. En cuanto a la infracción tipificada en el punto 1 del apartado de "tipificación de las infracciones", sobre realizar operación de revisión de la instalación de gas personas no autorizadas, comporta un grave riesgo para personas y bienes que las revisiones las realicen personas no autorizadas, y por tanto, que no disponen de los conocimientos mínimos necesarios y obligatorios para realizar con todas las garantías de seguridad los trabajos correspondientes, negligencia que viene tipificada en el artículo 40.2.h) e i) del Real Decreto 1.085/1992, como infracción administrativa grave.
2. Respecto de la infracción reseñada en el punto 2 del apartado de "tipificación de las infracciones" sobre la firma del certificado de revisión por persona distinta a la que efectuó la operación, ha de ser calificada como grave de conformidad con el punto e) del apartado 2 del artículo 31 de la Ley 21/1992, de 16 de julio.
3. En cuanto a la infracción tipificada en el punto 3 del apartado de "tipificación de las infracciones" sobre certificar la ausencia de defectos cuando en realidad existían defectos menores, se encuentra entre las infracciones calificadas como graves por el artículo 31.2 de la Ley 21/1992, de 16 de julio.
Infracción que también ha de ser considerada grave, de conformidad con lo establecido en las letras c), h) e i) del apartado 2 del artículo 40 del Real Decreto 1.085/1992, de 11 de septiembre, por cuanto estos hechos además de suponer un posible fraude o engaño al consumidor certificando la idoneidad de la instalación, comportan una grave negligencia que compromete o pone en riesgo la integridad o salud de las personas y la seguridad de los bienes. En este sentido cabe señalar que el artículo 16.3 del Reglamento de Instalaciones de gas antes citado, establece que los defectos menores deben ser comunicados al usuario, por la entidad que realiza la revisión, con indicación de que en un plazo no superior a seis meses debe proceder a su corrección por medio de un instalador autorizado; con la actuación de la empresa instaladora la propietaria nunca se habría enterado de estos defectos, no los habría podido subsanar, con lo que con el paso del tiempo y el envejecimiento de las instalaciones y aparatos el riesgo de accidente por explosión por acumulación de gases e intoxicación por inhalación de gases procedentes de la combustión se vería enormemente incrementado.
4. Respecto de la infracción reseñada en el punto 4 del apartado de "tipificación de las infracciones" sobre el hecho de sustituir elementos que no presentaban irregularidad alguna, ha de ser calificada como grave al estar así establecido por estar encuadrada como tal en el artículo 40.2 del Real Decreto 1.085/1992, de 11 de septiembre.
5. Respecto a la infracción mencionada, en el punto 5 del apartado "tipificación de las infracciones" sobre ejercer la actividad de empresa instaladora autorizada de gas sin contar con la preceptiva autorización, se encuentra entre las infracciones calificadas como graves por el artículo 31.2 de la Ley 21/1992, de 16 de julio.
Novena.- Sanciones que pueden corresponder.
En el presente supuesto y teniendo en cuenta los criterios para la graduación de la cuantía de las sanciones establecidas en el artículo 34.2 de la Ley 21/1992, de Industria y lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
A.- Las infracciones imputadas y tipificadas en los puntos 1 y 4 de "tipificación de las infracciones", calificadas todas ellas como graves pueden ser sancionadas, cada una de ellas, con una multa pecuniaria de entre 3.005,07 hasta 60.101,21 euros, de conformidad con el artículo 42.1.b) del Real Decreto 1.085/1992, de 11 de septiembre.
B.- Las infracciones imputadas y tipificadas en los puntos 2, 3 y 5 de "tipificación de las infracciones", calificadas todas ellas como graves pueden ser sancionadas, cada una de ellas, con una multa pecuniaria de entre 3.005,07 hasta 90.151,82 euros, de conformidad con el artículo 34.1.b) de la Ley 21/1992.
C.- Además, y sin perjuicio de lo anterior, al tratarse de infracciones de carácter grave, y según lo dispuesto en el penúltimo párrafo del punto primero del artº. 42 del Real Decreto 1.085/1992, de 11 de septiembre, la sanción que le pudiera corresponder podrá dar lugar a la cancelación de la inscripción correspondiente en el Registro y a la revocación o suspensión de la autorización administrativa vinculada con la actividad para ejercer la actividad de empresa instaladora autorizada de G.L.P.
Asimismo, conforme dispone el punto 11.4 de la Instrucción sobre Instaladores Autorizados de Gas y Empresas Instaladoras, Orden de 17 de diciembre de 1985, el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades contraídas por la empresa de gas, podrá dar lugar a la cancelación de la inscripción y de retirada del certificado de empresa instaladora de gas.
Décima.- Responsabilidad.
La responsabilidad de las infracciones imputadas en este expediente corresponden, como autor material de los hechos, y de conformidad con el artículo 41.a) del Real Decreto 1.085/1992, de 11 de septiembre, y el artículo 33 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, a la empresa instaladora de gas Insugas, S.L.
Undécima.- Medidas provisionales.
De conformidad con el artículo 21.4 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, se mantienen las medidas provisionales acordadas en el acuerdo de inicio del expediente, en tanto la presente resolución no sea firme. Una vez que esta resolución sea ejecutiva estas medidas provisionales quedarán sin efecto legal alguno.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con lo dispuesto en el título II, capítulo III, sección 1ª, artículo 38.7.i), del Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías,
R E S U E L V O:
Imponer a la empresa Insugas, S.L.:
1.- Por la reseñada en el punto 1, sobre realizar operación de revisión de la instalación de gas personas no autorizadas, considerando la grave negligencia que supone y el elevado riesgo para las personas y bienes que las operaciones de revisiones de gas las efectúe personal no autorizado y por tanto técnicamente incapacitado para realizar dichos trabajos, una sanción de cuarenta y cinco mil (45.000) euros.
2.- Por la reseñada en el punto 2, el emitir certificado persona distinta de la que en realidad realizó la revisión de la instalación, una multa de veinticuatro mil (24.000) euros.
3.- Por la mencionada en el punto 3, el emitir un certificado con ausencia de defectos en la instalación, cuando la misma tenía tres defectos, y considerando el grave riesgo que supone que la propietaria de la instalación desconociera la existencia de defectos en la misma, al haber incumplido la empresa instaladora su obligación de reseñarlos en el correspondiente certificado, y por tanto desconocer que tenía un plazo no superior a seis meses para su corrección, con lo que con el paso del tiempo y el envejecimiento de las instalaciones y aparatos el riesgo de accidente por explosión por acumulación de gases e intoxicación por inhalación de gases procedentes de la combustión se vería enormemente incrementado, una sanción de treinta mil (30.000) euros.
4.- Por mencionada en el punto 4, sobre el hecho de simular la adecuación de la instalación a la normativa, sustituyendo elementos que no presentaban irregularidad alguna, una sanción de veinticuatro mil (24.000) euros.
5.- Por la reseñada en el punto 5 sobre falta de autorización para ejercer la actividad, una sanción de cuarenta mil (40.000) euros.
6.- La cancelación de la inscripción en el Registro de Empresas Instaladoras de gas existente en la Dirección General de Industria y Energía y a la revocación de la autorización administrativa vinculada con la actividad para ejercer la actividad de empresa instaladora autorizada de G.L.P. (retirada del certificado de empresa instaladora de gas) a la empresa Insugas, S.L.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
NOTA.- El pago de la sanción deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía y Hacienda le remitirá a su propio domicilio.
Santa Cruz de Tenerife, a 22 de septiembre de 2003.- El Viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías, Antonio Núñez Ordóñez.
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