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Vistas las solicitudes presentadas, al objeto de acogerse a la Orden de 24 de febrero de 2003, por la que se convocan para el año 2003, subvenciones destinadas a la mejora de la competitividad de las entidades comercializadoras, y teniendo en cuenta los siguientes,
HECHOS
Primero.- Que la dotación presupuestaria prevista en la orden de convocatoria, destina créditos por importe de doscientos cuarenta y cinco mil doscientos trece euros (245.213 euros) con cargo a la aplicación presupuestaria 13.08.714F 470.21L.A. 13.4117.02 "Mejora de la competitividad de las entidades comercializadoras".
Segundo.- Que la dotación presupuestaria anteriormente citada no es suficiente para atender las solicitudes presentadas que cumplen los requisitos exigidos en la convocatoria, y de acuerdo con lo establecido en la base 3.1 último párrafo de la convocatoria, los créditos se han incrementado en un importe de 154.608,98 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 13.08.714F 470.21L.A. 13.4042.02 "Fomento comercialización agraria", por importe de 108.272,27 euros, y a la aplicación presupuestaria 3.08.714F 470.21L.A. 13.4117.02 "Mejora de la competitividad de las entidades comercializadoras", por importe de 46.336,71 euros.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Que corresponde a esta Dirección General de Política Agroalimentaria la competencia para resolver la convocatoria, a tenor de lo establecido en la base 6, punto 3 de la Orden de 24 de febrero de 2003, en virtud de la delegación conferida en la misma.
Segundo.- Que los peticionarios relacionados en el anexo I, una vez aplicados los criterios de priorización y dando preferencia a las solicitudes con mayor puntuación, tienen cobertura económica mediante la dotación presupuestaria señalada.
Tercero.- Que los peticionarios relacionados en el anexo II, una vez aplicados los criterios de priorización y dando preferencia a las solicitudes con mayor puntuación, no tienen cobertura económica mediante la dotación presupuestaria señalada.
Cuarto.- Que los peticionarios relacionados en el anexo III, no cumplen los requisitos exigidos en la convocatoria, por las razones expuestas en el mismo.
Vistas las disposiciones legales de aplicación y el informe propuesta del Servicio de Coordinación y Desarrollo Agroalimentario,
R E S U E L V O:
Primero.- Conceder subvenciones a los peticionarios relacionados en el anexo I por las cantidades establecidas en el mismo, para el presente ejercicio presupuestario y al amparo de la Orden de 24 de febrero de 2003, por la que se convocan para el año 2003, subvenciones para la mejora de la competitividad de las entidades comercializadoras, por un total de trescientos noventa y nueve mil ochocientos veintiún euros con noventa y ocho céntimos (399.821,98 euros), con cargo a la aplicación presupuestaria 13.08.714F 470.21L.A. 13.4117.02 "Mejora de la competitividad de las entidades comercializadoras" y L.A. 13.4042.02 "Fomento Comercialización Agraria".
Segundo.- Desestimar las solicitudes presentadas por los peticionarios relacionados en el anexo II por no existir cobertura económica suficiente, una vez aplicados los criterios de priorización señalados en la convocatoria y dando preferencia a las solicitudes con mayor puntuación.
Tercero.- Desestimar las solicitudes presentadas por los peticionarios relacionados en el anexo III, por los motivos que se señalan en el mismo.
Cuarto.- El plazo para realizar la actividad objeto de subvención, es hasta el 30 de noviembre del año 2003.
Quinto.- El beneficiario deberá justificar la aplicación de la subvención a la finalidad para la que fue concedida, no pudiendo superar el 10 de diciembre de 2003, y aportando los medios de justificación establecidos en la base 9, punto 3 de la citada Orden de 24 de febrero de 2003, y que son los siguientes:
a) En los casos de contratación laboral [apartado 2.a) de la base 1], documentación suficiente para acreditar el pago de los seguros sociales relativos al trabajador y la retención e ingresos a cuenta del I.R.P.F., así como las hojas oficiales de salarios o nóminas del trabajador contratado.
b) En el caso de realización de estudios y planes de gestión [apartado 2.b) de la base 1], copia del trabajo realizado y facturas que acrediten el pago de honorarios.
c) En el caso de asistencia económica y jurídica [apartado 2.c) de la base 1], memoria de las actuaciones llevadas a cabo y facturas que acrediten el pago de los honorarios.
En el supuesto de que se aporten facturas como justificante de la subvención concedida, éstas deberán ajustarse a lo dispuesto en el Real Decreto 2.402/1985, de 18 de diciembre, regulador del deber de expedición y entrega de facturas.
Sexto.- El importe de la subvención será abonado de una sola vez, tras la acreditación de la realización de la actividad objeto de la subvención. La fase de abono se iniciará mediante la comunicación del beneficiario a la Dirección General de Política Agroalimentaria de la realización o adopción de la conducta objeto de subvención. Dicha comunicación irá acompañada de los medios de justificación que se señalan en la base 9. La subvención percibida es cofinanciada por los fondos europeos del FEOGA-Orientación (75%) y la Comunidad Autónoma de Canarias (25%).
En el supuesto de que las inversiones y gastos realizados sean inferiores a los aprobados, como consecuencia de una disminución del coste de la actividad realizada, se abonará la subvención en proporción a lo debidamente justificado, siempre que se cumpla, a juicio del órgano concedente, con el objeto y finalidad de la convocatoria.
Séptimo.- La efectividad de la presente Resolución de concesión de subvenciones está condicionada a su aceptación expresa por la entidad beneficiaria, que deberá otorgarla dentro del plazo de los 30 días siguientes a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. En caso de que no se otorgue dentro del referido plazo, quedará sin efecto la subvención concedida.
Octavo.- Toda alteración de las circunstancias o de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención, la obtención por el beneficiario de ayudas o subvenciones concedidas por otras Administraciones o entes públicos o de ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o finalidad y, en todo caso, la superación de los topes previstos por la normativa comunitaria como consecuencia de la acumulación de ayudas o subvenciones en los períodos establecidos, dará lugar a la modificación de esta resolución sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención.
Noveno.- Los beneficiarios de las subvenciones están sujetos a las siguientes obligaciones:
a) Realizar y acreditar la realización de la actividad o adoptar la conducta subvencionada, así como el cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución de concesión.
b) Justificar el empleo de los fondos públicos recibidos, en su caso, en la actividad o conducta subvencionada.
c) Acreditar el coste total de la actividad o conducta subvencionada, así como el importe de las ayudas, subvenciones u otros auxilios económicos recibidos de cualquier Administración, Entes públicos, entidades privadas o particulares.
d) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.
e) Comunicar al órgano concedente o, en su caso, a la entidad colaboradora, el importe de las ayudas o subvenciones concedidas con posterioridad para la misma actividad o conducta por cualquier Administración o Ente público, así como las ayudas o auxilios económicos que reciban de entidades privadas o particulares con el mismo destino.
f) Llevar los registros contables a que vengan obligados de modo que permitan identificar de forma diferenciada las partidas o gastos concretos en que se han materializado las subvenciones concedidas, así como los demás ingresos propios o afectos a la actividad o conducta subvencionada, incluyendo las ayudas y subvenciones concedidas con el mismo objeto, y que por diferencia permita obtener un estado de rendición de cuentas de las cantidades o fondos públicos percibidos en concepto de subvención.
g) Facilitar toda la información que les sea requerida por los órganos concedentes, por la entidad colaboradora, en su caso, y por los órganos de control interno y externo de la actividad económico-financiera de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.
h) Someterse a las actuaciones de comprobación que, en relación con las subvenciones concedidas, se practiquen por el órgano concedente, la Intervención General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tribunal de Cuentas.
i) A cumplir, durante todo el tiempo de realización del gasto, las disposiciones políticas y acciones comunitarias, incluidas las correspondientes a las normas de competencia, contratación pública, protección y mejora del medio ambiente, eliminación de desigualdades y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, así como las de información y publicidad, de conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 46 del Reglamento (CE) 1260/1999, del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen las disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales.
Décimo.- En todo caso se estará a lo establecido en la Orden de 24 de febrero de 2003, el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Decreto 28/1997, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la Intervención General.
Publíquese, haciendo constar que el presente acto pone fin a la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su publicación, sin perjuicio de que pueda interponerse recurso potestativo de reposición, ante esta Consejería, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación, con los efectos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Santa Cruz de Tenerife, a 8 de agosto de 2003.- El Director General de Política Agroalimentaria, Rodolfo Ríos Rull.
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