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BOC Nº 149. Lunes 4 de Agosto de 2003 - 3093

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías

3093 - Viceconsejería de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, de la anterior Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 11 de julio de 2003, que notifica Resolución de 14 de mayo de 2003, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Óscar Rodríguez Acosta, en representación de la entidad mercantil Transformaciones y Servicios, S.A., frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía DG-1560, de 29 de noviembre de 2002, por la que se acuerda la cancelación del expediente de legalización de una planta móvil de tratamiento de áridos ubicada en el Polígono Industrial del Valle de Güímar, en el término municipal de Arafo (Tenerife).

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Resolución en el domicilio que figuraba en el expediente tramitado por esta Viceconsejería de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

R E S U E L V O:

1º) Notificar a la entidad Transformaciones y Servicios, S.L., la Resolución de 14 de mayo de 2003 (libro 1, nº reg. 275/03, folio 62), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuestos por D. Óscar Rodríguez Acosta, en representación de la entidad mercantil Transformaciones y Servicios, S.A., frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía DG-1560, de fecha 29 de noviembre de 2002, por la que se acuerda la cancelación del expediente de legalización de una planta móvil de tratamiento de áridos ubicada en el Polígono Industrial del Valle de Güímar, en el término municipal de Arafo.

2º) Remitir al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de julio de 2003.- El Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, Wenceslao Berriel Martínez.

A N E X O

Resolución del Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Óscar Rodríguez Acosta, en representación de la entidad mercantil Transformaciones y Servicios, S.A., frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía DG-1560, de fecha 29 de noviembre de 2002, por la que se acuerda la cancelación del expediente de legalización de una planta móvil de tratamiento de áridos ubicada en el Polígono Industrial del Valle de Güímar, en el término municipal de Arafo.

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Óscar Rodríguez Acosta, en representación de la entidad Transformaciones y Servicios, S.A. (en siglas TRAYSESA), frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de fecha 29 de noviembre de 2002, por la que se acuerda la cancelación del expediente de legalización de una planta móvil de tratamiento de áridos ubicada en el Polígono Industrial del Valle de Güímar, en el término municipal de Arafo, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 16 de abril de 2002, D. Óscar Rodríguez Acosta, en representación de la entidad Transformaciones y Servicios, S.A. (TRAYSESA), presentó solicitud de autorización para la instalación de una planta móvil de machaqueo de áridos en el Polígono Industrial de Güímar, en Arafo, a cuyos efectos aporta una copia del Proyecto Técnico correspondiente.

Segundo.- En contestación a la solicitud precedente, el Jefe de Servicio de Minas de la Dirección General de Industria y Energía le remitió, con fecha 11 de junio de 2002, escrito de reparos en el que se le informa de las deficiencias detectadas en dicha solicitud, concediéndole un plazo de diez días para proceder a su subsanación en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (en adelante LRJ-PAC), cuyo cómputo comenzó a partir del 19 de junio de 2002, fecha en la que se acusó recepción de dicha notificación por el interesado.

Las deficiencias señaladas son las concernientes a la carencia del Estudio de Impacto Ecológico, del Proyecto específico señalado en el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, sobre contaminación atmosférica, de la acreditación de competencias para la suscripción del Estudio de Seguridad y Salud, exigida por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y de la segunda copia del proyecto presentado relativo al legalización de grupo móvil de trituración, clasificación y molienda de áridos.

Tercero.- Con fecha 1 de julio de 2002, D. Óscar Rodríguez Acosta, en representación de TRAYSESA, presenta otro ejemplar del proyecto técnico interesado y solicita ampliación del plazo para la aportación del Estudio Detallado de Impacto Ecológico encargado el mismo día en que recibió la notificación del escrito de reparos, señalando que el referido Estudio incluiría el Proyecto específico preceptivo según el Decreto 833/1975, por referirse ambos a normativa ambiental.

Cuarto.- Con fecha 15 de julio de 2002, D. Óscar Rodríguez Acosta presenta dos ejemplares de Estudio Detallado de Impacto Ecológico.

Quinto.- Examinada la documentación aportada, el Jefe de Sección de Explotaciones Mineras remite escrito de reparos al peticionario con fecha 7 de agosto de 2002, en el que se le reitera la posibilidad de subsanar las deficiencias reseñadas en el plazo de diez días, al amparo de lo previsto en el artículo 71 de la LRJ-PAC con el mismo apercibimiento de cancelación del expediente en caso contrario, por desistimiento de la solicitud. La notificación efectiva de tal escrito tuvo lugar con fecha 19 de septiembre de 2002 tras dos intentos fallidos devueltos por Correos.

Los reparos expuestos son los siguientes:

1. Proyecto:

- En el plano de situación no se aprecian los núcleos poblacionales cercanos.

- El estudio económico está incompleto: debe definir el coste tonelada de material tratado.

- En el presupuesto no se recogen las medidas correctoras (CELEC).

- El proyecto presenta normativa no actualizada en cuanto a protección contra incendios, instalaciones petrolíferas y aparatos a presión.

- Debe especificar si el material de alimentación proviene de vertederos autorizados.

- El autor del proyecto debe justificar su titulación en Prevención de Riesgos Laborales.

- En la página 30 hay una incongruencia entre la producción diaria (5000 tn) y anual (240.000 tn).

2. Estudio de impacto ambiental:

- Hace referencia a la Ley 20/1986, de residuos, la cual está derogada.

- Debe caracterizar las poblaciones e industrias cercanas y las distancias a dichas poblaciones e industrias cercanas.

- En la página 75 hace referencia a la ITC 07.1.04 en el apartado de emisiones a la atmósfera, lo cual carece de sentido.

- En la página 9 afirma que se trabajaran 8 horas al día mientras que en el proyecto (pág. 30) se hace referencia a un trabajo diario de 10 horas.

Sexto.- Con fecha 9 de agosto de 2002, D. Eduardo Alonso Sclulz presenta escrito de oposición al proyecto en cuestión, alegando la existencia de un núcleo poblacional a menos de 150 metros y la repercusión de la combustión de la planta de aglomerados asfálticos.

Séptimo.- Con fecha 19 de septiembre de 2002, D. Óscar Rodríguez Acosta, en representación de la entidad TRAYSESA, presenta escrito en el Cabildo Insular de Tenerife, que tuvo entrada en este Departamento con fecha 23 de septiembre, en el cual solicita información sobre el estado de tramitación del expediente, así como certificación acreditativa sobre las actuaciones realizadas en el procedimiento.

Octavo.- Con fecha 30 de septiembre de 2002, D. Óscar Rodríguez Acosta, en representación de TRAYSESA, presenta nuevo escrito en el Cabildo Insular de Tenerife, dirigido al Director General de Industria y Energía, que tuvo entrada el 1 de octubre en este Departamento, en el que presenta las siguientes alegaciones sobre el escrito de reparos remitido con fecha 7 de agosto de 2002 por el Servicio de Minas.

1. El proyecto técnico fue presentado con fecha 16 de abril de 2002. Que el artº. 2.II, párrafo segundo del Real Decreto 2.135/1980, de 26 de septiembre, dispone que la Administración dispondrá de un plazo de un mes contado desde la presentación del proyecto para pedir o señalar aclaraciones, y transcurrido dicho plazo sin haberse realizado objeción alguna se entenderá que no hay inconveniente para la ejecución del proyecto.

2. El plazo señalado venció el día 16 de mayo de 2002, por lo cual el escrito de trámite recibido es extemporáneo.

3. La Dirección General de Industria y Energía no tienen competencias en materia medioambiental por lo que las deficiencias del Estudio detallado de Impacto Ambiental deberán ser tenidas por no realizadas.

4. Invoca el principio de interdicción de la arbitrariedad al señalar que en el requerimiento recibido no se cita ni un solo precepto legal o reglamentario alguno.

5. Solicita que se ordene impulsar de oficio el procedimiento de urgencia, vistas las dilaciones sufridas por la tramitación, transcurridos ya más de 6 meses desde la presentación de la solicitud inicial.

Noveno.- Mediante escrito de fecha 17 de octubre de 2002, el Jefe del Servicio de Minas da respuesta a las alegaciones precedentes, siendo recibido por el interesado con fecha 12 de noviembre de 2002. En esta misma fecha D. Óscar Rodríguez Acosta, en representación de TRAYSESA, solicita certificación acreditativa del personal encargado de la tramitación de su expediente, del titular competente para su instrucción y su resolución.

Décimo.- Con fecha 14 de noviembre de 2002, D. Óscar Rodríguez Acosta, en representación de TRAYSESA reitera su solicitud de tramitación del expediente con carácter de urgencia de acuerdo con los artículos 28 y 29 de la Ley 11/1990, de 13 de julio, añadiendo las siguientes alegaciones:

1. Una planta móvil de machaqueo de áridos no es una industria minera.

2. Cita el contenido textual del artículo 1, apartado l.a) del Real Decreto 2.135/1980, de 26 de septiembre, destacando en negrita los términos "podrá realizarse sin previa autorización administrativa". Asimismo se refiere a la exposición de motivos del citado Real Decreto destacando la eliminación de trámites que conlleva la liberalización industrial en beneficio del administrado para concluir que la instalación de una planta de machaqueo no se encuentra entre las excepciones fundamentales aludidas en la citada exposición de motivos referentes al interés económico general y a la defensa nacional y que la legislación específica aplicable de acuerdo con lo previsto en el artículo 1 del Real Decreto 2.135/1980 la legislación específica aplicable a la actividad minera es la Ley 22/1973, de Minas.

3. Ningún precepto de la Ley 22/1973 define como actividad o industria minera la instalación de una planta de machaqueo. Dicho texto legal se refiere a las actividades extractivas.

4. Denuncia la demora en la tramitación y resolución del procedimiento, a la luz de la normativa aplicable (artículos 28 y 29 de la Ley 11/1990, de 13 de julio) en contravención de la mayor agilización en la tramitación de los expedientes que apuntaba la normativa en materia de liberalización industrial.

Undécimo.- En base a la propuesta elevada por el Servicio de Minas, el Director General de Industria y Energía resuelve, con fecha 29 de noviembre de 2002, la cancelación del expediente PP-02/04 relativo a la solicitud de legalización de una instalación de planta móvil de trituración, clasificación y molienda de áridos, sita en el polígono industrial de Güímar, en el término municipal de Arafo. Dicho acto resolutorio fue notificado al interesado de forma fehaciente con fecha 5 de diciembre de 2002.

Duodécimo.- Con fecha 4 de diciembre de 2002, D. Óscar Rodríguez Acosta, en representación de TRAYSESA, reitera su solicitud de certificación del personal encargado de la tramitación, instrucción y resolución de su expediente. En contestación a esta petición se le da traslado de la misma al Servicio de Personal del departamento a la vez que se le requiere para la identificación del procedimiento al que se refiere a los efectos de emitir tal certificación.

Decimotercero.- Frente al acto resolutorio precedente, D. Óscar Rodríguez Acosta interpone recurso de alzada con fecha 3 de enero de 2003, ante el Cabildo Insular de Tenerife, del cual se dio traslado a este departamento en el que tuvo entrada con fecha 7 de enero de 2003. En dicho escrito de interposición de recurso el recurrente formula las siguientes alegaciones:

1ª) La resolución recurrida es nula de pleno derecho en virtud del artículo 62.1.c) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común por entender que ningún precepto normativo contempla la posibilidad de cancelar una solicitud en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado.

2ª) Asimismo considera que el acto recurrido es nulo de pleno derecho en virtud de lo previsto en el apartado l.e) del citado artículo 62 de la LRJ-PAC, por vulnerar el contenido de las normas de procedimiento aplicables a este supuesto, recogidas en los artículos 28 y 29 de la Ley 11/1990, de 13 de julio, al no haber sometido el Estudio Detallado de impacto ambiental presentado con fecha 17 de julio de 2002 al trámite de información pública, ni haberlo remitido al órgano ambiental actuante.

3ª) La resolución impugnada en su considerando primero menciona el contenido del artículo 138 del Real Decreto 2.857/1978 como fundamento para la exigencia de autorización administrativa previa a la instalación que se pretende, por lo cual tal acto adolece de dos vicios: uno de forma por cuanto se ha procedido a cancelar la solicitud sin haberse procedido a la tramitación del procedimiento pertinente y de fondo por apoyarse en un precepto derogado por el Real Decreto 2.135/1980, de 26 de septiembre, según lo prevé su Disposición Final Tercera, que viene a suprimir las autorizaciones administrativas previas para todas las actividades industriales, salvo las expresamente citadas en su artículo 1.1.a), b) y c), entre las cuales no se incluye la actividad que nos ocupa y por lo tanto no está sujeta a este tipo de autorización.

4ª) Por último, invoca la aplicación teleológica de la norma comunitaria ambiental, concretamente de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, cuyo artículo 3 viene a restringir la exigencia de autorización sustantiva (es decir autorización administrativa previa según lo dispuesto en el artº. 4 de la Ley de Industria) de forma tasada al sector eléctrico, de hidrocarburos y de explosivos, sin referirse expresamente a esta exigencia en el caso de una planta de tratamiento de áridos.

5ª) Por todo lo expuesto solicita la anulación de la resolución recurrida y la ordenación de la tramitación del expediente conforme a derecho y con carácter de urgencia, vistas las dilaciones sufridas.

Decimocuarto.- Con fecha 21 de marzo de 2003, el Jefe del Servicio de Minas emite informe propuesta sobre el recurso deducido por la parte recurrente, proponiendo la desestimación del mismo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En relación a los requisitos de admisibilidad del presente recurso de alzada, no cabe formular ningún pronunciamiento en contrario por cuanto ha sido interpuesto dentro del plazo de un mes previsto en el artículo 115 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (en adelante, LRJ-PAC), la parte recurrente tiene plena legitimación activa para promover el presente recurso y el órgano competente para su resolución es la Viceconsejería de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, de acuerdo con el vigente Reglamento Orgánico y el artículo 20 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.

Segundo.- El acto resolutorio recurrido tiene su fundamentación jurídica en las siguientes disposiciones normativas:

1. El Real Decreto 2.135/1980, de 26 de septiembre, sobre liberalización industrial, cuyo artículo primero, apartado l.a) exceptúa de forma expresa las instalaciones industriales mineras de la liberalización del trámite exigido hasta entonces de la autorización administrativa previa, añadiendo el mismo apartado que este tipo de instalaciones se regirán por su legislación específica. Asimismo la Orden de 19 de diciembre de 1980 sobre normas de procedimiento y desarrollo del referido Real Decreto 2.135/1980 se remite a este apartado para señalar que el procedimiento recogido en esta normativa no es aplicable a las instalaciones industriales contempladas en el referido apartado como excepciones al nuevo régimen liberalizador establecido por esta normativa.

2. La Ley 22/1973, de 26 de julio, de Minas, y su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 2.857/1978, de 25 de agosto, que constituye la legislación específica en vigor, aplicable al régimen de la minería (en adelante, RGRM). Concretamente el artículo 112 de la mencionada Ley de Minas y el concordante artículo 138 del Reglamento de desarrollo, disponen la exigencia de autorización previa y el procedimiento específico aplicable en el caso de las instalaciones de preparación destinadas a la trituración, molienda, clasificación y estrío de los recursos comprendidos en el ámbito de la Ley de Minas, para su posterior tratamiento o utilización directa, como es el supuesto que nos ocupa de solicitud de legalización de una planta de tratamiento de áridos.

3. El artículo 82 de la Ley de Minas que establece que los expedientes que se tramiten para el otorgamiento de autorizaciones, permisos o concesiones referidas en la Ley, terminará por las causas que en forma expresa se señalan en la misma y por las previstas en la Ley de Procedimiento Administrativo y en el presente supuesto nos encontramos ante el caso de cancelación del expediente que se rige por lo dispuesto en el título VI de la Ley de Minas referente a la Terminación de Expedientes y cancelación de inscripciones, que se corresponde con el título VI del Reglamento General para el Régimen de la Minería, cuyo artículo 105, apartado 1.a) establece que los expedientes que se tramiten para el otorgamiento de autorizaciones, permisos o concesiones a que se refiere la Ley de Minas y este Reglamento, terminarán cuando adoleciendo de un defecto subsanable, no sea rectificado en el plazo de diez días desde que el peticionario fuese requerido para ello. Esta prescripción coincide con la recogida en el artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuyo apartado primero dispone que si la solicitud no reúne los requisitos señalados por esta disposición legal y los exigidos por la legislación específica aplicable se requerirá al interesado para que, en un plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 del mismo texto legal.

4. El Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, que aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, aplicable a este tipo de instalaciones de beneficio de minerales (capítulo 11), que dispone textualmente en su artículo 7: "Todas las instalaciones mineras nuevas o sus modificaciones sustanciales necesitarán la aprobación de los proyectos correspondientes y la autorización de la puesta en servicio, para lo cual es preceptivo la homologación o certificación de determinados materiales y equipos."

5. La Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención de Impacto Ecológico, cuyo anexo I incluye a las plantas de tratamiento de áridos como instalación industrial sujeta a Evaluación Detallada de Impacto Ecológico, estableciéndose en el capítulo VII del mismo texto legal (artículos 26 a 31) el procedimiento de evaluación de impacto ecológico a seguir en orden a su resolución, cuyo artículo 27 relativo a la fase de presentación de los Estudios de Impacto ante el órgano administrativo competente para la autorización del proyecto, dispone textualmente en su apartado 4 lo siguiente: "Si el órgano receptor del proyecto estimase que la categoría de evaluación asumida no se ajusta a los supuestos de aplicación, lo devolverá al promotor por resolución motivada, que será susceptible de impugnación".

6. El Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 22 de diciembre de 1972, de protección del ambiente atmosférico (aplicable a la tramitación del expediente que nos ocupa de acuerdo con la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 16/2002, de 1 de julio, relativo a los procedimientos en curso), cuyo Título VI establece el Régimen especial de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera entre las que figura el caso en cuestión encasillado en el anexo II del referido Decreto 833/1975, Grupo B: "2.2.2. Instalaciones de tratamiento de piedras, guijarros y otros productos minerales (machaqueo, desmenuzado, triturado, pulverizado, molienda, tamizado, cribado, mezclado, limpiado, ensacado), cuando la capacidad es superior a 200.000 toneladas anuales, o para cualquier capacidad cuando la instalación se encuentre a menos de 500 m de un núcleo de población". Según lo reflejado en el proyecto presentado se supera la capacidad de producción anual de las 200.000 toneladas anuales.

A este respecto conviene reproducir el contenido textual, que viene al caso, de los artículos 56 y 64 de la misma disposición reglamentaria del siguiente tenor literal:

"Artículo 56.1. Las actividades industriales calificadas como potencialmente contaminadoras de la atmósfera, para su instalación, ampliación, modificación o traslado deberán cumplir las condiciones precisas para limitar la contaminación atmosférica, debiendo ajustarse a lo prescrito en el presente Decreto, sin perjuicio de lo impuesto en el Régimen General de instalación, ampliación y traslado de industrias.

3. Los proyectos de instalaciones comprendidas en el grupo B de dicho Catálogo requerirán el juicio e informe de los Servicios Provinciales de los Ministerios competentes por razón de la actividad."

"Artículo 64. No se autorizará la puesta en marcha total o parcial de ninguna actividad que vierta humos, polvos, gases y vapores contaminantes a la atmósfera de las comprendidas en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera que figura como anexo II de este Decreto si previamente no se han aprobado o e instalado los elementos necesarios para la adecuada depuración hasta los límites legales vigentes o, en su caso, los condicionamientos impuestos específicamente en la autorización administrativa y comprobado posteriormente la eficacia y correcto funcionamiento de los mismos."

7. El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, que regula el Reglamento de Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, en lo que respecta a la acreditación exigida por esta disposición reglamentaria para suscribir el Estudio de Seguridad y Salud, en relación a las capacidades y aptitudes que han de reunir dichos servicios de prevención y los trabajadores designados para desarrollar la actividad preventiva.

La incidencia de esta normativa reglamentaria en materia de seguridad minera se desprende del objetivo reseñado en el artículo 2 del Reglamento de Seguridad Minera relativo a la protección de las personas ocupadas en este tipo de actividad contra los peligros que amenacen su salud o su vida, de la intervención de la autoridad minera competente en caso de accidente y en materia preventiva, de acuerdo con los artículos 16 y 17 de este Reglamento de Seguridad Minera, y en definitiva del artículo 168 del mismo Reglamento que se pronuncia sobre la competencia de la autoridad minera para el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia en lo relativo a previsión de accidentes y enfermedades profesionales así como en la exigencia de la estricta observancia de las normas de seguridad e higiene en el trabajo en las explotaciones mineras de cualquier orden y en cuantos trabajos regulados por la Ley de Minas que exijan la aplicación de la técnica minera.

8. La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, cuyo ámbito de aplicación abarca a las actividades de aprovechamiento y beneficio de yacimientos minerales y demás recursos geológicos, "en lo no previsto en su legislación específica", según reza el artículo 3, apartado 4.b) del mencionado texto legal que viene a respetar en su artículo 4 las excepciones a la liberalización industrial, en materia de exigencia de autorización administrativa previa, previstas de forma legal en razón del interés público. Asimismo, el Decreto 154/2001, de 23 de julio, que regula el procedimiento para la puesta en funcionamiento de industrias e instalaciones industriales, mantiene esta distinción entre la tramitación de los procedimientos a seguir para la puesta en marcha de las instalaciones industriales que no requieren la obtención de autorización administrativa previa, clasificados como Grupo I, y los que si requieren de esta autorización administrativa previa, encasillados en el Grupo II.

9. El Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica, cuyo artículo 39, apartado 2.B).2 se refiere a la competencia de la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, dentro del ámbito territorial de esta Comunidad Autónoma, en el ejercicio de las funciones correspondientes en materia de autorización de instalaciones mineras, cancelación de inscripciones, inspección y vigencia de la actividad desarrollada por estas instalaciones y en definitiva para el control del cumplimiento de la normativa vigente en materia de minas, de conformidad con los Reales Decretos de Transferencia de las competencias cedidas por la Administración Estatal en materia de Industria, Energía y Minas.

Tercero.- Examinados los argumentos esgrimidos por la parte recurrente, el recurso deducido no puede prosperar en base a los siguientes razonamientos:

1. La invocación de la nulidad de la resolución impugnada en virtud de lo previsto en los apartados l.c) y e) del artículo 62 de la LRJ-PAC, no puede aceptarse de ningún modo, a la vista de los antecedentes fácticos y jurídicos expuestos en el presente acto resolutorio, pues como se deriva del estudio detallado de la documentación obrante en el expediente, la tramitación de la solicitud de legalización de la planta de tratamiento de áridos bajo la referencia PP-02/04, se adecua perfectamente a los términos referidos en las normas procedimentales específicas en materia minera señaladas (artículos 82 y 112 LM, 105 y 118 RGRM), así como en materia medioambiental, pues el ya referido artículo 27 "in fine" de la Ley 11/1990, de 13 de julio, referente a la fase inicial de presentación del estudio de impacto ante el órgano administrativo competente para la autorización administrativa del proyecto, contempla la posibilidad de devolver el proyecto por resolución motivada, si estimase que dicho estudio no se ajusta a los supuestos de aplicación, y esta fase precede a las siguientes de información pública y remisión del estudio de impacto al órgano ambiental actuante (artículos 28 y 29 de la citada Ley 11/1990), trámites que no han tenido lugar por causa imputable al peticionario, al no haber procedido a la subsanación de las deficiencias señaladas en el escrito de reparos de 7 de agosto de 2002, en los términos requeridos, habiendo transcurrido en exceso el plazo de diez días indicado y sin obtener la respuesta adecuada sobre los mismos, procediendo en consecuencia la terminación del expediente de solicitud (ref. PP-02/04) al amparo de lo previsto en el artículo 105.1.a) del Reglamento General del Régimen de la Minería, mediante el acto resolutorio impugnado por el que se acordó de forma motivada la cancelación del referido expediente.

Este precepto específico [artículo 105.1.a) del RGRM] viene a justificar precisamente la terminación de un expediente iniciado por solicitud del interesado en el otorgamiento de la autorización administrativa de la instalación minera por la mera abstención en la subsanación de la solicitud en el tiempo y términos concedidos, al igual que lo hace el propio artículo 71 de la Ley que regula el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LRJ-PAC), en la fase inicial de un procedimiento iniciado por solicitud de interesado, considerándose en este caso tal abstención como desistimiento de la solicitud, y procediendo en ambos casos el archivo de los expedientes una vez recaída la resolución correspondiente por la que se da por finalizado el expediente. Por este motivo no puede sostenerse el alegato sobre la inexistencia de amparo legal para la cancelación de una solicitud en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado. A este respecto conviene recordar que el interesado fue advertido por dos veces consecutivas (escritos del Servicio de Minas de fechas 11 de junio y 7 de agosto de 2002) de la cancelación del expediente en el plazo de diez días en los términos previstos en el artículo 71 de la LRJ-PAC, no habiéndose obtenido respuesta satisfactoria, en definitiva.

2. Siguiendo la misma línea argumental, las alegaciones que pretenden rebatir el acto resolutorio impugnado basadas en la existencia de los vicios de forma y fondo señalados, carecen de consistencia por cuanto el Real Decreto 2.857/1978 que establece el procedimiento para la obtención de la autorización administrativa previa de la instalación que nos ocupa, en desarrollo de la propia Ley de Minas, continúa plenamente vigente. A este respecto, debemos destacar el error de interpretación del recurrente en la aplicación de la normativa sobre liberalización industrial, pues el referido artículo l.a) del Real Decreto 2.135/1980 exceptúa de forma expresa e indubitada la actividad minera de las actividades industriales liberadas del trámite de autorización administrativa previa, perpetuando el sometimiento de este tipo de actividad a su legislación específica.

Luego, la exigencia de autorización administrativa previa, prevista en las disposiciones normativas señaladas en materia minera (artículos 7 del Reglamento de Seguridad Minera, 112 de la Ley de Minas y 118 RGRM), lejos de contradecir al Real Decreto 2.135/1980, de liberalización Industrial, en los términos expresados en la Disposición Final Tercera, viene sustentada por la referida normativa que viene a respetar los procedimientos específicos reguladores de las actividades exceptuadas expresamente por la misma disposición reglamentaria, en su artículo 1, apartado a). Estas excepciones se mantienen en la normativa posterior en materia de liberalización industrial, debiéndose destacar el propio Decreto 154/2001, de 23 de julio, que distingue entre los procedimientos aplicables a las actividades industriales, según sea o no preceptivo el requerimiento de autorización administrativa previa, y la Ley 21/1992, de Industria, cuyo artículo 4 viene a pronunciarse sobre las excepciones a la eliminación del trámite de autorización administrativa previa, por razón del interés público. En este sentido no debemos olvidar que esta misma excepción del artículo 4 de la Ley de Industria también se incluye entre los casos de autorización sustantiva recogidos en la Ley 16/1992, de 1 de julio, cuya aplicación teleológica invoca la parte recurrente para rebatir esta necesidad.

3. En lo que concierne a la aplicación de esta última disposición legal mencionada, la Ley 16/1992, de 1 de julio, según lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda del mismo texto legal, tampoco es admisible, al tratarse de un procedimiento iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la norma legal invocada que tuvo lugar el día 3 de julio de 2002, en virtud de lo previsto en su Disposición Final Octava. Esto implica que el Decreto 833/1975, de protección del ambiente atmosférico sea plenamente aplicable al supuesto enjuiciado, incluido en el grupo B del catálogo recogido en la citada disposición reglamentaria, y en su consecuencia queda justificada la exigencia del cumplimiento de las condiciones impuestas en orden a la autorización administrativa del proyecto, de acuerdo con los términos empleados en los artículos 56 y 64 de este Decreto nº 833/1975.

No obstante y entrando a valorar la interpretación "contrario sensu" realizada por el recurrente que considera la planta de tratamiento de áridos no sujeta a autorización administrativa previa al no incluirse en los casos tasados en el artículo 3 de la citada Ley 16/1992, volvemos a insistir en que tal argumento es insostenible en base al reiterado artículo 3, apartado b), pues si bien este precepto no se refiere de forma expresa a la autorización sustantiva de las industrias mineras deben entenderse incluidas en la remisión que el mismo artículo realiza al artículo 4 de la Ley de Industria, es decir, entre aquellas actividades que están legalmente sometidas a autorización administrativa previa por razón del interés público, el cual se ve afectado de forma meridiana en el desarrollo de una actividad como la presente que concierne al dominio público y que además se clasifica como potencialmente contaminante en el Decreto 833/1975, y en virtud de la excepción prevista de forma expresa en el artículo l.a) del mismo Real Decreto 2.135/1980, cuya vigencia es reconocida por la propia parte recurrente y que a su vez remite a la legislación específica vigente en materia minera.

4. Por todo lo expuesto, no procede proseguir con la tramitación del expediente de solicitud PP-02/04 en los términos solicitados, al haberse producido la terminación del mismo, de forma procedente, mediante el acto resolutorio de referencia DG-1560, de 29 de noviembre de 2002.

VISTOS

La Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas (B.O.E. nº 176, de 24.7.73); el Real Decreto 2.857/1978, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería (B.O.E. números 295 y 296, de 11 y 12 de diciembre de 1978, respectivamente); el Real Decreto 2.135/1980, de 26 de septiembre, de liberalización Industrial (B.O.E. nº 247, de 14.10.80); la Orden de 19 de diciembre de 1980, sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 2.135/1980 (B.O.E. nº 308, de 24.12.80); el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, que aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (B.O.E. nº 140, de 12.6.85); el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley de 22 de diciembre de 1972 (B.O.E. nº 96, de 22.4.75); el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, que aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. nº 27, de 31.1.97); la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (B.O.E. nº 176, de 23.7.92); la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico (B.O.C. nº 92, de 23.7.90); la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación (B.O.E. nº 157, de 2.7.02); el Decreto 154/2001, de 23 de julio, que establece el procedimiento para la puesta en marcha de las instalaciones industriales (B.O.C. nº 97, de 1.8.01); el Real Decreto 2.578/1982, de 24 de julio, de transferencia a la Junta de Canarias de competencias, funciones y servicios en materia de industria, energía y minas (B.O.E. nº 248, de 16.10.82); el Real Decreto 2.091/1984, de 26 de septiembre, sobre adaptación de los servicios transferidos en fase preautonómica a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de industria, energía y minas (B.O.E. nº 278, de 20.11.84); el Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias (B.O.C. nº 122, de 16.9.91); el Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica (B.O.C. nº 64, de 25.5.01); la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 27 de noviembre de 1992 y de 14 de enero de 1999, respectivamente); la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y demás normativa de aplicación general.

Por todo ello, el Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, en el ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Óscar Rodríguez Acosta, en representación de la entidad Transformaciones y Servicios, S.A. (en siglas TRAYSESA), frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de fecha 29 de noviembre de 2002 por la que se ordena la cancelación del expediente PP-02/004 de solicitud relativo a la instalación de una planta móvil de trituración, clasificación y molienda de áridos, sita en el Polígono Industrial de Güímar, manzana VI, parcela V, en el término municipal de Arafo, manteniendo la misma en todos sus términos.

Contra el presente acto que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, Wenceslao Berriel Martínez.

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