Examinados los expedientes tramitados por la Dirección General de Comercio, para la concesión de subvenciones a inversiones destinadas a la modernización del comercio para el ejercicio 2003, con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
A la vista de la correspondiente propuesta formulada por el Director General de Comercio, y teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
Primero.- Mediante Orden de fecha 13 de febrero de 2003 (B.O.C. nº 39, de 26 de febrero) se efectuó convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización de inversiones destinadas a la modernización del comercio minorista, con la cofinanciación del FEDER, y se aprobaron las bases que habían de regir la misma.
Segundo.- Al amparo de dicha Orden fueron presentadas las correspondientes solicitudes de subvención, a tramitar por la Dirección General de Comercio.
Tercero.- Mediante Resolución de abril de 2003 de la Dirección General de Comercio (B.O.C. nº 96, de 21.5.03), se requirió a los interesados para que procedieran a la subsanación de las solicitudes o acompañasen los documentos preceptivos, concediéndole a tal efecto un plazo de diez días hábiles, formulándose el oportuno apercibimiento de desistimiento en caso de no atender el requerimiento, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la base novena de las bases de la convocatoria.
Cuarto.- Analizadas las instancias y documentación presentadas, así como realizadas las aclaraciones pertinentes, se realizó la clasificación de las solicitudes completas y las que debían ser desestimadas por incumplir alguno de los requisitos establecidos en las bases que rigen la presente convocatoria. Seguidamente se procedió a evaluar los proyectos de conformidad con los criterios de valoración expresados en la base décima de la convocatoria, ordenándose en sentido decreciente según la puntuación obtenida.
Quinto.- Conforme a la base cuarta de la convocatoria, la dotación presupuestaria para asumir el importe global de las subvenciones asciende a la cantidad de dos millones ciento sesenta y tres mil seiscientos cuarenta y tres (2.163.643) euros, importe que encuentra cobertura presupuestaria en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2003, P.I. 97709102-01 "Incentivos PYMES comerciales" y cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un setenta y cinco por ciento (75%).
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- El artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, establece en su apartado cuarto la obligación de resolver.
Segunda.- Por Orden de 13 de febrero de 2003, se aprueban las bases que han de regir el proceso de concesión de subvenciones para la realización de inversiones destinadas a la modernización del comercio minorista para el ejercicio 2003, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), modificado por el Decreto 103/2000, de 12 de junio.
Tercera.- El artículo 5 del mencionado Decreto 337/1997 dispone que los titulares de los Departamentos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma son órganos competentes para conceder ayudas y subvenciones.
Cuarta.- Asimismo, el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, establece que si la solicitud de iniciación del procedimiento no reúne los requisitos que establece el artículo 70 de la misma y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que en un plazo de diez días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de dicha ley.
Quinta.- El artículo 90.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, establece que "todo interesado podrá desistir de su solicitud o renunciar a sus derechos, cuando ello no esté prohibido por el Ordenamiento Jurídico", señalando el artículo 91.2 de la citada Ley que "la Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento ...".
Sexta.- La misma Ley de Procedimiento 30/1992, en su artículo 59.5, apartado b), recoge la posibilidad de que la publicación, en los términos del artículo siguiente, sustituya a la notificación, surtiendo sus mismos efectos, en caso de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. En este supuesto, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el tablón de anuncios o medio de comunicación donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos. Consecuentemente con este mandato, la convocatoria dispuso en su base novena, que la notificación, tanto de los requerimientos, como de la resolución del procedimiento, se llevaría a cabo mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Séptima.- Analizada la documentación presentada por los interesados procede dictar resolución otorgando o denegando la subvención solicitada a aquellos interesados en los que concurre causa de estimación o desestimación, en su caso, por adecuarse o no a los requisitos de la convocatoria, respectivamente.
Octava.- Asimismo, habiéndose requerido a determinados interesados la subsanación de faltas y/o documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendría por desistidos de su petición, conforme a lo dispuesto en el mencionado artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y habiendo transcurrido el plazo de diez días concedido al efecto, procede dictar resolución declarando el desistimiento a su petición de aquellos interesados que no atendieron en su integridad al requerimiento efectuado, o bien manifestaron su desistimiento de forma expresa.
Vista la propuesta formulada por el Director General de Comercio, y en uso de las facultades que me confiere la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias, el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, y demás disposiciones complementarías.
R E S U E L V O:
Primero.- Estimar las solicitudes de subvención correspondientes a los beneficiarios relacionados en el anexo I de la presente Orden, concediendo a cada uno el porcentaje de subvención indicado sobre la inversión aprobada, según la actividad a desarrollar, conforme a los distintos tipos de proyectos indicados en el mismo y en la cuantía máxima que se especifica.
Segundo.- Desestimar las solicitudes correspondientes a las empresas relacionadas en el anexo II de la presente Orden, por los motivos expuestos en el mismo para cada una de ellas.
Tercero.- Acordar el desistimiento de las solicitudes reseñadas en el anexo III de la presente Orden, por las causas que asimismo se expresa en dicho anexo.
Cuarto.- Con objeto de dar cumplimiento a la normativa comunitaria en materia de información y publicidad, de conformidad con lo dispuesto en los Reglamentos (CE) nº 1.260/1999 y (CE) nº 1.261/1999, se hace constar que esta subvención cuenta con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo de Canarias 2000-2006 (POC 2000-2006), con una tasa de cofinanciación del 75%.
Quinto.- Plazo de aceptación de la subvención.
Los beneficiarios deberán manifestar por escrito, dentro del plazo de los treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de concesión de la subvención publicada en el Boletín Oficial de Canarias (B.O.C.), su aceptación expresa en los términos contenidos en la presente resolución, según modelo que figura como anexo IV, de conformidad con lo dispuesto en la base novena punto tres de la convocatoria. En caso de no otorgarla en dicho plazo, quedará sin efecto la subvención concedida.
Sexto.- Si por parte de los beneficiarios de la subvención no se procediera a la aceptación de la subvención dentro del plazo establecido, o si aceptada, renunciara con posterioridad a la misma, se podrá modificar la resolución de concesión de la subvención, incluyendo, por orden de puntuación obtenida, aquellos solicitantes que reuniendo los requisitos establecidos en las mismas, no hayan resultado beneficiarios por haberse agotado la dotación presupuestaria.
Procederá también la modificación de la presente resolución de concesión, incluyendo nuevos beneficiarios en la forma indicada, cuando la dotación presupuestaria comprometida no se agote debido a reducción de subvenciones concedidas, por aplicación de lo dispuesto en la base decimotercera de la convocatoria y en los supuestos de incumplimiento de la base undécima apartado dos.
Séptimo.- Plazo de realización y justificación de la inversión, y abono de la subvención.
1) El plazo para realizar la actividad correspondiente a la subvención concedida será el período comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 30 de octubre de 2003.
2) El plazo para justificar la actividad correspondiente a la subvención concedida será desde la fecha de publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, hasta el 14 de noviembre de 2003.
3) La justificación se realizará mediante instancia dirigida al Director General de Comercio solicitando el cobro de la subvención, adjuntando facturas originales y dos fotocopias de las mismas, debiéndose acreditar por cualquier medio válido en derecho que las facturas han sido pagadas dentro del plazo previsto para realizar la inversión (30 de octubre de 2003).
Asimismo deberán aportarse los documentos justificativos de la generación y mantenimiento del empleo (por ejemplo último documento TC2 correspondiente al último mes de ingreso de las cuotas de Seguridad Social ... vida laboral) sin perjuicio de poder acreditar tal extremo mediante cualquier otro documento fehaciente acreditativo de el número de trabajadores y tipo de contrato de cada uno de ellos).
Los justificantes que habrán de aportarse serán los correspondientes a los gastos efectivamente pagados por las empresas beneficiarias con arreglo a la normativa de aplicación contenida en el Reglamento (CE) nº 1685/2000 de la Comisión de 28 de julio de 2000.
En caso de inversiones financiadas mediante leasing, además de cumplir los requisitos previstos en el Reglamento (CE) nº 1685/2000 de la Comisión de 28 de julio de 2000, por la que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 1260/1999 del Consejo en lo relativo a la financiación de gastos de operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales, únicamente se admitirán cuotas del leasing efectivamente pagadas hasta el plazo previsto para la realización de la inversión (30 de octubre de 2003).
4) En el supuesto de que las inversiones debidamente justificadas sean inferiores al presupuesto inicialmente aprobado se dejará sin efecto la subvención concedida, procediéndose a la declaración de incumplimiento de condiciones. No obstante cuando la justificación represente como mínimo el 70% del presupuesto inicialmente aprobado se reducirá proporcionalmente el importe de la subvención, siempre y cuando, la parte de la subvención que no se justifique no haya sido determinante a la hora de aplicar los criterios de valoración, y siempre que se acredite que se ha realizado la actividad subvencionada.
5) Asimismo, en el supuesto de que los beneficiarios no justifiquen la creación-conversión y/o mantenimiento de puestos de trabajo declarados en la solicitud de subvención, el porcentaje de subvención concedida se reducirá proporcionalmente en función de la puntuación obtenida por dichos criterios de valoración, a los que hace referencia los puntos dos (2) y tres (3) de la base décima de la convocatoria. Se dejará sin efecto la subvención concedida, si como consecuencia de tal reducción, la puntuación obtenida resultase inferior a la correspondiente al solicitante con mayor puntuación, que cumpliendo los requisitos de la convocatoria, no haya obtenido subvención por insuficiencia de dotación presupuestaria.
6) Las subvenciones serán abonadas a los beneficiarios una vez que acrediten la realización de la actividad para la que fueron concedidas.
Octavo.- Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las subvenciones están sujetos a las siguientes obligaciones:
a) Realizar y acreditar la realización de la actividad o adoptar la conducta subvencionada, así como el cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución de concesión.
b) Justificar el empleo de los fondos públicos recibidos, en su caso, en la actividad o conducta subvencionada.
c) Acreditar el coste total de la actividad o conducta subvencionada, así como el importe de las ayudas, subvenciones u otros auxilios económicos recibidos de cualesquiera Administraciones, Entes públicos y entidades privadas o particulares.
d) Comunicar a la Consejería de Economía y Hacienda las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.
e) Comunicar a la Consejería de Economía y Hacienda el importe de las ayudas o subvenciones concedidas con posterioridad, para la misma inversión, por cualquier Administración o Ente público, así como las ayudas o auxilios económicos que reciba de entidades privadas o particulares para el mismo destino.
f) Llevar los registros contables a que vengan obligados de modo que permitan identificar de forma diferenciada las partidas o gastos concretos en que se han materializado las subvenciones concedidas, así como los demás ingresos propios o afectos a la actividad o conducta subvencionada, incluyendo las ayudas y subvenciones concedidas con el mismo objeto, y que por diferencia permita obtener un estado de rendición de cuentas de las cantidades o fondos públicos percibidos en concepto de subvención.
g) Facilitar toda la información que les sea requerida por la Consejería de Economía y Hacienda y por los órganos de control interno y externo de la actividad económico-financiera de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.
h) Someterse a las actuaciones de comprobación que, en relación con las subvenciones concedidas, se practiquen por la Consejería de Economía y Hacienda, la Intervención General y la Audiencia de Cuentas de Canarias.
i) Aportación de forma diferenciada, de la justificación de la inversión realizada correspondiente a la inversión subvencionada, así como de la inversión realizada correspondiente a la inversión no subvencionada.
j) Mantener los puestos de trabajo creados durante, al menos, dos años.
Noveno.- Modificación de las resoluciones de concesión.
Dará lugar a la modificación de la resolución de concesión, previa fiscalización de la Intervención, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:
a) La alteración de las circunstancias o de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de una ayuda o subvención.
b) La obtención, por el beneficiario, de ayudas o subvenciones concedidas por otros órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma o por otras Administraciones o Entes públicos para el mismo destino o finalidad.
c) La obtención de ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o finalidad.
d) La superación de los topes previstos por la normativa comunitaria como consecuencia de la acumulación de ayudas o subvenciones en los períodos establecidos en la misma.
Décimo.- Reintegro.
1. No será exigible el abono de la subvención o, en su caso, procederá la devolución íntegra de las cantidades percibidas más el interés de demora devengado desde el momento del abono, cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:
a) La obtención de la subvención sin reunir los requisitos exigidos para su concesión o falseando u ocultando los hechos o datos que hubieran impedido su concesión.
b) La falta de empleo de los fondos públicos en la realización de la inversión subvencionada.
c) El incumplimiento de cualesquiera de las condiciones impuestas en la resolución de concesión de la subvención.
d) El incumplimiento de la obligación de justificar la realización de la inversión subvencionada y su coste real.
2. Asimismo, no será exigible el abono o procederá el reintegro del exceso más el interés de demora devengado cuando se dé cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 35.2 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
3. El procedimiento de reintegro deberá realizarse en la forma prevista en el artículo 36 del citado Decreto 337/1997, de 19 de diciembre.
Será de aplicación, en todo caso, el Decreto Territorial 157/1998, de 10 de septiembre, de medidas acerca de la gestión de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión de la Unión Europea (B.O.C. nº 121, de 23 de septiembre).
Undécimo.- Para lo no previsto en la presente Orden se estará a lo dispuesto en las bases que rigen la convocatoria, aprobadas por Orden de 13 de febrero de 2003, en el Decreto 157/1998, de 10 de septiembre, de medidas para la gestión de Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión de la Unión Europea y sus normas de desarrollo, así como en la normativa reguladora de subvenciones, en especial el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias; o directamente recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación; haciendo saber que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta la resolución expresa del recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 31 de julio de 2003.
EL CONSEJERO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS,
Luis Soria López.
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